Pensamiento Crítico

Coca, balas y votos en Colombia

Por Claudia López y Gustavo Duncan | Revista Semana, Colombia. | 02 Marzo 2008
Un halo de optimismo ha rodeado el ambiente político del país por triunfos de candidatos distantes a las maquinarias como los casos de Salazar en Medellín, Pinedo en Cartagena y Verano en Atlántico. La imagen asociada al clientelismo y a la política tradicional de sus contendores contribuyó a fortalecer esta percepción. Otros casos son más significativos porque a la imagen de clientelismo y politiquería de los opositores, se suma el legado de coca, balas y votos de la parapolítica. Fue así que los resultados electorales en Santander y Cesar han sido utilizados como ejemplos para mostrar que el proceso de desmovilización de las autodefensas ha contribuido a depurar las elecciones en el país. Sin embargo, pese a que en efecto la coacción armada del paramilitarismo fue menor en estas elecciones, la violencia política no se redujo, la coacción política fue distinta que en otras ocasiones y la presión económica a los votantes aumentó. Lo cierto es que el narcotráfico y los ejércitos irregulares y violentos que crecen a su vera continúan siendo el eje de la economía y la política de muchas regiones en Colombia porque la coca necesita de las balas y los votos para sobrevivir. Vea el documento completo en pdf incluyendo mapas y análisis Este documento es una interpretación de la naturaleza del riesgo electoral sobre la influencia del narcotráfico y organizaciones armadas irregulares en las pasadas elecciones de octubre de 2007, de acuerdo a la información oficial disponible. Por riesgo electoral se entiende en este documento el hecho que los ciudadanos no pueden elegir o ser elegidos de manera libre, sino mediados por la coacción armada o económica de actores ilegales. Cuando existe en una zona presencia de narcotraficantes, guerrillas y paramilitares, por supuesto, el riesgo aumenta, bien sea por ser los candidatos y electores sujetos de riesgo, debido a las presiones que reciben de los grupos armados irregulares y empresarios de la droga, o agentes de riesgo, si es que ya tienen algún tipo de vínculo previo con los actores ilegales para las elecciones. La naturaleza de ese riesgo a su vez está dada por las necesidades de protección e impunidad de los empresarios de la droga. Desde cocaleros hasta capos del narcotráfico intervienen a su modo en el poder político en busca de reducir los riesgos inherentes a un negocio ilegal. Pero sus estrategias difieren significativamente, pueden ir desde el pago de los cocaleros a guerrillas y paramilitares en las zonas de cultivos hasta el soborno a miembros de la fuerza pública y la cooptación de los representantes electos en las zonas de residencia de los grandes capos. En últimas, la forma en que el narcotraficante interviene en el poder político depende de la fase del negocio en que está especializado. Para efectos de este documento el narcotráfico se diferencia en cuatro fases: i) cultivos (desde la siembra hasta la producción de pasta y base de coca), ii) procesamiento y transporte (desde la compra de la base hasta su colocación del producto final en mercados internacionales), iii) testaferrato y lavado de activos (desde la repatriación de capitales hasta su incorporación en la economía legal) y iv) residencia y disfrute, que incluye los lugares donde residen los narcotraficantes y disfrutan de su riqueza. Además de la fase del negocio presente en el territorio, la naturaleza del riesgo va a estar determinada por la presencia de actores armados ilegales y la demografía del territorio. Por ejemplo en zonas aisladas, de frontera, de población esencialmente rural, sin sólida presencia estatal, los ejércitos irregulares, sean guerrilla o paramilitares, tienen la capacidad de ser los mediadores y determinantes de los negocios lícitos, ilícitos y la política. Actúan como verdaderos estados. En otros casos, el interés puede no ser actuar como estado, pero si garantizar la seguridad y la primacía social de los narcotraficantes. En ambos casos su interés por la política es alto y seguramente promueven candidatos aliados, lo cual tiende a presentarse en los territorios que son lugar de la tercera y cuarta fases antes descritas, testaferrato y residencia y disfrute de la riqueza.. Otro caso sería el de los lugares donde la fase del negocio que predomina es la segunda, la de transporte y el procesamiento, que suelen ser mezclas de cabeceras urbanas con corredores rurales sobre los cuales se ejerce una fuerte presión económica y armada, con grandes ejércitos irregulares para proteger las inversiones que esta fase del negocio demanda. En estas zonas la relación con la política es indispensable pero más pragmática, en el sentido de que tratarán de someter, por la filtración, la fuerza o el soborno, a los candidatos y a quien quiera que sea elegido. La pregunta es entonces ¿continuaron los empresarios del narcotráfico vinculados a la política sólo a través de la financiación de las campañas y de la cooptación económica de los candidatos vencedores? Ó ¿aquellas organizaciones narcotraficantes que disponen de aparatos armados, principalmente guerrillas y paramilitares emergentes, incrementaron su participación en los procesos electorales en la medida que se intensifique la guerra por el control territorial luego de la desmovilización de las autodefensas? Un análisis más detallado de los resultados electorales de octubre muestra que a partir de la desmovilización de las autodefensas las cosas cambiaron, pero no se trató del fin de las relaciones de crimen organizado, narcotraficantes y políticos. Se dieron en cambio, nuevas estrategias en las relaciones y reajustes para definir nuevos poderes en los tres grandes negocios de las regiones colombianas: la coca, la bala y los votos. Para entender cómo esas posibles relaciones se reflejan en el mapa político actual, este documento describe los resultados obtenidos por cada partido en los municipios donde se desarrolla el negocio del narcotráfico. De igual forma sus resultados se apoyan también en las cuatro notas que acompañan este estudio realizadas por el equipo de Votebien.com sobre Catatumbo, sur del Cesar, Caucasia, Montelíbano, Tierralta, Cauca, Nariño, Guaviare y Meta. De dicho análisis se obtienen cuatro conclusiones principales sobre lo que pasó y lo que vendrá. La primera es que lo más significativo de las pasadas elecciones fue que debido a la desmovilización paramilitar, la estrategia electoral de los narcotraficantes se centró en el dinero. Y los resultados no fueron tan favorables como se hubiera previsto si se tiene en cuenta el entorno tan clientelista, carente de ideologías y proclive a la venta del voto por parte de muchos ciudadanos. La moraleja sería entonces que la plata no lo es todo en las elecciones, también está el ejercicio privado de la fuerza y la cooptación social y política que esta permite. La segunda es que la competencia electoral aumentará mientras no exista un aparato armado, que permanente y sistemáticamente, restrinja los derechos políticos de la ciudadanía. Pero en la medida que la competencia y la participación electoral aumentan, aumentan también los costos de las campañas. Por eso, estas elecciones fueron más costosas para el narcotráfico. Simplemente porque había que comprar más votos. La tercera conclusión, y al parecer la más preocupante, es que desde hace ya bastante tiempo, ha surgido en Colombia un sector de la clase política que se ha especializado en el triunfo de elecciones ya no solamente para acaparar las rentas publicas, sino para negociar también impunidad e inmunidad con los empresarios del narcotráfico. Esos sectores han llegado a un nivel de organización tal, que incluso se han independizado de los partidos tradicionales. Ahora, con todo y la reforma política de 2003, pueden darse el lujo de ‘poseer’ sus propios partidos y competir por el manejo de los cargos públicos, de las zonas más rentables y estratégicas para el narcotráfico en Colombia. En ese sentido llaman especialmente la atención los resultados obtenidos en las pasadas elecciones por el Partido de la U, Apertura Liberal, Convergencia Ciudadana, Colombia Viva y Alas Equipo Colombia. El patrón de crecimiento de estos grupos en regiones donde hay gran posibilidad de ser sometidos o permeados por actores del narcotráfico y de armados ilegales, vuelven a estos partidos y sus directivos o sujetos de riesgo o agentes de riesgo. Partiendo de la buena fe, debe suponerse que en principio todos ellos son sujetos de alto riesgo no sólo en su gestión sino incluso en su vida. Serán sus resultados como mandatarios, y en particular como jefes de la policía de un territorio, lo que indicara en qué posición de riesgo se encontraba y al servicio de que intereses. Y la cuarta conclusión es que a pesar de la disminución de la influencia paramilitar por todo el proceso de paz, el narcotráfico y las organizaciones armadas que se financian de sus recursos participaron en política. Esto es consecuencia de una necesidad apremiante para los productores de drogas: la protección frente a las autoridades estatales. Por eso va a ser improbable que mientras persista el narcotráfico como una actividad extendida en el territorio nacional, no existan estrechos vínculos con el poder político, sean funcionarios públicos o candidatos en campaña. Cifras escalofriantes Los dos períodos del presidente Álvaro Uribe Vélez se han destacado por su concentración en la ofensiva militar. Hoy Colombia gasta el 6.5% de su PIB en la guerra, una cifra importante si se compara con el gasto que por este rubro se hizo entre 1999 y 2005, cuando no superó el 5.2%. «Algunas consideraciones cuantitativas sobre la evolución del conflicto en Colombia» es un informe publicado por el rector de la Universidad «Jorge Toledo Lozano», don José Fernando Isaza, quien extrae las cifras más importantes del conflicto interno. ¿Vale la pena tanta plata invertida para los resultados en seguridad? Gasto Militar El gasto militar se ha disparado de 2.2% del PIB en los años 50 , a cerca de 6.5%. Guardas las proporciones, el de Estados Unidos, con la guerra de Irak, representa el 4.04% de su economía. Soldados El número de soldados por 1,000 habitantes pasó de 2.5 en 1957 a 5 en 2007. En el primer gobierno de Uribe había 4.9 soldados por cada guerrillero. En 2007 hubo 15.5 soldados por cada guerrillero. Personal para seguridad y defensa Este año, el 81.2% de los empleos del gobierno central (566,084 cargos) y 58.4% de sus sueldos estarán ocupados o serán devengados por personal asignado a labores de defensa, seguridad y policía. Defensa vs. Seguridad Social El gasto en Defensa es igual a la suma de todas las transferencias en salud, educación y saneamiento ambienta. El 65% de la inversión total del gobierno se destina a inversión en equipos militares. Pasivo Pensional Está creciendo exponencialmente el pasivo pensional de las Fuerzas Militares: por cada peso de gasto militar, 47 dentavos tienen que ser transferidos a pago de pensiones. Jóvenes susceptibles a reclutamiento Hay un terreno favorable al reclutamiento de jóvenes, limitado fundamentalmente a 63 municipios, donde "los adolescentes tienen pocas esperanzas de hallar un 'destino' que los entusiasme", y donde "la guerrilla y los paramilitares les ofrecen reconocimiento, pertenencia y un salario". Integrantes de grupos ilegales Para el 2007 (desmovilizadas las patrullas paralmilitares AUC) el gobierno calcula en 11,000 los integrantes de las FARC y en 2,500 los del ELN. Si en Colombia hay cerca de 193,750 efectivos de las Fuerzas Militares, quiere decir que hay 15.5 soldados por cada guerrillero. Evolución de la Guerrilla de las FARCA y el ELN entre agosto de 2002 y julio de 2007: 2002.....................20,600 2003.....................19,387 2004.....................17,003 2005.....................14,481 2006.....................13,799 2007.....................12,499 Guerrilleros muertos Según el Ministerio de Defensa, entre agosto de 2002 y septiembre de 2006, murieron en combate 8,104 "presuntos" guerrilleros. Y entre julio de 2006 y junio de 2007, murieron 2,072. ¿Cuánto vale un guerrillero fuera de combate? Si se calcula que el 30% del presupuesto militar se destina a la lucha contrainsurgente, y esa cifra se divide por los guerrilleros fuera de combate (desmovilizados o muertos) el costo de cada uno es de 616 millones de pesos. Deserción y reclutamiento Por cada 100 guerrilleros retirados del conflicto por bajas o deserciones, la guerrilla reclutó 84 nuevos en el primer gobierno del presidente Álvaro Uribe. Capturas masivas Entre el 7 de agosto de 2002 y el 6 de agosto de 2004, hubo 77 capturas masivas. Cayeron 5,535 sindicadas por rebelión y terrorismo. La Procuraduría General dice que de los 1,957 aprehendidos durante el 2003, a mediados del año pasado habían quedado libres 754. Ejecuciones extrajudiciales Entre julio de 2002 y junio de 2007, se le imputa a la fuerza pública al menos 955 casos de ejecuciones extrajudiciales y 235 casos de desaparición forzada. La Procuraduría General investiga unos 670 casos de este tipo. Cultivos ilícitos Un informe de la ONU de 2007, muestra la reducción de cultivos ilícitos en Colombia así (miles de hectáreas): 2001.....................145 2002.....................102 2003.....................86 2004.....................80 2005.....................86 2006.....................78 Producción de coca Para disminuir 7 toneladas de producción entre 2001 y 2006, se asperjaron 804,686 hectáreas de coca. Entre 2002 y 2006, la producción de coca aumentó en 30 toneladas, a pesar de la fumigación "erradicante" de 710,533 hectáreas. Resultados de erradicación Entre 2001 y 2006, la "eficiencia" se reduce más. Se fumigan 710,533 hectáreas y se erradican 24,000 hectáreas. Es decir, para erradicar una hectárea se requiere fumigar 30 hectáreas. Reducción de coca vs. Fumigación La reducción significativa ocurrió entre 2001 y 2002. Desde 2003 la reducción es inferior a 8,000 hectáreas por año, período en el que la fumigación ha crecido a niveles superiores a 130,000 hectáreas por año.