Pensamiento Crítico

Los caminos por los cuales conduce Evo Morales a Bolivia

Por Éric Toussaint | Cadtm | 04 Febrero 2008
Bolivia, un país de 10 millones de habitantes es, uno de los más pobres de América latina. Su «capital» |1| La Paz está situada a 3 600 metros de altitud. El país comprende tres zonas geográficas: una gran región montañosa con mesetas situadas por encima de los 2.500 metros de altitud, en la frontera con Perú, Chile y Argentina; una llanura de baja altitud, próxima a Argentina, Brasil y Paraguay, y una región amazónica con vegetación tropical próxima a Brasil. La llanura es rica en hidrocarburos y sus fértiles tierras generan importantes ingresos por exportación, principalmente gracias a la soja. El país vivió una gran explosión revolucionaria en 1952, que condujo a una reforma agraria, a la nacionalización de las minas, a la implantación de la educación pública gratuita y obligatoria, así como al sufragio universal. De 1971 a 1978, Bolivia vivió bajo la férula del régimen militar del general Hugo Banzer. A partir de 1985, es país estuvo sometido a las peores políticas neoliberales. Para poner fin a 20 años de neoliberalismo, los movimientos sociales bolivianos protagonizaron pujantes y heroicos combates. Desde finales del 2005, por primera vez en la historia boliviana, un representante de la mayoría indígena de la población fue electo presidente. Muy afectada por la crisis de la deuda que estalló en 1982, Bolivia fue sometida a un tratamiento de choque neoliberal a partir de 1985: privatización de las minas y del petróleo, reducción masiva de los salarios y del empleo, apertura económica demencial, reducción de los gastos públicos. El autor intelectual de ese plan de ajuste estructural fue el economista estadounidense Jeffrey Sachs, quien concebiría más tarde el plan de choque aplicado en Rusia y se convertiría en un adepto de la anulación de la deuda de los países pobres, especialmente de los países del Africa sub-sahariana. A partir del año 2000 y hasta el día de hoy, las luchas sociales han sido numerosas y el pueblo boliviano ha desempeñado un papel de vanguardia en el ámbito mundial al poner en el núcleo de la agenda la lucha por el control público de los bienes comunes: la lucha victoriosa en Cochabamba contra la privatización del agua, en abril de 2000, y en El Alto en 2004-2005; la lucha por la recuperación del control público del gas en el 2003 que llevó a la caída del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada |2|.

El marco de la presidencia de Evo Morales

La mayoría de la población es indígena: según el censo de 2001, el 62 % de los bolivianos se consideran parte de las poblaciones nativas indoamericanas, en su mayoría Quechuas y Aymarás. En la aglomeración popular de El Alto (4.000 metros de altitud), situada en las afueras de La Paz, la cual se hizo autónoma en 1985 bajo el efecto de su explosión demográfica, el 80% de sus 850 000 habitantes se consideran indios. La población indígena ha estado excluida del poder central (presidencia de la república y del gobierno) |3|. hasta la elección en 2005 de Evo Morales, indio aymará, campesino, dirigente sindical de los productores de hoja de coca, como presidente de la república boliviana. Desde esta fecha, el MAS (Movimiento al Socialismo), el partido de Evo Morales, dispone de una mayoría en la Cámara de diputados, pero no en el Senado, dominado por la derecha, que trata de bloquear todas las reformas democráticas y todas las medidas que benefician al pueblo. La reforma constitucional está en el centro del debate y de las polémicas políticas. Aun cuando es igualmente mayoritario en la asamblea constituyente, el MAS no cuenta con los dos tercios necesarios para la aprobación de las proposiciones de cambios constitucionales. En el 2006, Evo Morales y su gobierno decretaron la nacionalización del petróleo y el gas, lo que es muy bien recibido por una gran mayoría de la población. La aplicación de esta medida toma tiempo y esto ha suscitado tensiones en el campo que apoya a Evo Morales. Empero, el gobierno ha tenido éxito en obtener que las multinacionales que operan en el país entreguen una parte mucho más importante de sus ingresos al Tesoro Público, lo que permite incrementar los gastos sociales. Los prefectos de los departamentos de Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando, al servicio de los capitalistas locales (industriales, latifundistas, comerciantes especializados en el comercio exterior) hacen todo lo posible para desestabilizar el gobierno de Evo Morales: amenaza de secesión, negativa a aplicar reformas, movilización de sectores de la población financiada por las patronales, campaña difamatoria contra el presidente y su gobierno. Los dirigentes de la rica provincia de Santa Cruz se comportan como los dirigentes de Croacia cuando se produjo la desintegración de Yugoslavia al principio de los años 90. A medias palabras dicen que no quieren seguir financiando a las provincias pobres ni a La Paz. Asistimos al mismo juego centrífugo en Venezuela con el estado petrolero de Zulia (cuya capital es Maracaibo), que también amenaza con separarse del resto del país; lo mismo que en Ecuador con Guayaquil (ciudad muy rica del litoral controlada por la derecha). Las declaraciones de ciertos dirigentes de la derecha son descaradamente racistas. El alcalde de Santa Cruz, Percy Fernández, declaró el 9 de diciembre de 2007: «En este país, pronto habrá que pintarse y ponerse plumas para existir.». |4|

El camino hacia la elección de Evo Morales y la mutación del movimiento social |5|

El movimiento social ha conocido una mutación profunda en el curso de los últimos veinte años. Hasta la privatización de las minas decidida en 1985, la Central Obrera Boliviana (COB) constituía, incontestablemente, desde hacía cuarenta años, el movimiento social más importante. Protagonizaba un papel político de primer plano |6| y llevaba adelante un programa de izquierda muy radical. Los mineros constituían su columna vertebral. Era en el mismo momento en que Margaret Thatcher en Gran Bretaña y el presidente boliviano Víctor Paz Estensoro lanzaban sus victoriosas ofensivas contra los mineros de sus respectivos países. Esto indica que en el Norte y en el Sur del planeta se perseguían objetivos semejantes en el marco de la ofensiva del capital contra el trabajo bajo la bandera del neoliberalismo. Para el movimiento social, el efecto de la privatización de las minas y el cierre de un gran número de ellas tuvo efectos aún más graves en Bolivia que en Gran Bretaña, pues el país andino no tenía otros grandes sectores industriales. La crisis de la deuda, que golpeó de lleno a Bolivia a partir de 1982 desembocó en una suspensión de pagos en 1984. El FMI y el Banco Mundial, respaldados por el economista demócrata Jeffrey Sachs, obtuvieron el consentimiento del gobierno boliviano para aplicar a partir de 1985 una política brutal de ajuste estructural. Más allá de los 23 000 mineros del sector público y los 5 000 del sector privado que perdieron su trabajo, todo el pueblo sufrió las consecuencias del ajuste de choque: 18 000 empleados públicos despedidos, reducción del 40% del salario real en los sectores público y privado en septiembre de 1985 como resultado de la devaluación y de las medidas asociadas, modificación de las leyes sociales a favor de la patronal que incluía una fuerte precarización del estatuto de los trabajadores. La ofensiva neoliberal se consolidó en 1990 mediante la sanción de la ley sobre las inversiones, que puso fin al control de cambios e instauró la libertad total de los movimientos de capitales y la posibilidad de establecer zonas francas industriales, exoneradas de impuestos; en 1992 mediante una nueva ley sobre las privatizaciones; en 1994 con la ley sobre la capitalización; en 1996 con la ley 1689, que llevaba aún más lejos el control de la economía por las grandes empresas extranjeras (Repsol, BP, Enron y Shell) y las filiales de la antigua empresa pública petrolera (YPFB). Es en ese marco de profundo retroceso del movimiento obrero en el que nacen las condiciones de la mutación del movimiento social, y eso, de una manera muy particular. Los sindicatos de los cultivadores de coca y los comités de barrio devienen el elemento decisivo del movimiento social durante el curso de los años 90. La dimensión indígena de la lucha adquiere mayor amplitud que durante los decenios anteriores. ¿Cómo sucedió eso? Uno de los fenómenos a tomar en cuenta es la migración hacia la región del Chapare de decenas de miles de indígenas que perdieron sus empleos de mineros o que habían sido víctimas de la sequía que asoló el altiplano durante la primera mitad de los años 80. La familia de Evo Morales era parte de esas familias campesinas que abandonaron las altas mesetas áridas y frías para dirigirse a las tierras cálidas y húmedas de baja altitud del Chapare, en el departamento de Cochabamba. El cultivo de la coca ha constituido la actividad más remuneradora que se les presentaba como principal reconversión. Las familias de los mineros y de campesinos provenientes de las otras regiones se establecieron por su propia cuenta y han venido trabajando en un esquema colectivo. La coca es una planta sagrada para los aborígenes de Bolivia y de otros países andinos. La hoja de coca tiene importantes virtudes: corta el hambre, permite combatir el mal de altura (la puna), reduce la sensación de fatiga. El consumo de hoja de coca por acullico (maceración en la boca) o en tisana es generalizado. En el Chapare, las condiciones climáticas son ideales y permiten producir por lo menos tres cosechas al año. La hoja se conserva y transporta sin dificultad. Es el único producto agrícola fácilmente cultivable y comercializable. Otros cultivos no resultaban rentables porque el Chapare no disponía de vías de comunicación y de comercialización adecuadas. En el curso de los años 80 muchas familias, como la de Evo Morales, abandonaron el cultivo de la patata del altiplano por el de la coca. Hay que mencionar que el precio de la hoja de coca había aumentado fuertemente a partir de la década de los 70 como consecuencia de una demanda internacional creciente por esta planta, de la cual se extrae la cocaína mediante algunas manipulaciones químicas. Veinte años más tarde, Evo Morales dirá en su discurso de toma de posesión como Presidente de la República: «Nosotros queremos decirle a la comunidad internacional que la droga, la cocaína, el narcotráfico no hacen parte de la cultura andina ni de la amazónica. Infortunadamente es un mal importado y es necesario acabar con el narcotráfico, hay que acabar con la cocaína. Pero no será coca cero, sino que será cocaína cero, narcotráfico cero.» |7| Fenómeno extremamente interesante: los mineros que se convirtieron en agricultores en el Chaparé llevaron consigo sus tradiciones de organización y sus concepciones políticas. Las familias de cultivadores se organizaron en sindicatos y éstos han desempeñado un papel importante en su vida cotidiana, interviniendo en la repartición de las tierras, en la justicia en caso de conflictos, en la organización del trabajo colectivo (mantenimiento de los caminos, construcción de escuelas) en una región donde el Estado brillaba por su ausencia. Igualmente, los sindicatos organizaron la resistencia de los cultivadores (los cocaleros) contra la estrategia de erradicación de la coca aplicada por el gobierno de Paz Estensoro a partir de 1986, bajo la presión del presidente Ronald Reagan. Esta política también fue aplicada por otros gobiernos hasta la caída de Gonzalo Sánchez de Lozada en 2003. Los cultivadores de coca del Chapare estaban organizados en seis federaciones sindicales diferentes. Para enfrentar la represión y la erradicación de su cultivo, se vieron obligados a superar las divisiones entre las federaciones, para poder coordinarse mejor y organizar la autodefensa frente al ejército. Por otra parte, a partir de 1988, la CSUTCB, la principal federación sindical campesina boliviana (que agrupaba en su seno buena parte de los cocaleros), se pronunció a favor de la construcción de un instrumento político propio de los sindicatos. Los sindicalistas, tras haber comprobado que nunca lograban un cambio político, particularmente en el nivel del gobierno, se convencieron de que debían dotarse de un brazo político a fin de estar presentes en el Parlamento y en todos los niveles de los poderes públicos, mediante la participación en las elecciones. La conmemoración en 1992 del 500º aniversario del comienzo de la conquista colonial iniciada con Cristóbal Colón constituyó otro momento importante en la mutación del movimiento social. En aquella ocasión, el 12 de Octubre de 1992, se reunió la primera Asamblea de los Pueblos Originarios, que se considera la partida de nacimiento del movimiento campesino indígena como sujeto político. Por lo demás, los movimientos cocaleros no son la única expresión de la mutación del movimiento social boliviano. También hay que mencionar las juntas de vecinos, especialmente las de El Alto, una ciudad creció como un hongo, de la noche a la mañana, fuertemente influenciadas también por la tradición sindical y radical de los mineros. Sin olvidar al movimiento contra la privatización del agua en Cochabamba y El Alto. En fin, la COB, que aunque debilitada por las políticas neoliberales sigue activa en varias ciudades y regiones del país. Bolivia es seguramente uno de los países del planeta donde el movimiento social está más desarrollado y más politizado.

De la coca a la presidencia de la República

En 1996, Evo Morales fue elegido presidente de las seis federaciones sindicales de cocaleros del Chapare. A finales de los años 90, Evo Morales y sus seguidores lanzaron el MAS-IPSP (Movimiento al Socialismo – instrumento político para la soberanía de los pueblos) concretando la orientación adoptada en 1988 concerniente a la creación de un instrumento político del movimiento social. Con el paso de los años, el MAS se convirtió en la fuerza política de izquierda más importante, aun cuando también otras experiencias políticas se desarrollaron dentro del esquema de prolongación de la orientación de la CSUTCB de 1988, notoriamente el MIP de Felipe Quispe |8|, sin dejar de tener en cuenta a los numerosos partidos de izquierda que tienen un origen más antiguo. En 1997, Evo Morales fue elegido diputado al Parlamento Nacional con el 70% de los votos en su circunscripción. Al fin de su mandato parlamentario, en enero de 2002, cuando lanzó su candidatura a la presidencia, el Parlamento votó su exclusión |9|, acusándolo de ser el autor intelectual de los disturbios que sacudieran el Chapare durante cuatro días, a raíz del aumento de la represión gubernamental contra los cocaleros. El embajador de Estados-Unidos multiplicó las declaraciones contra Evo Morales durante la campaña presidencial, |10| lo que contribuyó a incrementar su fama y su popularidad. Evo Morales, con humor, dijo que ese embajador se comportaba como si fuera su jefe de campaña electoral. Resultado electoral de junio 2002: Evo Morales llegó en segunda posición y el MAS consiguió 27 diputados y 8 senadores. |11| La rebelión popular de octubre de 2003 contra la política del gobierno en materia de explotación y exportación del gas, provocó la caída del presidente Sánchez de Lozada, electo en junio 2002, y en diciembre 2005, tras una transición agitada, nuevas elecciones presidenciales dieron la victoria a Evo Morales, con el 53,74 % de los votos. |12| El programa del MAS y de Evo Morales está constituido por un conjunto de reformas que se proponen principalmente consagrar en todas sus dimensiones los derechos de la mayoría indígena, víctima de más de cinco siglos de opresión. Tienden a restablecer el control público sobre los recursos naturales para que éstos sirvan para satisfacer los derechos económicos, sociales y culturales de los ciudadanos bolivianos. La reforma constitucional apunta a la democratización del sistema político y económico del país. Se trata de un ambicioso programa reformista que no conduce necesaria ni automáticamente en la ruptura con el capitalismo. Si las clases poseedoras deciden aceptar que se hagan concesiones importantes, podrán continuar obteniendo beneficios y el Estado no tocará sus propiedades, salvo que éstas afecten el interés colectivo. Ese es, por ejemplo, el caso de las grandes haciendas baldías. Empero, si las clases opulentas rehusaran hacer concesiones, si las empresas extranjeras comenzaran a sabotear las políticas del gobierno, el proceso podría radicalizarse. La actitud, la vigilancia (auditoría social) y la acción de los movimientos sociales desempeñarán un papel importante. Por otra parte, el presidente de la República, Evo Morales, se ha mantenido al frente de las seis federaciones de cocaleros. El futuro dirá si la presencia del MAS en el poder fue un verdadero instrumento de emancipación de los oprimidos o si, como se ha visto ya en varios episodios de la historia, se transformó en un instrumento del poder para tratar desde arriba de disciplinar al pueblo, acomodándose al orden establecido. El discurso oficial y ciertas realizaciones apuntan claramente en la buena perspectiva, pero hará falta emitir juicio sobre un período de cinco a diez años para ver el giro que tomarán las acciones del gobierno. Esperamos que las enormes esperanzas que el pueblo boliviano ha puesto en su presidente y su gobierno no serán defraudadas.

El retorno del petróleo y el gas al patrimonio común

El 1º de mayo de 2006, por decreto presidencial, el Estado boliviano ha retomado el control del sector de los hidrocarburos que había cedido a las grandes compañías privadas extranjeras durante el curso de los años 80 y 90. El ejército fue enviado a todos los campos petroleros y gasíferos a fin de tomar posesión de ellos. Eso provocó numerosas protestas por parte de las multinacionales petroleras y de los gobiernos de sus países de origen. El presidente Lula ha estado fuertemente presionado por la derecha brasileña para que denunciara la decisión boliviana, que causaba perjuicios a los intereses de Petrobrás, pero finalmente manifestó su comprensión con respecto a la decisión de Evo Morales. Joseph Stiglitz, premio Nóbel de economía del 2001, |14| ha descrito la nacionalización de los hidrocarburos en Bolivia como un proceso de «restitución de bienes» |15| que ya pertenecen al gobierno de Bolivia y ha considerado como «necesario» que Bolivia reciba una «justa compensación» por sus recursos naturales. El economista estadounidense, ex vicepresidente y economista jefe del Banco Mundial, destacó que el fracaso del modelo neoliberal, impuesto por el Consenso de Washington para tratar de reducir al mínimo el papel del Estado en las economías nacionales, era manifiesto, y subrayó que Bolivia, hasta hace poco uno de los mejores alumnos del modelo neoliberal, «ha sufrido todos los males (de su aplicación) pero no ha recibido ningún beneficio de la experiencia – está claro que debe haber un cambio en su modelo económico». En ese contexto, Stiglitz no quiso calificar la nueva política energética adoptada por Evo Morales de «nacionalización», sino más bien de «recuperación» de los recursos bolivianos, o de «devolución a Bolivia de bienes que ya era suyos». «Cuando a una persona le roban, digamos, un cuadro, que luego le es devuelto, no podemos llamar a eso una renacionalización, sino mas bien la devolución de un bien que le pertenecía anteriormente», ha explicado Stiglitz. Por contraste, desde Washington, el FMI ha puesto en guardia contra las «consecuencias económicas de gran escala», añadiendo que el evento podría desalentar a los inversores extranjeros. La nacionalización no implicó la expulsión de las empresas petroleras extranjeras, éstas pudieron continuar explotando los hidrocarburos, pero a condición de rendirle al Estado unos ingresos más importantes. A pesar de las protestas que han emitido, todas han mantenido sus actividades. Una prueba más de que un Estado que tiene la voluntad puede imponer a las empresas privadas extrajeras el respeto a sus decisiones. El desafío al que el gobierno boliviano está confrontado es el de dotarse rápidamente, con la ayuda de otros países, como Venezuela, de medios para desarrollar una verdadera industria pública de los hidrocarburos capaz de proveer, como primera prioridad, al mercado interno tanto de combustibles como de diferentes derivados útiles al desarrollo del país.

Bolivia abandona el CIADI, el tribunal instituido por el Banco Mundial |16|

Desde el 2 de mayo 2007, Bolivia ya no forma parte del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), órgano del grupo Banco Mundial. Esta decisión fue anunciada por el presidente Evo Morales con ocasión de la cumbre de los países miembros del ALBA |17|, el 29 de Abril 2007, y oficializada el 2 de mayo en una carta enviada al Banco Mundial. Venezuela y Nicaragua habían declarado que harían otro tanto, pero aún no han concretado esta decisión. Para comprender lo que está en juego en la retirada del CIADI, se impone un breve repaso sobre su razón de ser y la historia reciente de sus actuaciones en Bolivia. Instituido en 1996, comprende 144 países (llamados «Estados contratantes»). Bolivia, que ha comparecido dos veces ante esta instancia, se adhirió a ella en 1995. La función principal de este órgano del grupo Banco Mundial es arbitrar los litigios asociados a las inversiones realizadas por los ciudadanos de un Estado contratante en otro Estado contratante. Si bien el CIADI se presenta como una institución autónoma, en realidad está estrechamente ligado al resto del grupo Banco Mundial |18| y el tenor de sus decisiones deja pocas dudas en cuanto a sus orientaciones: es siempre el mismo credo neoliberal lo que defiende, protegiendo los intereses de los países ricos y de las multinacionales y amenazando a la vez la soberanía de los Estados. Las cifras hablan por sí mismas: de las 232 querellas presentadas ante el CIADI, 230 fueron de multinacionales; en los 109 diferendos tratados por el CIADI hasta febrero de 2007, el 74 % de los demandados eran de países en vías de desarrollo; en fin, en el 36 % de los casos, el CIADI dictaminó a favor de las multinacionales, y en el 34 % de los casos, los diferendos se resolvieron fuera del Centro, pero con compensación financiera para las empresas; en los raros casos en que el Estado ganó, éste no recibió ningún beneficio de indemnización. No obstante, esta distorsión no tiene nada de extraño, proviniendo de un «árbitro» que, en tanto que entidad del grupo Banco Mundial, es a la vez juez y parte.

Una relación incestuosa

El Banco Mundial, por la vía de sus préstamos condicionados, impone a los países especialmente la privatización de los servicios públicos y de los recursos naturales y la sanción de leyes favorables a las inversiones extranjeras (exención de impuestos, libre circulación de capitales, bienes y servicios, etc.). Esto deja libre el camino a las grandes multinacionales, las que no tienen más que servirse. A veces, el Banco Mundial toma parte directamente en las inversiones, por medio de su filial SFI (Sociedad Financiera Internacional), o las garantiza recurriendo a su intermediaria AMGI (Agencia Multilateral de Garantías e Inversiones). Cuando esas «empresas» tienen un conflicto con las autoridades locales, generalmente recurren a los buenos oficios del CIADI, que decide a favor de las multinacionales que el propio Banco Mundial estimulado a invertir. El rizo se ha rizado y la nación del caso es tomada como rehén. Esta relación incestuosa entre el CIADI y el resto del grupo Banco Mundial estuvo muy cerca de costarle caro al pueblo boliviano, involucrado en dos «guerras del agua», en Cochabamba en el 2000 y en El Alto en 2005. En ambos casos, la población luchó para recuperar el control del aprovisionamiento de agua potable, donde la privatización había sido impuesta por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. La gestión se había confiado entonces, en condiciones dudosas, |19| a filiales de grandes multinacionales: en El Alto, se trataba de Aguas del Illimani, filial del grupo francés Suez y en la que la SFI tenía una participación accionaria del 8 % |20|, y en Cochabamba, la empresa Aguas del Tunari, vinculada al gigante estadounidense Bechtel. Ambas empresas, como era de esperar habían, privilegiado la lógica del beneficio, limitando peligrosamente sus inversiones (para expansión y mantenimiento) e incrementando en forma drástica las tarifas, privando así a una gran parte de la población del acceso al agua. Bajo la presión del pueblo boliviano, determinado a no dejar que esas empresas pisotearan sus derechos fundamentales, las concesiones a las empresas fueron canceladas y la gestión del agua se confió de nuevo al sector público. Bechtel y Suez, como era de esperar, amenazaron con llevar ambos casos al CIADI. Bechtel llegó a reclamar 25 millones de dólares para compensar «la expropiación de beneficios futuros», cuando la empresa no había invertido más que 500.000 dólares durante los siete meses que duró la concesión. Ante el rechazo de Bolivia, apoyada por numerosas organizaciones sociales en Estados Unidos, Bechtel finalmente renunció a su querella antes de que el proceso se hubiera realmente iniciado. Se trata de una primera victoria. Por su parte Suez, bajo la presión de una campaña internacional de solidaridad con el pueblo y el Estado bolivianos |21|, no ha planteado aún su demanda. Se trata de una segunda victoria, que demuestra que la voluntad de un Estado del Sur y la movilización popular pueden hacer que una multinacional se bata en retirada.

«No se puede participar en un organismo donde los Estados son siempre perdedores» |22|

Esos dos casos aclaran por sí mismos los motivos de los pasos de Evo Morales. El gobierno boliviano presentó seis argumentos para justificar su decisión. Denunció el carácter desequilibrado del CIADI y su propensión a favorecer a las multinacionales, aun cuando ellas mismas resultan culpables de no respetar la Constitución o las leyes bolivianas. El presidente explicó al respecto: «Ustedes tienen sociedades que no respetan ni las leyes ni los contratos, que a veces no pagan sus impuestos, y a las que cada vez el CIADI les da la razón.»" |23|.Así mismo, calificó a dicho tribunal de antidemocrático, puesto que sus audiencias se hacen a puerta cerrada y sus decisiones son inapelables. Más aún, el costo asociado a sus procedimientos es muy elevado, lo mismo que las indemnizaciones demandadas por las multinacionales, que reclaman con frecuencia una indemnización por los beneficios cesantes causados por la ruptura del contrato. En fin, el gobierno ha recordado la ilegitimidad de un árbitro que es a la vez juez y parte, y la inconstitucionalidad de los recursos a esta instancia. En efecto, la Constitución boliviana es clara: el artículo 135 establece que todas las empresas que operan en Bolivia están sometidas a la soberanía, a las leyes y a las autoridades de la República. Por lo tanto, los diferendos entre el Estado y las empresas extranjeras son competencia de los tribunales bolivianos.

Otra multinacional se enfrenta a Bolivia por medio del CIADI

El 12 de octubre de 2007, Euro Telecom Internacional (ETI), una filial totalmente participada por Telecom Italia y controlada por capital italiano y español, ha entablado una acción en el CIADI contra Bolivia. |24|ETI posee la empresa boliviana de telefonía ENTEL, principal operadora en telecomunicaciones en el país andino. La multinacional pretende que la voluntad del gobierno boliviano de examinar los resultados de la empresa y de entablar negociaciones para aumentar su control sobre la principal operadora de telecomunicaciones del país ha «destruido» su inversión. Telecom Italia/ETI ha incoado su querella después de que Bolivia afirmara, el 2 de mayo de 2007, su decisión de retirarse del CIADI. Pese a eso, el CIADI admitió la demanda el 31 de octubre de 2007. Hay que recordar que la secretaria general del CIADI y vicepresidenta del Banco Mundial no es otra que Ana Palacios, ex ministra de Asuntos Exteriores del gobierno español de José María Aznar, bien conocido por su apoyo a los intereses de las multinacionales. Es igualmente necesario saber que, desde octubre de 2007, es la multinacional española Telefónica la que controla Telecom Italia/ETI. La compañía telefónica ENTEL forma parte de las empresas privadas a causa de las políticas impuestas por el Banco Mundial y el FMI. Antes de su privatización, ENTEL era, con la empresa petrolera y gasera pública YPFB, uno de los principales contribuyentes públicos a las rentas del Estado y una de las empresas públicas mejor gestionadas y más rentables. Quedó luego bajo el control —por recompra del 50 % de las acciones— de la compañía italiana STET, absorbida por Telecom Italia en 1997. Telecom Italia se ha beneficiado así del monopolio de hecho de que gozaba la empresa pública por el control del 80 % del mercado de las llamadas de larga distancia y del 75 % del mercado de la telefonía móvil. La estrategia de Telecom Italia ha consistido en invertir justo lo suficiente para consolidar la posición de ENTEL como actor dominante en el mercado boliviano y para generar beneficios para Telecom Italia/ETI. La firma fue acusada por el gobierno de Evo Morales de desviar recursos de ENTEL y transferirlos a filiales fuera de Bolivia totalmente en manos de Telecom Italia/ETI. La ley prohibía la transferencia de recursos fuera de Bolivia mientras la empresa no cumpliera con sus obligaciones de inversión, tal como están establecidas en el contrato de privatización de 1995. La firma ha efectuado exportaciones de capitales por cientos de millones de dólares, que luego fueron transferidos a los accionistas extranjeros, cuando los servicios de telecomunicaciones y de información eran —y son todavía— largamente insuficientes. ¿Cuál es el motivo de la querella de ETI (Telecom Italia) contra Bolivia? En el 2006, el gobierno de Evo Morales criticó la privatización de ENTEL en beneficio de Telecom Italia/ETI. Se había dado cuenta de las numerosas lagunas en los servicios que se debe prestar a la población y de la carencia de ingresos fiscales a causa de la transferencia de capitales al exterior. En marzo y abril de 2007, el gobierno formó una comisión para que estudiara y recomendara propuestas para recuperar el control de ENTEL. En lugar de someterse a las instancias de regulación y de los tribunales bolivianos, Telecom Italia/ETI prefirió apelar al CIADI. Pero en Bolivia, por vez primera, un presidente democráticamente electo tiene la voluntad y la capacidad de examinar la gestión de las operadoras privatizadas y hace lo necesario para defender y promover el interés público. Es eso lo que quiere decir el presidente Morales al hablar de buscar «socios y no patrones» en sus relaciones con las empresas extranjeras. Para establecer relaciones con socios es necesario restablecer equilibrios justos. En este caso, se trata de asegurar que los recursos generados en Bolivia sean para servir a su desarrollo. Ha sido por eso por lo que Bolivia se retiró del CIADI y por lo que examina atentamente los tratados de inversión firmados con varios países. Por todas esas razones, es muy importante apoyar a Bolivia con toda firmeza frente a Telecom Italia/ETI/Telefónica y el CIADI.

La deuda boliviana

La deuda pública externa de Bolivia se ha reducido en un 45 % en el período 2005-2006. En el marco de la decisión de la iniciativa PPAE (Países pobres altamente endeudados), el Banco Mundial, el FMI y el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) anularon aproximadamente 2.000 millones de dólares de la deuda externa boliviana. En cambio, la deuda pública interna ha subido como un cohete estos últimos años y supera hoy a la deuda pública externa. El servicio de la deuda pública no baja y oscila entre los 800 y los 900 millones de dólares anuales. En el año 2006, el servicio de la deuda pública interna le costó al Tesoro público 556 millones de dólares y el de la deuda pública externa 325 millones de dólares. El fardo del pago de la deuda sigue siendo muy pesado, demasiado pesado frente a los gastos sociales. Un hecho inquietante: Evo Morales declaró en noviembre de 2007, en la cumbre iberoamericana que se llevó a cabo en Santiago de Chile, que Bolivia debía incrementar sus préstamos de las instituciones financieras internacionales. El proyecto de nueva Constitución aprobado por la asamblea constituyente el 9 de diciembre de 2007. En el clima político y social tendido al extremo, una mayoría cualificada de miembros de la asamblea constituyente aprobó el 9 de diciembre 2007 el nuevo proyecto de Constitución que será sometido en 2008 a un referendum popular. La derecha ha multiplicado los obstáculos a la adopción de la reforma constitucional por la asamblea constituyente, en la que el MAS dispone de una mayoría simple. La derecha al principio arrastró y prolongó los trabajos previos, y luego se negó a buscar compromisos aceptables. Después adoptó la política de la silla vacía creyendo que así impediría la continuación de los trabajos y el comienzo de las votaciones. También apoyó a las élites de la ciudad de Sucre en su reivindicación de la «recuperación» de los poderes legislativo y ejecutivo, lo que en última instancia provocó el bloqueo de la Constitución durante los últimos meses. La derecha quiere evitar todos los cambios constitucionales importantes. El sabotaje ha durado más de un año. La situación estaba tan bloqueada que la constituyente tuvo que suspender sus trabajos y sesiones durante tres meses. Cuando las reinició, en noviembre de 2007, la derecha estaba ausente. Después de dos semanas de trabajos, la Asamblea aprobó el proyecto. Algunos diputados de derecha se sumaron a la aprobación. Todo esto se lleva a cabo en medio de provocaciones de la oposición de derecha en varios lugares del país y de intensas movilizaciones del campo a favor del MAS. La derecha intentó sin éxito paralizar el tráfico en las carreteras en torno a Sucre, la capital histórica del país, donde se celebraba la asambleas Organizó manifestaciones contra las asociaciones indígenas que habían ido a aportar su apoyo a la asamblea constituyente. Finalmente, fue necesario trasladar la asamblea a la ciudad de Oruro durante un fin de semana, en el curso del cual se votó la aprobación del texto. La garantía de los derechos individuales y colectivos está en el centro de las propuestas de reforma constitucional. Sin pretender dar una visión de conjunto ni exhaustiva, veamos algunos aspectos de la Constitución, a título de ejemplos. Según el proyecto (art. 11 II), la democracia se ejerce: 1. de manera directa y participativa por medio del referendum, de la iniciativa legislativa del ciudadano, de la revocación de mandatos, |25| de la realización de asambleas y de estados generales; 2. de manera representativa por medio de la elección de representantes por sufragio universal, directo y secreto, entre otras; 3. de manera comunitaria por medio de la elección, de la designación o de la nominación de autoridades y de representantes por los medios y procedimientos propios de cada nación y en los pueblos de origen indígena. Según el artículo 14, el Estado prohíbe y sanciona toda forma de discriminación, ya esté fundada sobre el sexo, el color, la edad, la orientación sexual, la identidad de género, el origen, la cultura, la nacionalidad, la ciudadanía, la lengua, la religión, la ideología, la filiación política o filosófica, el estado civil, la condición económica o social, el tipo de ocupación, el grado de instrucción, el defecto físico, el hecho de estar encinta, y otras que tuvieren por objetivo o resultado el anular o disminuir el reconocimiento, el disfrute y el ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos de toda persona. El Estado garantiza el ejercicio de los derechos establecidos en los tratados internacionales de los derechos humanos. En lo que concierne a los derechos, nadie será obligado a hacer lo que la Constitución y las leyes no demandan, ni de privarse de lo que ellas no prohíben. Art 15: I) Nadie será torturado ni sufrirá tratamientos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes. La pena de muerte no existe. II) Toda persona, en particular las mujeres, tiene derecho a no sufrir violencia física, sexual o psicológica tanto en el nivel de la familia como en el nivel de la sociedad. III) El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia contra las mujeres. Art 16: I) Toda persona tiene derecho al agua y a la alimentación. II) El Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad alimentaria. En materia de salud, el Estado garantiza un amplio sistema de salud pública gratuita. Según el artículo 38, los bienes y servicios públicos de salud son prioridades del Estado y no pueden ser privatizados ni ser objeto de concesiones al sector privado. Art 41:II) El Estado dará prioridad a los medicamentos genéricos para el financiamiento de su producción en el país. III) El derecho de acceso a los medicamentos no podrá ser restringido por los derechos de la propiedad intelectual. Art 45: I) Todas las bolivianas y todos los bolivianos tienen derecho a la seguridad social gratuitamente. II) La seguridad social será regida según los principios de universalidad, de igualdad, de solidaridad, de unidad de gestión, de economía, de oportunidad, de interculturalidad y de eficacia. Su dirección y su administración son de la jurisdicción del Estado, con el control y la participación social. V) Las mujeres tienen derecho a la maternidad asegurada, con una visión y una práctica interculturales; ellas gozarán de una asistencia especial y de la protección del estado durante la preñez, el parto, y los períodos pre y post natales. VI) Los servicios de seguridad social pública no podrán ser privatizados. En materia de educación, según el artículo 77: I) La educación constituye una función suprema y es la primera responsabilidad financiera del estado. Art 78: III) El sistema educativo es liberador y revolucionario… Art 81: I) La educación es obligatoria hasta el final del ciclo secundario. II) La educación es gratuita a todos los niveles hasta el ciclo superior. Art 94: III) El Estado no subvencionará las universidades privadas. Derechos de los trabajadores. El artículo 48 prevé la inversión de la prueba a favor de la trabajadora y del trabajador. IV) Los salarios y las indemnizaciones debidas a los trabajadores tienen preeminencia sobre toda otra acreencia, son inembargables e imprescriptibles. V) El Estado promoverá la integración de las mujeres al trabajo y les garantizará la misma remuneración que a los hombres por igual trabajo, tanto en el sector público como en el sector privado. Art 53: El derecho a la huelga está garantizado. Art 54: Los trabajadores, a fin de defender su medio de trabajo y en consideración al interés social, podrán relanzar y reorganizar empresas en liquidación, cerradas o abandonadas de manera injustificada, y formar empresas comunitarias o sociales. El Estado podrá ayudar la acción de los trabajadores. En materia de propiedad, el artículo 56 prevé que «toda persona tiene derecho a la propiedad privada individual o colectiva, siempre que ella tenga una función social. La propiedad privada está garantizada siempre que el uso que se haga de ella no comporte perjuicio al interés colectivo. El derecho a la herencia está garantizado.» Según el artículo 57, «La expropiación podrá hacerse por causas de necesidad o de utilidad pública, o cuando la propiedad no cumpla ninguna función social.» Esto apunta evidentemente sobre todo a ciertas grandes propiedades rurales. En materia de defensa (art. 19), Bolivia no podrá aceptar ninguna base extranjera sobre su territorio y no podrá participar en ninguna guerra de agresión. Si la reforma fuese votada favorablemente en el referendum, constituiría un avance importante para la democracia política y para la garantía de los derechos económicos, sociales y culturales de la población. Sin duda, la aprobación de esta nueva Constitución no puede desembocar inmediatamente en la concreción inmediata de todas sus disposiciones en materia de derechos colectivos e individuales. En realidad, una serie de artículos constituyen objetivos a mediano término. Lo que es decisivo, es que la adopción del texto ofrecerá un marco legal al gobierno y al poder legislativo para llevar adelante mucho más lejos las reformas ya apuntadas desde 2006. Y, como corolario, ofrecerá también un marco legal al movimiento social para exigir del gobierno que adopte todas las medidas necesarias para la concreción de la Constitución. Como se ve, lo que está en juego es enorme. Notas: |1| Sucre es la capital histórica (y administrativa) de Bolivia. Pero después de la Guerra Federal de 1899 los poderes ejecutivo y legislativo fueron transferidos a la ciudad de La Paz, dejando en Sucre nada más que la sede de la Corte Suprema. |2| Ver Éric Toussaint, Bolivie : La lutte des peuples pour l’exercice de la souveraineté sur les ressources naturelles, 20 de octubre de 2003, http://www.cadtm.org/spip.php?article107 |3| Después de la revolución de 1952, que permitió a la mayoría nativa, gracias a la conquista del sufragio universal, acceder a la condición de electores, resultaron electos parlamentarios indígenas. |4| Citado por Harvé Do Alto: «La Constitución existe, la inestabilidad persiste», Rouge, el 13 de Diciembre 2007. |5| Esta parte se basa marcadamente en Hervé Do Alto y Pablo Stefanoni, "Evo Morales, de la coca al Palacio". Una oportunidad para la izquierda indígena, Editorial Malatesta, La Paz, 2006, y en Carlos Cortéz Romero, «En la ruta emancipatoria», en América latina en movimiento, octubre de 2007. Ver también los numerosos estudios dedicados a los movimientos sociales por el actual vicepresidente boliviano Álvaro García Linera (y Álvaro García). |6| A partir de 1952, la Central Obrera Boliviana (COB), pujante sindicato del que los obreros constituían la columna vertebral, participaba en el gobierno y designaba a cuatro ministros. La COB tenía derecho de veto sobre las políticas de industrias extractivas. Ver Hervé Do Alto y Pablo Stefanoni, Evo Morales, de la coca al palacio. Una oportunidad para la izquierda indígena, op. Cit., Editorial Malatesta, La Paz, 2006, p.59. |7| Discurso de Evo Morales el 26 de Enero 2006. Ver amplios extractos más adelante en este capítulo. |8| Felipe Quispe participó, al lado de Álvaro García Linera, en la guerrilla katarista EGTK y fue secretario ejecutivo de la CSUTCB |9| La decisión fue anulada por el tribunal constitucional en Junio 2002. |10| El embajador Manuel Rocha declaró literalmente a la prensa en junio 2002: «Una Bolivia dirigida por gentes que se han beneficiado del narcotráfico no puede esperar que Estados-Unidos permanezca abierto a las exportaciones tradicionales de textiles.» (La Razón, La Paz, 28 junio de 2002). |11| El MAS obtuvo la mayoría en el Chapare (80 % de los votos en Villa Tunari), en El Alto, en Oruro y en los barrios populares de la ciudad de Cochabamba. |12| Con una tasa de participación electoral muy elevada: 84%. Además, es importante notar que en la misma Santa Cruz, bastión de la derecha, el MAS recogió el 33,2% de los votos. |13| Moneda boliviana. Un Euro equivale aproximadamente a 10 bolivianos |14| Conocido popularmente bajo este nombre, el premio Nóbel de economía es en verdad un premio del Banco de Suecia en ciencias económicas y no en sí un premio Nóbel. |15| Las citas de J. Stiglitz han sido tomadas del diario mexicano La Jornada del 19 de mayo de 2006. |16| Para información en detalle, ver Stefanie Jacquemont, Yolaine Lhoist, La Bolivie porte une estocade á la Banque mondiale, 29 octobre 2007, www.cadtm.org/spip.php?article2923 |17| La Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA) reúne a Venezuela, Bolivia, Cuba, Nicaragua. Ecuador se acerca. |18| El presidente del Banco Mundial preside también el Consejo de Administración del CIRDI y todos los miembros del CIRDI son igualmente miembros del Banco Mundial. |19| Las empresas eran en los dos casos las únicas oferentes. |20| Ver Eric Toussaint, Banco Mondial: el golpe de Estado permanente. La agenda oculta del Consenso de Washington, El Viejo Topo, Mataró, 2006, pp. 293-295. |21| Ver Eric Toussaint, Sous la pression populaire, le président bolivien met fin à la présence de Suez en Bolivie, 17 febrero 2005, http://www.cadtm.org/spip.php?article1156 |22| Cita tomada de la entrevista a Evo Morales por Benito Pérez: «Evo Morales: "La Bolivie n’a plus de maîtres mais de partenaires"», Le Courrier, 30/06/2007. |23| Idem |24| Para mayores detalles sobre el conflicto con Telecom Italia: Campagne internacional, CIRDI/Telecom Italia: Bas les pattes de Bolivia!, 10 décembre 2007, www.cadtm.org/spip.php?article 2982 |25| Según las mismas modalidades de la Constitución venezolana adoptada en 1999. El artículo 241 define precisamente la revocación de los mandatarios.

Evo ha cumplido

Por Marina Menéndez Quintero

Diario Juventud Rebelde Después de la nacionalización de los hidrocarburos y en tanto se define la Carta Magna que marcará el despegue institucional de la refundación, posiblemente ninguna medida del gobierno de Evo Morales ha resultado tan revolucionaria como esta. La entrada en vigor de la renta vitalicia a la vejez a partir de febrero, es un acto de justicia social que supone también, de algún modo, un nuevo modo de enfocar la economía. El pago del Bono Dignidad —la pensión asignada a cada boliviano de más de 60 años— no solo asegurará el sustento a la tercera edad en un espectro estimado en casi 700 000 personas. Además, el hecho de que esos fondos se tomen del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), otorga ahora un prisma más social a la distribución de esos ingresos. "Se ha hecho justicia social y no con dinero prestado, sino con lo que nos da la Pachamama (Madre tierra)", dijo Evo este viernes, al entregar la primera renta en Cochabamba. Según el ejecutivo, el pago mensual de unos 200 bolivianos a cada abuelo, representará al Estado erogaciones por valor de unos 200 millones de dólares. Pero, como ha dicho Morales, "es una obligación del gobierno" y "parte del proceso de cambios". La decisión resulta directamente de otra medida igualmente radical: la devolución a Bolivia de las ganancias que deja la explotación del gas, una vez que los recursos hidrocarburíferos fueron nacionalizados. La renegociación de los contratos de explotación y comercialización del gas a que obligó el Decreto de Nacionalización emitido el Primero de Mayo de 2006 es lo que, precisamente, hace al nuevo Bono sustentable. Sin revisión de los contratos, tal vez no habría sido posible. Según datos brindados en octubre pasado por fuentes gubernamentales, los ingresos por concepto de la explotación de los hidrocarburos se han incrementado de 300 millones a dos mil millones de dólares, después de la nacionalización. Solo los convenios suscritos con Argentina deben representar la entrada de unos 17 000 millones de dólares a la economía nacional, en los próximos dos años. Tales elementos deberían terminar de acallar los alegados temores de los prefectos de la llamada Media Luna Ampliada —los separatistas gobernadores de Santa Cruz, Tarija, Pando, Beni y Cochabamba—, quienes han asumido la medida, solo a regañadientes. Bandera de la oligarquía antirefundación, los prefectos de esos departamentos esgrimieron su oposición al Bono como caballo de batalla contra Evo Morales, bajo el supuesto de que compartir el IDH con los ancianos, traería pérdidas a sus territorios. Las ganancias que dejan los aranceles se han distribuido hasta ahora entre las prefecturas, las municipalidades, y algunos centros de la enseñanza superior. Sin embargo, las cuentas expuestas por el ejecutivo dejan sin argumento a esas quejas, y ponen al descubierto su derrotero soliviantador. A contrapelo de las manipulaciones, y pese a todo, cumplir con la palabra empeñada poniendo el Bono en vigor este mes constituye, además, otro éxito político para el proceso. De cualquier modo, el futuro inmediato de la refundación estará definido por lo que resulte del diálogo entablado por el gobierno con esos mismos prefectos, cabezas visibles hoy de una oposición encabezada por la oligarquía, a la que poco importan los ancianos y que sigue apostado al separatismo y la división.