Pensamiento Crítico

Pena de muerte, el regreso a la barbarie en Guatemala

Por Enrique Álvarez | Incidencia Democrática (Guatemala). ALAI. | 24 Febrero 2008
En Guatemala la "justicia" no funciona, nunca ha funcionado, a pesar de cientos de millones que se han invertido en modernizarla, en capacitaciones, en reformas, la impunidad reina. La injusticia sí que funciona, la mayor parte de la población es pobre, honrada y muy trabajadora. El Estado es débil, ha sido esquilmado históricamente, su institucionalidad ha sido desnaturalizada. Para las clases dominantes el Estado es bueno, únicamente, para facilitar su enriquecimiento desmedido. La mayor parte de la población de Guatemala no tiene acceso a la educación, pero hay colegios para niños privilegiados que mensualmente cobran dos, tres y hasta cuatro veces el salario mínimo. Guatemala es un país marcado por la injusticia social, es el más desigual de América Latina, ya supero a Brasil en ese deshonroso liderazgo. Sin embargo la violencia y la criminalidad no es obra privilegio de pobres, no se trata de criminalizar la pobreza, porque muchos de los más grandes criminales usan cuello blanco, conducen lujosos automóviles y tienen reconocimiento social por los millones que manejan y que logran blanquear en algunos bancos. Son apreciados por una sociedad hipócrita que censura la marginalidad y aplaude la riqueza, sin preocuparse mucho de su origen. La sociedad crea monstruos, los desarrolla, los perfecciona y luego quiere devorarlos, cual moderna Zeus, se come a sus hijos, pretendiendo con este acto invisibilizar su obra maldita. Buscar la redención a través del sacrificio ritual, brutal y absurdo de la pena de muerte; la sociedad repite y emula los actos de barbarie de quienes censura y rechaza de forma brutal, sólo que ahora al amparo de la ley, por lo tanto con la bendición que evita el remordimiento y redime a través de la "justicia". Es la ilusión en la que se sumergen los inconscientes, que creen que el fuego puede apagarse vertiendo líquido inflamable sobre él. En Guatemala sobrevive una sociedad enferma, víctima de una orgía de sangre y de violencia que los grupos más poderosos impusieron para garantizarse que la situación no cambiara, que prevaleciera el régimen de terror la tiranía, a veces expresada en gobiernos militares, otras con civiles títeres, con golpes de Estado, simulando procesos electorales destinados a "elegir", siendo que los gobernantes estaban previamente designados por el poder real. El común denominador de esta democracia occidental impuesta durante treinta y seis años, por los invasores de 1954, con la bendición y apoyo de la United Fruit Company y el Departamento de Estado, fueron el terror, la represión, la opresión y la pobreza más insultante. Pero debe decirse que no para todos, sólo para la mayoría de la población, especialmente para los que Dios ha olvidado siempre. En el país del genocidio implementado en el conflicto armado, hoy muy convenientemente negado, de la tierra arrasada, de la brutalidad para reprimir la protesta, hay ya suficiente sangre derramada, como para regodearse con la festinada decisión de un puñado de legisladores que, tratando de saciar la ansiedad de venganza de una sociedad que no encuentra mejor forma de encontrar satisfacción que generar más violencia de la que sufre, quiere ver morir a los delincuentes. La pena de muerte ha regresado a Guatemala (estuvo unos catorce años sin aplicarse, en buena hora por un vacío legal), por obra y gracia de varias decenas de diputados que buscan congraciarse con una población que busca que alguien detenga a la delincuencia que literalmente ha tomado a la ciudad, que ha vuelto inseguras las calles y los prados y que impone su ley o se aprovecha de la ausencia de ésta. Reducida a la impotencia, la gente del pueblo es víctima cotidiana de la violencia, es despojada de sus escasas pertenencias en autobuses en donde la impunidad se enseñorea, en los que la sacrosanta libertad de empresa ha permitido que éstos funcionen sin ninguna regulación del Estado, a pesar de los cuantiosos millones con los que es subsidiado, y que los usuarios sean las víctimas propiciatorias. Gente ordinaria que sufriendo violencia desmedida, con frecuencia perdiendo la vida, es despojada de sus teléfonos celulares, los que pronto y puntualmente son reactivados sin mayor trámite por las empresas que dan el servicio de telefonía (las que son libres para cobrar, pero no asumen ninguna responsabilidad adicional), y que son vendidos en lugares públicos, a la vista de todos y en donde la prensa dice que algunos policías ocasionalmente también compran. Frente al fracaso del Estado para proporcionar bienestar, seguridad y desarrollo; frente al fiasco que representa nuestro sistema de justicia; frente a la desigualdad campante. Frente a la angustia desesperación de la gente que inerme es víctima de la delincuencia y que no encuentra otro recurso que clamar venganza, el Congreso de la República de Guatemala ha devuelto al Presidente Constitucional de la misma República, el triste derecho a rememorar al emperador romano Nerón, el que con un dedo podía otorgar el derecho de vivir o morir, en función de la orientación del apéndice. Extraño poder para un mandatario que debe ejercer su cargo, tan sólo un poco menos de dos mil años más tarde, en una supuesta democracia y en donde los valores humanos "dicen" que prevalecen. Y luego dicen que Kafka era escalofriante. (**) Enrique Álvarez es Director del Reporte Diario.