Pensamiento Crítico

Uruguay: de la emergencia a la inclusión

Por Raúl Zibechi | ALAI AMLATINA | 15 Julio 2007
A todo o nada. La apuesta por dejar atrás la "emergencia social" y dar paso a la integración de los pobres supone tanto un salto cualitativo como la ambición de insuflar nueva vida al descascarado Estado benefactor que durante cuatro décadas se fue erosionando hasta casi desaparecer. Es uno de los proyectos más ambiciosos del actual gobierno. El Plan de Equidad supone que "nunca más" habrá orientales de segunda, excluidos o marginados, pobres que son apenas objeto de la caridad pública, estatal o privada. A grandes rasgos, el Plan de Equidad que se pondrá en marcha el 1 de enero de 2008 implica dejar atrás la situación de excepcionalidad que atiende el PANES hasta fines de este año. Pero sobre todo se trata de coordinar políticas sociales que apuntan a la equidad de género, de oportunidades e intergeneracionales. En septiembre del año pasado, el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) creó una comisión de técnicos para perfilar el plan que si bien será monitoreado desde ese ministerio involucra a todo el gobierno. Sus objetivos son resumidos por el presidente de la República cuando señala que se orienta la gestión de gobierno hacia "un país productivo con justicia social". El Plan de Equidad va mucho más allá del Plan de Emergencia, diseñado para abordar situaciones puntuales que, según la convicción dominante en el Ejecutivo, serán definitivamente resueltas con base en el crecimiento económico del país y la distribución más equitativa de la renta. Las políticas compensatorias o focalizadas para combatir la pobreza fueron diseñadas por los organismos financieros internacionales, y muy en particular por el Banco Mundial, para abordar los problemas sociales planteados por el modelo de crecimiento asentado en la financiación y la desregulación de las economías. El punto de partida de estos planes es que los rumbos que comenzó a tomar la economía global a partir de la crisis de 1968/73 no son ya capaces de ofrecer empleo –o un simple lugar digno en la nueva economía- a amplios sectores de la población trabajadora. El mismo concepto de "ejército industrial de reserva", acuñado por algunos economistas para dar cuenta de las oscilaciones del empleo y la desocupación según los vaivenes de los ciclos económicos, dio paso a los conceptos de "marginación" primero y de "exclusión" más tarde. Qué hacer con esa porción de personas que los estados y los mercados ya no pueden atender es el objetivo de los planes focalizados como Bolsa Familia en Brasil, Jefes y Jefas de Hogar en Argentina, y Plan de Emergencia en Uruguay. Pasar de "compensar" la pobreza a incluir a toda la población como sujeto de derechos –de salud, educación, vivienda, empleo, etcétera– es tan ambicioso que representa casi una revolución social y cultural. Las políticas focalizadas son criticadas, con razón, por abrir las puertas a actitudes clientelares y subordinar los beneficiarios a las iniciativas estatales. Con la universalización de los derechos, esos problemas quedarían superados. La actual administración busca a través del Plan de Equidad eliminar a mediano plazo la pobreza estructural. Hasta ahora el Ingreso Ciudadano, que no es sino un subsidio monetario, era el soporte principal del Plan de Emergencia. Ese papel lo jugarán a partir de 2008 las asignaciones familiares y las pensiones a la vejez. En paralelo, con el Trabajo Protegido se busca insertar a los desocupados en el mercado de trabajo formal. Con el correr de los años, se espera no sólo una brusca disminución de la pobreza sino sobre todo revertir los componentes estructurales de la exclusión. La reforma del sistema de salud, que hará posible que una mutualista y un hospital ofrezcan servicios de similar calidad, será uno de los mejores ejemplos para ilustrar de qué se trata la "igualdad de oportunidades".

Dudas y dificultades

La voluntad política parece un dato elemental para superar la exclusión. Parece difícil que sea suficiente si el país no remonta una serie de desventajas que viene acumulando en los últimos años: desde la pirámide de edades y la emigración hasta su irresuelta inserción en el mundo y, sobre todo, en la región. Las preguntas y las incertidumbres se acumulan. Remendar el tejido social supone la continuidad en el largo plazo de políticas como el Plan de Equidad. Ello supone que se mantenga en pie más allá de los cambios de gobierno y, más difícil aun, de las inevitables crisis económicas. En este punto, se impone una doble reflexión. El Uruguay integrado que conocimos a mediados del siglo pasado fue producto del proceso de sustitución de importaciones (desarrollo endógeno) y de un largo período de crecimiento económico. Aquel país se comenzó a evaporar con el estancamiento de fines de los sesenta y la reestructuración económica que promueve un desarrollo "hacia afuera". ¿Existen condiciones para revertir ambos aspectos y sostenerla en el tiempo? Una segunda duda surge a la hora de observar el comportamiento de los sectores sociales que deberán ceder privilegios para que sea posible reconstruir la sociedad. Según la encuesta sobre Percepción de Exclusión Social y Discriminación, la mitad de los montevideanos que viven en los "once barrios" más ricos lo que menos desean es tener cerca a una persona que viva o haya vivido en un asentamiento. ¿Por qué los empresarios, que se reclutan en esa franja, habrían de quererlos en sus empresas? ¿Será suficiente un subsidio temporal para que cambien su actitud y su modo de percibir a los otros? Nadie tiene las respuestas a mano. Crece, sí, la convicción, como lo muestran los adelantos del Plan de Equidad, de que la exclusión no es sólo una cuestión económica sino una cultura que provoca acumulación de riqueza y desposesión en los polos opuestos. Deberán pasar unos años para poder constatar si ha sido posible empezar a revertirla.

Plan de Equidad: Datos mínimos

Se busca conformar un solo sistema de Asignaciones Familiares que beneficie a 490 mil menores pobres. Las familias con niños menores de 12 años percibirán 700 pesos por cada uno y mil pesos por adolescente de 13 a 18 años que asista a escuela o liceo. Se otorgarán unas siete mil pensiones a la vejez a mayores de 65 años pobres, lo que significa una expansión del 30 por ciento en el número de beneficiarios. Los CAIF y jardines de Primaria abarcarán a 52 mil niños de 0 a 3 años, lo que prácticamente dobla la cantidad actual. A través de maestros comunitarios se busca mejorar el rendimiento de 30 mil niños y reducir la deserción liceal de 20 mil adolescentes a través del programa de aulas comunitarias. Las políticas de promoción de empleo buscan llegar a 10 mil personas cada año, en tanto la tarjeta magnética (para compra de alimentos y artículos de higiene) llegará en 2008 a 92 mil hogares.