Pensamiento Crítico

La historia de Honduras y los golpes de estado

Por Héctor Hernández Fuentes | Lista Resistencia | 18 Octubre 2009
Con el objetivo fundamental de dar a la sociedad, una visión general de la historia política y social de Honduras, a partir de la década de 1950 hasta el 2009, se ha elaborado el presente estudio, el cual contiene antecedentes de la historia política del país, que permiten establecer comparaciones y diferencias de los escenarios y actores que se han presentado en el país, en los cuales se han producido los golpes de estado, hasta el suscitado el 28 de junio de 2009. Se desarrollan, además, algunas reflexiones generales y de tipo jurídico, procurando ser lo más objetivo posible, así como las consecuencias económicas, sociales políticas y culturales del actual golpe de estado para el desarrollo del país. Antecedentes Los golpes de estado, han sido la constante en la vida política del país a partir de la década del 50. Específicamente, en el año de 1956 se da el primer golpe de estado, cuyo actor protagónico fueron las fuerzas armadas. Días antes de que finalizara su periodo, en el año 56, el presidente nacionalista Juan Manuel Gálvez, salió del país supuestamente enfermo y dejó en su lugar al vicepresidente Julio Lozano Díaz. Posteriormente, se instaló la asamblea nacional constituyente, para designar al sucesor del presidente Gálvez, pero los diputados nacionalistas no hicieron quórum y, por lo tanto, se rompió el orden constitucional, y don Julio Lozano Díaz asumió todos los poderes del Estado. Julio Lozano, dio demostración de gustarle mucho la continuidad en el poder por lo que convocó a elecciones, el 7 de octubre de 1956, con la finalidad de legalizarse. Para ello, organizó un enorme fraude y su movimiento nacional reformista salió triunfante. El 21 de octubre de 1956, las fuerzas armadas incursionan en su quehacer golpístico, propiciando un golpe de estado a Don Julio Lozano Díaz. Golpe encabezado por el general Roque J Rodríguez director de la escuela militar, coronel Héctor Caraccioli director de la fuerza aérea hondureña y el mayor Roberto Gálvez Barnes ministro de fomento. Posteriormente , el 24 de mayo de 1957, en el ejército, fue planificado un golpe contra esta junta militar de gobierno, el cuál fracasó, intentona ésta encabezada por el coronel Armando Velásquez Cerrato. El 19 de septiembre de 1957, se suscita un hecho de mucha trascendencia en la vida política del país, en donde la asamblea constituyente, dominada por miembros del partido liberal, le concedió a las fuerzas armadas su autonomía. Esto, supuestamente, en agradecimiento a la gesta de deponer en el año de 1956 a don Julio Lozano Díaz. El 22 de septiembre de 1957, la junta militar de gobierno convocó a elecciones para elegir la asamblea nacional constituyente; ésta asamblea, nombró a Ramón Villeda Morales como Presidente de la República para el período 1957 -1963. El 21 de diciembre de 1957, tomó posesión del cargo el doctor Ramón Villeda Morales; en 1959, sufre la primera intentona golpista liderada por el ya mencionado coronel Armando Velásquez Cerrato quien, en ésta oportunidad, contó con el apoyo del sanguinario dictador centro americano Anastasio Somoza (Nicaragüense). El 3 de octubre de 1963, el general Oswaldo López Arrellano dirigió un cruento golpe de estado contra el presidente constitucional de la República el doctor Ramón Villeda Morales; en ésta oportunidad, las fuerzas armadas aducen, entre otras causas del golpe de estado, la infiltración comunista de que era objeto el gobierno de Villeda Morales. De todos los golpes de estado que registra la historia política de Honduras, el suscitado el 3 de octubre de 1963, ha sido el más sangriento. El general López Arellano, en 1965, mediante elecciones fraudulentas, se constitucionalizó como presidente del país para un periodo presidencial de seis años, hasta 1971. Este gobierno, se ha tipificado como muy conservador y dado al constante uso de la represión militar. En marzo de 1971, se realizaron elecciones generales, ganadas por el doctor Ramón Ernesto Cruz del partido nacional de Honduras. Este gobierno, que fue de corta duración, enarboló la bandera de ser un gobierno de unidad nacional. En la realidad, resultó ser un gobierno débil y que no produjo ni se registran logros concretos en favor de la sociedad. Su caída, se produjo a partir de una gran marcha campesina que, entre otras cosas, demandaba una reforma agraria. Sobre la base de ésta demanda campesina, las fuerzas armadas, encabezadas por el general Oswaldo López Arellano, en diciembre de 1972, depuso al gobierno civil del doctor Cruz, justificando para dicho golpe la situación caótica en la que se encontraba la nación. Contrario a lo represivo que fue el golpe de estado de 1963, el ejecutado en 1972 se dio mediante el impulso de un período que ha sido llamado "reformista militar". Este gobierno, materializó varios proyectos de mucho beneficio para la sociedad, como ser: por primera vez se elaboró un plan de desarrollo; se definió el quehacer fundamental del gobierno, impulsando una reforma agraria, para lo cual emitió el decreto ley N° 8; el decreto ley número 30, para mejorar las finanzas de las organizaciones sindicales; se creó la Corporación Nacional de Inversiones (CONADI), la que posteriormente fue saqueada por empresarios, quienes, por desgracia, nunca han sido juzgados; se establecieron impuestos a la exportación de banano y se creó, conjuntamente con otros países que se dedican a producir y exportar banano, la Organización de Países Exportadores de Banano (OPEB); también se creó el crédito prendario popular, como un medio para combatir la usura y otros más. A partir de ésta fecha, se desencadena una serie de golpes militares al interior del mismo gobierno militar. El general López Arellano fue derrocado, el 22 de abril de 1975, por el escándalo que provocó el llamado soborno bananero conocido como "BananaGate" donde también estuvo involucrado el ministro de economía de aquel entonces Abraham Benetton Ramos, hoy reconocido en la sociedad como un "Prominente Empresario". López Arrellano fue sustituido por el también general Juan Alberto Melgar Castro, quien estuvo al frente de la conducción del estado hasta el 7 de agosto de 1978, el cual fue objeto de otro golpe militar, esta vez integrado por un triunvirato militar, conformado por Policarpo Paz García, Domingo Álvarez Cruz y Amílcar Zelaya Rodríguez. Los gobiernos militares, que surgieron a partir del segundo periodo del general Oswaldo López Arrellano, fueron gobiernos de los cuales no se registran logros de alguna importancia nacional. Más bien, en la última etapa del triunvirato militar se inicia una serie de medidas de represión y hostigamiento hacia las organizaciones sociales. Se sucede en el país una nueva coyuntura política, que sienta las bases para devolver a la nación el régimen de derecho, y fue así como, el 20 de abril de 1980, se celebran elecciones para integrar una asamblea nacional constituyente en la cual se aprobó la constitución actualmente vigente. A partir de esa fecha, se ha venido sucediendo procesos electorales, en el que los partidos tradicionales, liberal y nacional, se han alternado la conducción del aparato del estado Hondureño: en seis procesos electorales, ha habido cuatro gobiernos liberales y dos nacionalistas. Destacamos dos fases claramente diferenciadas en esta época: la primera, en la década de los 80, cuyos cambios políticos respondieron más a una restauración del bipartidismo político, que a una verdadera transición a la democracia. No fue un estado democrático de derecho el que se pretendió construir, sino un estado patriarcal, clientelar patrimonial y corrupto. La transición política de ese tiempo, no tuvo como fuerza motriz una voluntad ciudadana consciente del rumbo o norte que debería seguir el país, en una época de pleno conflicto Centro Americano. Esta etapa, representó una ruptura importante con el pasado militarista y dejó una constitución política que refleja las negociaciones y los intereses de poder de su época. El contenido de esa constitución pudo haber sido mejor o peor en términos de derecho ciudadano, pero poco importaba, puesto que en manos de la clase política tradicional, lo que interesaba es continuar en el poder y lo menos que importaba era el cumplimiento de la misma. Alguna de la característica de esta época es que marca un periodo de transición política, mucha actividad electoral, debilidad institucional y fuerte presencia militar. La segunda, en la década de los 90, de transición cultural e institucional, restablecimiento de la supremacía civil sobre los militares, fortalecimiento de la democracia electoral, construcción de una cultura política democrática y creciente protagonismo de la sociedad civil. A finales de la década del noventa hasta la fecha, la situación política se ha caracterizado por llevar a la práctica el mismo modelo económico, conocido como neoliberalismo, implementado por ambas instituciones políticas tradicionales del país. Esto, obviamente, ha provocado graves y grandes repercusiones negativas en la sociedad, afectando ostensiblemente a los más pobres. Además, al igual que en la década del 80, ambos partidos tradicionales del país (Partido Liberal y Nacional), impulsaron la denominada "doctrina de la seguridad nacional", la cual tuvo un profundo impacto para la vida nacional, especialmente para la identidad nacional, la vigencia de los derechos humanos, la supremacía del poder civil sobre el poder militar. Década caracterizada por el desaparecimiento y asesinato de muchos dirigentes populares, fraccionamiento de varias organizaciones sociales y militarización de otras, exilios, persecuciones, amenazas contra dirigentes y luchadores sociales, defensores de los derechos humanos. El Partido Nacional, en la etapa de 1990 al 2009, ha logrado hacer gobierno en dos oportunidades, siendo ocupado el poder por los señores Rafael Leonardo Callejas (1990-1994) y Ricardo Maduro Johes (1998-2001). Ambos gobiernos, pretendieron expresar ser gobiernos de apertura política, y que sobre el partido nacional soplaban supuestos aires de modernidad y renovación, buscando hacer que la ciudadanía olvidara, que éste partido, ha sido una organización política de tradición autoritaria, conservadora, vertical, y golpista durante su historia. Sin embargo, estos aires de modernidad, que quisieron demostrar, quedaron olvidados frente a la galopante corrupción de que hicieron gala ambos gobiernos; por otro lado, en el período del presidente Rafael Leonardo Callejas, se inicio la implementación de los programas de ajuste estructural de la economía, los cuales se fortalecieron durante el gobierno de Ricardo Maduro. Este último, fue el presidente del banco central en el gobierno del primero, iniciándose un proceso intenso de devaluación de la moneda, lo que en la práctica significó una disminución en cinco veces el salario de los trabajadores. Siempre con la idea y pretensión de querer aparecer ante la sociedad como un partido moderno y renovado, en el presente año en el marco de su congreso anual el partido nacional aparentemente ha dado un paso de transformación ideológica, definiéndose como un partido humanitario, integrando a sectores de la juventud y mujeres. Todo de cara al proceso electoral, en el mes de noviembre del 2009, presentándose ante la opinión pública, como un partido no conservador sino, supuestamente ,como un partido renovado e incluso hasta revolucionario según algunos de sus dirigentes. El Partido Liberal, en esta etapa, ha gobernado 6 veces con los siguientes presidentes: Roberto Suazo Córdova, José Simón Azcona del Hoyo, Carlos Roberto Reina, Carlos Roberto Flores Facusse y el actual presidente, recientemente derrocado por un nuevo golpe político-militar, José Manuel Zelaya Rosales. Esta organización política, comienza a mostrar rasgos de deterioro institucional y de involución autoritaria, luego de tantos años de ejercicio del poder. Ambos partidos, hechos gobiernos, coincidieron absolutamente en defender la doctrina de la "seguridad nacional" que no era más que defender los intereses de los Estados Unidos en la región, la presencia militar extranjera, transformando el país en un verdadero enclave militar en la década del 80: en el territorio nacional coexistieron cuatro ejércitos, el ejército de la contra revolución nicaragüense, el ejército Salvadoreño, el de Estados Unidos y el ejército Nacional. El rechazo de la sociedad a la clase política tradicional, se ha visto reflejado de diferentes maneras, pero resalta el alto grado de abstencionismo tanto en las elecciones primarias y las elecciones generales del año 2005, al igual que en las elecciones primarias de este año. Esto, ha traído como consecuencia el desprestigio del organismo rector del proceso electoral (TSE), el que ha servido para imponer, fraudulentamente, candidaturas y demostrar incapacidad para administrar, con eficiencia y transparencia, el proceso electoral nacional poniendo en evidencia la crisis del sistema político en el país. El golpe de estado, perpetuado el 28 de junio del 2009, es similar al golpe de estado propiciado, en el año de 1963, contra el doctor Ramón Villeda Morales, en cuanto al argumento que utilizan los grupos de poder, de verse amenazados por el fantasma del comunismo que propicia Hugo Chávez Frías presidente de Venezuela y la inserción de Honduras a la Alianza Bolivariana de las Américas (ALBA). Por esta razón, no es casual que para justificar ideológicamente este hecho hayan tenido que desempolvar a un ideólogo del anticomunismo, el cual en la década del ochenta dirigía los conocidos batallones del 316 o escuadrones de la muerte de las fuerzas armadas, el señor Billy Joya Alméndola. Actores del Golpe de Estado reciente Estos son los mismos que siempre han sido participe de los golpes de estado acaecidos en la historia del país. 1. Los grupos de poder económico, entre los que se destacan 22 familias que están al frente de las principales empresas del país (Ferrari, Rossenthal, Facussé, Canahuati, Nasser, Kafie,Larach, Atala, Flores, y otros más). El 80% de los medios de comunicación masiva del país, está bajo el control de estas familias; la familia Canahuati, por ejemplo, es dueña del principal laboratorio farmacéutico del país ; el señor Nasser es dueño del grupo Terra que maneja centrales térmicas, empresas de productos químicos, aeropuertos, negocios de hidrocarburos, centrales hidroeléctricas, etc. 2. La cúpula de derecha de los partidos políticos vigentes : liberal, nacional, Pinu, y demócrata cristiano. 3. El Poder judicial colapsado y altamente politizado partidariamente. Esto, claramente, se manifestó durante la última elección de los magistrados por el congreso nacional, al cambiarse la fórmula existente de ocho propietarios nacionalistas y siete liberales, por la actual que es de ocho magistrados liberales y siete nacionalistas. 4. El Tribunal supremo electoral, hecho a la medida de los intereses de ambos partidos (integrado por un liberal, un nacionalista y un demócrata cristiano), deslegitimado para el manejo de los procesos electorales ya que sus integrantes fueron escogidos por el congreso nacional violando preceptos constitucionales. 5. La cúpula de la iglesia católica y evangélica. 6. Las Fuerzas Armadas, instrumento que realiza y ha realizado el trabajo sucio de los golpes de Estado. 7. Los halcones de Washington, fieles agentes del poderoso complejo industrial norteamericano. En todo caso, la operación ya había sido concebida tiempo atrás. Al igual que el ataque contra los edificios oficiales en Moldavia, lo mismo que la limpieza del valle de Swat, y el exterminio de los Tigres tamiles o la «revolución verde» en Irán, el golpe de Estado en Honduras fue planificado por la administración Bush aunque, posteriormente, representantes del nuevo gobierno de Estados Unidos admitieron, en el New York Times , haber entrado en contacto con los golpistas días antes de la asonada justificando que lo hicieron para convencerlos de que no emprendieran esa acción. Según esos testimonios, aquellos contactos finalizaron el domingo, 28 de junio, o sea, en momentos en que el golpe ya había comenzado. Hay que tener en cuenta, además, que el pequeño ejército hondureño ha sido enteramente armado, entrenado e instruido por Estados Unidos. Se supone que obedezca a su comandante en jefe, el presidente de la República, y al jefe de su Estado Mayor. Pero, en la práctica, se encuentra bajo el control del South Com, desde la base militar Soto Cano, y de la ciudad de Miami. Precisamente, el jueves 2 de julio, el Pentágono instaló apresuradamente al nuevo comandante del SouthCom, el general Douglas M. Fraser, para darle seguimiento al golpe. Acción antidemocrática, que según algunos órganos de prensa estadounidenses, contó con la anuencia y bendición de la administración Obama, quién, al mismo tiempo, hizo débiles manifestaciones públicas de condena al golpe. La derecha latinoamericana ha adoptado dos actitudes frente al golpe: a) La ultra derecha, como la de Venezuela y Colombia, sostienen que su condena generalizada violenta el "principio de la no injerencia". b) La Derecha Moderada, intenta propiciar diálogos que desemboquen en una solución aceptable, es decir que congele el avance del proceso social que impulsó Zelaya y al mismo tiempo la salida del gobierno de facto. Objetivos del Golpe de Estado reciente 1. Impedir que en Honduras se consolide un proceso de reformas políticas y sociales, contrario a los intereses de los grupos de poder. 2. Formular estrategias de lucha, contra las corrientes progresistas, que actualmente se desenvuelven en América Latina y que se han llegado a constituir, en los últimos años, en gobierno en varios países de Sur América y Centro América. 3. Perpetuar el dominio económico y político que han mantenido los grupos oligárquicos en Honduras, en beneficio de sus intereses económico- sociales, elitistas, en detrimento de las grandes mayorías nacionales y en general en el desarrollo del país. 4. Evitar la gestación de un novedoso proceso de integración latinoamericana desligado de la potencia hegemónica, e impulsar políticas de desarrollo con soberanía económica e independencia política y social de los pueblos y gobiernos, donde la injerencia externa no tiene cabida. 5. Expulsar del poder y del país al presidente constitucional de la República, para lo cual se utilizaron una serie subterfugios o argumentos leguleyescos, evitando someterlo a los procedimientos que la ley establece, para los delitos que se le imputan. Reflexiones Generales El golpe de Estado en este siglo XXI, es un proceso inédito y Honduras va a sentar un precedente, en cómo se resuelven los procesos democráticos, en los cuales se rompe la institucionalidad. Además de las similitudes con los golpes de Estado, sucedidos en el país en otras décadas, por la dinámica de la sociedad y la coyuntura política y económica, el actual golpe presenta ciertas particularidades, por lo que diremos que es un fenómeno atípico, sui generis, aunque siempre constituye un golpe de Estado dado que el asalto se da por la vía de las armas. Por medio de las fuerzas armadas, se golpea a un solo poder del estado, es decir al poder ejecutivo, conservando formalmente las viejas estructuras del poder judicial y del poder legislativo. De hecho, los tres poderes funcionan al tenor de las directrices planteadas por los golpistas. El actual rompimiento del orden constitucional del país, al igual que el perpetrado, en el año de 1963, contra el doctor Ramón Villeda Morales guardan varias similitudes. Tanto los golpistas de ayer, como los de hoy, las Fuerzas Armadas , como parte de los grupos de poder, son los actores protagónicos y, por otro lado, la campaña mediática enarbolada hoy por los golpistas , contra el Comunismo, es similar a la desplegada, en forma virulenta, en la década del 60. La diferencia particular está en que la campaña mediática de hoy es dirigida contra la Alternativa Bolivariana de las Américas (ALBA) y contra el presidente de Venezuela Hugo Chávez Frías, ambos elementos vistos como una amenaza de invasión armada a Honduras. De cualquier manera, en ambos casos, las acciones golpistas llevadas a cabo se han justificado alegando la existencia de supuestas amenazas externas. Por un lado, el lema oficial de los golpistas es hacer aparecer dividida la sociedad a partir del golpe, extremo este que dista mucho de la verdad ya que la división de nuestra sociedad es de antaño y no de ahora. La división se manifiesta a partir de la concentración de la riqueza y de la existencia de un proceso de exclusión social de la mayoría del pueblo hondureño. Esto es lo que ha polarizado la sociedad, al grado de concentrarse la riqueza en un 20% de hondureños, mientras el 80% de estos se encuentran sumidos en pobreza y pobreza extrema. Por otro lado, la ficción oficial también es hacer creer que la población hondureña esta unida y que apoya el golpe en defensa de lo que ellos denominan "Democracia y Paz para Honduras". Para ello, la empresa privada ha procedido a orquestar una intensa campaña, para dar a conocer al mundo, la unidad del pueblo hondureño y, al interior del país, a buscar el respaldo de la sociedad al golpe de estado. Tales acciones, han consistido en marchas en las principales ciudades del país, usando camisetas blancas, obligatorias para los trabajadores(as) que asistan a las mismas, bajo la amenaza de despido, especialmente en la industria de la maquila, comidas rápidas y el sistema financiero, etc. . En otros casos, se ha hecho uso de pagos o bonificaciones en especie, para los participantes, estrategia del golpismo en virtud del aislamiento internacional de que es objeto el país y por la condena internacional de los diferentes organismos y países del mundo. Nunca antes, en la palestra política internacional, país alguno había sido condenado, de manera tan unánime por actos violatorios al derecho internacional. Por otro lado, en ningún otro momento de los golpes de Estado, acaecidos en el país, se había desencadenado tanto repudio por parte de la población, recuérdese que ya suman, para la fecha 5 de octubre, 100 días de resistencia pacífica a nivel nacional. Los protagonistas del golpe, para justificar sus actos condenatorios utilizan argumentos seudo jurídicos, pretendiendo desconocer una realidad conocida por toda la sociedad, donde el sistema judicial que impera en nuestro país está totalmente politizado y colapsado. Si este sistema jurídico nacional fuera funcional, ya hubieran sido enjuiciados y castigados los golpistas, algunos violadores de las normas del derecho internacional y de la convención de Viena, con cargos de secuestro de embajadores de algunos países amigos. Es un golpe preventivo, puesto que intenta romper la cadena de movimientos populares, nacionalistas, progresistas, revolucionarios que se dan en el continente. Esta cadena, pretenden romperla por el eslabón más débil, puesto que el gobierno de Zelaya es producto de elecciones de un partido tradicional, visualizándose varias etapas en su devenir. A partir de agosto del año 2008, Honduras se adhiere al ALBA y se define un acercamiento hacia los sectores populares del país. Por tanto, este proceso montado sobre la base de un partido político tradicional, ha reproducido muchos de los vicios que le son propios como ser: rasgos de corrupción, falta de una verdadera visión estratégica y consolidación entre los amplios sectores del proceso Reflexiones Jurídicas. El más débil de los argumentos, para justificar el acto irresponsable y antijurídico de los artífices del golpe de estado, es el decir que sus actuaciones cuentan con un asidero legal, al no acatar el presidente, una sentencia emitida, en segunda instancia por la Corte de Apelaciones, declarando ilegal la consulta sobre el sí o no con relación a la llamada "cuarta urna". Por todos es conocido, que el Presidente Zelaya presentó, por medio de su representante legal, un recurso de apelación contra la resolución de primera instancia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo y, posteriormente, presentó otro medio de impugnación en la Corte Suprema de Justicia. El Juzgado de lo Contencioso administrativo, declaró ilegal el decreto PCM-005-2009, en el que el presidente de la República, en Consejo de Ministros, aprobó una consulta para establecer la instalación de una cuarta urna y decidir sobre una convocatoria a una asamblea nacional constituyente que aprobaría una nueva constitución. El 29 de Mayo de 2009, el Juzgado de Letras Contencioso Administrativo resolvió declarar ilegal la encuesta con una simple aclaración de sentencia. Esta aclaración de sentencia que, inusualmente ,y como un acto inédito de absurdo jurídico administrativo se convirtió en una sentencia definitiva, y no sustanció ningún procedimiento administrativo individualizado puesto que los alcances del decreto PCM-005-2009 de consulta popular eran diferentes al decreto PCM-019-2009 el cual amparaba una simple encuesta no vinculante. Si este decreto, PCM-019-2009 , con alcances y consecuencias jurídicas diferentes al decreto PCM-005-2009, se hubiese sido considerado ilegal por el Ministerio Público, requería presentarse, por separado, una acción de nulidad, lo que provocaría, como todo elemental y debido proceso, una controversia jurídica que derivaría en una sentencia garantista en salvaguarda de los derechos constitucionales y de las garantías procesales obligatoriamente observables, en función a la singularidad e individualización de los actos administrativos proferidos. Por otra parte la encuesta no se pudo realizar por el intempestivo golpe de Estado que provocó el secuestro del presidente Zelaya. En consecuencia, los actos preparatorios no son penados en nuestro derecho penal El Artículo 3 de la Ley de Participación Ciudadana , y específicamente el numeral 4 (Iniciativa Ciudadana), es el mecanismo de participación que se implementaría, y estaba se amparada con la firma de más de quinientos mil ciudadanos hondureños, los que plantearon una petición que igualmente está garantizada en el artículo 80 de la Constitución de la República. El fundamento legal que legitimó la petición, fue el Artículo 5 de la Ley de Participación Ciudadana que prescribe en su numeral 1) Solicitar a los titulares de órganos o dependencias públicas, de cualquiera de los poderes del Estado, que convoque a la ciudadanía general para que emitan opiniones y formulen propuestas de solución a los problemas colectivos que les afecten. Los resultados no serán vinculantes, pero si elementos de juicio para el ejercicio de las funciones del convocante. La constitución del país, establece entre otros elementos importantes, que en el país no hay clases privilegiadas y que todos los ciudadanos son iguales ante la ley. Al considerarse Honduras como un Estado de Derecho, en donde todos los ciudadanos estamos sujetos al debido proceso según lo establece el artículo 84 de la Constitución de la República que literalmente expresa: "Nadie podrá ser arrestado o detenido, sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley, no obstante, el delincuente in fraganti puede ser aprehendido, para el único efecto de entregarlo a la autoridad". En el caso que nos ocupa, el presidente Manuel Zelaya Rosales, al efectuarse su detención, debió haber sido escuchado y vencido en juicio, extremo este que nunca existió. Por otro lado, fue sacado del país por los militares, supuestamente en cumplimiento de una orden de los juzgados, pero el ejército nacional no está obligado a apresar a un ciudadano, ya que esto es una competencia de la policía nacional. En todo caso, bajo ningún concepto nuestras leyes autorizan, para que un ciudadano Hondureño pueda ser expatriado de su país, ni aun con orden judicial, tal como lo establece el artículo 102 de la Constitución que estipula "Ningún hondureño podrá ser expatriado ni entregado por las autoridades a un Estado extranjero". Sin embargo las violaciones a nuestra constitución por los que ahora dicen defenderla, la han violentado en reiteradas ocasiones, que van desde el reconocimiento a ser presidente de la República a un extranjero, como lo es el Señor Ricardo Maduro Johes. El congreso nacional de entonces, y a propuesta del Profesor Rafael Pineda Ponce, interpretó la constitución, aprobándose el argumento de que "Se realizaría por ésta única vez", permitiendo de esta forma la participación en las elecciones del señor Maduro antes referido. En los actuales momentos, el candidato presidencial del partido liberal, el señor Elvin Ernesto Santos, no podría ser candidato a la presidencia , en vista de que la constitución prohíbe ser candidato presidencial a alguien que haya desempeñado la función de presidente de la República en algún momento, y éste por ausencia del presidente José Manuel Zelaya Rosales, desempeñó tal cargo. Por otra parte, tampoco cabe su renuncia al cargo de vicepresidente, por haber sido electo por el pueblo y por ello su renuncia era imposible por ser un cargo de elección popular. De igual manera el actual presidente de facto Roberto Michelleti Bain participó en las elecciones internas del partido liberal como candidato presidencial a pesar de la prohibición que la constitución establecía en ese momento. Este personaje, acudió ante la corte suprema de justicia para una interpretación "jurídica", la cual fue favorable a su candidatura presidencial gracias al compadrazgo político de la corte suprema con Michelleti. Los antecedentes de violación a la constitución por el señor Michelleti han sido reiterados para el caso, en el año de 1985, éste estuvo a favor de la reelección del ex presidente Roberto Suazo Córdova en su condición de diputado al congreso nacional. Otro aspecto relevante en cuanto a las reiteradas violaciones a la constitución, es la extradición del hondureño Ramón Matta Ballesteros a Estados Unidos de parte de las autoridades norteamericanas, en tiempos del extinto presidente José Simón Azcona del Hoyo Por otro lado, dos de los actuales miembros del tribunal supremo electoral, no deben ocupar dicho cargo, porque ambos venían desempeñando cargos de elección popular y la constitución lo prohíbe. Aunándose el hecho de que un organismo como el Tribunal Supremo Electoral, de acuerdo con la reforma que se le introdujo recientemente, debe ser un ente técnicamente capaz y despartidizado, imparcialidad esta que la pierde cuando es de público conocimiento que los tres magistrados nombrados para tal fin, lo hacen en su condición de representantes del partido Demócrata Cristiano, Liberal y Nacional respectivamente , con el agravante que evita que los otros partidos políticos tengan representación en este organismo. Contradictorio son los hechos de algunos apologistas del golpe, quienes después de que ensalzaban la labor mediadora del Señor Oscar Arias, Premio Nobel de la Paz, ante las declaraciones dadas por éste, sobre la constitución hondureña catalogándola como un adefesio, se han dado a la tarea de denigrarlo y desprestigiarlo alegando ellos que esto constituye un ataque a la constitución y por el ende al país. A mi parecer la constitución efectivamente es un adefesio jurídico que amerita reformas profundas, ya que la misma correspondió a las condiciones que existían en el tránsito de desmilitarización de la sociedad en la década del 80. Hay que reconocer que existen instituciones jurídicas que sería importante conservarlas, pero algunos aspectos de la misma no están claros como resolverlos: por ejemplo, no se prevén mecanismos para resolver posibles crisis entre los poderes del estado. Tampoco es concebible que, en los actuales momentos de desarrollo de la sociedad se sigan conservando una gran cantidad de artículos pétreos. Por todo lo descrito, es urgente la realización de una Asamblea Nacional Constituyente, la cual deberá estar conformada por todos los sectores de la nacionalidad hondureña. Otro hecho, que se sucede en el marco del golpe perpetuado el 28 de junio, es un documento falso de renuncia del presidente para sustituirlo. Este es un hecho constitutivo de delito para quienes lo hicieron, en vista de que como él lo expreso inmediatamente, no formuló tal renuncia. Este falso documento, introducido en la cámara legislativa y utilizado como uno de los argumentos para propiciar la destitución del presidente, aparte de ilegal es contradictorio, en vista qué sentido tendría capturarlo y expatriarlo del país, si éste ya había renunciado. También se le imputan otros delitos, como ser el de Abuso de Autoridad, y Traición a la patria, los que de haberlos cometido es jurídicamente obvio que tenía que ser juzgado con las formalidades que establece la constitución de la república, las demás leyes nacionales y los tratados internacionales. El Artículo 89, garantiza que toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente y el Artículo 90 de la Constitución de la República establece que nadie puede ser juzgado sino por juez competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. Con ello se corrobora que el Congreso usurpó incluso la esfera de atribuciones de la Corte Suprema de Justicia a través de sus entes jurisdiccionales, al declarar la comisión de delitos que no se habían juzgado. También queda demostrado que el congreso nacional no tiene facultades constitucionales ni de forma expresa ni tácita, explicita o implícitas. Existe un principio universal en el derecho constitucional, que sólo quién elige es quién tiene facultades para revocar el mandato. En este caso, el soberano, es decir el pueblo y sólo éste podían revocarle su mandato, de acuerdo al artículo 236 de la Constitución de la República. Según el Artículo 205 de la Constitución de la República, el Congreso nacional no tiene la facultad de revocar el mandato al presidente. Este, únicamente tiene facultades para: a) Recibir la promesa constitucional al Presidente y Designados a la Presidencia de la República, declararlos elegidos, y a los demás funcionarios que elija; b) concederles licencia y admitirles o no su renuncia y llenar las vacantes en caso de falta absoluta de uno de ellos". (Articulo 205 numerales 12 y 13 constitucionales). NO APARECE LA DE SEPARAR O DESTITUIR AL PRESIDENTE. También sirven de fundamento jurídico para esta reflexión, el Artículo número 69 de la Constitución de la República: La libertad personal es inviolable y solo con arreglo a las leyes podrá ser restringida o suspendida temporalmente Artículo 321 de la Constitución de la República: Los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente confiere la ley. Todo acto que ejecute fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad. Artículo 323 de la Constitución de la República: Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a ley jamás superiores a ella. El artículo 99 de la Constitución de la República, establece que el domicilio es inviolable. De lo anterior, concluimos, que el decreto legislativo del 28 de junio, vulnera muchos de los principios constitucionales sobre los que descansa la legitimidad en el ejercicio del poder: rompe el Estado de Derecho; lesiona garantías constitucionales; rompe el principio del debido proceso. Ante los hechos consumados, solo cabe el retorno al orden constitucional, restituyendo a ZELAYA ROSALES a su cargo y de existir faltas constitutiva de delitos seguir el procedimiento que la Ley ordena, tanto al Presidente, como a los funcionarios civiles o militares que hayan incurrido en delitos. Por otro lado, el hecho acaecido el 28 de junio, aparte de violentar la normativa jurídica nacional, también vulnera la normativa jurídica internacional. Tales como lo establecido en La Declaración Universal de Derechos Humanos en el artículo N° 8, en donde se expresa que toda persona tiene derecho a un recurso efectivo cuando se violen sus derechos fundamentales. Por otro lado esta misma declaración en su artículo N° 11 , declara que toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley, y en juicio público en el que se le hayan aseguradas todas las garantías necesarias para su defensa. En el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su Art. 9, plantea que nadie tiene derecho a atentar en contra de la libertad y la seguridad personal. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad salvo por las causas fijadas por la ley y con arreglo al procedimiento establecido en esta. La Convención Americana sobre Derechos Humanos y los Pactos de San José de Costa Rica, en el Articulo 7 numeral 5, señala que toda persona detenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso La Declaración Americana de de los Derechos y Deberes del Hombre, contempla que nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Consecuencias del Golpe de Estado en la vida nacional En lo político: De mantenerse el gobierno de facto, se estaría poniendo en precario la legitimidad del proceso electoral próximo al igual que el gobierno que resulte de tal proceso, pues éste seria fruto de un gobierno ilegitimo. En estas condiciones, el aislamiento internacional del país se mantendría, acompañado incluso de la ausencia de observadores internacionales en las elecciones. Por otro lado, de mantenerse esta situación, sobre el resto de países de América estaría pendiendo, como una amenaza a los sistemas democráticos, ésta forma atípica de golpe de Estado. Esta posibilidad cobra fuerza, reconociendo que en la mayoría de países de América existen fuertes ejércitos que en el reciente pasado propiciaron dictaduras militares férreas y sanguinarias. De convocarse a elecciones generales, en las condiciones actuales, el grado de abstencionismo será superior al manifestado en las elecciones anteriores, dado el rechazo manifiesto de la sociedad a los partidos tradicionales golpistas corriéndose , consecuentemente, el riesgo de que una minoría sea la que elija a las nuevas autoridades. La clase política del país, ha llegado al máximo de su desprestigio, entre otras cosas, por el hecho de que sus partidos políticos han sido incapaces de ubicar a sus mejores cuadros en la conducción de los mismos. Estos, en la realidad, han sido privatizados siendo los dueños de las corrientes los mismos que definen el rumbo de los partidos, en base a sus intereses personales o de grupo y no en base a los grandes intereses nacionales. El rechazo de la sociedad a la clase política tradicional se ha visto reflejado de diferentes maneras, pero resalta el alto grado de abstencionismo, tanto en las elecciones primarias y en las elecciones generales del año 2005, al igual que en las elecciones primarias de éste año. Lo que también ha llevado al desprestigio del organismo rector del proceso electoral (TSE), el que ha servido para imponer fraudulentamente candidaturas demostrando una enorme incapacidad para administrar, con eficiencia y transparencia, el proceso electoral nacional y poniendo, de ésta manera, en evidencia la crisis del sistema político en el país. En lo económico La crisis política ha repercutido en la situación económica del país. La mayor parte de los países, con los cuales Honduras mantiene acuerdos bilaterales y los organismos de crédito multilateral, han condenado el golpe. Actualmente han sido suspendidos todos los financiamientos de organismos multilaterales, como los del Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Centroamericano de Integración Económica hacia la nación. Situación esta que viene a precarizar aun más, las condiciones de vida de la población. La economía hondureña ya sufría los efectos de la recesión en Estados Unidos, lo que propició que su Producto Interno Bruto (PIB) creciera 4.3% en 2008, mientras que para éste año el Fondo Monetario Internacional pronostica un crecimiento entre 1 y 2%. El bloqueo comercial, producto de la condena internacional al golpe de Estado, viene a gravar aun más la situación económica del país. El resumen, elaborado por la actual ministra de facto de la Secretaria de finanzas, Gabriela Núñez, revela la debilidad de las finanzas públicas. Esto, sumado a la poca recaudación de ingresos, lleva a algunos analistas en materia económica a vaticinar una posible devaluación de la moneda lo que vendría a elevar el espiral inflacionario y por ende el costo de la vida. Honduras retrocederá y perderá parte del avance de los últimos 10 años, ya estamos retrocediendo fuertemente: recuperar tasas de crecimiento superiores al 3% nos va a requerir más de cuatro o cinco años. De 7.5 millones de habitantes, aproximadamente el 70% se encuentran en pobreza y pobreza extrema, con un PIB por habitante de 1,858 dólares. La deuda hondureña equivale a un 24% de su PIB. El gobierno de Zelaya, tenía proyectos de inversión por unos 700 millones de dólares para este año, los que en su mayor parte son financiados por organismos multilaterales, los cuales han cerrado la llave atendiendo las resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la Organización de Estados Americanos (OEA). En lo social Datos estadísticos, de psicólogos y psiquiatras, a partir de la alteración del orden constitucional muestran el incremento de pacientes con síntomas de ansiedad, depresión y estrés. Según el entrenador de la selección nacional de futbol, profesor Reynaldo Rueda, las repercusiones de la crisis política en los jugadores hondureños es grande a tal grado que se podría afectar su comportamiento en la cancha. Las fuerzas armadas, han recuperado su viejo papel de fuerzas deliberantes y represivas que mantuvieron en anteriores décadas. Conclusiones El movimiento popular ha venido generando a su interior, un proceso gradual, durante décadas, de acumulación de fuerzas y de alianzas internas, lo que ha permitido este salto de calidad en la defensa de la patria. Digno es de destacar el papel jugado por el magisterio hondureño, en donde, por primera vez, se lucha por aspectos no económicos o reivindicativos propios, sino por objetivos patrióticos nacionales. Además, con la participación de este sector se observa mayor creatividad en las consignas enarboladas en las diferentes manifestaciones, ya que las utilizadas comúnmente resultaban trilladas, poco creativas, y no acordes a la situación que se reivindica. A pesar de la debilidad que caracteriza al movimiento social de Honduras, la resistencia popular ha desafiado y puesto en precario el régimen golpista. Estos últimos, no han podido dividir el movimiento, a pesar de la campaña mediática dirigida especialmente contra los maestros, en donde se utilizan spots publicitarios, de niños(as) y de padres de familia, con llamados a los docentes para que reinicien sus actividades. El actual golpe ha venido a fortalecer la unidad del movimiento popular en la lucha, por el retorno al orden constitucional: vemos a los maestros, campesinos, etnias, profesionales feministas, ambientalista, patronatos comunales, organizaciones de derechos humanos etc., aglutinados en un solo frente común. Si el presidente no es reintegrado a su cargo, en perspectiva, puede ser que se desencadenen una serie de golpes de estado, que amenazan con barrer a muchos gobiernos de Latino América. Otra posibilidad, es la de que gobiernos débiles queden a merced de los ejércitos represivos, que en la historia de Latino América han sido los que ha ejecutado los golpes de estado, imponiendo la doctrina de la seguridad nacional aplicada en la década del 80. Esta doctrina, es impulsada desde la Escuela de las Américas, donde por lo menos 3 altos jerarcas de la cúpula de las fuerzas armadas de Honduras, han sido formados especializándose en torturas, guerras psicológicas, y terror. De consolidarse el grupo golpista, la autoridad de muchos gobiernos de Centro América y Sur América quedará muy debilitada. Las fuerzas conservadoras, nacionales y continentales, utilizan una serie de tácticas o maniobras dilatorias con el objetivo de que las fuerzas sociales, que forman el frente de resistencia contra el golpe, sean conducidas a un irreparable desgaste para de ésta manera consolidar su proyecto. El presente hecho suscitado, solo nos demuestra abiertamente la fragilidad de nuestra democracia, llamada representativa y electorera, así como de las instituciones que se han creado que se han convertido en instrumentos dóciles del bipartidismo político. También se demuestra que la democracia puede debilitarse, corromperse o envilecerse, o bien estancarse y retroceder. En la democracia hondureña esto tiene lugar, ya que ella al haber sido secuestrada por los grupos de poder económico, ha hecho imposible que pueda cumplir con sus funciones esenciales. El 28 de junio del 2009, quedará registrado en la historia hondureña como el fin de un ciclo, de más de 27 años de democracia electoral, provocando el rompimiento de un pacto que ha existido en la sociedad durante todo este tiempo y que fue plasmado en la constitución de la República de 1982. Demostró que los partidos no han sufrido un verdadero proceso de renovación democrática manteniéndose en la defensa de una democracia puramente electoral. Además, probó que los militares pueden volver de nuevo al poder, que no defienden la democracia, que hacen su voluntad frente al mandato de la fuerza civil, y que son verdaderas fuerzas de ocupación reprimiendo con excesiva violencia a las manifestaciones populares. El cambio radical en la Organización de Estados Americanos (OEA), dejando de ser un ministerio de colonias al asumir una postura positiva en defensa de la legitimidad del estado de derecho, violentado por el golpe de estado y que pone en precario la democracia de Latino América. Debe quedar claro que el golpe no fue planificado para evitar las pretensiones continuistas de Zelaya, ni por la encuesta de opinión o cuarta urna. La posición de la corte, del congreso y la fiscalía, la desobediencia militar y policial, y la orden de captura solo fueron mecanismos utilizados para cumplir con parte del plan de conspiración existente en contra del ALBA. Honduras carece de recursos naturales estratégicos de alguna importancia para USA. En consecuencia, el interés de ese país en el golpe de estado radica en nuestra posición geográfica y estratégica, de sumo interés para ellos ya que les sirve de base para controlar la zona. Durante la década del 80, en aplicación de la doctrina de la seguridad nacional de Estados Unidos, se utilizó a Honduras como base de retaguardia, para controlar los ejércitos irregulares como el de la contra de Nicaragua, o para agredir grupos insurgentes de el Salvador y Guatemala. Bajo la dirección de John Dimitri Negro ponte, la embajada de USA, en ese tiempo, se convirtió en un cuartel general de la contra nicaragüense y del escuadrón de la muerte. Al regreso de los sandinistas al poder en Nicaragua, sectores de USA, miraban esto, no ya tanto como un problema en sí, sino como un verdadero peligro de contaminación. La utilización de las Fuerzas armadas solo denota el interés de apropiarse del poder ilegalmente, si se toma en cuenta que el ejército en ningún momento tiene la función de capturar personas, función que es exclusiva de la policía nacional como instrumento auxiliar del sistema de administración de justicia. Que de acuerdo a nuestra legislación procesal penal, no es necesario girar orden de captura, cuando el imputado no representa ningún peligro de fuga y que su arraigo sea suficiente para garantizar su presencia en el desarrollo del proceso penal. Es obvio, que en el caso del presidente Zelaya, éste reunía tales requisitos por lo que, en tal circunstancia, tuvo que haber sido citado para su declaración de imputado, descartando con esto la excusa de los golpistas de que lo hecho se ejecutó para evitar un derramamiento de sangre. Que la represión militar y policíaca al pueblo protestante, los asesinatos, la persecución política, la mediatización de la información a favor de los que usurpan el poder, el cierre de los medios de comunicación anti golpe, como Radio Globo y Cholusat Sur, son manifestaciones inequívocas de un golpe de estado. Violación abierta a la normativa nacional e internacional. Detenciones arbitrarias, libertades civiles e individuales conculcadas como ser la libertad de expresión, de pensamiento, y locomoción etc., suspensión de las garantías constitucionales, entre otras como el toque de queda. En los últimos días, el gobierno de facto de Micheletti aprobó un decreto ejecutivo que estableció la suspensión de cinco garantías constitucionales restringiendo, entre otros, los derechos a la libre asociación, la libre emisión del pensamiento y la locomoción. La democracia debe ser un mecanismo vivo que permita la transformación estructural de la sociedad capaz de crear las condiciones que, impidan las amenazas de los golpes de estado en sus viejas y nuevas modalidades, y evite la toma de decisiones a espaldas de la ciudadanía. Es importante reflexionar en torno a otros valores que sustenta la democracia, entre ellos, contar con una oposición beligerante; una ciudadanía activa y vigilante; y la urgente necesidad de una reforma política y electoral con amplio sentido de participación, territorialidad y descentralización. De aquí, la urgente necesidad de democratizar la sociedad, para así superar el enorme grado de desigualdad, impunidad e injusticia que hoy prevalece. Ideas para la elaboración de una propuesta alternativa a) La crisis de liderazgo en nuestra sociedad es clara y no va desaparecer con las campañas presidenciales, sino, que se acentuará en el marco del agotamiento del modelo político, económico y social iniciado en 1982. Para profundizar la democracia económica, política y social, se necesita rechazar la política tradicional que ha concebido la gestión pública como un medio de enriquecimiento ilícito, la protección de la impunidad y el descredito de la política como una función pública al servicio del bien común y el progreso social. En tal sentido, proponemos a la ciudadanía a no desperdiciar esta crisis del bipartidismo para así crear una nueva opción de un frente amplio integrado por todos los sectores de la sociedad que han rechazado el golpe. Es obvio, que se requerirá la integración de todos los movimientos políticos, partidos políticos, movimientos sociales, cívicos, religiosos, y gremios, aglutinados para impulsar un cambio social a fondo en las formas de participación y de construcción de la democracia en nuestra sociedad. b) Elaborar un Plan de Nación, fruto de un consenso nacional, que incluya un nuevo pacto social. Hacia esto, deben encaminarse los esfuerzos de toda la sociedad civil organizada, En este dialogo debe prevalecer la trasparencia, y deberá, además, ser incluyente, participativo y sin manipulación de ningún tipo. c) Superar la etapa de facto, mediante un proceso legal, donde el pueblo sea consultado acerca de las posibles y necesarias reformas a la Constitución, para que la participación ciudadana sea real en nuestra democracia. d) Impulsar la transformación democrática de Honduras, a partir de la aprobación de una nueva constitución de la República, que supere la inseguridad política, social judicial y económica. e) Crear el tribunal constitucional que dirima las confrontaciones que se puedan presentar en el futuro entre los tres poderes de los estados, integrado por personas honorables de la sociedad al margen de la influencia de los partidos políticos. f) Impulsar una reforma al sistema de partidos políticos existentes en el país, para que estos estén para el servicio de la ciudadanía y no de los grupos de poder. g) Elaborar e impulsar un proceso de reformas a ley electoral y de las organizaciones políticas, que permitan romper con el esquema bipartidista que la caracteriza. Esta debe ser construida sobre la base de la descentralización, territorialidad y la facilidad para la participación de la sociedad en la conducción de la política del país. h) Será garantía para el futuro de la Nación que las instituciones del Estado a quienes les corresponde, investiguen si existen actos de corrupción tanto en el gobierno del señor José Manuel Zelaya Rosales, en los gobiernos anteriores, y durante el período del actual gobierno de facto, así como en las instituciones estatales, a fin de deducir las responsabilidades pertinentes. i) La resistencia nacional contra el golpe de estado debe orientar sus esfuerzos en el diálogo en los siguientes puntos: 1. Retomarse el acuerdo de San José donde está implícito la restitución de Zelaya y la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. 2. Extensión del período eleccionario para la primera quincena del mes de enero, en el entendido que se reconocería al frente de resistencia contra el golpe de estado como un movimiento político inscrito y con facultades para participar en igualdad de condiciones con los demás partidos políticos del país. 3. Restructuración del Tribunal Supremo Electoral. 4. Las fuerzas populares deben participar en las elecciones con un único candidato para convertirse en la fuerza política más importante del país. 5. Acompañar al ´proceso de dialogo acciones de movilización del pueblo 6. La resistencia debe de construir consensos mínimos a su interior, y espacios a nivel nacional, departamental, municipal y a nivel de colonias, barrios aldeas y caseríos etc. 7. El Frente Nacional de Resistencia, debe emprender una campaña de lobby y cabildeo para nuevas alianzas nacionales e internacionales. Comayagüela MDC, Honduras. Octubre 2009