Pensamiento Crítico

Colombia: crisis humanitaria y autoritarismo

Por Nelson Orrego | Revista Pueblos | 04 Febrero 2009
Pobreza y autoritarismo caminan de la mano. Un pueblo despojado de la posibilidad de satisfacer necesidades vitales como el derecho a la alimentación, el empleo digno, la vivienda, la educación y la salud es un excelente escenario donde construir una propuesta de corte autoritario que genere la sensación de que sólo por esta vía es posible soñar con tener acceso a estas necesidades básicas. Como veremos en el siguiente artículo, Colombia es un buen ejemplo de este fenómeno. En un informe elaborado por el PNUD en 2004 de título La democracia en América Latina. Hacia una democracia de ciudadanas y ciudadanos, se dio a elegir a los habitantes de los países de Latinoamérica entre democracias en las que la pobreza y el despojo fuesen cotidianas y regímenes autoritarios que resolvieran tales problemas. Para la elaboración del informe se realizó una consulta a una muestra de 19.508 personas de 18 países de Centro y Suramérica. Se les consultaba si "apoyarían a un gobierno autoritario que resuelve problemas económicos", a lo que el 44,9 por ciento de los encuestados respondió que de todas maneras seguiría apoyando un sistema democrático. En otras palabras, más de la mitad de los encuestados estaría dispuesta a apoyar un gobierno autoritario siempre y cuando éste se comprometiera a resolver las carencias estructurales que caracterizan la vida en el continente. El caso colombiano Observemos el caso colombiano con estos datos en la mano. Según estudios de la Comisión Económica Para América Latina (CEPAL), el total de población en Colombia en 2005 era de 44.907.000 habitantes; de estos, 21 millones vivían en condiciones de pobreza y 9 millones en condiciones de indigencia, es decir, recibían menos de un dólar por día. La tasa de desempleo llegó ese año al 11,4 por ciento y la mortalidad infantil alcanzó un índice de 17 por cada mil nacidos vivos. En la actualidad, según estudios independientes de organizaciones sociales del país, la situación se ha agravado. A lo anterior hay que agregarle las cifras alarmantes de violaciones de derechos civiles y políticos: entre julio de 2002 y junio de 2007 se presentaron por lo menos 955 casos de ejecuciones extrajudiciales y 235 desapariciones forzadas atribuibles directamente a la fuerza pública. Es decir, un total de 1.190 violaciones al derecho a la vida perpetradas por agentes estatales en los últimos cinco años. En este mismo período, por lo menos 12.547 personas ajenas al combate (en su casa, en su lugar de trabajo o en la calle [1]) perdieron la vida. Los paramilitares han reconocido que desde su aparición pública hace 25 años el número de víctimas dejadas por su accionar, sin contar desplazados internos, asciende aproximadamente a 300.000, entre homicidios y desapariciones forzadas. El número de desplazados internos alcanzó los 4 millones de personas, el segundo caso de desplazamiento más alto en el mundo después de Sudán, según cifras de ACNUR. Una mirada sobre esta realidad nos permite concluir que Colombia vive una grave crisis humanitaria, que se configura tanto por las reiteradas violaciones a los derechos civiles y políticos como por la desatención a los derechos económicos, sociales y culturales evidenciada en las cifras mencionadas anteriormente. Sobre este particular el Consenso Europeo sobre Ayuda Humanitaria ha dicho en 2007 que "las crisis humanitarias pueden ser frufruto de catástrofes tanto naturales como causadas por el hombre. Sus repercusiones son cada vez más graves, debido a diversos factores como la naturaleza cambiante de los conflictos, el cambio climático, la creciente competencia para el acceso a la energía y a los recursos naturales, la pobreza extrema, una deficiente gobernabilidad y situaciones de precariedad. Las principales víctimas de estas crisis son las poblaciones civiles, con frecuencia sus capas más pobres y vulnerables, sobre todo las de los países en desarrollo". En este contexto cabe una reflexión sobre la relación que existe entre el preocupante panorama de falta de respeto a los Derechos Humanos en el país y la construcción e imposición de un modelo autoritario de gobierno y de Estado. Las graves condiciones sociales y económicas que viven millones de personas en el país, sumadas al exterminio sistemático al que han sido sometidos millones de colombianos, son las mismas en las que el proyecto autoritario intenta consolidarse hoy imponiendo un discurso populista que sea aceptado por sectores importantes de la población sin que medie reflexión alguna. El camino del autoritarismo El autoritarismo en Colombia no comienza el 7 de agosto de 2002, cuando Álvaro Uribe Vélez asume la presidencia del país. Éste es un proceso que se va construyendo durante décadas y que actualmente, gracias a la confluencia de diferentes factores de orden social, político, económico e ideológico, toma forma. A comienzos de los años 60, en el contexto de la Guerra Fría, desde Estados Unidos se trazan políticas de control social para el continente americano conocidas genéricamente bajo el nombre de "doctrina de la seguridad nacional". La clase dirigente del país, proclive históricamente a los dictados estadounidenses, la asume como suya y actúa en consecuencia tanto en lo militar como en lo político. Es así como el despojo, la inequidad, la injusta distribución de ingresos, la negación de la satisfacción de las necesidades básicas y del acceso a servicios vitales, adquieren una dimensión que va más allá del análisis tradicional marxista (control de medios de producción) y pasan a constituir una dimensión del mecanismo de dominación en el que es necesario profundizar para garantizar un control mucho más estricto de la población desde todas las esferas de la vida cotidiana: la económica, la política, la social y la ideológica. Se configura así el despojo como un mecanismo de opresión. Consecuentemente, con el apoyo de los emporios de comunicación de masas, la dirigencia colombiana invierte la lógica de análisis del despojo y culpa a la insurgencia armada, que hasta ese momento era vista como una resistencia contra la injusticia y la opresión, de ser la fuente de los problemas. El asunto no termina aquí. Ese cambio en el imaginario arrastra a las organizaciones sindicales, barriales, campesinas, estudiantiles, etc., que pasan a ser consideradas la avanzada de la acción armada de la insurgencia en su interés por "desestabilizar" el país. A inicios del siglo XXI, en pleno auge de la ideología neoliberal y del avance de la globalización transnacional, encontramos una Colombia en la que, después de décadas de pobreza y represión, después de la ofensiva mediática para señalar como responsable de esto a la lucha popular, el camino está despejado para dar el salto a lo que podríamos llamar la ofensiva final. Es así como la clase dirigente, tanto la que actúa en la legalidad como la clandestina (que confluyen en el proyecto paramilitar), deciden jugársela toda y de frente en la instauración del proyecto autoritario de ultraderecha. La confluencia de elementos, como el ahogo económico de la mayoría de la población, el cansancio de la guerra y la ofensiva mediática a favor de salidas de fuerza, encuentran, en la propuesta liderada por Álvaro Uribe e impulsada por los sectores más reaccionarios de la vida política y económica del país, el eco necesario para que aquellos que despojaron a millones de colombianos de su dignidad se presenten ahora como los únicos que pueden sacarlos del atolladero y llevarlos por la senda del bienestar y el progreso. El discurso de Uribe, que presenta la política de Seguridad Democrática, la construcción del Estado comunitario y la lucha contra el terrorismo como las fórmulas efectivas para superar los males que agobian al país, encuentra en esta población desgastada, herida y empobrecida una gran acogida y, por dos periodos continuos, se depositan los votos necesarios para que este proyecto de Estado se siga entronizando. Aquí el juego de lenguajes hace lo suyo. Se llama inseguridad a la acción insurgente o a la de organizaciones sociales que se niegan a seguir aceptando la pobreza y la opresión como forma de vida. Se desoyen, por tanto, los miles de crímenes cometidos por el Estado y sus paramilitares. El amor por la patria ya no es la defensa de los intereses de las mayorías sino el apoyo incondicional al Gobierno y especialmente al jefe de éste, el presidente de la República. El desarrollo y el progreso no están relacionados con el bienestar de las mayorías sino con el beneficio que obtengan unos pocos, así sea a costa del hambre y la miseria de muchos. Todo esto apoyado en la tesis de que quien no esté de acuerdo con esta forma del ejercicio del poder es condenado públicamente al ostracismo porque pasa a ser señalado como enemigo de la patria. Se cierran así todas las posibilidades de disentir, de oponerse, de explorar y construir caminos diferentes para la cimentación de un nuevo país. Queda entonces una sola posibilidad: aceptar sin reparos el nuevo paraíso que desde el régimen se nos impone. Este paraíso, que se promete desde la política de Seguridad Democrática y el proyecto autoritario que encarna, puede percibirse claramente en afirmaciones como las que regularmente hace el presidente: "... nuestra Patria tiene que discurrir sin lucha de clases. El modelo de entendimiento de la sociedad colombiana tiene que ser un modelo de fraternidad, de solidaridad. Colombia no le puede mantener espacio a la lucha de clases. El odio, la lucha de clases, le dieron sustento en Colombia a la guerrilla, nada resolvieron, todo lo empeoraron. Llegamos finalmente a tener una sociedad con narcoterrorismos, sin inversión, sin equidad, sin empleo. Ese es el legado que nos deja la lucha de clases... Ytened muy presente que es nuestro deber avanzar en esas soluciones de equidad, para maltratar definitivamente cualquier vestigio de lucha de clases que quiera quedar en la política colombiana" [2]. Para la construcción de ese "nuevo" Estado se privilegia el accionar militar donde todos y cada uno de "los patriotas" tiene que poner su grano de arena: "En una patria maltratada por el terrorismo, el papá, la mamá, que aporta a su hijo a la institución armada, es un héroe que merece todo nuestro aplauso", dice el presidente Uribe, "aportar su hijo a la institución armada de Colombia, es motivo de orgullo, motivo de tranquilidad de conciencia con la patria" [3]. Éste es el modelo de país que se está imponiendo en Colombia, un modelo donde disentir, oponerse, criticar y denunciar se ha vuelto un crimen. Un país en el cual el consenso se impone, no se construye. Un país que gracias a la acción mediática de las grandes transnacionales de las comunicaciones, convierte a las víctimas del despojo y la represión que se atreven a denunciar su situación, en victimarios y en enemigos de un régimen que les ha negado todo, hasta su propia dignidad.
(***) Nelson Orrego es periodista de la revista colombiana Periferia. Este artículo ha sido publicado en el nº 35 de la revista Pueblos, diciembre de 2008.
Notas [1] Comisión Colombiana de Juristas. [2] Palabras del presidente Uribe en Consejo Comunal de Gobierno No. 50, realizado el 13 de diciembre de 2003. [3] "El terrorismo es la maleza de Colombia, hay que combatirlo a toda hora", palabras del presidente Uribe en Cali, pronunciadas el 2 de diciembre de 2002.