Pensamiento Crítico

¡Petras! y Repsol se lanzan contra Evo Morales

None | 04 Febrero 2006

Presidente Morales: Peculiar Comienzo en Bolivia

Por James Petras, traducido del inglés para Rebelión por Sinfo Fernández

Las federaciones más importantes de sindicatos, los grandes movimientos sociales vecinales (en la combativa ciudad de El Alto) y los movimientos rurales de los sin tierra expresaron su consternación y rechazo ante algunos de los ministros nombrados por el Presidente Morales para que integren su gabinete, así como por las prioridades políticas inicialmente formuladas, que van en contra de las promesas hechas durante la campaña electoral del candidato Morales.

Nombramientos en el gabinete: neoliberalismo multicultural

Uno de los peores pronósticos de la mayoría de las políticas gubernamentales aparece conformado por la retórica que se despliega durante las campañas. Este es especialmente el caso de los candidatos presidenciales que se van deslizando desde una posición de izquierdas hacia el centro. Se obtiene un indicador mucho más fiable de las políticas concretas que un régimen recién inaugurado puede desarrollar tras analizar a quién se ha nombrado ministro de gabinete para los ministerios más importantes.

El Presidente Morales nombró a 16 ministros de gabinete, de los cuales siete han sido ya cuestionados por los movimientos de masas que llevaron a Morales a la Presidencia. Mientras que comentaristas y propagandistas extranjeros alabaron la presencia de varios "indios" y cuatro mujeres en el gabinete, los movimientos populares en Bolivia están consternados por las pasadas trayectorias políticas de casi la mitad de los nuevos ministros. Salvador Ric Riera, un empresario conservador de Santa Cruz y acreditado multimillonario, acusado por los dirigentes del sindicato local de blanqueo de dinero y otras actividades sospechosas, fue designado para el Ministerio de Obras y Servicios Públicos. En todos los regímenes anteriores, Obras Públicas fue uno de los ministerios más tristemente célebres por su corrupción, especialmente a la hora de asignar contratos para la construcción de autopistas del Estado. Teniendo en cuenta la importancia que Morales ha dado a la lucha contra la corrupción, la mayoría de los activistas se sintieron espantados por el nombramiento de Riera, quien apareció como donante financiero de última hora en la campaña de Morales. Su nombramiento es considerado como una concesión al sector de la oligarquía de Santa Cruz.

El Ministerio clave de Minas ha sido entregado a Walter Villarroel, que desertó de la derechista UCS para subirse al carro de Morales. Su nombramiento fue denunciado por el dirigente minero Cesar Lugo por las anteriores contribuciones de Villarroel en el gobierno, ya que durante el mismo ayudó a desmantelar la Corporación Minera Boliviana (COMOBOL) y a privatizar una de las mayores minas de hierro del mundo. También ha sido atacado por apoyar al anterior Presidente neo-liberal Carlos Mesa, quien antepuso las cooperativas privadas al fortalecimiento de las empresas estatales bajo control de los trabajadores.

El estratégico Ministerio de Defensa fue asignado a Walter San Miguel Rodríguez, abogado y anterior director de las Aerolíneas Bolivianas Lloyd (LBA), acusado de encubrir la privatización ilegal de las anteriores aerolíneas estatales. Actualmente, la Asociación de Pilotos ha pedido al Estado que intervenga en la firma para investigar delitos e irregularidades. El Ministro de Defensa es desde hace tiempo miembro del derechista MNR y un antiguo partidario del ex Presidente Sánchez de Losada, el Presidente que masacró a decenas de manifestantes en 2003 antes de volar al exilio en EEUU. ¡Menuda selección adecuada e "incorruptible" para liderar a los militares!

La Confederación de Profesores ha rechazado el nombramiento efectuado por Morales de Felix Patzi Paco como Ministro de Educación porque no tiene experiencia en la profesión, no tiene conocimientos en ese campo y es claramente incompetente para afrontar la crisis actual que sufre la educación.

La Confederación del Trabajo (COB) ha criticado duramente el nombramiento de Luis Alberto Arce para encabezar el Ministerio de Hacienda. Arce estuvo conectado durante mucho tiempo con las instituciones financieras internacionales (FMI, Banco Mundial y Banco de Desarrollo Inter-Americano) y fue siempre partidario de sus regresivos programas de ajuste estructural. El Ministerio de Hacienda es el responsable del establecimiento de los parámetros para el resto de los ministerios, incluidas las inversiones, los gastos e ingresos sociales.

El Ministerio de Asuntos Exteriores será dirigido por un antiguo concejal del ayuntamiento de El Alto, David Choquehuanca. Fue un estrecho colaborador del corrupto ex Presidente neo-liberal Jaime Paz Zamora. Tiene capacidad para defender sus políticas de libre mercado tanto en español como en aymara.

La designación hecha por Evo Morales de Abel Mamani para el Ministerio de Agua fue muy protestada por los dirigentes de la Federación de Consejos Vecinales (FEJUVE) de El Alto, la organización principal que encendió la mecha de las insurrecciones que derribaron a los dos anteriores presidentes neoliberales y que dieron a Morales una rotunda mayoría del 70% en El Alto. Morales y Mamani actuaron sin consultar con las asambleas populares de FEJUVE, a pesar de la importancia del tema del agua en El Alto. Además, Mamani, antiguo dirigente de FEJUVE, fue criticado por malversación de fondos y por su fracaso a la hora de conseguir satisfacer la demanda general de nacionalización de los derechos de distribución de agua en El Alto, que siguen siendo de propiedad extranjera. Los grupos vecinales se sintieron menos impresionados por la facilidad de Mamani para hablar en quechua que por su falta de militancia y por su oportunismo político.

Los movimientos sociales alabaron los nombramientos de Morales para Hidrocarburos (André Soliz Rada) que prometió promover la nacionalización del gas y del petróleo, Justicia (Casimira Rodríguez Romero, una dirigente de la Unión de Trabajadoras Domésticas), Trabajo (Alex Galve Mamani, un antiguo líder de la Confederación de Trabajadores de la Industria). En cuanto al resto de Ministros, no hay, por el momento, ni oposición seria ni alabanzas. Sin embargo, en el nombramiento de Soliz Rada para Hidrocarburos debe tenerse en cuenta que era un antiguo dirigente del partido de centro-derecha CONDEPA, que cohabitó con antiguos presidentes neo-liberales, incluso cuando polemizó contra la ilegal liquidación de los recursos estatales petrolíferos. El Ministro de Asuntos Agrarios y Campesinos es un intelectual de Santa Cruz, sin vínculos con los movimientos campesinos importantes de los Andes o Cochabamba.

Los puestos económicos clave han ido a parar a manos de tecnócratas y liberales mientras que los "ministerios sociales" han recaído en izquierdistas. Aunque esta situación da la impresión de diversidad en la representación, de hecho es el ministerio económico (Hacienda), el que establecerá los parámetros económicos para conceder los presupuestos que influirán profundamente en cualquier cambio social.

La agenda post-electoral

En su discurso inaugural en el Congreso, Evo Morales fue categórico en su defensa de los grandes propietarios de plantaciones y en su oposición a cualquier redistribución de tierras fértiles y productivas. "Quiero contarles, distinguidos Congresistas, mi posición en cuanto a la política sobre la tierra. Quiero decirles que la tierra productiva, tanto si es productiva o ha sido prestada para usos sociales económicos, será respetada en los tamaños de 1.000, 2.000, 3.000 o 5.000 hectáreas. Pero aquellas tierras que estén siendo utilizadas para propósitos especulativos revertirán al Estado para redistribuirlas entre los campesinos sin tierra" (22 de enero de 2006). Morales también condenó la esclavitud en las regiones orientales de Bolivia.

La exclusión de todas las grandes propiedades de la tierra, plantaciones y latifundios hecha por Morales satisface las promesas pre-electorales hechas a los ricos oligarcas y empresarios del agro de Santa Cruz, pero implica una negación de sus promesas de reforma agraria a los movimientos campesinos y a los sin tierra. Como ya ocurrió en el pasado, los asentamientos promovidos por el gobierno en remotas tierras públicas de suelo precario, que se sitúan lejos de instalaciones de mercados, transportes y de facilidades para la obtención de créditos, están destinados al fracaso.

En su discurso al Congreso, Morales destacó la "austeridad" de los salarios gubernamentales para los legisladores y para él mismo. Sin embargo, esa moralidad personal fue aprovechada para llevar también la austeridad a los presupuestos estatales – una posición claramente articulada por su reciente nombramiento de Luis Arce como Ministro de Hacienda. Tan pronto como Arce tomó posesión de su cargo, convocó una reunión con los directores del Banco Central, la Oficina de Impuestos e Ingresos, los Ministerios de Desarrollo y Planificación y otros para anunciar que Bolivia seguiría cuatro "ejes" en política: mantener la estabilidad macro-económica, generar una nueva conciencia para pagar impuestos, animar a los consumidores a comprar productos hechos en Bolivia y fomentar el uso de la divisa boliviana en lugar del dólar.

La defensa de Arce del pacto de estabilidad macro-económica respaldada por el FMI es una garantía de que los programas sociales patrocinados por el gobierno se verán severamente limitados y de que no se emprenderán cambios estructurales ni menores ni mayores (expropiaciones de tierra, industrias, bancos y minas). Las cuatro prioridades de Arce excluyen cualquier programa redistributivo y favorecerán la adopción de medidas intrascendentes que, en términos absolutos, tendrán un impacto cero a la hora de reducir las desigualdades o la pobreza y, como mucho, sólo lograrán aumentar un mínimo los servicios sociales.

Ya se había intentado anteriormente animar a los consumidores para que "compraran productos bolivianos" y se había fracasado porque el contrabando proporciona un sustento decente en ausencia de programas de trabajo a gran escala financiados públicamente (lo que es impensable con la estrategia de austeridad fiscal de Arce). Además, sin incremento sustancial alguno en el salario mínimo mensual de 50$, los consumidores preferirán el contrabando de productos chinos más baratos a los productos manufacturados locales. Finalmente, dado el enorme ejército de vendedores callejeros ‘informales’ que dependen de vender importaciones baratas, cualquier tipo de inversión pública en alternativas de empleo condenará las campañas de consumo "nacionalista". El nuevo Ministro de Asuntos Exteriores de lengua aymara, David Choquehuanca, tras tomar posesión, afirmó que Bolivia estaba abierta a discutir un acuerdo de libre comercio con EEUU – algo que el anterior régimen neo-liberal no pudo avanzar. )". Reiteró, en cuanto se hizo cargo del Ministerio de Exteriores, "No rechazamos entrar en el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA)".

Y fue más lejos aún, "Vamos a tener relaciones con todo el mundo, tenemos que hablar de acuerdos de libre comercio con varias naciones y analizar la situación con la Comunidad Andina, el Mercado del Cono Sur (MERCOSUR), organizaciones con las que Bolivia tiene acuerdos comerciales". Continuó aludiendo a los viajes de Morales al extranjero por varios países latinoamericanos, europeos y por Sudáfrica antes de su toma de posesión. "Cuando Evo viajó al exterior dijo que aprendió cómo hacer buenos negocios". Efectivamente, el periplo de Evo por el extranjero y sus conversaciones con el Embajador de EEUU en Bolivia (Greenlee) y el Secretario de Estado Adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, Thomas Shannon, se produjeron esencialmente para asegurarle a Europa y a EEUU su ortodoxia en el campo de la economía, para fomentar más y mayores inversiones en el sector de la minería y para asegurar su certificado de buena conducta.

Puestos a recordar la retórica de su campaña, aunque los nombramientos de Morales para los puestos clave de su gabinete y el apoyo entusiasta que le prestan las comunidades indias pueden parecer "contradictorios" a los observadores extranjeros, todo es en realidad compatible con el lado menos público de su trapicheo y negociaciones políticas con las elites políticas y económicas que se desarrollaron antes y durante su campaña electoral.

De hecho, desde que se presentó para la presidencia en el año 2002, el Presidente Morales se ha opuesto a muchas de las demandas de los movimientos sociales de masas que han tenido lugar durante estos últimos años. No apoyó ni participó en los movimientos insurreccionales populares que derrocaron al Presidente neoliberal Sánchez de Losada en octubre de 2003, ni en el movimiento popular que expulsó al Presidente Carlos Mesa en mayo-junio de 2005. Apoyó un referéndum del Presidente Mesa (2004) para aumentar el pago de impuestos sobre el gas y el petróleo que excluía de forma explícita la nacionalización. Durante su campaña electoral y en sus encuentros con las masas, Morales manifestó que apoyaba la "nacionalización" al tiempo que aseguraba a las compañías extranjeras alrededor del petróleo y del gas que garantizaría sus activos, inversiones y beneficios con la condición de que aumentaron sus pagos de impuestos. En su viaje a Brasil, Argentina, España y Francia reafirmó su compromiso de proteger las inversiones existentes en los sectores del petróleo y del gas, y fue más allá pidiéndoles que aumentaran y ampliaran sus inversiones en explotaciones mineras y en el tratamiento del producto obtenido. Su nombramiento del liberal Walter Villarroel para el Ministerio de Minería, a pesar de las decididas objeciones y amenazas de acción en el trabajo de los sindicatos mineros (que le llevaron al poder), es indicativo de la determinación del Presidente Morales de seguir un modelo ortodoxo de explotación minera basado en la inversión exterior.

Carlos Villegas, Ministro de Desarrollo Sostenible y Planificación del Desarrollo, tras tomar posesión de su cargo declaró que REPSOL (la corporación multinacional española) y TOTAL (el gigante del gas francés) "han manifestado que deseaban renegociar sus contratos para proporcionar una cuota mayor de beneficios a Bolivia (Financial Times, 23.1.2006)- La "nacionalización", según la administración Morales, se reduce a poco más que un aumento de los ingresos obtenidos a partir de los impuestos. El compromiso de Bolivia con "el mantenimiento de la estabilidad macro-económica" viene fundamentalmente a significar que los nuevos ingresos procedentes de los impuestos seguirán sirviendo para pagar la deuda pública y exterior en la que incurrieron los corruptos regímenes anteriores, que casi nunca se invirtió en actividades productivas.

El viaje de Morales a Cuba y Venezuela y las promesas de ayuda socio-económica obtenidas han servido para proporcionarle legitimidad "izquierdista"; sus viajes a España, Francia, Holanda, Bélgica, Sudáfrica y Brasil para discutir acuerdos políticos y económicos que limitarán a Bolivia a su papel convencional de exportador minero y energético. Más importante que sus muy publicitados viajes al extranjero fue su encuentro en La Paz con el Embajador de EEUU, David Greenlee, en la residencia del Embajador antes de su viaje a Cuba y Venezuela. Aunque no se facilitaron detalles sobre la conversación que mantuvieron, ambas partes dieron por sentado que no habían aflorado conflictos importantes. El Vicepresidente García Linera anunció que el encuentro fue cordial y que sirvió para fundamentar futuros acuerdos.

Privatizando MUTUN: Bolivia en venta

Uno de los proyectos de explotación minera más lucrativos a los que el régimen de Morales tiene que hacer frente es el de las minas de propiedad estatal de hierro y manganeso de Mutun, en Santa Cruz, con 40.000 millones de toneladas en depósitos de hierro. Expertos bolivianos estiman que el valor de la materia prima del hierro que contienen es de 400.000 millones de dólares según los precios actuales; una vez transformado en barras de hierro o acero para la construcción se valoraría en 30.000 billones de dólares menos los costes de producción e inversión. Mutun está lista para ser subastada y varias multinacionales compiten para obtenerla. La subasta, que fue fijada con anterioridad a la toma de posesión de Morales, se fundamentó en la excavación y exportación de barras de mineral de hierro, sin intención de añadirles valor mediante su conversión en acero. Para que el régimen de Morales pudiera "industrializar" la materia prima, consiguiendo valor añadido y aumentando los ingresos nacionales, sería preciso canalizar el gas natural para que funcionaran las refinerías de acero. Eso a su vez requeriría la nacionalización de la producción del gas, porque la multinacional brasileña PETROBRAS podría ciertamente no cooperar, ya que los beneficios de sus ventas en el interior de Bolivia se reducirían al tener que poner precios mucho más bajos que en Sao Paulo.

La afirmación de Morales de querer "industrializar" la producción de la materia prima entra directamente en conflicto con su política de garantizar la propiedad extranjera de los recursos de hidrocarburos a cambio de tasas de impuestos más altas. Morales usa un doble discurso: su oposición al "neo-liberalismo" se contradice con su apoyo a las "políticas macro-económicas de estabilización"; su defensa de la austeridad presupuestaria y el rechazo de su Ministro de Hacienda a triplicar, o incluso aumentar, el salario mínimo ("se está estudiando un aumento para ver si es compatible con las políticas macro-económicas de estabilidad", según el Ministro de Hacienda) no armoniza bien con su promesa de reducir la pobreza; sus garantías a las inmensas plantaciones actuales de los empresarios del agro se oponen a las demandas de millones de campesinos sin tierra, o con parcelas de subsistencia; y sus garantías hacia las corporaciones multinacionales de exportación que controlan la situación en el sector de los hidrocarburos chocan con las demandas nacionales que defienden que se debe aprovechar la energía para el consumo y la industrialización locales.

Antes que después, las diferencias polarizadas de intereses entre aliados y oligarquías del mundo empresarial locales y extranjeros y las masas que lucharon y se sacrificaron para llevarle al poder se encaminarán hacia una nueva ronda de conflictos y confrontaciones. Morales está montando dos caballos que van en direcciones opuestas. Los fotogénicos rituales tradicionales andinos, el color y el boato de la inauguración electoral se desvanecerán frente a la continuidad de la pobreza, la desigualdad y las graves concentraciones de la riqueza. Con el pasar del tiempo, se irá extendiendo un profundo desencanto alrededor de un presidente que habla para el pueblo pero trabaja para los ricos, incluidos los extranjeros ricos. Por ahora, la Central Obrera Boliviana y los dirigentes de los principales movimientos de mineros, profesores y vecinos han enviado un claro y franco mensaje a sus afiliados de que se preparen para la acción directa en caso de que Morales reniegue de las tres demandas fundamentales del pueblo: nacionalización del gas y el petróleo y expulsión de las compañías multinacionales del petróleo; expropiación de las grandes propiedades de terratenientes y redistribución de 25 millones de acres de tierra a los campesinos sin tierra; y aumento inmediato del salario mínimo nacional. La gran mayoría de los dirigentes de movimientos y activistas (indios y mestizos) no se han dejado impresionar por los rituales indios y el teatro cultural organizado por el entorno de Morales. Están preparados para relanzar las movilizaciones de masas cuando los pobres tengan claro que Morales ha abrazado la agenda de los banqueros, de las corporaciones transnacionales y de los propietarios de la industria del agro.

Bolivia no es Brasil ni Argentina ni Uruguay ni Chile, donde los regímenes de centro-izquierda controlan sindicatos y sectores de los movimientos sociales. Los sindicatos más importantes son totalmente independientes del Estado, del partido de Evo, del Movimiento por el Socialismo (MAS) y de su gabinete. La transición del líder campesino de masas al complaciente hombre de Estado ante las corporaciones multinacionales no será una operación fácil ni suave: lo más probable es que Evo tenga que enfrentar los desafíos y la inestabilidad política que envió a sus predecesores a una temprana jubilación.

La "peculiar" sociología de Jaimes Petras

Por Pablo Stefanoni, Agencia BolPress

Jaimes Petras parece haber encontrado un "nicho" de mercado como crítico del gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) que acaba de asumir en Bolivia. Luego del artículo "Gestos populistas con fondo neoliberal" publica ahora "Presidente Morales: peculiar comienzo en Bolivia", donde, como en el texto anterior, no se propone contribuir al proceso de cambio que vive el país andino, sino que se conforma con denunciar las "traiciones" de Evo Morales. En su texto anterior había elaborado la lista de traiciones que ahora se confirmarían con los primeros pasos del gobierno del MAS.

No se trata de defender acá, de forma apologética, al nuevo presidente indígena, sino intentar visualizar las potencialidades y límites de un proceso de cambio que esta vez se presentó en "envase electoral" y no como "toma del palacio", y que depende de un conjunto de condiciones "objetivas" y "subjetivas" de las cuales el propio Evo Morales es, hasta cierto punto, producto. En todo caso: ¿la tarea de un intelectual de izquierda es excomulgar a los dirigentes de los actuales procesos de cambio o contribuir, mediante una crítica firme pero constructiva, a la profundización de esos procesos? El sociólogo estadounidense parece haber elegido el primer camino. En esa línea denuncia que Evo Morales "ha abrazado la agenda de los banqueros, de las corporaciones transnacionales y de los propietarios de la industria del agro", anticipa un "profundo desencanto" de los movimientos sociales e, incluso, "una temprana jubilación" del mandatario boliviano, siguiendo los pasos de sus antecesores neoliberales.

Lo cierto es que el gobierno de Evo Morales ha tenido un comienzo muy diferente al del resto de los gobiernos de centroizquierda de la región, pero Petras insiste, contra toda evidencia, que los ministerios importantes quedaron en manos de neoliberales. A tal punto que la nueva administración boliviana contribuyó al derrumbe de las acciones de Repsol-YPF en las bolsas en un contexto de precios récord del petróleo.

En Hidrocarburos, quizás el ministerio más importante en el actual contexto boliviano, aterrizó no un "neoliberal" sino un crítico de izquierda del MAS, que denunció el referéndum sobre hidrocarburos de Carlos Mesa y se opuso a los precios "solidarios" de venta de gas a Argentina. Incluso, ya como ministro, desconoció a la Cámara Boliviana de Hidrocarburos –organización corporativa que agrupa a las petroleras transnacionales– y anunció que negociará por separado con cada una de ellas.

Tampoco Planificación Económica –que tiene parte de las funciones que Petras le atribuye a Finanzas– cayó en manos de un neoliberal, ni tampoco las carteras de Gobierno o Presidencia, esta último en manos de Juan Ramón Quintana, quien declaró a la prensa que "las FF.AA. y la Policía bolivianas deben dejar de ser un apéndice de las fuerzas de seguridad de Estados Unidos". En el viceministerio de Defensa Social –ahora de la Coca y del Desarrollo Integral– Morales nombró a un ex cocalero y el embajador de Bolivia en Washington será, si lo aprueba el Senado, Sacha Llorenti, ex presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDH) con la misión expresa de conseguir la extradición de Gonzalo Sánchez de Lozada por la masacre de octubre de 2003. Una misión de difícil cumplimiento pero que emite algunas señales claras.

El caso de los ministros cruceños que menciona Petras merece algunas precisiones. Se trata de Hugo Salvatierra (Asuntos Campesinos), de origen trotskista y con una larga trayectoria en la izquierda boliviana, y Salvador Ric (Obras Públicas), un empresario acaudalado pero no "orgánico" de las corporaciones empresariales cruceñas y que apoyó al MAS antes de su victoria electoral. Petras se queja de que Salvatierra carece de "vínculos con los movimientos sociales de Cochabamba o el altiplano", justo cuando uno de los principales desafíos de la izquierda es extender hacia el oriente del país la hegemonía que ya posee en el occidente. Además, el nombramiento de Salvatierra (vinculado a la lucha por la tierra) emite una señal política en un contexto en el que las elites cruceñas intentan colocar el tema tierras bajo jurisdicción regional.

Desde su primera frase, el texto comentado presenta varias imprecisiones: las organizaciones sociales y sindicales mayoritarias no cuestionaron el gabinete, que incorporó a varios de sus dirigentes. Pero Petras sólo parece acordarse del "currículum" de los dirigentes sociales cuando estos se incorporan al gobierno. Así Abel Mamani, nombrado ministro de Aguas, es un "antiguo dirigente de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve)… criticado por malversación de fondos y por su fracaso a la hora de conseguir satisfacer la demanda general de nacionalización de los derechos de distribución de agua en El Alto" y Walter Villarroel, ministro de Minas y dirigente de los cooperativistas mineros, "desertó de la derechista UCS para subirse al carro de Morales" y, con anterioridad, "apoyó Presidente neoliberal Carlos Mesa, quien antepuso las cooperativas privadas al fortalecimiento de las empresas estatales bajo control de los trabajadores".

Pero estos son los dirigentes de los movimientos sociales idealizados por Petras hasta que pegan el salto al Estado. La realidad es que el MAS es una federación de corporaciones populares y una sociología política más fina debería abordar las potencialidades y límites de este tipo de agregación de demandas populares. El carácter sui generis de la izquierda boliviana –alejada de las formas partidarias tradicionales y con fronteras ideológicas más difusas– obliga a hacer ese esfuerzo, al que poco contribuyen las "listas de traiciones" y las excomuniones apresuradas para mantener una supuesta "pureza" doctrinaria.

El ministro que sí desató críticas es Walker San Miguel, de Defensa, por su actividad como síndico en varios procesos de capitalización (privatización) de empresas públicas. San Miguel habría sido propuesto por el alcalde paceño y aliado del MAS, Juan del Granado, pero más que como parte de un "gabinete neoliberal" fue percibido por muchos como una "mancha" en un gabinete que marcha en línea con las propuestas de campaña del MAS…. La excepción más que la regla.

Para forzar el análisis, Petras menciona promesas que nunca existieron, como la de reforma agraria. Como señalamos en un artículo anterior ("Los límites de la sociología doctrinaria. Una respuesta a James Petras") la posición del MAS frente al tema de la tierra siempre fue ambigua y ensayamos una respuesta "sociológica" a esa cuestión, indicando, por ejemplo, la debilidad de los Movimientos Sin Tierra. Por otro lado, el MAS siempre planteó "redistribuir tierras improductivas" y respetar el resto. Y nunca propuso una nacionalización "radical" de los hidrocarburos, sino un mayor control estatal con aumento de la carga impositiva. El actual vicepresidente, Álvaro García Linera, habló de una "salida pactada" entre el movimiento popular emergente y las elites empresariales de Santa Cruz y de un modelo de "capitalismo andino" en caso de llegar al gobierno.

Y no se trata aquí de defender esa perspectiva sino de echar algo de luz sobre un proceso político concreto que no ha avanzado en dirección socialista sino nacionalista y, en menor medida, indigenista, que recupera parte de la matriz populista que sustentó la Revolución Nacional del ‘52. Esto es lo que votó el 53.7% de los bolivianos, cifra que llegó hasta el 70% entre las "masas" de El Alto a las que Petras asigna un radicalismo a toda prueba, sólo matizado por la supuesta capacidad disciplinadora de Evo Morales… ¿por qué, por ejemplo, no hubo candidaturas a la izquierda de Evo Morales y quien que se postuló para ese espacio, Felipe Quispe, no llegó al 3% de los votos?

Algo similar ocurre con el TLC, parte de la potencial lista de traiciones de Evo Morales. Pero aquí vale otra precisión "sociológica": uno de los "baluartes" de la demanda del TLC es la "combativa" ciudad de El Alto, donde la exportación de textiles, joyas y muebles hacia Estados Unidos está entre sus actividades económicas más importantes. El anterior alcalde alteño, José Luis Paredes, ganó con más del 50% de los votos defendiendo no sólo el TLC sino el ALCA y, hace pocos meses, una masiva marcha organizada por los empresarios textiles congregó alrededor de 10.000 personas ante la embajada de EE.UU. para reclamar la firma del acuerdo de libre comercio.

Quizás uno de los puntos relevantes del artículo de Petras es el referido a la reserva minera del Mutun, que constituirá sin duda un desafío para el gobierno del MAS dada la presión de las elites cruceñas para que avance la licitación. Se trata posiblemente de un tema que definirá parte del rumbo de la agenda de cambio que la izquierda indígena pretende llevar adelante y en el que aun no está dicha la última palabra… del MAS… sí de Petras, que sigue escrutando lo que pasa en Bolivia a través imágenes distorsionadas por unos dogmas que no dejan ver los avances de las fuerzas populares que, en una experiencia inédita, lograron transformar las movilizaciones sociales en potencia electoral.

Bolivia acusa a Repsol-YPF de robar a sus accionistas

Diversas fuentes

El gobierno de Bolivia volvió a acusar a la petroleras Repsol-YPF, pero ahora de haberle robado a sus accionistas, al aclarar que fue ante la Bolsa de Valores de Nueva York donde el consorcio español registró como suyas las reservas bolivianas de gas natural, las segundas más importantes de Sudamérica.

El gobierno anunció que la política hidrocarburífera del gobierno de Evo Morales será divulgada la semana que viene otorgando, además, seguridad jurídica a la inversión extranjera y aclarando quién es el dueño de las reservas y quién el de los yacimientos. Repsol-YPF es el séptimo productor mundial de hidrocarburos.

El ministro de Hidrocarburos, Andrés Solíz dijo que "se trata de un fraude contable", y aseguró que para los europeos "robarle al Estado es grave, pero no tan grave como robarle a los accionistas". Bolivia cuenta con reservas de gas de 108 billones de metros cúbicos o 48 trillones de pies cúbicos (TPC).

La empresa Repsol-YPF controla 25.7 por ciento de las reservas bolivianas y opera un contrato de riesgo compartido desde 1997. Las reservas gasíferas de Bolivia "estaban siendo utilizadas como respaldo para algunas empresas petroleras, creo que Repsol no es la única, a través de una especie de fiscalizador de la bolsa de valores de Nueva York", detalló.

La Constitución boliviana, que rige los contratos de concesión petrolera, establece que los recursos naturales son propiedad del Estado de forma inalienable e imprescriptible.

"En la medida en que las reservas (gasíferas) tengan que anotarse en la bolsa por alguien, ese alguien somos nosotros (los bolivianos)", reclamó Soliz.

La empresa petrolera española anunció recientemente una rebaja del 25 por ciento de sus reservas mundiales probadas, lo que supone una reducción de mil 250 millones de barriles de petróleo equivalente, principalmente en Bolivia y Argentina. Repsol-YPF justificó esta revisión a la baja de sus reservas por la subida de la fiscalidad y las incertidumbres sobre la evolución del marco legislativo en esos países.

Soliz, a quien el presidente boliviano define como un "patriota insobornable", dijo que a precio de mercado regional las reservas bolivianas de gas natural representan 150 mil millones de dólares. "Hay posibilidades seguramente, como ha dicho el presidente Evo Morales, de hacer algunos trabajos como socios pero cambiando las reglas de juego, definiendo quién es el dueño de las reservas y quién es el dueño de los yacimientos", aseguró.

El ministro de Hidrocarburos consideró "lógica" la política de la europea British Petroleum (BP), que también opera en Bolivia desde 1997 y que anunció en Londres su decisión de frenar sus inversiones en el país sudamericano hasta que no se aclare la situación jurídica a la luz de la ley del sector.

Fraude contable

El gobierno boliviano acusó a Repsol-YPF de "fraude contable" al haber registrado como suyas las reservas de gas que explota en el país, un día después de que la petrolera española recortara sus inventarios en 25 por ciento, lo que hundió sus acciones. Repsol-YPF anunció la reducción de sus reservas probadas, luego de que el gobierno de Evo Morales dijera que registrará el derecho de propiedad del Estado boliviano sobre todas las reservas de gas del país, y por el comportamiento de sus campos en Argentina.

"Con esta situación que ha ocurrido en Repsol, se ha dado un paso gigantesco en la nacionalización de los hidrocarburos", dijo el ministro de Hidrocarburos, Andrés Soliz. Las acciones de Repsol, que redujo su estimación de reservas probadas a mil 254 millones de barriles equivalentes de petróleo, cerraron esa semana con una caída de 3.1 por ciento a 22.17 euros, tras caer 7.67 por ciento.

Un experto energético boliviano, que pidió no ser identificado, dijo que Repsol-YPF se adelantó a las medidas de La Paz, lo que habría provocado cierto malestar del ministro. "Repsol se anticipó, sabía que podría ser golpeada", afirmó.

En Brasil, donde la petrolera estatal Petrobras anunció la semana pasada una reducción de 97 millones de bep, o un 0.8 por ciento de sus reservas internacionales, luego de una reevaluación de sus operaciones en Bolivia y Argentina, había una aparente calma. El analista Frank McGann de la firma Merryl Lynch dijo que preveía poco impacto de los cambios en Bolivia sobre Petrobras, "pese a la persistente incertidumbre", porque "Bolivia representa menos del tres por ciento de la producción y las reservas de la compañía."

Bolivia, que descartó expropiaciones de activos, avanza hacia la nacionalización de los hidrocarburos "en la medida en que no son las empresas las que van a determinar el manejo de nuestras reservas, sino el Estado", afirmó el ministro. El país tiene reservas de gas por 48.7 billones de pies cúbicos, las segundas de Sudamérica, después de Venezuela. Soliz agregó que el gobierno definirá a muy corto plazo las primeras medidas de su estrategia en materia de energía, que el mismo Morales prevé presentar la próxima semana en un mensaje a la nación.

El ministro dijo que funcionarios de Repsol admitieron recientemente que habían inscrito en su balance el gas boliviano siguiendo una "costumbre" empresarial. "Parece que en el propio directorio de Repsol en España se empezaron a preocupar y a título de que hay que transparentar la situación nos encontramos con una verdadera sorpresa, que provoca la caída de sus acciones", relató el ministro. "¿Por qué viene a ocurrir?", prosiguió. "Porque se trata, en estos casos, de lo que se llama en lenguaje técnico un fraude contable".

Soliz se mostró despreocupado por el anuncio de Repsol de que congeló inversiones en Bolivia por más de 400 millones de dólares. "Pongamos en una balanza 400 millones de dólares y en el otro platillo 150 mil millones (valor mínimo estimado de las reservas bolivianas). ¿Usted lloraría por los 400 millones? Es un problema de coyuntura", dijo. Soliz comentó que Bolivia puede al menos cuadruplicar sus reservas de gas natural a mediano plazo, lo que en su criterio justifica preservar la propiedad estatal sobre esa riqueza.

Repsol y otras petroleras llegaron a Bolivia en la década reciente e invirtieron unos 3 mil 100 millones de dólares atraídas por un régimen que les garantizaba la propiedad de la producción. Pero la nueva ley de hidrocarburos, vigente desde mayo de 2005 y que varias petroleras extranjeras todavía cuestionan, declaró propiedad estatal toda la producción de crudo y gas y ordenó que las compañías firmen nuevos contratos para dejar de ser concesionarias y convertirse en operadoras.

Una cortina que impedía ver el pozo

Al acusar a la petrolera de apropiación indebida de reservas, Bolivia desató una crisis interna en Repsol. La actual conducción admitió que el dato de reservas en sus libros era falso, pero responsabilizará a la anterior, encabezada por Alfonso Cortina, por el hecho.

Por Raúl Dellatorre, Página/12

Tras la audaz decisión adoptada por la dirección de Repsol YPF, anunciando el recorte del 25 por ciento en la estimación de sus reservas internacionales de hidrocarburos, un fantasma empezó a sobrevolar por encima de los hombros de la compañía hispanoargentina: el de la petrolera Shell. Hace apenas dos años, su conducción fue descabezada tras admitir una reducción de sus reservas en un 20 por ciento. Para despegarse de ese funesto antecedente, los directivos españoles de Repsol tienen clara su estrategia: expondrán a la luz que la verdadera responsabilidad por el desfasaje en la contabilidad de las reservas es de la anterior conducción, que hasta octubre de 2004 encabezó Alfonso Cortina. "No fue tanto por Evo, sino más bien por un conflicto interno", comentó en Madrid alguien muy cercano a la compañía. Lo innegable es que la postura del presidente de Bolivia y su ministro de Hidrocarburos fue indudablemente el detonante (ver nota aparte), que le sirvió a la vez a la gestión de Antonio Brufau para ajustar cuentas pendientes puertas adentro.

En febrero de 2005, cuando aún no se habían cumplido cuatro meses desde el cambio de autoridades, la conducción de Repsol YPF ejecutó un primer ajuste de las reservas, reduciéndolas en un 4,1 por ciento. Apenas 11 meses antes, Alfonso Cortina aseguraba ante la Junta de Accionistas que la diferencia entre los cálculos de la petrolera y las evaluaciones de auditorías independientes no superaban, en ningún caso, el uno por ciento (marzo de 2004).

Inmediatamente después de aquel primer ajuste (marzo de 2005), el directorio encabezado por Brufau decidió crear un Grupo de Control de Reservas, dependiente del Consejo de Administración. Le quitaba así atribuciones a la Dirección de Exploración y Producción de la compañía, con intereses directos en el tema y, por tanto, proclive a inflar las cifras en favor de su propia gestión. El Consejo de Administración contrató el asesoramiento de dos auditoras independientes, De Golyer & Mc Naughton y Gafney, Cline & Associates. Con la ayuda de consultoría externa, se elaboró un nuevo manual de control de reservas. La gestión anterior de Alfonso Cortina había quedado definitivamente bajo la lupa.

El cambio de autoridades en Repsol YPF coincidió no casualmente con el cambio de gobierno en España. Cortina y su grupo guardaban no sólo afinidades políticas con el gobierno de José María Aznar. Designados en el directorio de la compañía en representación del grupo BBVA como principal accionista minoritario, tuvieron más de un enfrentamiento con los representantes de otro grupo poderoso pero también minoritario: La Caixa, grupo financiero catalán, del que surgiría el nuevo presidente, Antonio Brufau. El mayor acercamiento de este último bloque empresario al PSOE no fue un impulso menor para el recambio, cuando José Luis Rodríguez Zapatero llegó a la Presidencia.

Si ya desde varios meses antes la medición de las reservas estaba bajo sospecha, ¿cuánto tuvo que ver la llegada de Evo Morales y su ministro Soliz Rada al poder en Bolivia en que se desatara la crisis de esta semana? En mucho, aunque se trate de dos procesos que transitaban por vías paralelas que sólo se tocaron en los últimos días.

"La expansión de Repsol en América latina a fines de los ’90 tuvo mucho que ver con un estilo que los acercaba a los gobiernos neoliberales, frágiles para dejarse imponer la voluntad de una empresa poderosa", fue el racconto hecho desde Madrid por la fuente consultada. La llegada de Evo Morales, imperiosamente, debía producir una ruptura de la vieja relación de Repsol con el Estado boliviano. Y Soliz Rada tuvo la oportuna idea de cuestionar la apropiación de las reservas de gas bolivianas por la petrolera.

En Madrid aseguran que el informe concluyendo que el cómputo de reservas en libros de Repsol YPF estaban inflado en 1254 millones de barriles de petróleo llegó a manos de Brufau días antes de la última Navidad. Con "lapatata caliente" en la mano –dicen allá–, el Consejo de Administración encargó una última revisión, una auditoría de lo ya auditado. Cuando no quedaron dudas, la decisión fue sacarlo a la opinión pública. La información, dicen, le quemaba al mandamás catalán.

¿Fue pura coincidencia que ocurriera justo en la semana que asumía Evo? Es posible, aunque sólo en parte. Repsol necesitaba salir del lugar de confrontación al que lo llevaba el discurso duro de Solíz, acusándolos de apropiación indebida de reservas. La respuesta más adecuada, se pensó en la compañía, era renunciar a esas reservas reclamadas por el Estado, y qué mejor que hacerlo coincidie con el anuncio de la reducción por recálculo global de la capacidad de sus yacimientos.

Brufau lo conversó personalmente con ambos –Morales y Soliz– antes de lanzar el anuncio, pero también tuvo que conversarlo con Kirchner, ya que en el rebote las reservas declaradas en Argentina resultaban fuertemente impactadas por la revisión (en un 20 por ciento). "Lo de Bolivia era entendible, lo de Argentina parecía inexplicable", admitió una fuente de la compañía, transmitiendo la sensación que se vivía en los momentos previos al anuncio del recorte de reservas.

Brufau dedicó su única aparición pública justamente a apaciguar los ánimos con respecto al recorte de reservas en Argentina. "Repsol hará todo lo que sea necesario y vamos a luchar para evitar que se acentúe la declinación productiva (de petróleo y de gas), y si se produce, trataremos que sea lo más suave posible", dijo, utilizando como vía un reportaje en Radio 10, de Buenos Aires.

El próximo paso será orientar las responsabilidades hacia la anterior conducción, dejando en claro que la actual no estaba en conocimiento de que tenía contabilizadas reservas infladas desde mucho antes. ¿Habrá una denuncia penal contra Cortina?, preguntó Página/12 a una fuente muy cercana a la actual conducción empresaria. "Es una decisión difícil; no sé si le conviene a la compañía, pero parece inevitable. Cualquier accionista puede demandar a las autoridades por el perjuicio patrimonial. ¿Cómo harían las actuales autoridades para deslindar responsabilidades?" En Madrid, según dicen, ya tienen la respuesta.

«Paso gigantesco a la nacionalización»

Por Pablo Stefanoni, desde La Paz. Página/12, Buenos Aires.

La crisis de Repsol YPF tuvo fuertes coletazos políticos en Bolivia al aparecer este país como uno de los causantes de la poda del 25 por ciento en sus reservas declaradas. Según la empresa, las reservas cayeron en el país andino un 52,5 por ciento debido a la nueva ley de hidrocarburos, aprobada en mayo del año pasado y producto de la presión de los sectores sociales que reclamaban un mayor control del Estado, el aumento de la carga tributaria y la refundación de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia (YPFB). Dos mandatarios, el neoliberal Gonzalo Sánchez de Lozada y el "centrista" Carlos Mesa Guisbert, fueron arrastrados por la ola nacionalizadora que ahora transportó al socialista Evo Morales hasta el segundo piso del Palacio Quemado.

La petrolera hispano-argentina frenó las inversiones en exploración de nuevos yacimientos desde que comenzó a discutirse la nueva ley (en septiembre de 2004). El presidente de la compañía, Antonio Brufau, le dijo a la agencia Efe que las inversiones previstas, de 476 millones de dólares, quedarán congeladas "hasta que se clarifique el marco regulador". Y apuntó a la nueva legislación como causa de la caída en las reservas. "Se ha reducido la rentabilidad esperada en la producción existente y se han introducido incertidumbres comerciales que pueden afectar la capacidad de cumplir en el futuro los acuerdos de suministro existentes", agregó Julio Gavito, titular de la filial boliviana de la misma petrolera.

La respuesta vino de quien es ministro de Hidrocarburos, Andrés Soliz Rada, quien aseguró que "no es la nueva norma hidrocarburífera la que propició la baja de las acciones de Repsol sino la respuesta de sus propios socios quienes, anoticiados de la inscripción de reservas que no le pertenecían, decidieron poner a buen recaudo su dinero". Percibido como "enemigo de las petroleras", Soliz acusó a Repsol-YPF de "fraude contable" al haber registrado las reservas de gas que explota en Bolivia como propias en la Bolsa de Nueva York. Un tema sacado a la luz por él mismo antes de asumir.

Repsol –que llegó al país en 1997 con dos subsidiarias: Maxus Bolivia y Andina– controla, mediante contratos de riesgo compartido con el Estado, más de 11 trillones de pies cúbicos de gas entre reservas probadas, probables y posibles, según datos del matutino paceño La Razón. El informe ante la Securities and Exchange Comission de Estados Unidos se refiere solamente a reservas probadas, por lo que la reducción no se refiere a una "desaparición física" de los energéticos, sino indica pérdida de control de las reservas, incluida la posibilidad de extracción sin rentabilidad positiva.

En el caso boliviano y venezolano se trata de golpes de timón nacionalistas de los marcos regulatorios. En Bolivia, la norma aprobada el año pasado creó el Impuesto Complementario a los Hidrocarburos (ICH), del 32 por ciento, con la finalidad de llevar la combinación de impuestos y regalías al 50 por ciento. Medida que, según las empresas, inviabiliza la explotación de los pozos más chicos y marginales. Hasta ahora, las empresas se mueven entre gestos tendientes a negociar y amenazas de juicios ante tribunales internacionales, haciendo valer acuerdos bilaterales de "protección de inversiones". Venezuela, en tanto, aprobó la obligación de las empresas de crear sociedades mixtas con la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), lo que también afectó los balances de la firma hispano-argentina.

Soliz Rada pareció disfrutar su golpe. "Me atrevería a decir que, con esta situación que ha ocurrido en Repsol, se ha dado un paso gigantesco en la nacionalización de los hidrocarburos, en la medida en que no son las empresas las que van a determinar el manejo de nuestras reservas, sino que lo hará el Estado nacional", dijo en conferencia de prensa. Y completó: "Hay posibilidades de trabajar como socios, pero cambiando las reglas del juego, definiendo quién es el dueño de las reservas y los yacimientos. Uno se asocia con determinada empresa pero con reglas de juego que sean equilibradas, y no con las barbaridades que nos han impuesto en los años pasados".

Chantajean trasnacionales al gobierno de Evo Morales

Por Carlos Fernández-Vega, diario La Jornada, México

La transnacional REPSOL no se encuentra en su mejor momento, y tras el anuncio sobre la disminución de "sus" reservas energéticas -principalmente en Bolivia-, resbaló con la misma cáscara: el precio de sus acciones volvió a caer, y en un par de días acumula una pérdida cercana a 12 por ciento, amén de que otra calificadora internacional colocó "bajo vigilancia negativa" la evaluación crediticia del consorcio español.

Con esa caída, los papeles de Repsol registran un precio similar al de ocho meses atrás, al tiempo que a la calificadora Fitch le aplicó un gancho al hígado -como la víspera lo hiciera Standard and Poor's al rebajar de "estables" a "negativas" las perspectivas del corporativo- al encender los focos rojos en torno a la calificación crediticia de la trasnacional.

Durante su fructífera invasión a Latinoamérica Repsol sólo se había topado con gobiernos "amigos" y "modernos", quienes a cambio de espejitos para los países regionales y otras gracias para los mandatarios obtuvieron lo inimaginable en lo que concesiones energéticas, fiscales y políticas se refiere.

Nunca imaginó, como tampoco lo hicieron otras trasnacionales que succionan la riqueza regional, que gobiernos nacionalistas podrían asumir las riendas de sus respectivos países, en el entendido -según su análisis- que en América Latina sólo existían políticos como el Goni, Menem, Fujimori, los sátrapas centroamericanos, o Salinas, Zedillo y Fox.

Una corriente de gobernantes con otra visión se ha posicionado en Latinoamérica, aunque ninguno como el flamante de Evo Morales ha llegado tan lejos en tan poco tiempo.

La sola advertencia del nuevo gobierno boliviano sobre la inscripción de las reservas energéticas nacionales a nombre del Estado desajustó -por llamarle de alguna manera- la estrategia de Repsol y demás trasnacionales que explotan el gas y el petróleo de aquella nación.

Días atrás el ministro boliviano de Hidrocarburos, Andrés Soliz Rada, anunció la acción gubernamental para inscribir dichas reservas en las bolsas de valores y demás instancias financieras nacionales e internacionales, lo que generó el anuncio de Repsol sobre la reducción de "sus" reservas energéticas.

Sin embargo, el gobierno de Evo Morales va más allá y el propio ministro anuncia que la empresa Andina, con mayoría accionaria de Repsol y el usufructo financiero del BBVA y Zurcí, "está siendo sometida por la Aduana Nacional a una investigación por indicios de contrabando de combustible y de falsedad en formularios de exportación". La trasnacional española, junto con los vampiros financieros que la acompañan, tiene de plazo hasta el próximo 2 febrero para presentar los descargos sobre las denuncias presentadas en su contra.

REPSOL notificó sobre la reducción de "sus" reservas energéticas en Bolivia, no sin chantajear que por tal situación congelaría inversiones por más de 400 millones de dólares. Sin embargo, el ministro Soliz Rada matizó esta situación: dicha cantidad "debería compararse con los potenciales 150 mil millones de dólares que significan las reservas de gas para el futuro de Bolivia".

Aún así, la ruta de Repsol es del agrado de otras trasnacionales. El corporativo británico BG Group anunció que "seguirá aplazando" sus inversiones en Bolivia por "la incertidumbre de las acciones del gobierno", aunque, como Repsol, desea "emprender discusiones "constructivas" con Evo Morales para concretar sus planes productivos y financieros en la nación sudamericana.

El hecho es que las trasnacionales asumen como propias las reservas energéticas de Bolivia (probadas y probables), con lo que nada raro sería que en los días por venir se concretaran anuncios similares al de Repsol.

En vía de mientras, el pastel de las reservas de gas natural en Bolivia se distribuye de las siguientes manera: Empresa Andina y Repsol, 37 por ciento; Petrobras, 16.5; British Group, 14.3; Total E&P, 12.6; PAE E&P, 6.4; Mobil, 5.1; Chaco, 4.7; Vintage Petroleum, 1.9; Pluspetrol, 1.8 y Dong Won, 0.1. Existen otras empresas registradas, pero oficialmente sin porcentaje asignado.

En reservas (probadas y probables) de petróleo y condensados en la fiesta participan: Empresa Andina y Repsol, 39.2 por ciento; British Group, 16.6; Petrobras, 12.6; Total E&P, 10.4; PAE E&P, 8.3; Chaco, 5.9; Mobil, 4.3; Vintage Petroleum, 1.7; Pluspetrol, 0.6; Dong Won, 0.1 y Petrolex, 0.1.

No solo en Bolivia se cuecen habas. Por ejemplo, como lo comenta el ingeniero José Luis Apodaca, la red de distribución de Gas Natural de Monterrey, México, se privatizó en 1998 y la trasnacional española Repsol y su empresa Gas Natural se comprometió a mantener el precio de la distribución en 32 centavos por metro cúbico de gas durante cinco años.

La Comisión Reguladora de Energía de México "vigiló" que se ajustaran los precios del gas por inflación, y en 2003 la tarifa fue de 47 centavos por metro cúbico. Sin embargo, de septiembre de 2003 a junio de 2005, la CRE injustificadamente permitió que el precio de la distribución se incrementase en 300 por ciento, llegando a 1.80 pesos por metro cúbico. El ajuste de precio por inflación acumulada en este último periodo debió ser de 9 por ciento y no de 300.

Por otra parte, en 1998 la empresa estatal Petróleos de México (PEMEX) vendió el gas natural a 67 centavos por metro cúbico, y en 2005 el precio fue de 2.80 pesos. El resultado de aplicar precios competitivos del mercado (lo de Pemex), y de cambiar un monopolio de gobierno por otro privado (lo de Repsol), es que en 1998 se pagó por cada metro cúbico de gas un peso, y actualmente se paga 4.60 pesos. Es lamentable que cada familia de condición muy modesta, que antes cubría un recibo por gas de 50 pesos al mes, ahora deba pagar 230 pesos".

Evo, la coca y la Argentina

Por Ricardo Gabriel Abduca, antropólogo. Autor de «El uso y los valores. La hoja de coca en Argentina». Página/12

Parte de la prensa argentina tomó declaraciones de un diputado del MAS de Evo Morales, Dionisio Núñez, presentándolas como un intento de "vender coca a la Argentina", un proyecto de "hacer negocios" que "podría generar 20 millones de dólares". En realidad Núñez, dirigente de sindicatos cocaleros de La Paz, se refirió a la necesidad de que la importación argentina de hoja de coca vuelva a ser legal. Al menos desde el siglo XVIII, la región del Tucumán ya importaba cantidades significativas de coca del Alto Perú. Hoy, sobre todo en las ciudades de Salta y Jujuy, los hombres suelen salir con 20 gramos de coca en el bolsillo, exigiendo al vendedor coca de calidad con la misma decisión con que después, en un asado, se discutirá con el vecino sobre cuál coca es la mejor: la más fresca, la que mejor huele. En todos los sectores sociales del noroeste argentino y parte del área chaqueña la coca es conocida y demandada para coquear (que no es exactamente mascar).

Las declaraciones del gobierno electo son parte de esfuerzos internacionales más amplios, como los que empiezan a discutirse en el Parlamento Europeo de cara a la próxima convención de drogas de las Naciones Unidas –en Viena en 2008–. La coca es una planta desarrollada a lo largo de 50 siglos, con muchos más minerales y vitaminas que otros cultivos; un estimulante suave, comparable al café, que puede tener un rol importante en el mercado de infusiones. La cuestión debe plantearse desde una discusión colectiva, no desde el estigma fácil, pues no hay esencia inmóvil que haga que una planta sea socialmente mala o buena. El tabaco, la yerba, el vino, han estado prohibidos; también hubo un tiempo en que la coca se vendía en las farmacias europeas; en que Holanda exportaba, desde Java, más coca que Perú, y los japoneses invadían Taiwan y plantaban coca para su industria farmacéutica.

Cuando en 1978 los gobiernos de Bolivia y Estados Unidos dictaminaron que con doce mil hectáreas se podía abastecer la demanda de coca del pueblo boliviano, olvidaron que varios miles de hectáreas eran y son necesarias para la demanda argentina. La población del NOA equivale a un tercio de la de Bolivia, exige coca de calidad, y hoy consume cerca de un cuarto de la producción boliviana. La mayoría de los argentinos y los bolivianos desconoce la importancia de este mercado que, como todo mercado consolidado, responde al equilibrio de intereses de los que ofertan y los que demandan. Los campesinos de yungas o el Chapare no van a renunciar a su fuente de trabajo; los consumidores del norte y del resto de la Argentina tampoco van a dejar de defender sus hábitos –como hicieron enérgicamente en 1989 los diputados del norte, radicales y peronistas, al promulgarse la ley actual de drogas–. Esto puede sorprender, pero también sorprenderá saber que sirios y libaneses toman mate; en efecto, ahí está el destino del 5 por ciento de la yerba argentina, sumando unos nueve millones de dólares al año. El mercado argentino de coca ya existe, y mueve más dinero. Hasta 1977 la coca pasaba por la Aduana argentina y se vendía en droguerías y farmacias; luego el gobierno militar, aduciendo pactos preexistentes, prohibió toda importación, venta, consumo y tenencia de hoja de coca ¿Con qué resultado? El monto de la coca ingresada, tras una carestía no muy larga, se mantuvo estable con tendencia al aumento, todo el mercado se hizo "negro" y el precio se multiplicó por ocho, para no bajar más. Hoy la ley vigente despenaliza totalmente a la tenencia y consumo de la hoja en todo el país, pero no dice una palabra sobre la comercialización ¿Cómo se abastecen los centenares de quioscos que venden coca? Algo saben de eso las fuerzas de seguridad. Los precios, inflados por la renta de frontera que genera la prohibición, ya no bajaron. La coca está al alcance de los muchos coqueros pudientes, pero les sale cara a los pobres del campo.

Washington, Miami y algunos barrios porteños presentaron a Morales como "narcocandidato". Ahora bien: al empezar a discutir públicamente este tema, Morales se comporta exactamente al revés de lo que haría un "narcopresidente". Pues un "narco" es un capitalista ilegal que sabe que en la ilegalidad está el corazón del negocio. La mafia necesita prohibiciones. Si el MAS pone sobre la mesa la cuestión de la coca en la Argentina, no hará sino ser coherente con su propuesta de campaña: coca sí, mafia no. Al revés que el golpista que gobernó Bolivia con un préstamo de Videla y Martínez de Hoz, García Meza, quien demandaba tanta materia prima para cocaína que el campesino no tenía hojas para llevarse a la boca. Estas propuestas del gobierno electo merecen discutirse y reapropiarse seriamente en la Argentina ¿O se preferirá hablar del pulóver del Evo?