Pensamiento Crítico

Desigualdad social en AL<br>Guatemala, violencia campesina

None | 14 Septiembre 2005

Huracán social en Centroamérica

Por Profesor J, Clajadep

De improviso, sin mediar anuncios previos que alertasen a la opinión pública mundial, los pueblos centroamericanos salieron a la calle consiguiendo en Guatemala hacer retroceder al Congreso y en Honduras que el gobierno baje la gasolina, mientras en El Salvador y Nicaragua los bloqueos paralizan ciudades y regiones enteras.

En Guatemala el Congreso intentaba discutir la ley de privatización de aguas, y decimos "intentaba" porque se vio obligado a retirar las iniciativas al respecto, nada menos que por la presión de 20 mil comunarios indígenas de las discriminadas regiones de Totonicapán, Quiché y Sololá, caracterizadas por el abandono en que las han mantenido las autoridades estatales. La población salió a las calles y carreteras poniendo el cuerpo y colocando en las vías diferentes objetos que obstaculizaron el tránsito. La sorpresa fue general, o coronel, da lo mismo, quedando en evidencia que Totonicapán tiene unas de las comunidades más organizadas del istmo, con mayor capacidad de movilización y de consecución de objetivos comunitarios. Poder popular y capacidad de negociación con las altas esferas. Los alcaldes de esas regiones tuvieron que ponerse a la cabeza de las multitudes y dirigirse a la sede del Congreso para manifestar a los parlamentarios que la población no iba a transigir, o todo o nada, o se aceptaba la exigencia de mantener el agua en manos de las comunidades o se ampliaban las movilizaciones. Los congresistas recularon ignominiosamente manifestando que no se debían aceptar las presiones, como el canto del cisne, que grita cuando muere. Bella lección al mundo y a las izquierdas de cómo las comunidades pueden obtener logros basándose en sus propias fuerzas locales.

En Honduras fue diferente, ya no se trataba de regiones o localidades, sino de amplias manifestaciones convocadas por el Bloque Popular, que reúne organizaciones sociales y de izquierda, algo similar a República Dominicana (que, dicho sea de paso, prepara fuertes movilizaciones contra las alzas), bloque que junto a taxistas y maestros consiguió poner en la calle miles de manifestantes además de bloqueos irreductibles en las principales zonas urbanas, en especial de la capital.

En Nicaragua las batallas se presentan en varios frentes, por una parte las comunidades de la región atlántica, donde predomina la nación Moskitia, declararon el cierre de las oficinas estatales y el bloqueo en todas las carreteras que van a Nicaragua en una severa demostración de fuerza que ha puesto en jaque al gobierno, mientras organizaciones sociales se movilizan en las ciudades contra el TLC. Y en El Salvador se bloquea la capital contra el alza de la gasolina.

No es casual este fenómeno social y menos cuando la ONU acaba de declarar que aumentan las distancias entre ricos y pobres en el continente. La situación es explosiva, potencialmente proclive al avance de la resistencia y de la autoorganización que asegure la continuidad en la construcción de fuerzas locales.

La coyuntura es altamente positiva para el desarrollo de la autonomía de las comunidades, aunque algunas organizaciones, en especial en Nicaragua y El Salvador, insisten en asociar las batallas sociales con la acumulación de fuerza electoral detrás de los líderes que serán candidatos, reproduciendo así las dinámicas anteriores que sólo han resultado en mayores conflictos internos de los sandinistas y los farabundos, así como en mayores problemas a la población, que lejos de resolver situaciones va de peor en peor. Tal parece que las formaciones de la izquierda tradicional no estuvieran interesadas en soluciones sino en aumentar la insatisfacción para capitalizar votos. En el Atlántico la cosa es diferente, pues las comunidades miskitas han manifestado su oposición al modelo neoliberal y a la propuesta humanizadora del sandinismo, que ha abandonado todas las viejas banderas revolucionarias, así como en El Salvador ocurre otro tanto.

Las perspectivas de desarrollo evidentemente se visualizan en las regiones anotadas de Guatemala, la costa atlántica nicaragüense y regiones de Honduras, donde la población pobre y marginada ha buscado salidas en base a sus propias capacidades más que en expectativas de algún nuevo gobierno.

Tampoco es casual que esto se realice en medio de la otra campaña zapatista y la retomada de las luchas sociales en Bolivia y Argentina, como tampoco parece distante de la emergencia de brotes protagonistas desde abajo en Venezuela, la lucha por la tierra de los nascas de Colombia y de las fuertes críticas a Lula.

Son expresiones concretas de los nuevos tiempos que corren, manifestaciones del claro fracaso de las izquierdas electorales y de retomada de caminos de búsqueda por parte de los propios protagonistas sociales sin esperar a que sus aspirantes a vanguardias les digan como y cuando.

En tanto búsquedas, avances y retrocesos, no hay que hacerse ilusiones ni perder las expectativas, sino que sobre la base de la objetividad de la nueva subjetividad que parece emerger de lo profundo de la sociedad habrá que hincar el diente en el apoyo y consolidación de las experiencias locales para que los brotes puedan mañana convertirse en coloridas flores diversas del jardín de la lucha emancipatoria.

Saludamos con alegría el vigor con que vienen las nuevas batallas continentales y creemos que hay que afianzar las dinámicas de intercambio de experiencias para iniciar caminos de articulación de una nueva izquierda que supere a la tradicional no sólo en la radicalidad, el lenguaje y las propuestas, sino en la acción práctica de tejidos sociales horizontales y de apoyo mutuo entre las autonomías, donde se gesta la nueva sociedad: el socialismo cotidiano del Che, el comunismo y la anarquía, esto es, el no gobierno, donde predomine el autogobierno de las localidades y el mandar obedeciendo.

Que hermoso ver desde estos territorios que hoy cumplen 32 años del golpe militar, como las comunidades se insurgen y hacen renovar nuestras capacidades de seguir la batalla por la sociedad sin clases, por un mundo donde quepan muchos mundos.

Guatemala: aumenta la violencia en el campo

Por Sergio Ferrari, en colaboración con E-CHANGER

Diez años después de la firma de los Acuerdos de Paz, la situación agraria en Guatemala continúa explosiva. Y los derechos humanos en el campo son frágiles. Balance desalentador de un proceso de justicia agraria pospuesto y de una transición democrática, que en todo en caso para los campesinos, espera mejores horas.

Así lo expresó en entrevista exclusiva Alma Noser, responsable para América Central y México de Amnistía Internacional Suiza, para quien "no ha habido cambios positivos en lo que hace a la actividad agropecuariay la violencia en el campo sigue aumentando".

Noser tiene con una larga experiencia en esa región del continente latinoamericano ya que trabajó durante diez años como responsable de proyectos de Caritas/Suiza y sigue visitando regularmente la región .

El pasado 3 de septiembre, al finalizar una visita de dos semanas a Guatemala, una delegación de Amnistía Internacional hizo público un comunicado donde "expresa su honda preocupación por las profundas irregularidades, violaciones a los derechos humanos y el trato discriminatorio del que son objetos campesinos guatemaltecos" El documento hace mención a los procesos judiciales que culminan con órdenes de desalojo.

"Esas prácticas son muy autoritarias y muchas veces violentas" enfatiza Alma Noser quien denuncia al mismo tiempo "la impunidad total con la que se ejecutan los desalojos".

Según la misión de inspección del organismo internacional, al menos once fallas e irregularidades significativas fundamentan su denuncia. Entre ellas, el no pago de salarios e indemnizaciones acordes con la ley en las fincas de Guatemala; las órdenes de captura y desalojo contra cientos de familias que han ocupado con frecuencia sus tierras durante generaciones; la falta de respuesta de las autoridades correspondientes ante las denuncias elevadas por los delegados de la Procuraduría de Derechos Humanos, etc.

Si bien el organismo "reconoce la importancia dada a los procesos de mediación y conciliación", sin embargo "ve con preocupación que dichos procesos sean en ocasiones interrumpidos por la ejecución del desalojo", lo que provoca mas violencia, tal como lo señala el comunicado y la ratifica Alma Noser.

El Informe "insta a las autoridades a desarrollar una política agraria específica para prevenir y resolver los casos de conflictividad agraria centrada en la protección y defensa de los derechos humanos".

Valoración profundizada por la responsable para Centroamérica de Amnistía Suiza, quien está convencida que "sin una reforma agraria verdadera y sin que se frenen los desalojos, no hay solución real en el campo".

La explosividad y la protesta social son visibles. A pesar de la represión histórica que ha soportado la sociedad guatemateca "es significativo constatar que muchos sectores se siguen movilizando", expresa. "Estuve en abril allá y ví con mis propios ojos protestas ciudadanas significativas contra la firma del Tratado del Libre Comercio que estaba en discusión en parlamento en ese momento" sostiene.

El peso de la represión histórica

La actual y compleja realidad es la consecuencia directa de "toda la historia que vivió mi país", enfatiza por su parte Hugo Cabrera, físico guatemalteco que reside en Suiza desde hace tres años y que realiza su post-grado en Zurigo. Durante la década de los noventa desempeñó actividades de responsabilidad en diversos organismos de derechos humanos y de investigación en Guatemala.

Cabrera presenta, en un rápido recuento, la historia de su país desde la conquista hasta el presente. Destacando los momentos de gobiernos populares (1945-1954) o de movilizaciones sociales (80-90) en los cuales importantes actores sociales trataron de promover la transformación en la tenencia y propiedad de la tierra.

Como reacción a cada una de esas experiencias de auge participativo, se sucedieron golpes o gobiernos militares que contaron con el apoyo norteamericano. Guatemala, según Cabrera, paga el precio hoy de una política contrainsurgente que se impuso con sangre, balas, y "tierra arrasada".

Como corolario de dicha concepción, resulta una de las naciones más martirizadas del continente con: 130 mil personas asesinadas, 45 mil desaparecidos, 626 masacres y más de 1 millón de refugiados durante la última confrontación bélica.

El proceso de solución negociada que culminó a fines de 1996, es sin embargo, para el joven analista guatemalteco, "una oportunidad perdida" en tanto no se aplicaron los contenidos de dicha negociación. Y aunque algunos sectores de la dirigencia política quisieran reactivar esos Acuerdos, "pareciera que ya es demasiado tarde", afirma.

En cuanto a la situación actual y a los sucesivos cambios de gobiernos democráticos que experimenta el país centroamericano, "hay que entenderlo como la confrontación de dos fuerzas o proyectos electorales de poder que se suceden uno a otro", pero en el marco de un "pueblo sin mayor capacidad de incidencia política" y en una realidad "donde no hay opción de izquierda nacionalista en el escenario electoral con perspectivas claras".

Ante una situación tan compleja, "es importante que la solidaridad no se olvide de Guatemala", enfatiza Alma Noser.

Lo peor que puede pasar "es que olvidemos a Guatemala, que sigue siendo una de las naciones centroamericanas con mayores problemas en cuanto a derechos humanos".

La ciudadanía internacional debe prestar atención a los llamamientos, a las acciones urgentes que impulsan diversas organizaciones de derechos humanos y de solidaridad, insiste Noser. Para quien el otro gran problema que puede confrontar el otrora movimiento de apoyo a Guatemala "es el cansancio". Si la "comunidad internacional se cansa, esto es terrible y grave A pesar que los gobernantes no siempre son sensibles a la presión externa, el peso de la acción de la comunidad internacional sigue siendo importante" concluye la coordinadora de Amnistía Internacional, sección suiza.

La desigualdad reina en América Latina

Por Mario Osava, IPS

La desigualdad de la distribución del ingreso es la madre de la pobreza en América Latina, donde se registran profundas diferencias entre países en el avance hacia los Objetivos de Desarrollo de las Naciones Unidas para el Milenio.

Chile ya cumplió la primera meta, de reducir la pobreza a la mitad, al bajarla de 38,5 por ciento de la población en 1990 a 18,8 este año, informó el presidente Ricardo Lagos en un balance ofrecido en mayo a la nación. La indigencia bajó de 12,9 a 4,7 por ciento en el mismo período.

Por otra parte, Argentina enfrentará graves dificultades para alcanzar esa meta antes de 2015, tomando como base 1990, cuando presentaba indicadores sociales envidiables en América Latina. Pero sufrió graves retrocesos en la década actual, producto de la crisis económica iniciada en 2001.

En países como Brasil, el más desigual del mundo, la transferencia de sólo cinco por ciento de los ingresos del 20 por ciento más rico de la población a los más pobres reduciría la pobreza de 22 a siete por ciento, según el Informe sobre Desarrollo Humano 2005, publicado el pasado miércoles por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Eso significaría sacar de la pobreza a 26 millones de personas.

Los primeros Objetivos del Milenio, fijados por los 191 países miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 2000, consisten en reducir a la mitad la pobreza extrema y el hambre, lograr la enseñanza primaria universal, promover la igualdad de género y la autonomía de la mujer, reducir la mortalidad infantil y mejorar la salud materna.

Otros objetivos son combatir el VIH/sida, el paludismo y otras enfermedades, garantizar la sustentabilidad del medio ambiente y fomentar una asociación mundial para el desarrollo.

Los ocho objetivos se concretan en 18 metas específicas a ser cumplidas hasta 2015 en la mayoría de los casos y medidas por 48 indicadores. Las metas tienen como referencia los niveles de 1990.

Los países sudamericanos en general intensificaron sus políticas sociales desde la década pasada, pero no en respuesta al lanzamiento de las metas del milenio, sino al agravamiento de la miseria y a una mayor conciencia del problema, reflejada en la elección de gobiernos progresistas.

En Argentina, por ejemplo, los índices de pobreza e indigencia subieron de 22,6 y 4,5 por ciento en 1992, respectivamente, a 54 y 27,7 por ciento en 2002, en el pico de la crisis, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.

Esa realidad forzó la adopción de programas paliativos como la distribución de alimentos y los planes que entregan 150 pesos (52 dólares) mensuales a jefas y jefes de hogar sin empleo.

En el gobierno del presidente Néstor Kirchner, iniciado en 2003, los planes se extendieron a 2,2 millones de beneficiarios, reducidos ahora a 1,5 millones. Además, se agregaron otros programas, como el de desarrollo, que brinda créditos y herramientas a 425.000 emprendedores, y el de familias, que ayuda a 250.000 mujeres con hijos mantenidos en la escuela.

Los planes de ingreso son "un parche que hace mucha falta, pero no la solución", que depende de "abrir fuentes de trabajo genuinas", evaluó para IPS Marcelo Cresta, coordinador de un comedor infantil en la Iglesia Nuestra Señora de Luján de Quilmes, en la provincia de Buenos Aires.

En Chile, las políticas sociales fueron constantes desde 1990, cuando se restauró la democracia en el país y se buscó combatir la pobreza heredada de la dictadura militar. Las demandas populares y críticas de la oposición impulsaron programas como Chile Solidario, iniciado en 2002 y que beneficia a 180.000 familias, brindando oportunidades de trabajo más que asistencia.

Sin embargo, como en el resto de la región, persiste la desigualdad en la distribución del ingreso.

Un joven chileno del estrato más rico, aunque esté entre los de peor rendimiento escolar en un instituto de enseñanza privado, obtendrá mejores ingresos en la vida laboral que otro joven pobre que estuvo entre los mejores alumnos de un instituto público, señaló a IPS Dante Contreras, economista de la Universidad de Chile. No hay "meritocracia", sino que la desigualdad tiende a persistir, concluyó.

En Brasil, los años 90 vieron nacer muchos programas, como la beca-escuela, una ayuda monetaria a las familias que mantengan a sus hijos en la enseñanza primaria, y otros mecanismos de transferencia de ingresos a los más pobres.

Los programas sociales se ampliaron con el plan Hambre Cero, lanzado por Luiz Inácio Lula da Silva inmediatamente después de asumir la presidencia, en enero de 2003.

La "beca-familia", de hasta 95 reales (40 dólares), ya beneficia a más de siete millones de familias y la meta es alcanzar al final de 2006 a 11,2 millones, es decir el total de familias consideradas vulnerables en Brasil.

Hambre Cero comprende además la distribución de alimentos, la alfabetización de jóvenes adultos, estímulos a la agricultura familiar y la construcción de cisternas para recoger agua de lluvia en zonas de sequías, entre otras medidas para combatir las causas de la miseria.

Como resultado, todos los indicadores sociales de Brasil han mejorado gradualmente desde la década pasada, y algunas metas del milenio, como la igualdad de género en la enseñanza, ya fueron alcanzadas, destacó Luis Fernando Rezende, del gubernamental Instituto de Investigación Económica Aplicada (IPEA).

El mayor rezago se nota en el saneamiento básico, el más fuerte escollo para la reducción de la mortalidad de los niños de hasta cinco años, dijo Rezende a IPS.

En Venezuela, el presidente Hugo Chávez lanzó una batería de programas en 2003, favorecido por los altos precios del petróleo, después de casi ser derrocado y de una larga huelga petrolera.

El mercado de alimentos subsidiados beneficia a 15 de los 26 millones de venezolanos. Además, se incorporaron a la enseñanza cuatro millones de nuevos estudiantes, entre ellos medio millón de becarios.

Asimismo, 15.000 médicos cubanos ayudaron a llevar asistencia a millones de pobres, según datos del gobierno venezolano.

Los Objetivos del Milenio no orientaron en general las políticas sociales en los países sudamericanos, pero sirven de referencia parcial en el acompañamiento y para destacar los avances obtenidos.

Una excepción es Uruguay, cuyo gobierno presidido por Tabaré Vázquez, del izquierdista Frente Amplio, puso en marcha desde marzo el Plan de Atención Nacional a la Emergencia Social (PANES), con la pretensión explícita de cumplir algunos de los Objetivos del Milenio.

Ese país rioplatense, antes conocido como "la Suiza de América", sufrió un grave deterioro socioeconómico desde la redemocratización en 1985, en una evolución similar a la de Argentina. Su tasa de desempleo alcanzó 17 por ciento en 2002, junto con la caída de los salarios, de las exportaciones y las reservas internacionales.

En consecuencia, 33 por ciento de la población nacional vive en la pobreza y ocho por ciento, o 276.000 personas, en la indigencia. En Montevideo, donde reside más de mitad de los uruguayos, la pobreza aumentó de 18 a 31 por ciento entre 1998 y 2003.

El PANES entrega un "ingreso solidario" equivalente a 50 dólares mensuales a jefas y jefes de hogares e incluye el programa Trabajo por Uruguay, que ofrece capacitación laboral y trabajo transitorio por cuatro meses por medio de sorteo público, duplicando el ingreso de sus beneficiarios.

La Cumbre Mundial a celebrarse del 14 al 16 de este mes en la sede de la ONU, en Nueva York, evaluará el progreso de los países hacia las metas del milenio. América Latina no tiene un lugar de privilegio en esa carrera.

Artículo escrito con aportes de Marcela Valente (Argentina), Gustavo González (Chile), Raúl Pierri (Uruguay) y Humberto Márquez (Venezuela).