Pensamiento Crítico

¿Castigarán a quienes no ayuden a terminar con la pobreza?

Por Juan Gasparini | La Nación Domingo, Chile. | 04 Febrero 2009
Basados en los estudios de los chilenos José Bengoa y Magdalena Sepúlveda, la ONU pretende levantar un marco que sancione a Estados, multinacionales e instituciones crediticias, que no colaboren con la erradicación de los niveles más críticos de pobreza. Con 1.400 millones de personas que en 2009 deberán subsistir con US$2 diarios, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas busca crear rápidamente un instrumento jurídico coercitivo para los estados en la lucha contra la extrema pobreza, según los resultados de una cumbre de especialistas organizada por la ONU, esta semana en Ginebra. Al igual que lo hiciera junto a Argentina, cuando se elaboró la Convención contra las Desapariciones Forzada (2006), la diplomacia francesa vuelve a tomar la delantera. Esta vez, respaldó las investigaciones de dos expertos chilenos, José Bengoa y Magdalena Sepúlveda, referentes mundiales en la materia. La instancia se propone lograr antes de fin de año una suerte de "declaración universal" que fije compromisos para quienes pueden influir en frenar el hambre y la miseria: gobiernos, multinacionales, el Banco Mundial y el FMI. Los "principios rectores" de esta especie de tratado sobre los derechos de los pobres, procuran dejar atrás el idioma menesteroso que moviliza la ayuda humanitaria cuando se trata de paliar las hambrunas y otras necesidades acuciantes en conflictos armados y catástrofes naturales. Ahora se incorpora la idea de consultar con las comunidades afectadas los planes para erradicar la pobreza, cuya ausencia sería la causa principal del fracaso de muchas iniciativas que se han intentado aplicar en el pasado. Significa poner en "el lenguaje de las obligaciones estatales", una "herramienta práctica", que le permita a la ONU enfrentar la trágica situación de los pobres, indica Magdalena Sepúlveda, relatora especial de la ONU para la extrema pobreza y encargada de darle forma definitiva, en los próximos meses, al perfil que adoptará esa Declaración Universal de los Pobres. "La extrema pobreza no es una fatalidad sino la consecuencia de responsabilidades que la ONU debe establecer para terminar con el drama de la miseria en el mundo", resume José Bengoa, autor del "Proyecto de principios rectores", sobre los derechos de los pobres. Redactado en el 2006, el texto ha sido desempolvado recientemente por la ONU, para adoptarlo pronto. El modelo original estipula que la miseria y la exclusión social traslucen "una violación de la dignidad humana por lo que se debe dar prioridad a la adopción de medidas en los planos nacional e internacional para eliminarlas". Sanciones Esto se refleja en la negación de derechos básicos del ser humano, cuyo acceso a la alimentación, al agua potable, la salud, los medicamentos, la educación y la cultura, a la vivienda, el empleo, los papeles de identidad, y el disfrute de la justicia, tienen que ser respetados por los gobiernos, las grandes empresas nacionales y extranjeras y los organismos crediticios internacionales. "Cada uno de esos actores quedaría sujeto a un marco jurídico de lo que es lícito o está vedado hacer, para que se logre garantizar tales derechos. Y si no cumplen, tendría que haber reparación, indemnización y restitución", piensa Bengoa. A tal efecto, "a instancias de la ONU, corresponde a los estados habilitar vías de recurso a los tribunales, para que los particulares puedan exigir una rendición de cuentas", precisa Bengoa, actualmente miembro del Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. "La pobreza no surge de la casualidad y podría llegar a considerarse un delito, al ser una fuente de violaciones múltiples de los DDHH que ocasiona estragos colaterales", afirma Bengoa. Cita en particular la corrupción, el tráfico de drogas, la prostitución, el trabajo infantil, la trata de mujeres y menores, el contrabando y mercado negro de vacunas, remedios y material quirúrgico, y el menosprecio por el derecho al desarrollo de los países desfavorecidos, los cuales figuran en los 46 artículos de su proyecto. "Son los derechos inderogables e ineludibles que las autoridades gubernamentales, los organismos multilaterales y las firmas nacionales y transnacionales tienen que observar para combatir la pobreza, y así inspirar o reforzar las legislaciones de todos los países", subraya Bengoa. La violación generalizada de esos derechos constituiría crímenes de lesa humanidad susceptibles "de ser perseguidos y enjuiciados por tribunales internacionales", advierte su proyecto. "Es hora que los estados que han ratificado el Estatuto de Roma, que forjó la Corte Penal Internacional, se aboquen a castigar asimismo las violaciones sistemáticas y masiva de los derechos económicos, sociales y culturales", concluye Bengoa.