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Oscar Arias, ¿Premio Nóbel de la Paz?

Por Isabel Soto Mayedo | Agencia Prensa Latina, Cuba. | 7 marzo del 2009

Paradojas de este mundo: el Premio Nobel de la Paz en 1987, Oscar Arias, tendrá que anular o reformar un decreto mediante el cual otorgó potestad a los jefes de unidades policiales para utilizar armas prohibidas en Costa Rica.

El Tribunal Contencioso Administrativo del país centroamericano respondió con el fallo a siete ciudadanos que emplazaron al Estado por emitir el Decreto de Armas Prohibidas Nº 34850-MSP, publicado en La Gaceta No. 219 del 12 de noviembre del 2008.

La disposición reformó el Reglamento de la Ley de Armas y Explosivos, al incluir un nuevo artículo y delegar permanentemente en los jefes de las unidades policiales la decisión de utilizar artefactos de muerte de grueso calibre en operaciones de diversa índole.

El Artículo 19 autoriza "expresamente el uso de armas prohibidas descritas en el Artículo 25 inciso a) de la Ley, a los miembros de los Cuerpos Policiales adscritos al Ministerio de Seguridad Pública, en aquellas situaciones en que por las circunstancias excepcionales requieran el manejo de las mismas…"

Ametralladoras, fusiles ametralladoras, subametralladoras y pistolas- ametralladoras; carabinas semiautomáticas de capacidad superior a 10 tiros y fusiles, podrán ser empleados en "operativos policiales previamente planificados o para el resguardo de personas, bienes o cuando así lo requiera el servicio, caso o situación…"

"La designación de las armas prohibidas descritas quedará a cargo del Jefe de la Unidad Policial donde se encuentra destacado el servidor, mismo que deberá de contar con el adiestramiento necesario en el uso de este tipo de armas de fuego para lo cual se llevarán los controles correspondientes", añade el texto.

En opinión de los querellantes, lo decretado es inconstitucional y contradice el espíritu pacifista de la nación, burlado antes por el ex presidente Abel Pacheco (2002-2006), cuando autorizó la participación de Costa Rica en la invasión a Iraq (2003).

El Frente Amplio (FA) alertó también acerca del riesgo implícito en el Decreto de Armas Prohibidas No. 34850-MSP, muy abierto en lo tocante a la autorización contenida en el Artículo 19 para el uso de estos aditamentos por las fuerzas policiales.

Para el partido opositor, el Poder Ejecutivo está abusando de su potestad de reglamentar las leyes, al exceder y contradecir los límites fijados en la Ley de Armas y Explosivo y más grave aún, no excluye el supuesto previsto en el artículo 29 de la ley, en caso de huelgas y manifestaciones populares.

"Sin dudas nos encontramos ante una actuación arbitraria e inconstitucional del Poder Ejecutivo. Es una vergüenza que el Gobierno del Premio Nobel de la Paz pretenda abrir portones legales como este para reprimir violentamente a la población", expresa un comunicado del FA, divulgado por la Internet.

Arias posibilitó con este decreto que "los jefes de los cuerpos policiales decidan por su cuenta el uso de armas de grueso calibre para reprimir a ciudadanas y ciudadanos que ejercen su derecho a la huelga o se manifiestan públicamente contra las políticas del gobierno", agregó la fuente.

El Decreto de Armas Prohibidas No. 34850-MSP constituye apenas un apartado en la lista de acciones realizadas por el Premio Nobel de la Paz 1987 contrarias al mito acerca de la tradición pacifista del país y de quienes ostentan ese galardón.

Aprobación de la comercialización y producción de armas (2006)

Poco después de retornar al poder por segunda vez, el 8 de mayo de 2006, el premiado por la academia sueca aprobó la fabricación y comercialización de material relacionado con la guerra.

El Decreto Ejecutivo No. 33240-S o Reglamento General para el Ordenamiento de Permisos y Funcionamiento por parte del Ministerio de Salud respondió al afán de Arias de viabilizar las solicitudes de permiso sanitario que podrían llegar con el Tratado de Libre Comercio entre la República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (TLC).

La normativa, publicada en La Gaceta No. 161 del 23 de agosto de 2006 y poco difundida por los medios de comunicación, permitió que las transnacionales armamentistas instalaran sus fábricas en Costa Rica.

En igual proporción, legitimó la fabricación de aeronaves y naves espaciales -"para transportar mercaderías, pasajeros, para defensa militar, deporte y otros fines"- y "armas portátiles. Escopetas y pistolas de aire y gas comprimido. Fabricación de explosivos y municiones. Fabricación de armas portátiles y accesorios, artillería pesada y ligera".

El Grupo 233, Clasificación 2330 del texto, avaló a su vez la extracción de uranio a partir de la peoblenda y otros minerales que contienen el metal y a la producción en el territorio de combustible nuclear, aleaciones, dispersiones y mezclas de este en estado natural y sus compuestos; de otros elementos, isótopos y combinados radiactivos.

Con el ánimo de justificar el Decreto Ejecutivo N° 33240-S, la presidencia de Costa Rica declaró entonces que "...el Estado también tiene la responsabilidad de garantizar el bienestar de los ciudadanos, sin que por ello se obstaculicen innecesariamente las condiciones de competitividad, para el desarrollo de la actividad económica del país".

Tal vez por eso de que "una imagen dice más que mil palabras", en ese contexto el Premio Nobel de la Paz destruyó armamentos viejos en el Parque Nacional de San José con motivo de los 100 primeros días de su segundo mandato.

La acción tuvo lugar previo a su comparecencia ante la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, el miércoles 20 de septiembre de 2006, donde arremetió contra "el gasto militar, la carrera armamentista y el comercio de armas como ofensivos a la condición humana".

Pero los intentos de silenciar a la prensa y a la opinión pública fallaron. Legisladores del Partido Acción Ciudadana (PAC) emplazaron por escrito a Arias por "acudir a un foro internacional a promover la paz en tierras ajenas, mientras en casa se abren espacios a la producción armamentista".

Los diputados de la fuerza opositora instaron al presidente, en carta del 25 de septiembre de ese año, a impulsar en la Asamblea Legislativa "los instrumentos legales necesarios para prohibir en nuestro suelo la instalación de empresas cuyo fin sea la producción o comercialización de armas de guerra".

Acto seguido, el ex secretario general del gobernante Partido de Liberación Nacional (PLN), Oscar Nuñez, procuró justificar el presumible "error" del presidente al firmar el texto reproducido en la Gaceta No. 161 del 23 de agosto de 2006 y avalar con ello las inversiones de las transnacionales productoras de armas de destrucción masiva.

"Si se establecieran en Costa Rica fábricas de armas nucleares, como parece anunciar y prever el decreto del presidente Arias, toda la nación correría unos riesgos apocalípticos, propios del terrorismo nuclear en que de nuevo se debate la humanidad actual", vaticinó el columnista Francisco Escobar, en su espacio en La Prensa Libre.

"Me acongoja que este fatídico decreto que prepara la autorización del establecimiento de fábricas de sustancias radioactivas, necesarias para la fabricación de armas atómicas, está firmado por un Premio Nobel de la Paz, que preside a un pueblo pacífico que ha renunciado a la institución militar y no necesita…armas para la guerra", afirmó.

Inversiones de las transnacionales de armamentos en Costa Rica

Cuando el río suena... la RAYTHEON COMPANY, fabricante de las bombas Patriot y Tomahawk, había comprado para la fecha cinco hectáreas en la pequeña localidad de Paquera, provincia de Puntarenas; estaba en vías de legitimar su marca y había formalizado su inscripción en el registro de propiedad tico.

"Certificación del Registro de la Propiedad Industrial No. 7118 suscrita por la Jefa del Departamento de Certificaciones Vielka Sossa Obando, en la que consta que: RAYTHEON COMPANY, domiciliada 870 Winter Street, Waltham, Estado de Massachussets, EEUU, se encuentra presentada en ese Registro", reprodujo Tribuna Democrática.

En una carta enviada al periódico, el congresista del Partido Accesibilidad Sin Exclusión, Oscar López, aseguraba que la compañía pidió protección al ente para producir en suelo tico los dispositivos tecnológicos necesarios para armar los misiles de crucero Tomahawk, bombas electromagnéticas E-Bomba, convencionales y otras.

La transnacional, fabricante también de las llamadas eufemísticamente "Bombas Inteligentes", proyectaba instalar un centro para crear sistemas electro-ópticos, infrarrojos, software y otras tecnologías "al servicio de los intereses militares de sus contratistas", en particular, los del ejército de Estados Unidos.

Con ese propósito, la RAYTHEON COMPANY escogió el sitio en la punta suroeste de la Península Nicoya.

Poco después afloró el vínculo entre funcionarios costarricenses con las firmas de abogados que representaban a la empresa y a su similar, la REMEC INC, instalada en el territorio, gracias a la denuncia formulada por el diputado del PAC, Alberto Salom.

Cuestión priorizada por el Premio Nobel de la Paz 1987, en su segunda etapa de gobierno, fue la aprobación y aplicación del TLC, cuyo Anexo 3.3 desgrava el comercio del uranio natural, como radiactivo; del enriquecido, para reactores nucleares; y del empobrecido, sobrante que usa en sus municiones el ejército de Estados Unidos.

El empleo de tal sustancia tóxica, en cualquiera de sus fases, es prohibido por convenciones internacionales, pese a lo cual Arias aceptó su producción y comercialización en virtud del acuerdo bilateral.

De acuerdo con lo divulgado a través de La Gaceta No. 255, Vol. I del 2006, una compañía extranjera podrá comprar territorio en Costa Rica para depositar desechos radiactivos, porque los negociadores ticos no hicieron reserva del control del tránsito o almacenamiento de estos materiales.

Los componentes nucleares protegidos como objetos de comercio por el convenio podrían usarse para la fabricación de material bélico en suelo nacional o extranjero, tanto para fines civiles como militares.

También en las contradictorias medidas del Anexo I del tratado el Estado se reserva las concesiones para la "exploración de minerales radiactivos" y deja abierto el margen a formas de comercialización más allá de la búsqueda.

Frente al debate alrededor del convenio, evidenciado en múltiples protestas y un movimiento social sin precedentes en Costa Rica, Arias varias veces declaró ante las cámaras de la televisión y de reporteros que "el TLC no pone en riesgo ningún aspecto de la política social que ha hecho diferente a este país".

Pero la realidad fue otra y la cuestión de las armas estuvo entre los incentivos a la confrontación social en vísperas de la imposición del acuerdo, que obligó a realizar el primer referéndum de la historia nacional, el 7 de octubre del 2007.

El TLC -con su Anexo 3-3, que en el folio 1050 del expediente 16.047 acredita la comercialización de "Tanques y demás vehículos automóviles blindados de guerra, incluso con su armamento, sus partes", entró en vigencia el 1 de enero de 2009, tres años después que en las restantes naciones centroamericanas.

"Es incomprensible cómo Guatemala, El Salvador y Honduras, excluyeron de sus TLC con Estados Unidos el tema de las armas y Costa Rica, siendo un país sin ejército, que ha declarado una neutralidad perpetua y que tiene un Premio Nobel de la Paz, no lo hizo", criticó Fernando Madriz, del Centro de Amigos para la Paz.

Que "Costa Rica sea el único país de Centroamérica que tenga interés en producir armas, es un contrasentido", enfatizó el especialista, quien pronosticó la posible conversión del territorio tico en un objetivo militar y la militarización de la economía como consecuencia de este paso.

Es una contradicción que un Premio Nobel de la Paz urja a que el país apruebe un TLC que incluye estas cosas. Desde hace tiempo debió decidir que el tratado no se aprueba por contener estas disposiciones, manifestó la escritora Hilda Chen Apuy, Premio Magón, citada por Lorna y Vinicio Chacón, en el Semanario Universidad.

Incremento del comercio de armas

Costa Rica, el único país en el mundo gobernado por un Premio Nobel de la Paz, exporta "partes y accesorios para armas (armamento militar, pistolas, revólveres, escopetas, rifles, etc.)"; "bombas, granadas, torpedos y similares municiones de guerra y demás partes; cartuchos y otras municiones y proyectiles y demás partes".

La Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos (USITC) reconoce que la nación centroamericana vende también "armamento militar, diferente de los revólveres, pistolas, espadas, alfanjes, bayonetas, lanzas y armas similares", por sólo citar algunos.

"De acuerdo con datos de USITC, Costa Rica exportó a Estados Unidos armas y accesorios militares de diferente tipo, incluyendo armamento de guerra (partidas 9301, 9305 y 9306 de la tarifa amortizada- HTS) por un monto de un millón 479 mil 676 dólares en los últimos cinco años. Parte de esas ventas se hizo bajo la Iniciativa para la Cuenca del Caribe", refirió el economista Juan Manuel Villasuso.

"En cuanto a las importaciones costarricenses de armas provenientes de Estados Unidos, la cifra fue de dos millones 200 mil 318 dólares (en 2006), superior a la de todos los otros países centroamericanos y República Dominicana, con excepción de El Salvador", precisó el especialista, en un artículo en La República, el 7 de marzo de 2007.

Interpeladas en cuanto al asunto, las autoridades del Ministerio de Comercio Exterior y la Promotora de Comercio Exterior negaron tener datos disponibles al respecto y hasta coincidieron en que las exportaciones citadas por USITC no alcanzan el monto necesario para figurar en ellas, denunciaron Lorna y Vinicio Chacón.

La reticencia de los funcionarios guarda relación con la actitud sostenida por su presidente, quien discursos antibélicos aparte, promovió el Tratado sobre el Comercio de Armas, para regular la compra –venta de armas ilícitas, en todo lo referente a importación, exportación, reexportación, licencias, y corretaje o ventas en países en conflicto.

"No es prohibir la fabricación, sino regular el comercio legal. Establecer registros, saber cuánto producen los países, a quién se los venden", esgrimió el presidente de la Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano, Luis Alberto Cordero.

El reconocimiento y aceptación del trasiego de artefactos mortíferos está en el sustrato de esta decisión, como en las disposiciones adoptadas en virtud del TLC y recogidas en los decretos No. 33240-S o Reglamento General para el Ordenamiento de Permisos y Funcionamiento por parte del Ministerio de Salud y en el Nº 34850-MSP, divulgado el 12 de noviembre del 2008.

Arias prometió mil veces que "jamás permitiría utilizar el suelo costarricense para fabricar instrumentos de guerra o de muerte" y que "el Poder Ejecutivo estaría en la mejor disposición de reformar la Ley de Armas y Explosivos para prohibir definitivamente la producción de armas en el país".

"Mientras esa ley no sea reformada, reformar el Reglamento General para el Otorgamiento de Permisos Sanitarios de Funcionamiento del Ministerio de Salud", sería una prioridad, según una proclama gubernamental de 2006.

Pero sólo dos años después llegaron los cambios a la Ley de Armas y Explosivos y lejos de transformar de manera radical la cuestionada norma autorizaron el uso de "armas prohibidas" a "los miembros de los Cuerpos Policiales adscritos al Ministerio de Seguridad Pública".

Huelgan los comentarios. El acatamiento de la orden emitida por el Tribunal Contencioso Administrativo del Segundo Circuito Judicial de San José apenas pondrá un ligero parche en la inmensa llaga que cubre la credibilidad del cacareado pacifismo de Arias.

Más bien, la difusión de informaciones acerca de la demanda contra el Decreto de Armas Prohibidas Nº 34850-MSP, elevó una vez más a la picota pública al gobernante en los últimos años.

"Cuando nos enteramos nos pareció inaudito que el Premio Nobel de la Paz firmara un decreto así". "Es inconcebible que se le haya permitido a la Policía actuar contra la población civil con armas que son prohibidas según la legislación costarricense", comentó la empresaria Flora Fernández a Informa-tico.

"Se da cuenta lo que está haciendo el Presidente. Esto es un escándalo internacional: un Premio Nóbel de la Paz firmando un decreto de tal magnitud", exclamó.

Abogados explicaron que el Tribunal Contencioso lo que hizo fue darle una oportunidad al Estado para que se defienda, porque la resolución emitida apenas es interlocutoria, es decir, de trámite y no un fallo final. "Es parte de un proceso judicial contra el Estado por haber emitido ese decreto", puntualizaron.

El final de este episodio está por ver, pero el destape de la Caja de Pandora incita otra vez a escarbar en uno de los mitos más promovidos por los medios de comunicación, en juego con estrategias diseñadas en los centros de poder: la falacia sobre la Costa Rica sin ejército y paraíso centroamericano.

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