Pensamiento Crítico

Notas sobre la condición ciudadana en Cuba

Por Armando Chaguaceda | Revista Temas, Cuba. No. 50-51: 118-125, abril-septiembre de 2007. | 30 Julio 2007
Cuba se aproxima al medio siglo de vida como experiencia singular de poder anticapitalista, experimentando síntomas y demandas de transformaciones internas. El curso de los acontecimientos, si partimos de una postura que abandone las lecturas deterministas y teleológicas de los procesos sociales, abre numerosos cauces de evolución nacional. Y en estas aproximaciones al cambio social en curso, el tema del ciudadano tendrá, con toda seguridad, un lugar privilegiado. La lucha moderna por la ciudadanización recorre un camino accidentado, de continuos ascensos y retrocesos: va desde la consagración de los derechos del hombre y el ciudadano, la extensión paulatina del derecho al voto a las poblaciones adultas masculinas durante la segunda mitad del siglo XIX y su conquista femenina a lo largo de la última centuria, pasando por la pugna para instalar el respeto a los derechos de minorías étnicas, sexuales y culturales hasta llegar a la elevación de los sociales al mismo altar de los civiles y políticos. Como noción y vínculo jurídico-político del individuo con el Estado (en sus dimensiones de poder público, territorio y población), la ciudadanía resulta una condición básica que señala los derechos (civiles, políticos, socioeconómicos y culturales) disfrutables y los deberes que cumplir. Se caracteriza, además de por la atribución de los mencionados derechos, por varios elementos constituyentes: rango de estabilidad —que subsiste independientemente de la presencia física del sujeto—, subordinación al poder estatal y, al mismo tiempo, obligatoriedad de este para con sus ciudadanos y sus derechos. (2) La formación y el despliegue de una conciencia y praxis ciudadana se interrelacionan estrechamente con otros procesos dinámicos y multidimensionales. Entre ellos, los de la socialización política. (3) Este proceso de internalización de formas, valores y creencias se materializa, en la práctica, mediante la participación ciudadana. Concebida como el involucramiento consciente y activo del sujeto en los procesos sociales, es susceptible de desplegarse en disímiles esferas de la realidad: empresarial, comunitaria, político-institucional, etc. Atraviesa por sucesivas fases de desarrollo en las cuales el protagonismo de los sujetos implicados resulta imprescindible: levantamiento de problemas, expresión de propuestas, elaboración de agenda, diseño y ejecución de un sistema de acciones, control y evaluación de estas, etc. Hoy son apreciables diversas actitudes hostiles respecto al involucramiento activo de los ciudadanos en la república, que resultan antitéticas con la idea de formar el sujeto dinámico y comprometido que necesita una democracia. De estas conductas, la que denominaría apologética considera el actual orden de cosas como insuperable, al evaluar nuestra institucionalidad como la mejor opción universalmente posible, por lo que solo cabría esperar incrementos cuantitativos de sus prestaciones y no habría que transformar las actuales estructuras, toda vez que estas y sus ocupantes resultan ser los óptimos («este es el mejor orden posible», «antes todo era peor», «ellos saben lo mejor para nosotros»). Por su parte la acomodaticia, hija del la rutina y el escepticismo, aparece como fruto de una conciencia cívica cansada —«esto no hay quien lo arregle ni quien lo hunda», «aquí nada va a cambiar», «que dirijan otros, porque a mí no me interesa la política»— aunque por lo general sus practicantes continúan insertados en la lógica funcional del sistema, participando periódicamente de los rituales y códigos que lo legitiman. Tomando como referente el escaso nivel de involucramiento consciente de los sujetos, esta modalidad puede considerarse una forma de desconexión velada que tributa al inmovilismo. Una tercera tendencia negativa es la alternativa rupturista; es decir, la búsqueda de una desconexión con los mecanismos y entornos democráticos de participación y socialización políticas, optando por las salidas violentas e ilegítimas, de corte antisistémico. Todas estas resultan actitudes previsibles y peligrosas dentro de un marco de acción democrático. En la teoría (y praxis) política contemporánea cada vez son más reconocidas las relaciones existentes entre «condiciones de posibilidad» y los ordenamientos deseables para la acción ciudadana efectiva y protagónica. Esta no puede desarrollarse al margen de una práctica social e ideológica realmente pluralista, un modo de interpretar y organizar la vida social caracterizado por el reconocimiento y despliegue de una diversidad de discursos e interpretaciones culturales, ideológicas o filosóficas; pluralismo en cuyo marco la única opción excluida sería aquella cuya esencia atente contra la existencia de las otras. En oposición, el monismo es una cosmovisión animada por la idea de que una comunidad humana puede regir sus destinos por un principio o ley suprema única que anula la existencia de aquellas alternativas que, aun dentro del orden existente, puedan discrepar de las estructuras y jerarquías impuestas por el discurso estatal dominante. El monismo no solo recelará de aquellas tendencias realmente hostiles, sino negará su existencia a todo lo que (aun siendo su aliado potencial) no se le subordine, o pertenezca a aquello que le parezca distinto y ajeno. El pluralismo debe tender a garantizar su reproducción y enriquecimiento, en tanto el monismo tributa a su propia degradación, a tornarse disfuncional en sociedades complejas y constreñir el desarrollo a meros (y cada vez más escasos) crecimientos cuantitativos. De ahí que, para garantizar un sistema democrático de gobierno, constituya una condición indispensable un entorno institucional, normativo e ideológico dentro del cual la ciudadanía pueda ejercer el derecho de elegir a sus autoridades de forma libre, secreta e informada, por medio del sufragio popular. Ejercicio de consulta, no reducido al acto de votar, donde la población puede desplegar su potestad para formular demandas, dar opiniones, y aportar alternativas de solución de manera democrática. Y para lo que debe contar con alternativas reales (y no solo formales o aparentes) de opciones políticas o programáticas. Obviamente, es un asunto complejo y, en lo esencial, aún no satisfecho por la institucionalidad de las democracias liberales, ni por las experiencias populistas ni del llamado «socialismo de Estado». Resulta necesario entender el término ciudadano no solo como el sujeto de derechos constitucionalmente garantizados, sino como quien actúa de manera responsable e interviene en la reproducción de la convivencia social y en sus condicionantes. Este accionar ha sido analizado en términos de ciudadanía política, definida como el derecho a participar en el poder político, ya sea como votante o mediante la práctica activa, o ciudadanía social, expresada en lo referente al derecho a un estándar básico de vida, bienestar y seguridad económica. Ambos enfoques, sin embargo, son interdependientes. Un conjunto de factores —pleno acceso a información, reglas transparentes y democráticas, garantía de recursos elementales de la participación— permiten el monitoreo y control público de los servicios ambientales y sociales, como asuntos esenciales para la vida de los ciudadanos. La consagración constitucional de prerrogativas ciudadanas resulta, por sí sola, insuficiente. Así, los derechos no remplazan las responsabilidades de actuar de la ciudadanía: crean una oportunidad para ese ejercicio.

Cuba: balance de una experiencia

En Cuba, cualquier análisis de la actualidad que pretenda trascender la descripción y proyectarse propositivamente debe reconocer el tremendo significado de estas casi cinco décadas de esfuerzo liberador y de entrega de las mejores capacidades y energías de nuestros ciudadanos. La revolución de 1959, devenida un proceso socialista de liberación nacional, integró orgánica y originalmente, en un todo armónico, los ideales del proyecto nacional martiano: justicia social, independencia política, democracia y desarrollo económico. Y lo hizo atravesándolos, en su concreción, con renovadas dosis de democraticidad y compromiso cívico. (4) Pero estos ideales ya estaban presentes en sus homólogas de 1868, 1895 y 1933. Solo variaron el nivel cualitativo del cambio propuesto y las disímiles medidas y combinaciones de los componentes propios de los procesos anteriores. De hecho, ya se había demostrado en 1868, el absurdo de pensar la independencia sin abrazar la emancipación del esclavo; de materializar las reivindicaciones proletarias de 1933 sin derrotar la dependencia económica neocolonial; de consagrar la derrota de la dictadura batistiana, en 1959, sin dar curso a una profunda revolución social que estremeciera todos los órdenes de la vida nacional. Porque en todos los casos, las revoluciones van a mostrarnos (y construir) un tipo de ciudadano que, al rebelarse contra el régimen existente, subvierte simultáneamente las bases de la dominación y apuesta por erigir un nuevo orden social, transformándose a sí mismo en el empeño. Recurriendo a una metáfora, podríamos considerar que el pueblo revolucionario —la inmensa mayoría de la población cubana— constituido como especie de Voluntad General, suscribió un Contrato social sui generis que desarrolló en los años 60 un tipo específico de participación política, capaz de combinar la ratificación masiva, en grandes congregaciones populares, con la ejecutoria centralizada del liderazgo. Este elemento funcional a las necesidades de la etapa temprana del proyecto, (5) a fines de la década comenzó a revelar síntomas de agotamiento. Se acudió entonces a una institucionalización desplegada paulatinamente a partir de la segunda mitad de los años 70. Sin embargo, ese proceso también resultó un fenómeno mediatizado que no agotó sus potencialidades democráticas, toda vez que paralelamente a la apertura de nuevos espacios codificados y estables de accionar ciudadano, fortaleció el aparato burocrático y consagró los rasgos centralizadores de la conducción social. Sobre la apología que ciertos analistas hacen de los procesos masivos de participación sociopolítica alternativos a la democracia liberal, preciso una acotación. Sin desdeñar la pertinencia de cierta «democracia de congregación», no deben exagerarse sus potencialidades —ni ocultar sus peligros— para el funcionamiento estable y ordenado de una institucionalidad democrática. Nada puede sustituir la participación sistemática institucionalizada y, en particular, el voto como mecanismo susceptible de vincular orgánicamente el ejercicio de la decisión individual, auténtica y madura, y la sabia sanción de las mayorías. Los otros mecanismos, realizados en grandes espacios, sin posibilidad de proyectar y debatir propuestas particulares, y donde el ciudadano es influido por la pasión de las masas y el magnetismo de líderes, pueden generar fenómenos como el unanimismo, la sugestión de los involucrados y el desconocimiento de los matices que resultan de una deliberación. Lo que debe diferenciar al socialismo de los rituales burgueses no es la anulación de la institucionalidad representativa sino su complementación con nuevos espacios democráticos —de productores, por ejemplo—, ni la supresión del debate y la discusión pre-decisional de alternativas, sino el reconocimiento de aquella pluralidad cuyos componentes (clasistas, socioculturales y de cualquier otra índole) tributen a la reproducción del proyecto popular. Para muchos cubanos, el referente por el que se lucha durante estos casi cincuenta años puede codificarse con un denominador: el proyecto. Formar parte de este implica la pertenencia voluntaria y el compromiso militante, deviene entrega del individuo a una obra mayor donde subsume y realiza sus proyectos de vida, familia, etc. Por otro lado, esta denominación presupone un carácter racional y ordenado de construcción de un modelo de sociedad que rebasa lo meramente político para expresarse en modos de comportamiento, códigos y valores éticos, ideológicos y estéticos que configuran un modo particular de ser y devenir ciudadano. Muchos estaremos de acuerdo si consideramos el proceso cubano, esencialmente, como un proyecto anticapitalista que engloba modos de distribución, integración social y comportamientos ajenos a la lógica del capital. Sobre el particular, no hay mayores disensos para quienes nos empeñamos en su defensa y renovación. El problema parece ser el posicionamiento, lo más objetivo posible en las actuales circunstancias, para valorar las posibilidades concretas de la acción ciudadana que perfeccione este esfuerzo compartido. Ello supone, ante todo, definir (6) si aún sigue siendo «proyecto» para la mayoría de nuestra gente, que lo ha asumido, defendido y mantenido por décadas, y en especial entender qué sucede con aquellos sectores juveniles (nada insignificantes) que, sin ubicarse en su contra, no parecen asumirlo como suyo. Una de las claves es entender que los proyectos históricos cuentan con diferentes espacios de legitimación —históricos, institucionales, ideológicos, etc.— que pueden armonizarse, andar divorciados o, incluso, contraponerse entre sí, en dependencia del nivel de desgaste, credibilidad o eficiencia que posean. Para los cubanos, como para cualquier pueblo, resulta evidente que el factor histórico, al margen de los plazos, va agotándose paulatinamente a velocidades cada vez mayores, sobre todo tras la desaparición de la generación protagonista de la insurrección (donde se incluye el liderazgo histórico). A mi juicio, lo que parece constatable es que, con independencia de los factores clasistas, grupales y territoriales, existe un condicionamiento epocal capaz de definir ciertos ambientes y conciencias generacionales que informan mentalidades y comportamientos, trascendiendo las determinaciones de otra índole. Ello haría que un burócrata, un campesino y un intelectual, al ser coetáneos, puedan diferenciarse o contraponerse, pero compartir, aun sin desearlo o concientizarlo, visiones, códigos y valores que constituyen puntos de partida y raseros para sus respectivos modos de medir y transformar la realidad. En un modelo de socialismo de Estado, donde la educación pública y gratuita y ciertos criterios de igualdad social hacen coincidir en espacios comunes a los hijos de dirigentes y trabajadores, este factor adquiere un peso importante. De ese modo, lo temporal juzga implacablemente las capacidades renovadoras incorporadas (o ausentes) en los códigos comunicativos, los mecanismos de socialización y las estructuras rectoras del ordenamiento institucional de cualquier sociedad. Y la nuestra no es una excepción. Como sabemos, el ser ciudadano no surge con nuestro nacimiento, necesita un sólido y continuo proceso educativo y se concreta en diversas dimensiones (axiológica, jurídico-normativa, institucional), las cuales, en su integración, definen el sentido de nuestro accionar cívico. Este se funda en tradiciones cimentadas por generaciones, pero debe responder a los cambios en la estructura socioclasista, los niveles culturales adquiridos y las influencias de entornos globales. Todo ello modificará los comportamientos ciudadanos y obligará a la legislación, la escuela y la política a dar cauce a nuevos modos de ser socialmente responsables y comprometidos.

Retos del rearme cívico

Exploremos entonces algunos de los retos planteados al proyecto socialista cubano a partir de las deformaciones sufridas por el comportamiento cívico en los últimos tiempos. Una merma del civismo se produce en procesos anticapitalistas históricos —como el cubano— cuando algunos ciudadanos (al interiorizar los cánones burocráticos) llegan a pensar que su necesaria posición crítica puede tomarse por una actitud antisistémica. La desmovilización general de la sociedad activa puede operar, primero, como autoconvencimiento auténtico de numerosos sujetos («no es este el mejor momento para experimentos», «la crítica daña al proyecto», «no podemos preocupar a nuestros líderes») y después, mediado por experiencias trasmitidas y prácticas sociales recurrentes, como mandamiento perverso incrustado en el sentido común («no te destaques», «no seas problemático»), que hace perder los referentes originales. Dentro de los espacios políticos, ello se traduce en la promoción de la unanimidad trastrocada en unanimismo. La primera es parte del proceso de construcción y reconstrucción del necesario consenso dentro de una colectividad autónoma, un punto de arribo al que no se le ponen metas prefijadas, un instrumento más para articular la unidad popular y apoyar la aplicación de la idea que suponemos superior tras discutirse el resto de las opciones. En tanto en el unanimismo, donde el debate se sustituye o reduce a expresiones acotadas y formales, la voluntad colectiva se transfigura en una general abstracta y falseada, que realmente es la de quienes dirigen el escenario. En esta forma pervertida de unanimidad, los medios se convierten en fin, y aunque no se anuncie así, y se represente un ritual democrático, todos saben, a partir de su sentido común, que deben acomodarse a este tipo de comportamiento. De arribarse a un estadio doméstico donde la segunda variante se generalice, ciertamente la mayor amenaza no provendrá de la infiltración de posibles agendas enemigas en el discurso propio, sino de la virtual parálisis de un orden social que cierre espacios a cualquier disenso no antagónico y empobrezca la búsqueda colectiva de soluciones. Todo esto nos lleva a considerar la pertinencia de fortalecer nuestro proyecto social a partir de un reconocimiento de la diversidad cultural, racial, clasista, regional y de género y, como correlato sociopolítico, el respeto y promoción de una autentica pluralidad socialista. Por no partir de formulaciones abstractas e ingenuas, esta apuesta es capaz de reconocer que cada sociedad define los marcos en que puede desplegarse la pluralidad y materializarse los procedimientos y acciones que la consagran. Pero aun con esta salvedad, cualquier referencia a la pluralidad como un valor constituyente enfrenta poderosas oposiciones ya que, en ciertos sectores, impregnados de una alergia a lo diverso que podemos catalogar de «heterofobia», subsisten visiones que otorgan omnipresencia a una lectura reduccionista de lo político o, al menos, una posición preeminente en el amplio espectro de motivaciones, intereses y acciones de los ciudadanos. Anteriormente me refería al problema generacional como una variable ineludible, una especie de luz roja que percibir por los implicados en la reconstrucción del paradigma socialista. Son precisamente esas nuevas generaciones las que frecuentemente muestran síntomas de desarraigo o inconformidad, al sufrir el impacto de problemáticas presentes en la sociedad cubana actual. Dificultades que, de manera formal, podríamos intentar desglosar en dos grandes grupos a partir de su relación con la vida del ciudadano: aquellas que inciden en la esfera privada y las que tributan al lado publico del asunto. Obviamente, cualquier división de este signo tiene un valor instrumental, metodológico y no expresa un referente exacto ya que, como es evidente, los problemas de ambas esferas se interpenetran. El impacto de las primeras en la vida del ciudadano no es desdeñable, ya que consumen cotidianamente buena parte de sus energías y capacidades. Entre estas ubicaríamos la insuficiente producción y comercialización de alimentos; el magro papel del salario como referente de valor real, y medio para reproducir las condiciones de vida; la difícil situación de la vivienda, etc. Problemas similares a los de cualquier país pobre, con la importante salvedad de contar, en nuestro caso, con una protección estatal lo suficientemente eficaz como para impedir la aparición de bolsones extendidos de miseria. En esta dirección, un ejercicio cívico superior no puede limitarse a una «batalla contra las ilegalidades» que penalice las manifestaciones del fenómeno mientras soslaya las causas profundas y estructurales que lo engendran, y las demandas irresueltas que lo reproducen. Solo puede desplegarse sobre la base de la asunción y el enfrentamiento conjunto del Estado, representado por las administraciones, y la llamada sociedad civil, (7) expresada en las diversas comunidades ciudadanas, a asuntos «oscuros», virtualmente invisibilizados hasta fecha reciente. Temas como la pobreza, (8) hija tanto de las restricciones del bloqueo como de los errores y cortapisas impuestos al despliegue de la iniciativa socioeconómica ciudadana, pueden dejar de ser canteras de marginalidad y delito para convertirse en un espacio de accionar colectivo, multiplicador de capacidades, y debe solucionarse con la promoción de fórmulas de participación ciudadana. No se trata de hacer un himno a la frugalidad impuesta o al subconsumo acumulado, ni cantar loas a una «pobreza virtuosa» digna de perpetuarse. La gente no quiere envejecer en medio de privaciones, pero sí rescatar el valor de su trabajo (y del salario y demás formas de ingresos honestos) como medio para adquirir los bienes que necesita a fin de hacer más confortable su vida. Y en los espacios comunitarios cuenta con diversas potencialidades inexplotadas (y frecuentemente desconocidas o penalizadas por la legislación) capaces de comprometer al ciudadano con su entorno barrial, regional y nacional, en la medida en que este le permita realizar su proyecto de vida sin necesidad de incurrir en la mal llamada «lucha», en el sueño de emigrar, o en apostar, parásitamente, a una existencia y mentalidad signadas por el rentismo, es decir, la dependencia de fuentes externas, más o menos estables, de financiamiento. En otra dimensión del asunto (la que propuse definir como pública) las restricciones al debate y la información, así como el envejecimiento, formalización y estrechez de ciertos espacios de participación social, podrían resumir los principales problemas que lastran el perfeccionamiento de un accionar cívico comprometido con el proceso cubano. A pesar de los esfuerzos realizados en algunas esferas educacionales y culturales, el debate ha sido en lo fundamental desterrado de la cultura política promovida oficialmente, y se ha privilegiado la repetición memorística y la réplica monológica. (9) El quid del asunto no reside en la existencia misma de cierto tipo de debate, pues este puede moverse hacia áreas «asépticas» que eluden las problemáticas más candentes. El problema está en sus alcances sociales, su capacidad de reflejar la realidad y la potencialidad para generar respuestas a los problemas más agudos de la colectividad humana. Y aquí, en la realidad concreta y palpable, nuestros déficits se aprecian en la formalización del debate en numerosos eventos públicos donde la espontaneidad se planifica y los planteamientos son previamente coordinados, en el discurso envejecido y cierta aparente desconexión de organizaciones con la realidad o en el desgaste injustificado que sufre la figura del delegado, dotado de escasa autonomía y poder de gestión, con lo cual se compromete la imagen de uno de los componentes más democráticos del sistema: los órganos de base del Poder Popular. Resulta necesario entender el término ciudadano no solo como el sujeto de derechos constitucionalmente garantizados, sino como quien actúa de manera responsable e interviene en la reproducción de la convivencia social y en sus condicionantes. A mi juicio, uno de los dramas recurrentes de nuestra institucionalidad radica en que incluso los espacios y principios de regulación democrática instituidos —como los poderes populares y el llamado centralismo democrático de las organizaciones políticas— se enmarcan, como regla, en un orden de cosas verticalista y autoritario que limita su funcionamiento y erosiona la legitimidad y participación sociales. Por otro lado, las opciones ofrecidas por los llamados «disidentes», independientemente de las escasas posibilidades que tienen para nuclear y promover proyectos alternativos, se han subordinado, en una visible mayoría, a los intereses yanquis, reviviendo las peores tradiciones de servilismo, corrupción y politiquería domésticas y poniéndose al servicio del enemigo histórico de la nación cubana. (10) Otro requisito sine qua non para formar una ciudadanía activa, es contar con espacios estables, legítimos e influyentes de opinión pública. La experiencia soviética demostró que allí donde se pierde (¿o nunca existió?) una sólida cultura de autonomía ciudadana, los ciudadanos se encuentran virtualmente desarmados para impedir un desmontaje del sistema. Y que, en ese contexto, este puede ser realizado, precisamente, por el único grupo social que cuenta con los recursos materiales, el capital cultural y las ambiciones necesarios para emprender la contrarrevolución capitalista: los sectores restauracionistas de la burocracia. (11) ¿Será que el lenguaje cauteloso de algunos de nuestros cronistas, al abordar amplias franjas temáticas de la Cuba actual, es una afición o tendencia individual, «casualmente» multiplicada? Hace algún tiempo sabemos que la censura clásica, esa que se encontraba detrás de las puertas de una Oficina de Prensa gubernamental —como eufemísticamente se les llama en las democracias liberales— y las redacciones de los medios de prensa burgueses, no encuentra idéntica expresión en el socialismo de Estado. Pero cuando se manifiesta en la negación explícita a abordar determinados temas en los órganos masivos de difusión, (12) no posibilita el acceso a la información y la capacidad de proyectar socialmente expresiones de disenso o aprobación de las diversas colectividades que integran la sociedad; se pierde la capacidad de influir correctivamente antes de que ciertos errores se generalicen. Por supuesto, existen cuotas de flexibilidad y márgenes de maniobra que dependen tanto del reconocimiento ganado por algunos medios y actores sociales —el mundo cultural y los programas radiales, por ejemplo—, del prestigio, valentía y niveles de relación de ciertos periodistas y espacios, como de la formación intelectual de quienes detenten la dirección del órgano en que trabajan; pero esos matices no alteran, en lo general, el estado de cosas. (13) En un plano más amplio, una reconsideración de nuestras potencialidades de activamiento cívico pasa por el reanálisis de la relación entre lo público y lo privado, en la confluencia de múltiples actores representados por los espacios estatales, mercantiles y comunitarios. Urge definir estrategias ante la penetración de una suerte de apología de lo mercantil y lo privado, y el creciente desprestigio de la idea de lo público identificándolo con la gestión tradicional de ciertas agencias estatales. Para acometer la desmercantilización eficaz de esferas de la vida, debemos posicionarnos en las demandas de cada contexto. Lo que denomino desmercantilización negativa se reduce a la recuperación o el fortalecimiento del control estatal de la propiedad y la gestión de unidades económicas, pertinente en escenarios como el latinoamericano. En manos de un gobierno de beneficio popular, ello garantiza la soberanía nacional de las riquezas y recursos naturales, permite elevar los niveles de vida, extender prestaciones sociales, instrucción y sanidad. Por lo tanto, detiene y revierte la hipermercantilización neoliberal, no la supera dialécticamente. Incluso puede favorecer la posición de grupos dominantes (protoburgueses), al concentrar el poder económico en sus manos, y si ocurriera un cambio de correlación de fuerzas de los sujetos populares, se posibilitaría una rápida re-privatización, formándose incluso monopolios. En cambio, puede intentarse —para el caso cubano— una desmercantilización positiva, y superar la lógica liberal, mediante el involucramiento de los trabajadores, vecinos, consumidores en diferentes espacios y niveles de participación. En esto resulta crucial el desarrollo de una cultura del consumo (y no del consumismo insostenible) con contenidos éticos y estéticos relacionados con la frugalidad, la suficiencia, la calidad y la elegancia. Para lograrlo se necesita desplegar estrategias fundadas en la noción de complementariedad, donde el Estado (asumiendo toda la propiedad y gestión o compartiéndola), las cooperativas, las unidades autogestionadas en usufructo, las pequeñas empresas familiares, comunitarias y en ciertos casos privadas, aporten sus fortalezas específicas al sistema socioeconómico. Tenemos el reto formidable de impedir la apología del «mercado autorregulado y democrático» o del «capitalismo popular» —utopías conservadoras—, sobre todo porque allí donde persiste un subconsumo acumulado y existen regulaciones autoritarias al acceso a determinados bienes y servicios, la propaganda neoliberal de «consumo para todos» deviene especialmente seductora. Para esto, el mejor freno a la idolatría mercantil son los espacios mercantiles estables y responsables, comunitaria e institucionalmente acotados: una profilaxis de dosis exactas para evitar el ansia y la adicción. En resumen, se precisa redefinir lo público y reconstruir la contractualidad, promover el asociacionismo, rescatando el papel de las diversas mediaciones socioeconómicas —organizativas, legales, culturales—, como forma de evitar los enfoques binarios Estado-mercado. Pero ese nuevo orden socioinstitucional requiere también un nuevo tipo de ciudadano, no un ente pasivo, ni tampoco un producto de laboratorio, un hombre nuevo in vitro que, por artificial, devendrá candidato indeseable y de segura extinción. El hacedor del socialismo cubano del siglo XXI será un hijo de las contradicciones inherentes a todo proyecto social, decidido —desde las posturas de un compromiso crítico— a resolverlas. Este no brotará de la nada, sino que se construirá en nuestros espacios públicos y privados con las herramientas de la educación y el derecho, la ética y la política, por un tipo de ciudadano que, reconfigurando la frase de Plutarco, crea que «nada cubano me es ajeno» El socialismo pudiera intentar definirse a partir de varias dimensiones «existenciales». Como estructura refiere a una realidad tangible, expresada en determinado desarrollo de las instituciones y las formas organizativas de la vida social, de su substrato material tecnológico, entre otros. Es también movimiento, superación dialéctica donde lo estructural se va transformando constantemente hacia formas superiores de socialización de todas las esferas de la realidad, y no una mera sustitución de la lógica dominadora del capitalismo por otra diferente. Y es, por supuesto, percepción porque los sujetos deben sentirse más libres, actores conscientes y protagónicos de su propio destino, y no meros espectadores o herederos de una obra anterior. Esto último es crucial porque, si no sucede —como bien pueden explicarnos varios millones de ciudadanos esteuropeos—, el ideal socialista bien puede naufragar dejando la añoranza de los sectores populares por las conquistas sociales perdidas. De ahí que un cambio tremendo como el que nos proponemos solo pueda realizarse desde el compromiso consciente de grandes mayorías. Miremos ahora al futuro y, apasionada o serenamente, interroguémonos: ante la insuficiente presencia de una ciudadanía activa, ¿a quién confiaremos los destinos de la nación? ¿A un modelo pseudoliberal carente de la acumulación material, la tradición organizativa y la cultura política metropolitanas, que zambulliría al país en las simas de la desigualdad, la corrupción estructural y el abandono de toda pretensión nacional de soberanía? ¿O acaso a sectores de la burocracia que, tras la desaparición del liderazgo histórico, como demostró la experiencia esteuropea, iniciarán el tránsito hacia su definitiva conversión en burguesía? Hoy tenemos la oportunidad y el desafío de poner a prueba la pertinencia de una efectiva pluralidad emancipadora de izquierdas que, reconstruyendo el paradigma nacional, nos reconstruya a nosotros mismos en el empeño. Confío en que para los cubanos ese proyecto será (todavía) viable y se apoyará en las mejores tradiciones y capacidades patrióticas, intelectuales y humanas, que ha desarrollado este país. Obviamente estos son solo algunos apuntes de una agenda en perenne construcción, como esfuerzo al que queremos contribuir quienes apostamos porque la cultura cívica y política del socialismo cubano supere sus lastres y transite por una senda de mayor participación, legitimidad y democracia. Una donde el ciudadano vea incluidos sus desafíos cotidianos y sus sueños excelsos; una que lo recrimine si no se implica, le posibilite realmente los medios y espacios para hacerlo, y fomente y reconozca la valía de ejercer un compromiso crítico. (**) El autor es profesor de la Universidad de La Habana. Premio Temas de Ensayo 2006 en la modalidad de Ciencias sociales. Notas 1. Para una visión abarcadora y sugerente —aunque a ratos algo esquematizada— del devenir histórico de las concepciones e institucionalidad democráticas, véase David Held, Modelos de democracia, Alianza Editorial, Madrid, 2001. 2. Véase Martha Prieto, Lissette Pérez, Giselle Sarracino y Carlos Villabella, «Derechos constitucionales y sus garantías», en Temas de Derecho constitucional cubano, Tema VI, Editorial Félix Varela, La Habana, 2006. 3. La socialización se define como «los mecanismos de aprendizaje y conservación de las creencias y actitudes comunes a todos los miembros de una sociedad, lo que permite comparar las diversas comunidades con sus agencias de socialización y sus «culturas» propias (Jacques Lagroye, Sociología política, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 1993, p. 374). Se trata de entender el «proceso de formación del individuo bajo el influjo social, en otras palabras, el proceso mediante el cual el individuo incorpora todo un sistema de conocimientos, normas, valores que le facilitan su participación en uno u otro medio social» (Carlos Cabrera, comp., Sociología política, t. 2, Editorial Félix Varela, La Habana, 2004, p. 75). 4. Para un análisis de la relación entre el proyecto revolucionario y tópicos como la democracia, la participación popular y la legalidad, recomiendo la consulta de Julio Fernández Bulté, «Tras las pistas de la Revolución en cuarenta años de Derecho», Temas, n. 16-17, La Habana, octubre de 1998-junio de 1999, pp. 104-18. 5. Donde coexistían titánicas tareas por acometer (educativas, sanitarias, defensivas) y grandes masas dispuestas que, como regla, contaban con modestos niveles de instrucción y grandes dosis de entusiasmo y compromiso. 6. Y hacerlo como un acto racional y no meramente algo derivado de la fe, la pasión o la tradición. 7. Esta ni será un portentoso maná, preñado de bienaventuranzas, ni un demonio al que se precisa exorcizar. Como dice Fernando Martínez Heredia, «la sociedad civil puede ser vehículo de la diversidad social, no solo para la satisfacción de necesidades insoslayables, sino como enriquecimiento de una identidad nacional que está ligada al socialismo, una diversidad de gente que ha ejercitado masivamente la solidaridad y posee fuertes sentimientos de comunidad poscapitalista. Puede cubrir con su cultura de participación y su cultura política espacios que va dejando vacíos el Estado, no para competir con él, sino para participar en un poder revolucionario en el cual el Estado debe ser un instrumento». «En el horno de los 90. Identidad y sociedad en la Cuba actual», Corrimiento hacia el rojo, Letras Cubanas, La Habana, 1999. 8. Hoy, la «situación de riesgo» abraza alrededor de 20% de la población habanera. Esta pobreza resulta incomparable con las realidades de inmensas poblaciones urbanas latinoamericanas pero, al mismo tiempo, poco congruente con las expectativas socialistas. Véase Ángela Ferriol, Maribel Ramos y Lía Añé, Reforma económica y población en riesgo en Ciudad de la Habana, Programa «Efectos sociales de las medidas de ajustes económicos sobre la ciudad. Diagnósticos y perspectivas», INIE-CEPDE/ONE, La Habana, enero de 2004. 9. Fijémonos, por ejemplo, en la proliferación de pseudodebates televisivos, donde los temas discutidos no reflejan las preocupaciones latentes y cotidianas de los ciudadanos y la puesta en escena muestra un largo monólogo —repartido entre diferentes actores—, y es prácticamente imposible encontrar siquiera matices importantes dentro de un mismo discurso identitario. 10. El fenómeno de la llamada «oposición», exagerado en su real peso numérico e influencia en la sociedad cubana, nos obliga a hacer una lectura distinta a la que realizaríamos de la contrarrevolución organizada durante las décadas de los 60 y los 70. En aquellos casos, se trataba de remanentes del antiguo orden, interesados en detener la ola transformadora de la Revolución y, por tanto, opuestos a la historia y al sentir mayoritario de la gente. Sencillamente, no eran legítimos. Hoy se trata de un asunto más complejo que comparte por igual el carácter de proyecto subversivo promovido por los gobiernos occidentales, y el hecho de expresar diversas insatisfacciones de un sector de la sociedad en un entorno pletórico de restricciones para cualquier forma de disenso organizado. 11. La burocracia, definida como el sector que en los regímenes de socialismo de Estado se ocupa de la dirección política profesional, la administración de las entidades económicas y la conducción de los aparatos ideológicos del Estado, no puede reducirse superficialmente a un concepto peyorativo, utilizado para describir el simple papeleo o ineficiencia estatales. Incluso, su naturaleza interna es lo suficientemente compleja como para encontrar, en su seno, a clásicos burócratas, oportunistas, dogmáticos y arribistas, junto a cuadros dotados de creatividad y pensamiento propio, sinceramente consagrados a la épica de un proyecto anticapitalista. Pese a ello, parece una regularidad que, incluso en los procesos más auténticos y de raigambre popular, conforme estos se prolongan, se va configurando en los burócratas una identidad y conciencia de grupo especifico, distinguido del conjunto de la sociedad. 12. Hecho evidente cuando se considera que, generalmente, los Consejos de dirección (integrados por cuadros formados y enmarcados en una estructura jerárquica y rigurosamente organizada) parecen tener las mismas precisas orientaciones, porque los temas oscuros y los enfoques se repiten, de forma sospechosamente similar, de un medio a otro. 13. Pero no es ese el único nivel desde donde el flujo de ideas queda acotado a límites más o menos precisos. Existe una autocensura aprendida cuando el creador se mutila a sí mismo, cohibiéndose de abordar un problema que, por experiencias anteriores o ajenas, pudiera traerle complicaciones desagradables. Detrás del argumento de la autocensura se suelen escudar hoy, sin embargo, aquellos que padecen de cobardía política y no son capaces de defender sus verdades. Por otra parte, también existe una actitud honesta ante formas de censura que las consideran de alguna forma legítima, y se asumen voluntariamente por un autor cuando cree que revelar ciertos lados feos de la realidad puede comprometer la esencia humana y liberadora de un proyecto al que ha consagrado su talento y su vida.