Pensamiento Crítico

Paramilitares colombianos, ¿desmovilizados?

| Diario Página/12 y Diario Clarín, de Argentina. | 21 Octubre 2007
El informe de la Comisión de Derechos Humanos de la OEA (CIDH) lo dice con el lenguaje diplomático de rigor, pero no deja dudas: el proceso de desmovilización de los grupos paramilitares en Colombia está en serios problemas. El informe, que fue presentado esta semana, se refiere a la llamada primera etapa de la desmovilización, que terminó a mediados del año pasado con la presentación y entrega de armas de más de 31.000 personas que se identificaron como miembros de alguno de los 38 grupos paramilitares que se han formado en Colombia.

Por Santiago O’Donnell, diario Página/12, Argentina

Los grupos "paras" fueron creados en los ’80, supuestamente para combatir la guerrilla, pero luego diversificaron sus negocios para incluir el narcotráfico, los secuestros extorsivos y el control territorial a través de asesinatos y desapariciones en masa. En el 2003 firmaron el acuerdo de Santa Fe de Ralito para deponer las armas y reinsertarse en la vida civil a cambio de una reducción importante de sus condenas y garantías contra su principal temor, el de ser extraditados a países en cuyos sistemas judiciales no pueden influir. En condiciones ideales la reinserción sería complicada, pero en Colombia lo es mucho más porque el país lleva décadas inmerso en una interminable guerra entre Estado, narcos, guerrilla y paras. Los paras supuestamente se han rendido, pero mantienen su cuota de músculo en los pasillos del poder y en las pequeñas comunidades que supieron ser suyas. Su arma principal es lo que dicen y no dicen, porque ellos saben que el Estado que pretende juzgarlos, en sus distintos estamentos, fue cómplice y partícipe necesario de su accionar. Aun cuando al final haya perdido el control de la represión privada, como sucede ahora con Blackwater en Irak. En Colombia, en pocos años, los paras se convirtieron en señores feudales. Manejaban radios y hospitales en vastos territorios y negociaban con políticos la desaparición de opositores y con las empresas, la de sindicalistas. El documento, que en breve estará disponible en la página web del organismo (www. CIDH.org), se divide en dos partes. La primera cubre la visita en el 2006 de los miembros de la comisión a dos circuitos de desmovilización. Los circuitos son las localidades elegidas para que los paramilitares se concentren, se identifiquen, entreguen sus armas y, en caso de estar acusados de crímenes de lesa humanidad en cortes colombianas, manifiesten su voluntad de ajustarse a la ley de Justicia y Paz, que prevé penas reducidas para quienes colaboren con el proceso de desmovilización. "Entre las cosas que observamos es que no hubo un control efectivo para verificar que los desmovilizados eran combatientes. Las listas eran entregadas por los propios paramilitares y sobre esa lista se armaba todo. Había que confiar en la buena fe de los tipos que entregaban las listas. Llamativamente, el ministerio de Justicia había contado 15.000 paramilitares pero se entregaron más de 30.000", cuenta el argentino Víctor Abramovich, uno de los miembros de la comisión. Según el informe, en el circuito de César, "numerosas personas que buscaban desmovilizarse no presentaban características de combatientes. Tanto en Chimila como en La Mesa preocupó el bajo número de combatientes (patrulleros) en comparación con personas que afirmaron ser operadores de radio (radio chispas) encargados de repartir víveres, o mujeres encargadas de tareas domésticas (lavanderas)...Se ha indicado que estos desmovilizados, pese a no ser combatientes, conformarían los ‘frentes de apoyo social’ del bloque en cuestión". Es que a cambio de desmovilizarse los pobladores reciben un subsidio estatal para reinsertarse. Así, los paras se guardan y mandan a los pobladores de las comunidades que dominan, donde mantienen su política clientelística, sólo que ahora financiada por el Estado. "El incentivo eran los beneficios sociales y económicos ofrecidos como parte del proceso... Cada desmovilizado recibió un subsidio de 358.000 pesos colombianos", dice el informe. En cambio en otro circuito que visitó la comisión, Antioquia, se entregaron muchos combatientes. Pero se guardaron sus mejores fierros. La comisión observó que mientras los paras que se rendían entregaban armas vetustas de Europa del Este, verdaderas reliquias de la Guerra Fría, sus compañeros que montaban guardia, supuestamente a la espera del próximo turno programado para la desmovilización, portaban armas de última generación, similares a las del ejército colombiano. "La CIDH observó que las armas entregadas tampoco eran modernas y en algunos caso no parecían en buen estado. Observó también que combatientes no desmovilizados que montaban guardia sí portaban armas modernas y en buen estado", señala el informe. Otro cuestionamiento que hace la comisión tiene que ver con la forma en que les tomaron declaración a los paras y la exclusión de las víctimas de esta etapa del proceso, anterior a la etapa judicial. Los fiscales se valieron de un cuestionario standard que los paras conocían de antemano, sin cruzar datos ni repreguntar, en lo que la ley colombiana llamó "versiones libres". El Estado colombiano parece interesado en hacer que los paras se reinserten en la sociedad con el menor ruido posible, sin ser molestados. Pero el costo es demasiado alto. Para la comisión, "la toma de versiones libres... constituyó una oportunidad perdida para la recopilación de información sobre los bloques, sus miembros, y la dinámica socioeconómica que mantenía la existencia y funcionamiento de dichos grupos". La segunda parte del informe se ocupa de cómo se aplica la ley de Justicia y Paz a los paramilitares acusados de crímenes de lesa humanidad, que hasta ahora suman unos dos mil. El primer problema que detectó la comisión es que muchos de esos presuntos criminales no pueden ser ubicados por errores, voluntarios o no, en los nombres, direcciones y teléfonos declarados en las versiones libres. Otra consecuencia de no cruzar datos, no consultar a las víctimas y no chequear la veracidad de lo confesado. Otro problema legal se genera por la falta de una participación adecuada de las víctimas en el proceso. La Corte Suprema colombiana las excluyó de la etapa de la toma de versiones libres. "Si en la etapa previa el para confiesa, entonces el juicio es una mera formalidad. Lo importante es que participen en esta etapa para chequear información, poder hacer preguntas más claras, por ejemplo sobre la vinculación del para con el Estado", dice Abramovich. También está el tema de la protección de los testigos, ya que para el Estado recién comienza con los juicios, que todavía no empezaron, pero ya fueron asesinadas dos líderes del grupo de madres de desaparecidos. Atento a estos sucesos, el gobierno colombiano estaría por lanzar un nuevo programa de protección de testigos más abarcativo. "Si las víctimas no dan información, es muy difícil chequear lo que dicen los paras", apunta Abramovich. Después está el tema de las reparaciones. Para el Estado colombiano, las deben pagar los paras de sus bolsillos, sólo si son condenados, y tras una "audiencia de conciliación" con la víctima. Después de todo eso, si se comprueba que el para no es solvente, recién entonces interviene el Estado. "Imaginate un campesino ‘conciliando’ con (el poderoso líder para) Salvatore Mancuso. Es imposible", grafica el miembro de la CIDH. Al final, las víctimas de los paras terminan siendo también víctimas del proceso, demuestra el documento de la CIDH. "Ya que las víctimas están resignando justicia al aceptar penas reducidas, por lo menos el Estado debe equilibrar con verdad y reparación. Pero resulta que el acceso a la verdad quedó muy limitado por el sistema de versiones libres, y para acceder a las reparaciones los más pobres, los desplazados, los indefensos deben enfrentar a sus victimarios e ingresar en una maquinaria burocrática y esperar muchos años. El Estado tiene una responsabilidad primaria y debe disponer de una política activa de reparaciones, no hacerlo a costa de las víctimas", señala el jurista argentino. Con todas estas deficiencias, algunas salvables, otras no, avanza el proceso de desmovilización en Colombia. "Estoy preocupado", reconoce Abramovich con diplomacia. No hace falta que diga más. Mientras las cosas sigan así, con el Estado y los paramilitares cubriéndose las espaldas y las víctimas pagando las consecuencias, queda claro que los únicos desmovilizados van a ser los que imaginan que el proceso funciona y que la crisis colombiana ya pasó.

Los agentes israelíes formaron paras

El entrenamiento que recibieron los primeros y más notorios líderes paramilitares por parte de ex oficiales del ejército israelí vinculados con los servicios de inteligencia de ese país, de Estados Unidos y de Colombia, demuestra la injerencia oficial y la de gobiernos extranjeros en la creación del aparato represivo.

Por Sergio Rotbart y María Laura Carpineta. Diario Página/12

Antes de desaparecer misteriosamente, Carlos Castaño, quizás el paramilitar más poderoso que haya conocido Colombia, escribió en sus memorias: "Mi idea de las fuerzas paramilitares la copié de los israelíes". La frase pasó inadvertida, opacada por los escalofriantes relatos de las masacres que ordenó como comandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Sin embargo, detrás de ella se esconde uno de los capítulos menos conocidos de la historia reciente del país: los mercenarios. Los mercenarios entrenaron y armaron a los paramilitares en sus primeros años, bajo el auspicio de los empresarios y las fuerzas armadas. Hay muchos interrogantes con respecto a su paso por Colombia, pero todos los testigos de aquella época coinciden en un mismo nombre: Yair Klein. Klein nació en 1943 en el kibutz Nitzanim, una de las cooperativas comunales creadas por el movimiento sionista en Palestina desde principios del siglo XX. En 1962, 14 años después de la creación del Estado de Israel, se incorporó voluntariamente a la brigada de paracaidistas de su joven ejército. En poco tiempo llegó a ser instructor de la escuela de paracaidistas y, luego, oficial en un cuerpo de elite entrenado para cumplir "misiones especiales". En esa unidad militar, se dedicaba a asesinar árabes-palestinos que colaboraban con las fuerzas de seguridad israelíes y eran sospechosos de haberse convertido en dobles agentes. "Cuando un soplón fijaba una cita que no coincidía con los planes de las altas esferas, entonces estaban seguros de que nuestros soplones se habían convertido en dobles agentes. Era la oportunidad para liquidarlos. Yo recibía la orden personalmente de un superior. Liquidé a personas sin mirarlos a la cara. Al día siguiente eran recogidos por el servicio de seguridad", contó muchos años después al semanario Tel Aviv. En el ejército israelí, Klein llegó a ser subcomandante de esa unidad de elite, llamada Harub. Cuando fue desmantelada, a mediados de los años ’70, volvió al cuerpo de paracaidistas, en el que ascendió hasta el puesto de subjefe de la zona del valle de Beit Shean, lindante con el norte de Cisjordania. Allí volvió a sus "misiones especiales". Comandó operativos de captura de milicianos y refugiados palestinos que intentaban ingresar desde Jordania al territorio dominado por Israel. Se retiró del ejército en 1977 y, un año más tarde, montó la empresa Spearhead (Punta de Lanza), por intermedio de la cual se dedicaba a la exportación de armas y equipamiento militar. La compañía es casi secreta. No aparece en Internet, excepto mencionada en artículos periodísticos, y no se conoce ni su directorio, ni sus actuales actividades.

Mi hombre en Medellín

Después de un frustrado negocio con las falanges libanesas, Klein decidió probar suerte en Colombia. Las versiones varían sobre quién lo tentó. Para la Justicia colombiana, el mercenario fue invitado por el Cartel de Medellín de Pablo Escobar, por entonces camuflado por una asociación que nucleaba a los grandes hacendados del Magdalena Medio. El dinero, sin embargo, lo había puesto Uniban, la principal exportadora de bananas del país. Aunque la empresa no estaba radicada en la zona, había acordado que una vez formados y entrenados los grupos contraguerrilleros se expandirían a sus tierras para garantizarles seguridad. La otra versión la difundió el propio Klein hace siete años. "Estuve en Colombia por invitación de los norteamericanos y punto. Todo lo que Estados Unidos no puede hacer porque le es prohibido intervenir en asuntos de gobiernos extranjeros, lo hace pero, por supuesto, por otros medios. Yo obré con licencia y permiso en Colombia", le confió a la revista bogotana Semana. Klein no se refería a permisos legales. Tanto el gobierno israelí como el colombiano le negaron la licencia para vender armas y asesorar en ese país. Sin embargo, el extranjero tuvo alguna ayuda oficial. Un informe del servicio de inteligencia colombiano, el DAS, aseguraba ya en 1990 que todos los mercenarios que llegaban a Puerto Boyacá –sede de los campamentos de entrenamiento– lo hacían escoltados por oficiales o personal civil del ejército. Esto fue confirmado más tarde por Luis Meneses, un capitán retirado, condenado por pasarse al bando paramilitar. Según testificó, fue el ejército el que invitó al mercenario israelí y a sus compañeros de armas a entrenar a los incipientes paras. No sólo eso. La institución habría puesto los 80 mil dólares que costaban los "seminarios" y las armas. Por el contrario, nunca se pudo comprobar la participación de Estados Unidos en esta historia. Sin embargo, una serie de documentos desclasificados del Departamento de Estado y de Defensa demuestran que los servicios de inteligencia norteamericanos sabían quién era Klein y qué estaba haciendo en Colombia. Incluso dedican todo un informe a desarrollar su perfil y sus posibles contactos con el poder económico y político del país sudamericano. Su nombre también aparece en una larga lista de "conocidos narcotraficantes" de la región. El azar hizo que sobresaliera por quedar en medio de dos nombres famosos: el entonces todopoderoso Pablo Escobar y el actual presidente Alvaro Uribe. De lo que no hay ninguna duda, en cambio, es sobre los "seminarios de capacitación" que impartió durante su estadía en Colombia. El folleto de su empresa, Spearhead, prometía entrenamientos físicos, clases teóricas y ejercicios reales sobre el uso de explosivos, armas de guerra y equipo de espionaje. El primer curso lo dictó, junto a otros dos ex compañeros del ejército israelí, a principio de 1988. Duró dos meses y se realizó en una granja del Cartel. El propio Escobar y los otros jefes narcos pasaban de vez en cuando por la estancia para controlar su inversión. Pagaron 2500 dólares por alumno, aunque de los 80 que empezaron sólo 34 aprobaron. El resto abandonó o murió en alguno de los ejercicios de combate. La mayoría de los que sobrevivieron se ganaron un lugar en el segundo curso. Esta vez eligieron la Ciénaga de Palagua –también en Boyacá–, justo al lado de los campos de la empresa petrolera norteamericana Texaco. Eran sólo 22 alumnos y se especializaron en explosivos. Les enseñaron todos los tipos de bombas más o menos caseras –de control remoto, con reloj, con cables, baterías, etc.–. El costo fue de entre 75 y 80 mil dólares y sólo cuatro lograron aprobarlo. Klein también aprovechó estos meses para incluir unas clases sobre tortura. "Se colgaba a la víctima de los pies y debajo de la cabeza se hacía una fogata, dejando que se queme de a poco", testificó el paramilitar Alonso Baquero, alias Vladimir. Los egresados de estos campamentos –entre ellos los hermanos Castaño, Carlos y Fidel, para muchos los padres de las fuerzas paramilitares– fueron responsables de más de una decena de masacres y atentados. En su haber se cuentan los ataques en los noventa contra la central del DAS, la revista El Espectador, el asesinato del gobernador de Antioquia Antonio Betancur y las masacres campesinas en Magdalena Medio. En 2001, una Corte colombiana condenó a Klein y al resto de los mercenarios a diez años de prisión en ausencia. La cooperación militar entre Israel y Colombia continúa hasta el día de hoy. Recientemente la prensa de Tel Aviv reveló que un general del ejército (en reserva), Israel Ziv, es uno de los asesores de asuntos de seguridad del gobierno de Alvaro Uribe. Sin embargo, Bogotá sigue sin poder pasar el mal trago de Klein. En agosto pasado, el mercenario fue detenido en el aeropuerto de Moscú por Interpol. En menos de 24 horas, la Cancillería colombiana ya tenía listo el pedido de extradición, que probablemente no prospere debido a las presiones del gobierno israelí. El ex coronel sigue manteniendo muy buenos contactos en su país, entre ellos la actual presidenta de la Corte Suprema, Dorit Beinish, la misma que evitó que lo condenaran por su participación en el escándalo mundial Irán-Contras. Para muchos analistas, Uribe quedó bien por intentarlo, pero tampoco se esforzó demasiado por sacar a la luz el caso. Después de todo, Klein todavía representa un capítulo de la historia colombiana que muchos en Bogotá quieren dejar atrás.