Pensamiento Crítico

El laberinto histórico de la mentira y el terrorismo de estado

Por Francisco Palacios | Rebelión | 16 Marzo 2008
El gobierno colombiano denunció a los presidentes de Venezuela y Ecuador por mentirosos y cómplices de genocidio. Bien. Hagamos un balance de dicho juicio en contexto político e histórico y más allá de las simulaciones tácticas de la jornada de clausura en la última cumbre (Grupo de Río, 7-9 de marzo). 1. Conozco algo al presidente Correa porque tuve el gusto de ser parte integrante de su buró de campaña electoral. Si algo caracterizaba a Correa era su sentido de la sinceridad, su apego -incluso tozudo- a los compromisos contraídos y a los actos realizados. Su desprecio a la simulación, a las falsas apariencias, al teatro y a las medias verdades. Vocación -a menudo vehemente- por la verdad que en tantas dificultades puso a sus asesores electorales. En ello tenía mucho que ver su ética cristiana militante que, por otro lado, lo aleja de cualquier tipo de subterfugio que pueda amparar cualquier tipo de violencia armada. Correa no era un militante clásico de la izquierda ecuatoriana. Era un producto alternativo, inteligente y refinado pero de cátedra y de universidad, cuya única preocupación era su formación y producción académica al servicio de su ideal progresista y antihegemonista. No había tenido ningún tipo de vocación por querencias guerrilleras y mucho menos por estrategias armadas -defensivas o no- hacia el socialismo. Cualquier persona, periodista o político que se acerque a su biografía, a sus intervenciones y a su perfil personal podrá llegar con facilidad a la conclusión de que jamás va a simular una gran mentira y siquiera una simple falsedad. Aspecto radicalmente probado en la última Cumbre [1] . 2. El presidente Chávez era otro ejemplo de prudencia estratégica y equidistancia táctica con el conflicto colombiano. Durante años nunca jamás se inmiscuyo lo más mínimo en el conflicto. Más bien al contrario, ya que opto por intentar institucionalizar vías de contacto muy medidas y pausadas con los gobiernos colombianos y trabajar por ambiciosas líneas estratégicas de Estado. Hasta el punto de que en los últimos años ha habido extradiciones a Colombia de miembros de FARC y ELN y combates contra miembros de estos grupos por unidades del ejecito venezolano. Hasta el punto de que se ha sido extremadamente generoso con el secuestro de Rodrigo Granda por parte de la inteligencia colombiana y extremadamente generoso con la presencia de unidades especiales colombianas travestidas de paramilitares en toda la zona fronteriza del Zulia-Tachira-Apure. Hasta el punto de que los espacios político-sociales bolivarianos soportan más de 400 muertes de líderes comunales, campesinos e indígenas, en toda la zona de frontera, que han sido en la mayoría de las ocasiones producto del accionar paramilitar colombiano. Para no hablar, finalmente, de la amnistía decretada al grupo paramilitar colombiano detenido en Caracas hace dos años. 3. ¿Por qué de todo este exordio sobré las cualidades éticas del presidente Correa y las prudencias estratégicas del presidente Chávez? Porque es la prueba definitiva de que al otro lado de la frontera asistimos a la última entrega de los mejores valedores de la estrategia de la mentira y del terrorismo de Estado. La estrategia siniestra de los 180 grados donde el blanco se convierte en negro y el negro en blanco. Y que en esa estrategia del "vale todo" se están alcanzando las cotas más sobresalientes, impúdicas y peligrosas. Estrategia en la que Rafael Correa y el pueblo ecuatoriano han sido los penúltimos objetivos. Al otro lado de la frontera están las oligarquías uribistas y los asesores estadounidenses. Mil veces autoproclamados inocentes de violaciones de derechos humanos y mil veces inculpados por todos los informes de las agencias internacionales. Mil veces señalados de construir falsas pruebas. Mil veces acusados de falsos testimonios. Mil veces acusados de nexos con el crimen común y el crimen político. Miles de acusados entre militares, policías, políticos, diputados o empresarios. Acusados año tras año no sólo por Amnistía Internacional o Human Rights Watch [2] sino por todos informes anuales de Naciones Unidas (Alto Comisionado para los Derechos Humanos) [3] . Y hace falta mucha militancia criminal para llenar centenares de páginas acusatorias de los informes de Naciones Unidas. 4. En estos días numerosos medios de comunicación -con el diario español El País a la cabeza- hablan de los crímenes de la narcoguerrilla, de las complicidades de Chávez y de Correa con los terroristas, jalean la cínica recriminatoria de Uribe ante la Corte Penal Internacional acusando al presidente Chávez de complicidad con el genocidio… ¿Genocidio? En sus crónicas desaparecen todos los datos sobre la estructura de horror que preside Colombia desde hace décadas y en donde la insurgencia es un actor sobrevenido y en ningún caso actor principal de la tragedia. Hasta ahora, hasta ayer, hasta anteayer. Hasta el asesinato de ayer mismito de Carmen Carvajal o Gildardo Gómez. ¿Sabe -quiere saber- el diario "El País" -y otros voceros- que sólo en la última semana el paramilitarismo ha asesinado selectivamente a cinco señalados sindicalistas especialmente significados en el ejercicio de la libertad de manifestación al ser organizadores de la marcha pacífica del día 6? ¿Puede dedicar dos líneas siquiera a personas honradas y relevantes socialmente como lo era la asesinada Carmen Cecilia Carvajal Ramírez docente de la normal superior del municipio de Ocaña-norte de Santander y afiliada a Asinort o el asesinado Gildardo Antonio Gómez Alzate educador y delegado de la Asociación de Institutores de Antioquia-ADIDA y miembro del Centro de Estudio e Investigaciones Docentes-CEID? ¿Los policías, soldados o diputados apresados pueden merecer miles de líneas de su periódico y los sindicalistas, campesinos o líderes comunales ni una solo? ¿Lo pueden explicar o se explica por sí mismo? ¿Merecen alguna línea? ¿O sólo le interesa seguir hablando de las FARC (van para diez días consecutivos de monográfico). 5. En el año 2001 -después de una estancia de investigación en Colombia- escribí un artículo que comenzaba con los datos del terrorismo de Estado en Colombia. Ahí se constataba una casuística perfectamente individualizada que daba miles de asesinados y desaparecidos en todos los últimos años [4] . a) en el año 2000 se registró un total de 1.803 ejecuciones extrajudiciales y 401 desapariciones por persecución política [5] . b) en el año 2000 se estimó en 315.000 el número de personas desplazadas a causa de la violencia política [6] . c) en el primer semestre de ese año del 2001 la cifra recogía 880 ejecuciones extrajudiciales y 133 desapariciones, de las cuales 91 eran de cuadros de la principal central sindical [7] . Cifras que eran semejantes a todas las de años anteriores. 6. Se culpa a la insurgencia (FARC o ELN) de no querer asumir los pactos de 1990 -por el que se desmovilizaron otros grupos armados como el M-19- y la Constituyente de 1991. La historia demuestra que no había condiciones objetivas para ello. Las pruebas son las cifras del horror que se dieron justo a continuación de la misma. De 1990 a 1994 -y a pesar de la muy patentizada buena voluntad de los sectores de la sociedad civil-popular y de la insurgencia desmovilizada- durante los cuatro años de la administración Gaviria -sólo cuatro años- fueron registrados, en un primer nivel, 10.830 asesinatos y desapariciones políticas. Consenso y pacto en el que una parte de la sociedad civil pactante persevera a pesar de que la estructura-red de violencia política para-estatal posibilita, en esa teórica misma coyuntura política de renovación, el asesinato de los tres candidatos presidenciales más proclives a una nueva composición política de apertura de espacios y construcción de un Estado social y democrático [8] . 7. Las anteriores cifras son las cifras de un estado de terror continuado y de una guerra nada acorde con los principios del DIH. Cifras demostrativas de cómo Colombia vivía una situación de mucha mayor excepcionalidad y represión que cualquiera de las dictaduras iberoamericanas de las últimas décadas. Para una muestra estas son las cifras de las diferentes dictaduras: - En Brasil, durante quince años, hubo 125 víctimas documentadas. - En Uruguay, 16 años de dictadura, dejaron 220 víctimas muertas o desaparecidas. - En Bolivia, en un lapso de 17 años, se contabilizaron 2.021 víctimas. - En Chile, durante la considerada paradigmática dictadura de Pinochet, la Comisión "Verdad y Reconciliación" recibiría 2.666 denuncias por asesinato o desaparición. - En Argentina, durante ocho años, fueron registrados 9.000 casos aproximados, casi todos ellos de desaparición con resultado de muerte [9] . 8. Está claro que en una guerra la violencia acaba por contaminarlo todo y que en todos los bandos hay prisioneros aleatorios, muertos colaterales, combatientes asesinos y psicópatas… víctimas inocentes. Pero ello no quita para hacer una valoración asimétrica de los conflictos donde no hay que confundir víctimas y verdugos, causas y consecuencias, actores principales y actores sobrevenidos. Y ese es el trabajo estratégico de numerosos medios de comunicación/intoxicación. Colombia es un ejemplo -ad nauseam- donde el actor principal de esta tragedia es la oligarquía nacional y el pivote imperial estadounidense. Cuatro elementos: a) El actor en la eliminación secular de todo tipo de disidencia social, política o académica (gamonalismo y paramilitarismo). ¿Por qué no cuentan que el "terrorista"-trabajador de la multinacional Nestlé, Raúl Reyes, se integro en la insurgencia cuando varios de sus compañeros sindicalistas fueron asesinados por paramilitares? b) El actor en la estructuración de un modelo liberal de bipartidismo excluyente (Frente Nacional). ¿Por qué no cuentan que el "terrorista"-intelectual Alfonso Cano se integro en la insurgencia cuando todos sus mejores amigos, integrantes del grupo legal Unión Patriótica, fueron eliminados en el lapso de 2 años por el paramilitarismo oficialista. c) El actor en la facturación de Colombia como el principal peón estratégico-militar de Estados Unidos en la zona. ¿Por qué no cuentan que el terrorista-campesino Manuel Marulanda, no se llamaba así sino que se llamaba Pedro Antonio Marín y que cambio el nombre en el momento que un amigo suyo llamado Manuel Marulanda murió en Corea cuando el servil gobierno colombiano había obligado a miles de jóvenes a combatir en la guerra imperial de Estados Unidos? d) El actor de la estructura histórica de represión natural que ni siquiera quiso/pudo construir, durante décadas, algo equiparable a un Estado básico. ¿Por qué no cuentan que el "terrorista"-intelectual Jacobo Arenas fundó las FARC después de que comunidades campesinas de mujeres y niños, organizadas en autodefensas (el origen del término es sólo este), fueran masacradas por unos gobiernos que no las habían sabido proteger ni de la violencia política ni de la delincuencia organizada? ¿Por que no cuentan que miles y miles de los combatientes de la insurgencia son producto histórico de ese sistema político-social de terror estructural, ilegítimo, que siquiera era acreedor al concepto Estado? ¿Por qué no concluir que toda la sociedad colombiana es víctima de una estructura administrativa de dominio que no merece el calificativo de Estado? ¿Dónde están los delincuentes? ¿Quiénes son los terroristas? ¿Cómo puede hablar de genocidio Uribe? ¿Cómo puede siquiera mencionar a la Corte Penal intencional cuando es el Estado-ejemplo de cómo eludir su jurisdicción al firmar con Estados Unidos numerosos protocolos de impunidad para sus funcionarios, en un reconocimiento explícito de que estos funcionarios pueden ser procesados como criminales de guerra y genocidas? (art. 98, Estatuto de Roma). 9. Esto es el presente. Hay que mirar al futuro. Y el futuro va a ser tan duro y tan inmisericorde como la última acción de guerra de Uribe y toda la historia estructural de crimen de Estado en Colombia. Y el futuro lo marca una situación evidente de dialéctica con Estados Unidos y de coyuntura crítica con su peón-Estado Colombia. En estas dos últimas semanas el tandem oligárquico USA-Colombia -con la cooperación esencial de todo el aparato táctico del Sistema- ha progresado sustancialmente en cuatro objetivos: a) Dificultar la liberación de Ingrid Betancourt, figura política de futuro nada funcional para la oligarquía colombiana. b) Eliminar vías para la salida política al conflicto (ejecución del más inteligente valedor de una salida política negociada al conflicto). c) Criminalizar ante la Opinión Pública internacional a Venezuela y Ecuador como cómplices del terrorismo internacional. d) Extender esa sensación respecto de múltiples partidos y colectivos políticos y sociales empáticos con el proceso de cambio bolivariano. 10. Todos los aspectos anteriores deben conducir a una estrategia con un objetivo central que SÍ asumimos de verdad, desde nuestra posición bolivariana: el proceso de paz. La estrategia de firmeza debe igualar cuando menos las del enemigo más allá de cínicos simulacros diplomáticos. Para ello los Estados iberoamericanos que militen en una cultura de la paz esencial -y principalmente Ecuador y Venezuela- deberían elaborar una rigurosa estrategia. Seis simples aspectos son inaplazables: a) Apoyar y fortalecer al tejido civil-popular colombiano como máximo garante del fin de las hostilidades y de la apertura de un gran proceso político-social en Colombia, fuera del escenario de una estructura de violencia. b) Apoyar a las facciones políticas colombianas que luchan por un verdadero Estado democrático y por amplios espacios de libertad. c) No establecer ningún tipo de relación económica o comercial que pueda beneficiar a un Estado agresor. Generar medidas diplomáticas coherentes con una situación de real guerra-fría. d) Los Estados de frontera. Deben dejar de ser un santuario impune para los numerosos grupos y mafias paramilitares. Toda acción paramilitar, o de complicidad con la misma, debe ser cortada de raíz. Para ello los Estados de Venezuela y Ecuador deben articular un dispositivo de seguridad policial y militar total. e) El territorio de frontera. Debe de ser controlado hasta en el más mínimo de los movimientos. No puede ser económica o socialmente útil para los enemigos -enemigos de la paz- para lo que se hace imprescindible la articulación de una estrategia de seguridad económica y social. En la que deben estar habilitados y comprometidos no sólo funcionarios de élite de los respectivos Estados sino también amplios espacios de la sociedad civil-popular. Generando medidas arancelarias y fiscales en coherencia con dicho planteamiento. f) Generar una subestructura militar hábil y en correspondencia con la orografía y las circunstancias socio-políticas. Señores Presidentes y queridos camaradas: cualquier concesión, a partir de ahora, pone en riesgo no sólo la paz en Colombia sino la pura y simple superviviencia del movimiento civil-popular en Ecuador o Venezuela. Así de grave y de serio. Pdt.: nunca se me habría ocurrido dar un consejo comercial a una multinacional. Voy a hacer una excepción al hilo de la exposición del inefable policía Naranjo: no pierdan la oportunidad de publicitar que el versátil e inmortal computador de Raúl Reyes era de su marca. No habrá nunca mejor campaña publicitaria. Notas: [1] . Ver el discurso de Rafael Correa en la Cumbre del Grupo de Río (Marzo, 7-9 2008). El propio Presidente da datos sobre campamentos desmantelados y miembros de las FARC detenidos. [2] . Es espacialmente significativo el monográfico de Human Rights Watch titulado The "Sixth Division". Military-paramilitary ties and U.S. policy in Colombia, New York, 2001. [3] . Vid. todos los informes anuales del Alto Comisionado de DDHH para Colombia. [4] . Artículo titulado "Violencia, Derechos Humanos y Democracia en Colombia: la precaria o imposible justificación del Estado constitucional", El vuelo de Icaro. Revista de Derechos humanos, crítica política y análisis de la economía, Liga Española de Derecho Humanos, Madrid, 2002, pp. 249-313. [5] . Vid. "Banco de datos. Gráficos y estadísticas generales del año 2000", Noche y Niebla. Panorama de Derechos humanos y violencia política en Colombia, nº 18, CINEP & Justicia y Paz, Bogotá, 2000, pp. 29-59 (sin contar los departamentos de Amazonas, Boyacá, Guanía, Guaviare, Vaupés y Vichada, de los que se dice no tener información solvente). [6] . El monitoreo de lo últimos 15 años arrojaría una cifra de 2.160.000 desplazados, superior a la de la gran mayoría de conflictos bélicos, cfr., L. ROMERO (comp.), El desplazamiento forzado en Colombia, C.P.DD.HH, C.A.J.A.R., Bogotá, 2001. [7] . Vid. "Cifras de la violencia política. Enero-Junio de 2001", Noche y Niebla. Panorama de Derechos humanos y violencia política en Colombia, nº 20, CINEP & Justicia y Paz, Bogotá, 2001, pp. 25-34. Evidentemente los datos excluyen el tipo de hechos acaecidos en combate. [8] . En marzo de 1990 sería asesinado Bernardo Jaramillo, candidato presidencial de la Unión Patriótica; al mes siguiente fue eliminado Carlos Pizarro, candidato del desmovilizado M-19; y pocos meses antes lo había sido el candidato del Partido Liberal, Luis Carlos Galán, que simbolizaba la efectiva búsqueda de consenso y apertura de espacios, desde el ámbito más institucional. [9] . Cifras referenciadas en Proceso a la impunidad de crímenes de lesa humanidad en América Latina 1989-1991, bajo la coordinación del Tribunal Permanente de los Pueblos (Bogotá, 1991).