Pensamiento Crítico

Incertidumbres de<br>Nuestra América

None | 04 Febrero 2006

Incierto eje del sur

Por Mario Osava, Agencia Inter Press Service (IPS)

Río de Janeiro – La construcción de un eje estratégico entre Argentina, Brasil y Venezuela parece contar con la voluntad política de sus presidentes, abonada por la frecuencia de sus encuentros, pero los proyectos que le dan energía a esa integración enfrentan serias dudas.

Los mandatarios Néstor Kirchner, de Argentina, Luiz Inácio Lula da Silva, de Brasil, y Hugo Chávez, de Venezuela, acordaron reunirse nuevamente el 10 de marzo en la occidental ciudad argentina de Mendoza, la tercera vez en tres meses, para examinar la ejecución de variadas iniciativas conjuntas, definidas en diciembre en Montevideo y el 19 de este mes en Brasilia.

La construcción de un gasoducto de unos 8.000 kilómetros para transportar gas venezolano hasta Argentina, cruzando Brasil de norte a sur como un paso decisivo de integración energética sudamericana, es el proyecto más concreto que se espera concretar en unos seis años. Pero en Brasilia se anunció también la intención de iniciar una integración en el área militar, a través de la creación de un denominado Consejo de Defensa de América del Sur y de un Banco del Sur para fomentar el desarrollo económico y la infraestructura integradora de esta región. Además, la cooperación trilateral se extiende al área social, con prioridad en "la erradicación del analfabetismo en la región", en políticas de educación, ciencia y tecnología y también en las actividades de las emisoras de televisión estatal.

Son "devaneos y espejismos", según un editorial del diario brasileño Valor Económico, que calificó de "inútiles" el Banco del Sur y el Consejo de Defensa, mientras el gasoducto, apuntó, depende de evaluaciones sobre su factibilidad. El liderazgo de esas ideas lo tiene Chávez, el único que habló con la prensa en Brasilia para anunciar los grandes proyectos y única fuente de la información sobre el Consejo de Defensa, no mencionado en la Declaración Conjunta de esa cumbre.

Un proyecto tan grande como el gasoducto compite con los avances del gas natural licuado (GNL), una forma de comercialización que tiene las ventajas de mayor flexibilidad, menor vulnerabilidad y menor costo ambiental, evaluó para IPS Giovani Machado, de la Coordinación de Posgrado en Ingeniería (COPPE) de la Universidad de Río de Janeiro.

El "Gasoducto del Sur", como lo apodó Chávez, costaría cerca de 20.000 millones de dólares, pero se trata de una estimación sin base concreta. Se espera que un grupo técnico defina y detalle el proyecto hasta julio. Una iniciativa tan cara exige una compleja "ingeniería financiera" y una infraestructura fija, como el gasoducto, estará siempre sujeta a los "riesgos geopolíticos" abundantes en América Latina y a los altibajos de la demanda en economías poco estables, observó Machado, un experto en planificación energética.

El mercado de GNL crece rápidamente, abaratando esa alternativa recomendable por reducir riesgos de cambios repentinos de la situación, agravados por la dependencia de pocos proveedores, y porque en Brasil la población y la industria se concentran en áreas costeras, cercanas a los puertos, destacó. Además el GNL tiene la ventaja adicional de generar electricidad al ser regasificado.

Para Brasil es mejor no meterse en una "aventura", aunque se compruebe la factibilidad del gasoducto. Sería conveniente implantarlo "paso a paso, por módulos", empezando por abastecer Manaos, capital del estado de Amazonas, y luego otros grandes centros consumidores, avanzando gradualmente hacia el sur, sugirió Machado. El experto considera importante el proyecto para la integración sudamericana, pero recordó la necesidad de desarrollar mercados consumidores. La existencia de extensas zonas sin demanda a lo largo del trayecto posible puede hacer inviable el gasoducto, advirtió.

Es un proyecto complejo, "demasiado grande", pero puede ser un factor de movilización integradora, favoreciendo las industrias nacionales que proveerían los equipos y servicios para la construcción, matizó Theotonio dos Santos, profesor de economía internacional de la Universidad Federal Fluminense, en Niteroi, cercana a Río de Janeiro. En su evaluación, las demás iniciativas son perfectamente factibles, aunque condenadas por la prensa conservadora. Es evidente que Venezuela dispone de muchos dólares procedentes de su industria petrolera para aportar al Banco del Sur, pero también Argentina y Brasil poseen recursos disponibles, provenientes de los buenos saldos comerciales obtenidos en los últimos años, arguyó ante IPS.

Un banco de fomento regional, sumándose a las instituciones ya existentes, como la Corporación Andina de Fomento y el Fondo Financiero para Desarrollo de la Cuenca del Plata, sería importante para "potencializar" el papel de América del Sur en la economía mundial, opinó Dos Santos. El peso regional es fuerte especialmente en materias primas. Chile, como fuente de más de la mitad del cobre exportado mundialmente, es "formador del precio" de ese metal en el mercado, pero no ejerce ese papel. Argentina y Brasil también son determinantes en el mercado de soja y de la carne, ejemplificó. La industrialización sería impulsada por el "uso del mercado regional, permitiendo una mayor escala productiva" y un sistema financiero de fomento le seria benéfico, acotó Santos.

La seguridad regional integrada también sería factible, según Santos, por el ascenso de gobiernos de izquierda o nacionalistas en varios países sudamericanos y porque los militares, incluso los "derechistas", se dieron cuenta que Estados Unidos no es "un país amigo" ni le concede prioridad a América Latina. Esa conciencia viene creciendo desde la Guerra de las Malvinas, en 1982, cuando Washington apoyó el dominio británico en las islas del Atlántico Sur, por cuya soberanía peleaba Argentina con apoyo latinoamericano y reclama hoy en el campo diplomático.

América Latina y su mudable amor por la democracia

Por Ludolfo Paramio, profesor de investigación en la Unidad de Políticas Comparadas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en Madrid. Revista TodaVia http://www.revistatodavia.com.ar

¿Por qué los latinoamericanos tienden a descreer de la democracia en mayor medida que los europeos o los africanos? La respuesta tal vez se halle en la histórica desigualdad social de la región y en las políticas públicas clientelares, que constituyeron hasta ahora la principal modalidad de distribución de los recursos estatales. Construir otra alternativa exige la renovación tanto de los partidos políticos como de las instituciones.

Al hablar de la cultura política en América Latina se plantean dos cuestiones específicas. La primera es justamente si cabe pensar en una cultura política común a una región tan diversa, o al menos si existen rasgos comunes entre los diferentes países que justifiquen hablar de una cultura política distintiva frente a las existentes en otras regiones del mundo. La segunda pregunta se refiere a la capacidad explicativa o predictiva del comportamiento político que pueda tener la cultura política, y es la pregunta eterna sobre este concepto. Si la cultura política se forma como consecuencia de un contexto social y de una historia, si es una variable dependiente, entonces cambiará cuando cambie la sociedad. Pero, a la inversa, puede suceder que se convierta en un obstáculo al cambio social, que lleve a los miembros de esa sociedad a dar las respuestas equivocadas ante unas circunstancias cambiantes, y con ello a perder las mejores oportunidades que se les abran.

La respuesta a la primera pregunta es fácil y bien sabida. Los latinoamericanos apoyan la democracia menos que los europeos o que los africanos, e igualmente muestran menos satisfacción con ella. Los datos de 2001 que presentó el Latinobarómetro eran bastante llamativos: el apoyo a la democracia (48%) era 30 puntos más bajo en América Latina que en Europa, y la satisfacción con ella (25%) era 29 puntos inferior a la que declaraban los africanos. Se pueden criticar las bases muestrales y la verosimilitud de los datos, pero parece indudable que aquí hay un problema, y a la vez que este problema justifica hablar de una cultura política latinoamericana diferenciada frente a la de otras regiones.

Una primera hipótesis para explicar el menor apoyo a la democracia en América Latina podría referirse a la dilatada y en muchos casos reciente historia de autoritarismo en varios países de la región. Esta hipótesis debería conducir a una similitud con los datos procedentes de las nuevas democracias del este de Europa, pero esta similitud es muy relativa. Tomando en cuenta sólo los diez países del este que en 2001 se podían considerar realmente democracias electorales, un 55% de los ciudadanos valoraban positivamente este régimen, y además se mostraban optimistas sobre su evolución: un 69% tenía expectativas positivas sobre el futuro de sus gobiernos en un plazo de cinco años.

Por otro lado, el ejemplo de España muestra que la cercanía de un largo período autoritario no se traduce necesariamente en bajo apoyo a la democracia: en 1998, el apoyo era del 84%, y la satisfacción con ella del 71%. En general, aunque un mal gobierno también afecte estos indicadores en Europa occidental, se diría que los ciudadanos de esos países distinguen entre la democracia como régimen político y el ejercicio concreto de los gobiernos.

En cambio, todo parece indicar que los latinoamericanos hacen depender su apoyo a la democracia y su satisfacción con ella de la opinión que les merecen los gobiernos, del grado de eficacia que perciben para resolver sus problemas y los problemas del país. Y, por cierto, su visión de la situación nacional y de su situación personal evoluciona de forma bastante paralela, al menos en el plano económico. El desplome del apoyo a la democracia en 2001, un pésimo año económico para la región, se hace especialmente perceptible comparándolo con la valoración que se tenía de las instituciones democráticas en 1997, el año de mayor crecimiento económico desde que se realiza el Latinobarómetro.

Cabe hacer aquí una primera salvedad: si se considera el período 1996-2004 completo, y se toman 1997 y (sobre todo) 2001 como excepciones, el apoyo a la democracia es descendente (del 61 al 53%) pero la caída no es tan alarmante para unos años dominados por las dificultades económicas. Aun así, parece evidente que existe un problema en el hecho de que la impopularidad de los gobiernos arrastre a la propia democracia, disminuyendo su apoyo social y su valoración entre los ciudadanos. ¿Por qué se produce este fenómeno en América Latina en mucha mayor medida que en otras regiones?

Si descartamos que la razón fundamental sea una relativa inexperiencia democrática, podemos buscar las raíces en la extrema desigualdad de las sociedades latinoamericanas. En este punto se centraba el informe La democracia en América Latina (2004), del PNUD. Quizá lo más revelador sea la extendida convicción de que el gobierno está al servicio de una minoría privilegiada (71%), de que la acción democrática no es eficaz para defender los propios intereses, y de que los políticos persiguen ante todo sus fines, sin atender a los problemas sociales. Estos sentimientos son la expresión universal de la desafección hacia la democracia, pero parece lógico pensar que serán más profundos y más extendidos en las sociedades marcadas por una mayor desigualdad. Y éste es precisamente el caso de América Latina, la región socialmente más desigual del mundo.

Al hablar de la cultura política latinoamericana surgen inevitablemente algunos tópicos ya habituales: clientelismo, caudillismo, populismo. Se suelen entender como realidades culturales heredadas de la Colonia, que tendrían una existencia propia independiente de los cambios económicos, políticos o sociales. Ahora bien, supongamos que, en vez de pensar (sólo) en términos de una cultura transmitida de generación en generación, tratamos de explicar el clientelismo, por ejemplo, como una estrategia racional de los grupos con menores recursos para satisfacer sus necesidades. En una sociedad muy desigual, donde la mayoría no cuenta con los medios para cubrir sus necesidades básicas (trabajo, educación, salud), el apoyo a un patrón que a cambio puede dar acceso a esos recursos es una decisión bastante racional.

Esto resulta especialmente verosímil para las sociedades decimonónicas y el primer tercio del siglo XX, pero se podría pensar que esa estrategia habría quedado superada en la fase de modernización y desarrollo que comienza en los años cuarenta. Sin embargo, la sociedad dual que se formó en el período de posguerra sólo condujo a un desdoblamiento de la estrategia clientelar. Junto al clientelismo tradicional, que se mantuvo en las zonas atrasadas o entre las poblaciones excluidas de las grandes áreas metropolitanas, surgió un clientelismo moderno en el que el acceso a los bienes públicos venía mediado por la pertenencia a un sindicato, la vinculación a un puntero político; en suma, por la inclusión en una red clientelar ligada al desarrollo estatista.

Difícilmente podía ser de otra manera, ya que los bienes públicos eran insuficientes para garantizar en la práctica derechos universales, y el peculiar racionamiento de esos bienes tomó la forma de un intercambio particularizado de apoyo político o sindical a cambio del acceso a ellos. Eludir el clientelismo equivalía a renunciar a esos bienes en ausencia de posibilidades reales de obtenerlos en el mercado. El desarrollo y el bienestar de la posguerra eran fenómenos segmentados y socialmente insuficientes, y la única forma de beneficiarse con ellos era incluirse en una red, que para la inmensa mayoría de la población sólo podía ser de tipo clientelar.

En condiciones de extrema desigualdad, y a menudo de gran riqueza, también era bastante previsible que la opción política por la inclusión tomara la forma del caudillismo populista. Los nuevos caudillos del siglo XX necesitaban una legitimación social de masas, y la vía para alcanzarla era la redistribución segmentada. Un ejemplo notable es la política social de Getulio Vargas, que dejaba fuera a los trabajadores del campo, no sólo para evitar el conflicto con los terratenientes sino sobre todo porque la base social de apoyo que buscaba eran los trabajadores urbanos. El populismo, entonces, no fue una herencia cultural del caudillismo decimonónico, sino una estrategia racional de poder.

La inevitable pregunta es cómo se han visto afectadas estas estrategias por la modernización económica de los años noventa. Los ajustes primero y la reforma neoliberal del Estado después produjeron una reducción muy significativa de los recursos públicos, y en particular del empleo en ese sector, que pasó del 15,7% en 1980 al 13% en 1999, pero también de los servicios a los que tradicionalmente tenían acceso privilegiado los sectores medios urbanos. Esto condujo a un reforzamiento del clientelismo tradicional y a una crisis del clientelismo moderno, que se traduce en exasperación y movilización de esos sectores medios, que ahora deben competir por recursos más escasos o simplemente ven desaparecer la posibilidad de acceder a ellos.

La frustración de los sectores medios se hace visible cuando la crisis posterior a 1997 quiebra las expectativas creadas por el crecimiento económico durante los primeros años noventa, en los que había disminuido el desempleo abierto y la reducción de la inflación había generado una sensación de bienestar. La crisis también provocó una fuerte demanda de políticas clientelares, que, de acuerdo con la nueva ortodoxia económica, adoptarían la forma de programas sociales focalizados. Como sabemos, la coincidencia de las movilizaciones de las clases medias con las de los sectores excluidos ha tenido consecuencias políticas serias en varios países de la región, incluyendo la salida precipitada de un número significativo de gobernantes democráticamente electos.

Si este análisis esquemático es en alguna medida acertado, el malestar democrático de la región sería fruto de la incapacidad de los gobiernos para ofrecer alternativas modernas al clientelismo. La desigualdad crea de antemano una distancia entre gobernantes y gobernados, que sólo se resuelve parcialmente en la medida en la que aquéllos garantizan el acceso a los recursos públicos. Una vez que se produce el giro hacia el mercado, y que la posibilidad de ofrecer esos recursos a cambio de legitimidad desaparece o disminuye de forma sustancial, la desconfianza hacia los gobernantes crece amenazadoramente cuando el mercado se muestra adverso.

Según este razonamiento, la clave para resolver el problema de la desafección (cultural) hacia la democracia no está tanto en mejorar el diseño de las instituciones como en desarrollar políticas sociales universales que ofrezcan una alternativa a las estrategias clientelares tradicionales o modernas. En este aspecto, sin embargo, la reforma de la administración y de las instituciones estatales desempeña un papel fundamental: no se pueden llevar a cabo políticas sociales no clientelares con instituciones enraizadas en la cultura del clientelismo. Las ciudadanos de menores recursos, como subrayaba el informe del PNUD, sienten que no reciben un trato adecuado por parte de la administración porque son pobres e incultos, y porque ella está al servicio de los poderosos. Mientras la única forma de saltar ese obstáculo sea el cohecho, éste se convertirá en la norma también para los ciudadanos con mayores recursos, y la legitimidad democrática se apoyará en una noción ficticia de ciudadanía.

La desconfianza de los gobernados hacia los gobernantes disminuye cuando el crecimiento se reanuda, pero la desigualdad conduce a que la desconfianza se convierta en la regla del juego en la vida social. La confianza interpersonal de las sociedades latinoamericanas es muy baja, y se establece en el marco de la familia extensa. No es extraño entonces que los vínculos de amistad y familiaridad propios del clientelismo hayan sido históricamente la forma de relacionarse con el poder y con los recursos públicos. Para salir de ese círculo vicioso se necesitan políticas públicas duraderas y estables que ofrezcan una alternativa universalista a los intercambios particularizados propios del clientelismo.

Por otra parte, de la misma forma en que las instituciones arraigadas en la lógica clientelar mal pueden desarrollar políticas universalistas, los partidos políticos anclados en esas prácticas y marcados en su identidad por ellas no están en condiciones de cambiar la lógica vertical del clientelismo por la lógica horizontal de la acción colectiva democrática. Muchas sociedades latinoamericanas atraviesan hoy una crisis de adaptación de los partidos políticos a nuevas circunstancias, y la mayor parte de ellos no parecen ser ni siquiera conscientes de la situación.

En este sentido, cabe temer que la cultura política heredada dificulte el desarrollo de una nueva política y una nueva cultura democráticas, y que se mantenga la añoranza de gobernantes fuertes –aunque no necesariamente bajo la modalidad militar y autoritaria del pasado– con los que se puedan restablecer los vínculos verticales de antaño. Para salir de esta dinámica perversa no sólo hacen falta políticas públicas diferentes, sino sobre todo partidos políticos distintos, que escapen a la tentación de improvisar hiperliderazgos coyunturales y se planteen crear otra cultura política. No es una tarea fácil.

Populismo y transformación del imaginario político

Por Ernesto Laclau, filósofo político, profesor de Teoría Política, Universidad de Essex (Inglaterra) y de Literatura Comparada, State University of New York (Buffalo) Revista TodaVia http://www.revistatodavia.com.ar

Vivimos en un tiempo en el que las demandas de la sociedad son cada vez más dispersas y heterogéneas. Por eso resulta particularmente necesaria una acción política que articule esas demandas sin ahogar su diversidad y sus modos de expresión. En esta dirección debería orientarse un proyecto político de centroizquierda en la Argentina.

La Argentina está entrando claramente en un rápido proceso de transformación de su imaginario político. Puede decirse, sin exageración, que éste es el cambio más importante que ha tenido lugar desde la emergencia del peronismo como fenómeno de masas en 1945. Vale la pena considerar por un momento las semejanzas estructurales de la mutación a la que hoy asistimos con respecto a la que tuvo lugar hace sesenta años. Como entonces, de lo que se trata es de crear una nueva divisoria de aguas en el seno del espectro político, capaz de romper con un sistema perimido de partidos que ya no representa a las divisiones y antagonismos reales de la sociedad argentina. En 1945 concluía un largo período fraudulento en el que las organizaciones políticas –ya fueran oficialistas u opositoras– habían perdido toda representatividad en relación con las fuerzas sociales emergentes. La cuestión era, entonces, crear una nueva polarización en torno a un eje nacional y popular que no podía expresarse a través de ninguno de los sectores políticamente organizados. Esto condujo a lo que hoy se denomina "transversalidad" –el estallido y la fragmentación de todas las fuerzas políticas, cuyos integrantes se ubicaron en uno u otro de los dos campos que dividieron a la sociedad–, y a la emergencia de nuevos actores sociales que accedían por primera vez al ámbito público.

Es esta dicotomía la que dominó el espacio político durante medio siglo, y la que se está desintegrando ante nuestros ojos. Las razones de este proceso no son difíciles de determinar. La vieja oposición entre peronismo y antiperonismo ha perdido buena parte de su relevancia en la medida en que la fragmentación interna del peronismo ha generado proyectos políticos claramente antagónicos, cuyos portadores tienen más en común con otras fuerzas políticas que con sectores rivales procedentes del propio partido. Así, ha comenzado a surgir una transversalidad de nuevo tipo, a la vez que se ha gestado una polarización de carácter también nuevo. Por último, la crisis de 2001 ha movilizado a sectores sociales que antes eran políticamente pasivos –y cuya expresión más típica serían los piqueteros–.

En la actualidad se habla de una posible simplificación y polarización del espectro político entre una formación de centroizquierda y otra de centroderecha. Aparentemente, éste sería el proyecto del presidente Kirchner, quien aspiraría a ser el líder natural de la centroizquierda. Si esta alternativa probara ser viable, acarrearía ventajas obvias para el sistema político argentino, la más importante de las cuales consistiría en poner término a la crisis de representatividad en la que el país ha vivido durante gran parte de las últimas dos décadas. No estoy tan al corriente de las minucias de la política argentina como para arriesgarme a hacer al respecto ningún vaticinio, pero sí me atrevería a señalar algunas de las características que un proyecto de centroizquierda debería reunir para ser exitoso en esta época y en esta región del planeta.

En mi libro La razón populista (Fondo de Cultura Económica, 2005) sostengo que el análisis social debe abocarse a una tarea que ha desdeñado durante mucho tiempo: el estudio del modo en que las diversas demandas sociales se constituyen y se articulan entre sí. El punto es crucial: es necesario pasar de un tipo de análisis en el que la unidad del grupo se da por descontada, a otro en el que es concebida como articulación variable de demandas. Los reclamos en torno a la vivienda, al empleo, a la salud, al suministro de agua, a la escolaridad, etcétera, no tienden espontáneamente a confluir en un todo congruente y unificado sino que dependen de articulaciones cambiantes y contingentes, o sea, esencialmente políticas. Dicho de otro modo: puesto que los sujetos políticos sólo se constituyen como articulación de demandas, el primer deber de una práctica política es constituir a través de su acción a dichos sujetos. Esto presupone formas de movilización que trascienden en amplia medida las campañas electorales. En este sentido, la acción de una política de centroizquierda debe encaminarse a la construcción de un "pueblo" (con el significado que he dado en mi libro a esta noción). Mientras que una política de centroderecha es eminentemente corporativa y clientelar, la centroizquierda, si se entiende correctamente a sí misma, debe fundarse en la autoafirmación de las masas. Esta auto-organización precede en parte al momento de la acción política, pero esta última debe tender activamente a promoverla y profundizarla, lo cual significa que no debe solamente expresar "intereses" donde éstos ya existen sino ayudar a su constitución. Un corolario de esto es que se crea así una cierta zona de indeterminación entre sociedad civil y espacio público en la que las variables sociales y políticas se entrecruzan constantemente. De esta manera se abre un nuevo tipo de transversalidad, que ya no opera tan sólo en el plano de las formaciones políticas sino también en el de las fuerzas sociales, porque no hay política de izquierda sin incorporación de nuevos actores a la esfera pública.

Digamos, para concluir el punto, que la dispersión de las demandas y la construcción de su unidad a través de la acción política siempre ha existido, pero adquiere una nueva importancia y centralidad en las condiciones del capitalismo actual. En formaciones sociales anteriores, cuyos modos de articulación estaban más sedimentados y eran más estables, se podía hasta cierto punto vivir en la ilusión de que la sociedad tenía una coherencia propia, independiente de todo acto de institución política. Por el contrario, en las condiciones de un mundo globalizado, en el que las dislocaciones entre distintos sectores de la economía crean constantes desniveles sociales, el momento político de la institución de lo social resulta mucho más visible. Este fenómeno tiene dos caras: por un lado, el mundo parece depender en mayor proporción de nuestras intervenciones y, en ese sentido, somos menos esclavos de las instituciones y más dueños de nuestro destino, pero por otro vivimos en un mundo cada vez más peligroso y cambiante.

Si el momento de la articulación política es central en la autoafirmación de las masas, y esta última es la condición sine qua non para la formación de una voluntad política de izquierda, cabe preguntarse por las formas institucionales de este accionar político. Esto depende, desde luego, de los distintos contextos nacionales, pero hay algo que puede afirmarse como una tendencia generalizada, y es que la forma "partido" ha perdido buena parte de la universalidad de la que gozó en el pasado. Creo que en el futuro la voluntad de cambio adoptará la modalidad de coaliciones. No sólo porque el punto de partida de la nueva acción política está constituido por las transversalidades sociales y políticas a las que nos hemos referido, sino también por una razón más general: el peculiar modo en que particularismo y universalismo se combinan en la experiencia contemporánea. Exploremos brevemente las dimensiones que los determinan.

El particularismo se vincula al fenómeno de la heterogeneidad social, a la pluralidad irreductible de los espacios de representación, en tanto que el universalismo presupone que, por detrás o por encima del pluriuniverso de las diferencias, algo esencialmente homogéneo subsiste, y que es este algo el que da a la sociedad su unidad estructural. El marxismo clásico, por ejemplo, era universalista, ya que fundaba sus pronósticos y su estrategia en la simplificación de la estructura social bajo el capitalismo, con lo que reducía el sujeto emancipatorio a un actor homogéneo: el proletariado. Se trataba, por lo tanto, de un universalismo basado en la eliminación de las diferencias. Hoy sabemos, sin embargo, que la historia no ha seguido el curso trazado por estas predicciones y que vivimos en sociedades donde se multiplican los antagonismos y los puntos de ruptura y donde, por lo tanto, el problema central de toda política es cómo construir la homogeneidad a partir de la heterogeneidad. ¿Cómo es esto posible?

La heterogeneidad es irreductible, pero la sociedad se disgregaría en mero particularismo –y, por consiguiente, en una total impotencia política– si las demandas no encontraran su forma de articulación en lo que he denominado cadenas equivalenciales, en las que cada uno de los eslabones mantiene su individualidad, pero en las que todos ellos adquieren, a través de símbolos comunes, una cierta universalidad. En mi libro he mencionado el caso de Solidarnosc: sus símbolos y reclamos fueron al comienzo los de un grupo limitado de obreros de Gdansk, pero, por el hecho de haber sido formulados en el contexto de una sociedad altamente opresiva, se convirtieron en la expresión de sectores mucho más vastos. En realidad, toda demanda parcial se constituye en el interior de una tensión: en tanto reclamo parcial adquiere una mayor solidez a través de su inscripción en una cadena equivalencial más amplia; pero esta cadena puede, a su vez, deformar y ahogar a la demanda. Mantener el balance entre estas dos posibilidades extremas es lo que constituye el arte de la política. Sin cadena equivalencial no hay construcción de una voluntad colectiva, pero si esta cadena se torna autoritaria con respecto a los eslabones que la componen tampoco logrará, en el largo plazo, constituir una hegemonía política.

Queda solamente un aspecto que me gustaría aclarar: ¿cuál es el sentido de la noción de "centroizquierda" que he estado utilizando? Para mí, este término no se refiere al contenido de una política en un continuo que iría desde la extrema derecha a la extrema izquierda, sino al carácter "movimientista" y no sectorial de la voluntad política que se intenta construir, al esfuerzo por crear un sujeto político más amplio que el que se desprende del puro "clasismo". "Centroizquierda" significa, por lo tanto, "izquierda organizada en torno a un proyecto hegemónico".

Bolivia, Ecuador y Colombia: El dilema de reformar las reformas

Por René Antonio Mayorga, profesor de Ciencia Política, FLACSO Ecuador. Investigador del Centro Boliviano de Estudios Multidisciplinarios (CEBEM). Revista TodaVia http://www.revistatodavia.com.ar

Desde hace ya dos décadas, los países del área andina buscan afianzar la gobernabilidad democrática a través de reformas constitucionales. El balance, sin embargo, resulta paradójico: con la intención de fortalecer la participación, se ha debilitado a los partidos políticos y se ha erosionado el margen de decisión del Estado. Para revertir estos efectos no es suficiente un nuevo impulso reformista.

La renovación de los regímenes presidencialistas es, por dos razones fundamentales, un desafío político central para la viabilidad y la gobernabilidad de la democracia en América Latina. Por un lado, los sistemas presidencialistas acusaron tanto problemas endémicos como nuevos y, por otro, en ningún país de la región se han dado condiciones políticas reales para un cambio radical hacia formas parlamentarias de gobierno. Al margen de las complejidades y diferencias que no permiten una generalización fácil de diagnósticos, el presidencialismo en América Latina se enfrentó –desde la transición, hace más de dos décadas– a la tarea enorme de lograr y afianzar la gobernabilidad del sistema democrático mediante reformas de Estado. Sin embargo, una mirada retrospectiva a la difícil situación en la región andina –un caso significativo por ser el área más crítica en América Latina– no puede soslayar el hecho de que muchos de los problemas sustanciales de gobernabilidad democrática se originaron precisamente en la serie incesante de reformas contradictorias e inconsistentes que se hicieron desde el momento mismo de transición a la democracia.

Los países de la región andina, por causas distintas pero con motivaciones similares, emprendieron reformas constitucionales y electorales casi permanentes. El reto de consolidar la democracia estimuló una época febril de "política constitucional". Las transiciones hicieron posible revalorizar el orden constitucional e intentar reformas bajo la premisa de que los cambios eran indispensables para la estabilidad y el mejor desempeño de los regímenes democráticos. De hecho, las reformas se propusieron –en el contexto de asambleas constituyentes, a excepción del caso de Bolivia– objetivos vastos y ambiciosos, y en muchos casos también contradictorios: entre ellos, ampliar y perfeccionar la participación y la representación política, establecer contrapesos entre el Ejecutivo y el Legislativo, afianzar las atribuciones del Poder Ejecutivo y del Congreso, promover el Estado de Derecho, descentralizar el aparato estatal, aumentar la capacidad y eficiencia de los gobiernos, y dar solución a los problemas de exclusión social y política que afectan a sociedades multiétnicas y multiculturales como Ecuador y Bolivia. Igualmente, se realizaron reformas electorales para democratizar la representación política y hacer de los sistemas de partidos estructuras más participativas y responsables.

Sin embargo, buena parte de las reformas generaron efectos perversos y no contribuyeron a mejorar el funcionamiento de los regímenes presidencialistas porque estuvieron dirigidas más a superar restricciones de participación y representación en el sistema democrático que a aumentar la capacidad del Estado para tomar decisiones e implementar políticas públicas. Dicho con otras palabras, las reformas agravaron de diversas maneras las condiciones de gobernabilidad democrática socavando a los partidos políticos, debilitando la capacidad de gobierno y profundizando las tensiones inherentes a la ecuación entre presidencialismo y democracia representativa. Considerando casos ilustrativos como los de Ecuador, Colombia y Bolivia, han sido notorios el enorme desgaste de la representación política, los graves procesos de fragmentación, deslegitimación e incluso de descomposición y colapso de los sistemas de partidos, así como la incapacidad de gestión de gobiernos democráticos que se vieron desbordados por conflictos políticos, económicos y sociales. Por consiguiente, se puede decir que a pesar de las reformas, y en un contexto de creciente ingobernabilidad, no hubo renovación del presidencialismo, sino más bien procesos de involución que acarrearon una preocupante erosión tanto de la democracia como del Estado. Ecuador –país que vivió el derrocamiento de tres presidentes en seis años– estuvo constantemente afectado por gobiernos minoritarios y por la movilización de un poderoso movimiento indígena involucrado en un golpe de Estado. La atomización de los partidos políticos y el desgaste del poder central bajo el impacto de la violencia guerrillera y el narcotráfico dieron lugar en Colombia al gobierno hiperpresidencialista de Uribe. Y en Bolivia también se produjo desde el 2000 una severa crisis como consecuencia directa de la descomposición de los gobiernos de coalición y del empate catastrófico entre movimientos étnicos, partidos relevantes y elites económicas del este del país. Esta crisis condujo a la caída de Sánchez de Lozada y a un gobierno apartidista, altamente personalista, encabezado por un outsider (Carlos Mesa), que aceleró la crisis de las instituciones democráticas y terminó también él derrocado.

Haciendo un balance muy tentativo, lo que llama poderosamente la atención en este ámbito son los notables contrastes y discrepancias entre la intencionalidad política de las reformas y la situación crítica que atraviesan las democracias andinas. Cabe entonces preguntarse si existen conexiones causales o correlaciones significativas entre esas reformas constitucionales y electorales, por un lado, y los problemas que han enfrentado las democracias de la región, por el otro. Me parece que las dificultades actuales del sistema presidencialista no están asociadas sólo a deficiencias heredadas del diseño institucional, sino a las grietas y las tensiones que la propia ingeniería constitucional y electoral ha generado, con consecuencias contraproducentes para las condiciones de gobernabilidad.

Es desde esta perspectiva que considero, aun a riesgo de generalizar excesivamente, que la mayoría de las reformas emprendidas han planteado nuevos interrogantes y dilemas, y han provocado una situación paradójica que exige enmendar los problemas derivados de ellas con otras reformas constitucionales y electorales, es decir, con una renovada etapa de "reforma de las reformas", pero, por cierto, en contextos más difíciles y complejos que antes. Por esta razón, se impone hacer un análisis de las condiciones bajo las cuales sería factible realizar en el corto o mediano plazo reformas positivas y exitosas en los países de la región andina. Este examen debería abordar las transformaciones pasadas que no tuvieron los efectos esperados, diferenciando entre reformas que desde su concepción fueron contradictorias (como las ecuatorianas y colombianas) y otras que fueron más coherentes (como las realizadas en Bolivia) pero que, tardías o incompletas, tampoco pudieron evitar la profunda crisis del sistema de gobierno. Veamos algunos casos concretos.

En Ecuador no deja de sorprender que, después de cuatro consultas populares, dos asambleas constituyentes e incontables reformas constitucionales y legales, el marco institucional siga siendo un producto heterogéneo y contradictorio. Como "colcha de retazos", las reformas fueron la expresión de una extrema instrumentalización de las reglas por parte de los actores políticos que –como afirma el sociólogo ecuatoriano Simón Pachano– sometieron el marco normativo a necesidades e intereses coyunturales. Las reformas, entre ellas la segunda vuelta y sobre todo la introducción en 1997 del voto preferencial en listas abiertas, llevaron a la personalización, la polarización y la fragmentación de la representación política. Como consecuencia, acentuaron los bloqueos entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, agravaron los problemas de gobernabilidad y profundizaron el particularismo y el carácter provincial y localista de los partidos políticos. Producto de la crisis de estos últimos, el gobierno del outsider Lucio Gutiérrez fue poco menos que incapaz de establecer los cambios necesarios para fortalecer a los partidos políticos y asegurar condiciones mínimas de gobernabilidad.

También en Colombia las reformas institucionales de la década de los noventa agravaron los problemas al seguir una lógica contradictoria que promovía la participación y la inclusión política en desmedro de la gobernabilidad. El equilibrio bipartidista, que ya estaba en proceso de declive, sufrió un cambio profundo por efecto del nuevo sistema electoral: la tradicional estructura interna de facciones institucionalizadas se atomizó en facciones personalistas y en microempresas electorales que, en rigor, ya no permiten hablar de la existencia de partidos políticos. En ocasión de las elecciones legislativas de 2002, por ejemplo, había 65 partidos registrados ante el Consejo Nacional Electoral y, al desaparecer totalmente las listas oficiales de los partidos y convertirse la lucha electoral en asunto privado, se presentaron 321 listas para el Senado y 883 para la Cámara de Diputados. El sistema electoral de representación proporcional con una "fórmula de lista personal" –el más personalista del mundo– ha conducido al debilitamiento estructural de las funciones de los partidos y al hundimiento de una representación política efectiva, impidiendo así una acción coherente entre el Poder Ejecutivo y el Congreso. Sin apoyo parlamentario organizado, el gobierno de Uribe apostó a fortalecerse políticamente encarando sus relaciones con los integrantes del Poder Legislativo mediante negociaciones y acuerdos clientelistas e individuales. La reforma constitucional de 1991, como en Ecuador, buscaba reforzar el rol del Congreso y crear contrapesos entre los poderes del Estado, pero la dispersión del sistema de partidos convirtió al texto constitucional en letra muerta.

Por su parte, en Bolivia se estableció en 1994 la ley de participación popular, que convirtió a los municipios en importantes espacios de competencia política, y se introdujo un sistema de representación proporcional personalizado. Estas medidas tuvieron tres efectos sustanciales sobre el sistema multipartidista moderado: el voto adquirió un carácter territorial más acentuado; se abrieron oportunidades políticas para nuevos movimientos políticos indígenas (como el MAS de Evo Morales) con fuertes baluartes locales; y finalmente se afirmó la representación étnica y corporativa de sectores indígenas. No obstante, a partir de 2000, en un contexto de crisis económica y multiplicación anómica de los conflictos sociales, estos cambios políticos polarizaron el sistema de partidos, afectaron la estructura interna de éstos, y, en consecuencia, debilitaron a los gobiernos de coalición de Banzer y Sánchez de Lozada, que gozaban de mayorías parlamentarias pero eran incapaces de tomar decisiones políticas ante el poder de veto conquistado por los movimientos sociales.

La prolongada crisis de gobernabilidad que vive Bolivia desembocó en una crisis de Estado atribuible en gran medida a la ineficacia de gobierno de los partidos políticos relevantes. Los efectos han sido desastrosos: los partidos importantes perdieron credibilidad y autoridad, la forma "partido" ha sido estigmatizada, los dirigentes políticos deciden camuflar sus prácticas como "movimientos ciudadanos" (es el caso del ex-presidente Jorge Quiroga), y los nuevos movimientos étnicos consideran factible una democracia directa basada en colectivos sociales que actúan como agentes de gobierno y que, por tanto, creen poder prescindir de mediaciones políticas. La democracia boliviana se halla así inmersa en una etapa regresiva, determinada por tendencias antipartido y, en general, anti-institucionales que empezaron a materializarse con la cuestionable reforma constitucional de febrero de 2004 –que consagra, por ejemplo, la figura de la asamblea constituyente como "órgano de gobierno" y mecanismo de "reforma total" del Estado–. En nombre de una borrosa visión de democracia participativa, esta reforma atenta contra el principio mismo del partido como eje central de la organización política. Una ley posterior de agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas ha reafirmado el proceso de desmontaje institucional y la política antipartido dando una respuesta improductiva al problema real de la crisis. En el panorama antipartido vigente en Bolivia es ciertamente difícil imaginarse reformas para restituir la gobernabilidad democrática.

En resumen, la crítica situación actual en la región andina justificaría ampliamente la necesidad de nuevas reformas institucionales. La cuestión crucial es, por cierto, si una nueva ola reformista podría enmendar los errores y las deficiencias del pasado que debilitaron al Estado. Eliminar la segunda vuelta, establecer la simultaneidad de las elecciones presidenciales y legislativas, estimular políticas de concertación y fortalecer la capacidad de gestión del Estado podrían ser reformas apropiadas en varios países. Pero, por ejemplo, el hecho de que el sistema de gobierno boliviano, desbaratado por la polarización y la descomposición de los partidos, experimentara ya varias reformas de este tipo sin poder evitar la crisis actual, nos impone cautela y nos recuerda con fuerza que las reformas de las instituciones estatales son condiciones necesarias pero no suficientes para recuperar la gobernabilidad democrática.

La crisis de la región andina nos obliga también a tomar con reservas el argumento de que los agudos problemas de gobernabilidad son consecuencias directas e inevitables de las desventajas de los sistemas presidencialistas. La rigidez y el inmovilismo, los gobiernos minoritarios y los bloqueos entre poderes han marcado ciertamente las crisis de Estado en la región, pero la raíz profunda de éstas no reside tanto en las deficiencias institucionales del sistema gubernamental, sino en la acentuada fragmentación y polarización de los partidos políticos, y sobre todo, en su ineficacia como actores de gobierno, así como también en la debilidad de gestión de los Estados en tiempos de grandes conflictos sociales. Para recuperar la gobernabilidad democrática y salir del círculo vicioso, es indispensable crear condiciones políticas que permitan la reconstrucción de los partidos y el fortalecimiento de la capacidad del Estado. Esto implica nuevas reformas. Pero también suscita una pregunta: ¿son posibles esas reformas si los partidos –como en Bolivia– están en disolución, y si los nuevos movimientos políticos reflejan una lógica particularista propia de organizaciones corporativas y movimientos sociales que pretenden sustituir a los partidos?

La identidad del PT y la crisis en Brasil

Por Enrique Rodríguez Larreta, director del Instituto del Pluralismo Cultural, Universidad Candido Mendes, Rio de Janeiro. Revista TodaVia http://www.revistatodavia.com.ar

Tanto el Presidente como el partido gobernante transitan hoy una situación políticamente compleja. A los desafíos que entraña el ejercicio efectivo del poder se suman las redefiniciones ideológicas y programáticas en el interior del PT. En este marco el futuro político de Lula parece depender exclusivamente de los resultados de su gestión.

El 1° de enero de 2003 Luiz Inacio Lula da Silva fue electo presidente de Brasil. En esa ocasión, según el corresponsal del New York Times: "la mayor nación latinoamericana se embarcó en una ambiciosa experiencia política y social cuando el ex tornero mecánico asumió como Presidente prometiendo un nuevo estilo de gobierno y una cruzada contra el hambre, la injusticia y la corrupción [...] El nuevo Presidente atribuyó su triunfo estruendoso al rechazo de la política de libre mercado de su predecesor Fernando Henrique Cardoso".

Treinta y cuatro meses después, en el mismo Times se podía leer que "hasta hace unos pocos meses el Partido de los Trabajadores (PT) era visto como el ejemplo más exitoso de un movimiento político de la izquierda dura emigrando hacia una socialdemocracia moderada. Ahora, desmoralizado por el mayor escándalo de corrupción en la historia del país, el partido está intentando reagrupar sus fuerzas para evitar una contundente derrota en las elecciones del próximo año".

Los dos momentos sugieren una historia de ascenso y caída, algo así como el fin de una ilusión. Yo prefiero, en cambio, considerar la crisis política brasileña con todas sus ambivalencias y juegos de máscaras, como etapa de una experiencia democrática, y entender la democracia misma no meramente como una ideología predeterminada sino como una construcción que tiene lugar en condiciones complejas. En el caso brasileño creo que lo que está en juego es el contradictorio proceso de emergencia de nuevos grupos en el control del Estado y la redefinición de identidades de los partidos políticos –del PT sin lugar a dudas, pero también del conservador Partido del Frente Liberal (PFL) y del social-liberal Partido Social Demócrata de Brasil (PSDB)–. En otras palabras, se trata de la constitución de una esfera pública democrática en una sociedad con una larga tradición de autoritarismo, marcada por profundas desigualdades económicas que han limitado históricamente las posibilidades de acceso equitativo a la información y la participación política de vastos sectores de la población.

Los reveses políticos

El gobierno brasileño atravesó durante buena parte de este año una grave crisis política, originada en la denuncia de una estrategia de control del Parlamento, que rápidamente se transformó en la revelación de un conjunto de prácticas ilícitas. Una de ellas fue el empleo de "recursos no contabilizados" por parte del PT para obtener mayorías legislativas. Actualmente están funcionando en el Parlamento brasileño tres comisiones para determinar el nivel y la naturaleza de los mecanismos de corrupción, pero es un hecho aceptado que ésta existió. Se estima que más de 20 millones de dólares circularon bajo ese esquema. La evidencia de que tanto bancos como empresas se encuentran comprometidos sugiere situaciones de tráfico de influencias entre agentes privados y órganos del gobierno. Por supuesto que estas prácticas son previas a la llegada de la izquierda al poder, pero fueron realizadas en amplia escala por un partido que esgrimía la moral como una de sus principales banderas y, precisamente, esa circunstancia aumentó el impacto de las denuncias en la opinión pública. La reelección de Lula, considerada hasta ese momento muy probable, quedó seriamente amenazada, y el funcionamiento del gobierno en el terreno parlamentario estuvo paralizado durante más de cuatro meses.

Más allá de los avatares de la actual coyuntura, el principal interrogante de la política brasileña es el futuro del Partido de los Trabajadores, la expresión política mayoritaria de la izquierda en el país. La importancia de esta incógnita se mide tanto por sus repercusiones en la vida nacional como por sus consecuencias para toda América Latina.

Ahora bien, la crisis del PT, que se manifestó con tanta dureza en los últimos meses, en realidad hunde sus raíces en su propia historia. Entre 1996 y 2003, el enfrentamiento sistemático al gobierno de Fernando Henrique Cardoso fue lo que permitió mantener unido a un partido dotado de un poderoso espíritu de cuerpo pero con diversas tendencias en su interior y muchas ambigüedades en sus definiciones programáticas. La oposición al "neoliberalismo" del gobierno de Cardoso se había definido con fuerza en el terreno ideológico, y sus manifestaciones más notorias fueron el rechazo al plan de estabilización monetaria, el cuestionamiento a la política de pago de la deuda externa, la denuncia de las privatizaciones y de la corrupción y la aceleración de las políticas de distribución de tierras. En un país que venía de atravesar una accidentada transición democrática y decenios de hiperinflación, el complejo cuadro de reformas, estabilización económica y construcción institucional se convirtió en un escenario ideológico polarizado entre una "izquierda" situada en la oposición y un gobierno de "derecha neoliberal". El PT mantuvo su perfil ideológico y acumuló fuerzas durante el primer gobierno del PSDB, pero no logró transformarse en una alternativa electoral. En 1998 Cardoso logró ser electo en la primera vuelta gracias a los resultados sociales del plan de estabilización. En las elecciones de 2002, enfrentando a Jose Serra, candidato de un gobierno ya desgastado, el PT cambió la estrategia y renovó su imagen con la consigna Lula Paz y Amor. Diversas circunstancias contribuyeron a crear un clima de expectativas favorables en torno a Lula, cuyo carisma y capacidad de comunicación dejaron en segundo plano al mismo PT. En efecto, se subrayaron sus antecedentes de luchador social y hombre de pueblo, en lugar de la imagen de confrontación de clases y denuncia de las elites que habían sido las marcas distintivas de los primeros años de su trayectoria. Lula fue elegido con una votación récord en la segunda vuelta.

En parte para tranquilizar a los mercados y en parte para esbozar las bases de una nueva política, el 22 de junio de 2002 se difundió la Carta al pueblo brasileño. Estaba firmada por el propio Lula, pero no se trataba de un documento oficial del PT. En ese texto se mantenían sustancialmente las críticas al gobierno anterior, y a la vez se afirmaba –por primera vez con todas las letras– el compromiso del país con los contratos y obligaciones contraídos, así como con el control de la inflación y el ajuste fiscal. Con la Carta al pueblo brasileño nace el nuevo perfil del PT como partido de gobierno.

El gobierno de Lula

Hasta el 1° de enero de 2003, el PT se situó ante el capitalismo brasileño como su juez. Una vez en el gobierno, se vio en la situación de administrar ese sistema y ser eventualmente colocado en el banquillo de los acusados, sobre todo por una parte de sus cuadros (aquellos que seguían considerándose los críticos más duros y puros del establishment). Sin embargo, la recuperación de la economía, gracias a una coyuntura internacional favorable que el gobierno supo aprovechar, y el gran capital simbólico de Lula dentro y fuera de Brasil garantizaron la conservación de una considerable popularidad en los primeros dos años de gobierno.

En ese marco, la dirección del PT reafirmó su autoridad y algunos parlamentarios de su ala de izquierda, encabezados por la senadora Heloísa Helena, fueron expulsados del partido. El centro de las críticas de esta oposición era la política económica y el reclamo de coherencia con posiciones del pasado. En la segunda escisión, ya en el contexto de la crisis de este año, su líder más visible, Plinio de Arruda Sampaio, fue aún más lejos al cuestionar la estrategia misma de acceso al poder elegida por la dirección del PT y considerar esa estrategia como la principal causa de la corrupción en el partido. Para él, en los años de resistencia al capitalismo se debieron haber creado las condiciones para sostener una alternativa de poder que, necesariamente, acarrearía rupturas y conflictos sociales. Posiciones de este tipo cuentan con apoyo en la dirección del Movimiento Sin Tierra y en otros movimientos sociales, así como en algunos ambientes universitarios. Sin embargo, la mayoría de estas agrupaciones ha mantenido una actitud de fidelidad crítica hacia el gobierno. Por otra parte, hay que señalar que la reciente crisis política se ha expresado ante todo en los medios de comunicación, y que las movilizaciones de masas a favor o en contra del gobierno han sido relativamente escasas y sin demasiada presencia nacional.

El núcleo fuerte del gobierno es el área económica. Allí participan militantes históricos del partido (como el ministro de Economía, Antonio Palocci), empresarios de diferente origen político (como los ministros de Agricultura y de Industrias), altos funcionarios de la banca internacional (como el presidente del Banco Central), junto con ex dirigentes sindicales y con académicos que ya habían ocupado cargos en fondos de pensión y empresas estatales, como Ricardo Berzoini, actual presidente del PT; Luis Gushiken, influyente asesor de Lula, y Guido Mantega, presidente del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES). La profesionalización creciente del partido y el ingreso de cuadros con ese perfil a su dirección llevaron a identificar una nueva clase burocrática asociada a los sectores dinámicos del capitalismo global. Para el sociólogo Francisco de Oliveira se trata de una nomenclatura(*), de una nueva clase, y, para el dirigente del PSDB Jose Serra, de un "bolchevismo sin ilusiones". De esa manera, algunos analistas intentan explicar las convergencias de políticas del PT con el gobierno anterior y también sus estrategias para afirmar posiciones de poder.

Sin compartir en su totalidad este modelo, que me parece excesivamente reduccionista, algunas dimensiones de la cultura política del PT pueden ser leídas con la ayuda de esa clave sociológica. Ella permite explicar, aunque sea en parte, el pragmatismo económico, la capacidad de negociación de intereses con empresarios y banqueros y el mayor énfasis del Estado en relación con el mercado. Hay en el PT, pese a su prolongada experiencia parlamentaria, una cierta reticencia con respecto al Parlamento y una tendencia a crear alternativas a su esfera (es el caso del fallido Consejo Económico y Social, concebido como un espacio de encuentro entre corporaciones de empresarios, trabajadores e intelectuales). La distancia crítica hacia el Parlamento y la prensa expresa las diferencias entre el PT y un partido de raíz liberal.

Las perspectivas del escenario actual

En conclusión, es posible afirmar que de las turbulencias de su pasaje por el gobierno parece estar surgiendo un PT que deja atrás sus objetivos originales de ruptura y refundación de Brasil sobre nuevas bases y que, por el contrario, se muestra pragmático y dispuesto a privilegiar su condición de instrumento de poder. Esta crisis de identidad puede pensarse como la transformación social y doctrinaria de un partido de izquierda que llega al gobierno en una época postsocialista. Hoy su destino se encuentra unido a Luiz Inacio Lula Da Silva, cuya popularidad es considerablemente mayor que la del propio PT. Desde ya, Lula ha dejado de ser el activista que luchaba por la autonomía sindical y el dirigente de un partido de los trabajadores en diálogo con el pensamiento socialista. Se ha transformado predominantemente en un líder nacional dentro del imaginario político del nacional-desarrollismo brasileño. En este marco, el futuro de Lula –si bien se sostiene en la fuerza de su historia y en un partido habitado por tensiones y en proceso de transformación– aparece sobre todo ligado al éxito de su gobierno en algunos aspectos claves de la gestión: avances económicos, mejoras en los indicadores sociales y eficacia del programa de emergencia que promete asistir a millones de familias. El tiempo dirá si se trata de un proyecto dotado del vigor necesario para reconquistar la confianza de la sociedad brasileña, urgida por el impacto de las transformaciones y cada vez más escéptica frente a las señales que le llegan desde el poder político.

(*) N de E. Término utilizado por el político y teórico yugoslavo Milovan Djilas para referirse a los dirigentes que administraban el poder y la riqueza estatal en la ex Unión Soviética.