Pensamiento Crítico

Logran acuerdo para levantar paro en Ecuador

None | 23 Febrero 2006

Quito – El gobierno de Ecuador y pobladores de la provicia amazónica de Napo lograron un acuerdo para levantar una protesta de cuatro días, que deja 10 heridos y millonarias pérdidas en el sector petrolero, informó el jueves el ministro del Interior, Alfredo Castillo.

"La noche del miércoles se llegó a un acuerdo para que se levante el paro en Napo. Creo que la situación está en vías de superación", afirmó Castillo. El funcionario indicó que las partes acordaron la conformación de un comité que concertará una solución a los reclamos de los habitantes y autoridades de Napo, bajo control militar y declarada en estado de emergencia a causa del sabotaje a la industria petrolera. "La comisión hará seguimiento de estas negociaciones, pero creo que estamos en camino de superar definitivamente la situación", sostuvo Castillo.

Una delegación de la provincia amazónica se reunirá este jueves con el gobierno para definir los acuerdos que conduzcan a la suspensión de las manifestaciones. "Después de 30 años de abandono, tenemos viejas aspiraciones: partidas para educación y el mantenimiento de la carretera Tena-Baeza que está destruida, esos son los motivos que nos han llevado a la medida de hecho", declaró Heckel Ribadeneria, viceprefecto de la provincia amazónica de Napo (noreste).

Durante la protesta, los pobladores ocuparon y dañaron estaciones de bombeo, dejando fuera de servicio los oleoductos estatal y privado, según el gobierno, que calcula pérdidas de 13 millones de dólares por cada día de paralización.

La suspensión temporal del bombeo por el ducto estatal obligó a Ecuador a interrumpir las exportaciones durante 23 horas, mientras la tubería privada -que conduce unos 150.000 barriles por día (b/d)- está paralizada desde el martes.

A raíz de ello y amparado en el estado de excepción, que lo faculta a restringir algunos derechos, Palacio dispuso la militarización de Napo, lo que derivó en enfrentamientos que dejan 11 detenidos y 10 heridos, incluidos siete uniformados con lesiones por estallidos de dinamita, según las autoridades. Asimismo, la Policía capturó a dos alcaldes y la prefecta de la provincia acusados de instigar el sabotaje a la producción petrolera.

El ministro de Gobierno anticipó que el acuerdo que se propone alcanzar con los dirigentes de la protesta excluye la liberación de los detenidos. "En ese tema el gobierno no va a intervenir. Las personas detenidas lo están por disposición judicial, de tal manera que la indagación seguirá su curso", expresó Castillo.

Presagian explosión social en Ecuador

Quito (Prensa Latina) – La creciente inestabilidad reinante hoy en el Ecuador por paros provinciales genera gran preocupación y hasta alarmantes augurios que denotan la agudización de la crisis en este país andino. La toma de instalaciones petroleras por manifestantes de la provincia de Napo, así como la intervención de los militares, que dejó el martes un saldo de tres heridos de bala, provoca incertidumbre en todo el país.

Para el ministro ecuatoriano de Defensa, Oswaldo Jarrín, de continuar el caos social, el país requerirá de una fuerza multinacional para controlarlo. El titular rechazó en declaraciones a medios de prensa nacionales los actos de sabotaje contra la industria petrolera por pobladores que reclaman recursos que prometió el gobierno. "El desorden ha llegado a un clímax que impide que la ley pueda ser aplicada", subrayó Jarrín, al advertir que requerirán de una fuerza de paz como la que tienen en Haití. "Vamos a necesitar de un poder exterior para poder reconstruir la nación", aseveró.

El ministro se quejó de las reiteradas protestas en varios territorios de este país por la falta de recursos para impulsar obras sociales y de la actuación de los pobladores de esas zonas. Deploró la actitud de las autoridades provinciales que instigan a las protestas contra el Gobierno, y estimó que por esa causa el Estado es percibido como un enemigo. En su opinión, "en el futuro tendremos un Haití en Ecuador", donde el desorden de las comunidades reclamará de una fuerza internacional de paz para recuperar la paz, el orden y reconstruir la nación.

Desde el miércoles, fuerzas militares ecuatorianas mantienen el control de las principales instalaciones públicas y petroleras de la provincia amazónica de Napo, con excepción de la estación de bombeo Sardinas. Un amplio contingente de soldados y policía llegó hasta el sector de la localidad de Baeza, en esa provincia, y dispersó con gases lacrimógenos a miles de manifestantes que se encontraban en ese poblado.

Las autoridades de Napo reclaman la entrega de fondos prometidos por el Ejecutivo para impulsar obras sociales, construir carreteras y terminar el aeropuerto de Tena. Tras fracasar las conversaciones entre los líderes de la paralización y el Gobierno nacional, la dirigencia provincial decidió retornar a Napo, pero fue arrestada poco antes de llegar a Baeza, tras ser declarado el Estado de emergencia en la zona.

Una parte de los protestantes se atrincheró en la estación Sardinas del oleoducto de crudos pesados (OCP), en Baeza, donde amenazaron con hacer volar dicho recinto si son atacados por el Ejército. Miles de personas ingresaron el martes a ese punto y cerraron las válvulas de las tuberías, con lo cual se interrumpió el bombeo de petróleo por la OCP, acción que motivó un primer enfrentamiento con los militares, con saldo de tres heridos de balas.

Las personas aseguraron que se encuentran en vigilia desde la noche de lunes pasado en ese sector para respaldar el paro de Napo y reclamar la liberación de los dirigentes de esa provincia, detenidos esta madrugada. Empleados de la estación de oleoducto de crudos (OCP) confirmaron que está completamente paralizado el traslado de petróleo por esa tubería, lo cual afecta la exportación de ese combustible.

Directivos de tres emisoras radios locales (Líder, Oriental y Olimpia) denunciaron que fueron clausuradas sus instalaciones, mientras que en los cantones Archidona y Tena, han aterrizado helicópteros con refuerzo militar. El aeropuerto de Tena está militarizado, la vía bloqueada en el Chaco fue despejada y la Policía cerró el tránsito vehicular entre Baeza y Quito.

El general Gonzalo Mesa, comandante de la cuarta división del Ejército, mantiene el control de esa provincia y amenazó con usar la fuerza para recuperar la estación de bombeo e imponer la tranquilidad en la zona. Medios de prensa nacionales señalaron que las fuerzas militares rodearon la estación de bombeo y se espera que en las próximas horas se inicie una operación para desalojar a los manifestantes.

Hasta el momento, permanecen suspendidos todos los derechos civiles y a partir de las 20:00 horas locales rige el estado de sitio en ese territorio y toda persona que transite por las calles será arrestada. El Gobierno ecuatoriano reiteró la disposición de conversar con las autoridades provinciales, pero sólo cuando sea derogado el paro de actividades.

Petróleo, caballo de batalla social en Ecuador

Agencia France PressLas protestas provinciales que asfixian al presidente ecuatoriano, Alfredo Palacio, convirtieron al petróleo -motor de la economía- en el talón de Aquiles que doblega a su gobierno, que desde que asumió el poder ha suspendido dos veces las ventas estatales de crudo por actos de sabotaje.

Los reclamos por asistencia social -agravados por protestas con sino vandálico- han puesto de cabeza a Palacio, quien luce impotente para atender los pedidos de una población rural excluida de la bonanza petrolera y disconforme con la inoperancia estatal.

Ese malestar salió a flote el lunes, cuando los pobladores y autoridades del Napo -provincia petrolera ubicada en la Amazonia- paralizaron actividades y un grupo de ellos averió una base de bombeo de crudo, forzando la suspensión temporal de las operaciones del oleoducto y de las ventas estatales.

"Siendo un punto muy sensible de la economía, el petróleo es una forma de presión y los sectores saben perfectamente que golpean al gobierno por ahí", comentó a la AFP Simón Pachano, analista y politólogo de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).

Justamente Palacio ha tenido que lidiar, con más pena que gloria, una especie de rabia contra el petróleo que se incuba en las zonas con reservas de crudo, donde en la mayoría de los casos las multinacionales son percibidas como las únicas beneficiarias de la bonanza.

"Si la Amazonia es de donde se saca petróleo, necesitamos que algo de esos recursos puedan ser invertidos en obras, que es fundamental para nuestro desarrollo", declaró Washington Varela, alcalde de Tena (capital de Napo).

Bajo el gobierno de Palacio, quien sustituyó al destituido Lucio Gutiérrez con la promesa de no reprimir a la población, las comunidades en paro aplican una especie de manual que reza: a más poder de daño mayores recursos para las provincias, según ha admitido el propio ministro de Economía, Diego Borja.

El chantaje al que se ha visto sometido el mandatario le ha costado a la economía pérdidas por unos 111 millones de dólares, producto de la suspensión de las exportaciones en dos ocasiones durante los últimos diez meses.

El más reciente incumplimiento de las entregas se produjo el lunes, cuando la estatal Petroecuador congeló sus embarques como consecuencia de las protestas y amparado en una medida de fuerza mayor que le evita sanciones de los compradores.

En enero pasado, Petroecuador logró restablecer plenamente su producción de 200.000 barriles diarios, tras superar los daños ocasionados por un paro en la región amazónica en agosto de 2005 que también forzó la suspensión temporal de la exportación. Según la empresa, esas protestas contra las petroleras extranjeras dejaron una pérdida de cerca de dos millones de barriles, equivalentes a 101 millones de dólares, teniendo en cuenta un promedio de 49,9 dólares por barril.

En opinión de analistas, el paro en la Amazonia dejó el antecedente de que "el gobierno se ve obligado a negociar rápidamente una salida a los paros, cuando éstos afectan el flujo de las exportaciones", según Pachano. A raíz de las críticas por su aparente debilidad, el gobierno de Palacio anunció que sancionará penalmente a los responsables del sabotaje petrolero del lunes, al tiempo que descartó una negociación a la huelga del Napo que implique impunidad.

"En la negociación del paro no podemos hacernos los de la vista gorda con la comisión de delitos, estos no pueden ser negociados", indicó el viceministro de Gobierno (Interior), Felipe Vega, al canal Uno de televisión. Para el titular de Defensa, Oswaldo Jarrín, el caos social podría incluso "hacer necesario" la intervención de una fuerza multinacional.