Pensamiento Crítico

Neoliberalismo, reformismo y revolución

Por Claudio Katz | Rebelión | 23 Enero 2010
El impacto de la eclosión global en América Latina ha sido inferior a los países desarrollados y más agudo que en las economías ascendentes de Asia. Afectó en mayor grado a Centroamérica que al hemisferio sur. El origen externo del temblor desmiente el mito de la responsabilidad autóctona de estas conmociones, pero no exculpa a las clases dominantes locales. La crisis no presenta hasta ahora el alcance que tuvieron los colapsos de las últimas dos décadas. Esta diferencia obedece al carácter acotado de la transmisión financiera y a los efectos de la monumental cirugía de los bancos en la región. Paradójicamente este contrapeso atrae capitales de corto plazo, que amenazan recrear las burbujas especulativas. El dato central de la coyuntura ha sido el freno de la retracción comercial, pero se confirmó la fragilidad que genera la dependencia regional de las exportaciones básicas. El desempleo y la pobreza han vuelto a primer plano con la disminución de las remesas. El éxodo rural ensancha la brecha social y potencia la marginalidad urbana. Los economistas heterodoxos pasaron de un diagnóstico de catástrofe a otro de irrelevancia de la crisis. Explican el impacto atenuado del temblor por la acertada intervención del estado, pero olvidan el generalizado vuelco internacional hacia esta acción. También encubren el auxilio brindado a las clases dominantes y no perciben, que se buscó evitar un desplome del poder adquisitivo por el temor que suscita la resistencia popular. Los economistas ortodoxos atribuyen el limitado alcance de la crisis a la primacía de políticas de superávit fiscal, restricción monetaria y endeudamiento controlado. Pero ocultan el costo social de esta orientación y el impulso que brindó a la concentración y extranjerización de las finanzas. Los indicadores de presupuesto, inflación o tipo de cambio confirman la continuada vulnerabilidad de la región. El alivio que ha sucedido al duro impacto inicial de la crisis reproduce en América Latina una tendencia mundial. A mediados del 2008 irrumpió la recesión, el incremento del desempleo y la retracción del comercio, a pesar de los socorros a las empresas que improvisaron todos los gobiernos. Pero al promediar el año pasado se generalizó la distensión financiera, se contuvo la compresión del crédito y la desvalorización de las materias primas. El producto bruto sufrió un significativo retroceso, pero tendería a recuperarse durante el 2010. ¿Qué dimensión presenta esta crisis, en comparación a las eclosiones que sacudieron a la región en las últimas décadas? [2] Magnitudes y comparaciones El PBI latinoamericano aumentó 4,1% en el 2008, declinaría 1,8% en el 2009 y volvería a subir 4,1% en el 2010. Este vaivén también sigue los lineamientos internacionales, con porcentuales más favorables que los países desarrollados y más adversos que las economías ascendentes de Asia. Este resultado intermedio confirma que el impacto ha sido inferior al Primer Mundo, pero no tan atenuado como en China o la India. El estallido no se originó esta vez en América Latina, sino en el epicentro del capitalismo. No sucedió a los descalabros de la deuda externa, los desmoronamientos fiscales o las fuertes devaluaciones, que periódicamente acosan a la región. Esta localización externa destruye el mito de la invariable responsabilidad autóctona de las desgracias que padece la zona. Nadie puede atribuir el vendaval actual a la "corrupción de los funcionarios", a la "escasa disciplina de la población" o la "menguante laboriosidad de los trabajadores". Los neoliberales han debido resignar su argumento predilecto para explicar el temblor en la región. El detonante externo es ahora esgrimido para exculpar a las clases dominantes locales de cualquier responsabilidad, olvidando que el capitalismo no funciona en otra galaxia. América Latina está inserta en un sistema que periódicamente soporta conmociones globales. Las mismas convulsiones que ahora desplomaron a los bancos estadounidenses, arrasaron en varias oportunidades a las finanzas de la periferia. Las crisis cambian de localización, pero obedecen siempre a un mismo determinante capitalista. Al confirmar esta inestabilidad estructural del sistema, el nuevo estallido sacudió al establishment latinoamericano, que se había acostumbrado a un quinquenio de crecimiento y apostaba a un período semejante de apacibles negocios. Pero el efecto de esta crisis ha sido muy desigual. El gran desplome del 7% del PBI que afectó a México dista de la moderada caída que soportó Brasil (uno o dos puntos). Mientras que Centroamérica sufrió el efecto inmediato de la recesión estadounidense, las economías diversificadas de Sudamérica lograron atemperar esa incidencia. El origen estadounidense del crack y su menor impacto relativo sobre América Latina constituyen, hasta ahora, los únicos puntos en común de la eclosión reciente con la depresión del 30. Las comparaciones con los colapsos más recientes de las últimas dos décadas de neoliberalismo son más aleccionadoras [3]. La recesión actual sería más aguda que las registradas durante 1990 y 2002 (caídas de PBI menores de un punto), pero no alcanzaría la gravedad de 1983 (declinación de 2,6%). Sería un shock profundo, pero de incidencia inferior a la "década perdida" del 80 o a la "media década perdida" de 1998-2003 [4]. En los derrumbes de esos períodos se verificaron desmoronamientos más dramáticos del PBI en varios países. Hubo colapsos de 17 % en Chile (1983-84), 10 % en México (1994), 11 % Argentina (2001-02) y declives muy pronunciados de Brasil (1998). La crisis actual presenta hasta ahora una magnitud inferior a esos antecedentes. Sólo en México la escala de la tormenta presenta semejanzas con el Tequila de 1994, tanto en la regresión industrial, cómo en la expansión del desempleo. Pero la turbulencia actual no ha incluido los desmoronamientos de bancos y la pulverización de la moneda, que condujeron en esa oportunidad al inédito socorro de la Reserva Federal. El brusco freno que ha sufrido la economía argentina tampoco guarda punto de comparación con la histórica catástrofe del 2001. La crisis ha puesto fin a un quinquenio de alto crecimiento, pero no produjo el desplome de un modelo (convertibilidad), ni generó cesaciones de pago, confiscaciones de depósitos bancarios o descalabros monetarios. El mismo contraste se extiende a Brasil. La principal economía latinoamericana fue muy golpeada el año pasado, pero la devaluación inicial no precipitó fugas de capital, depreciaciones monetarias, rebrotes inflacionarios o astronómicos ascensos de las tasas de interés. Estos episodios acompañaron, en cambio, al ocaso del cruzado (1986), al fin del plan Collor (1990) y a la última quiebra fiscal (1999). La conmoción actual se ha caracterizado por un tipo de transmisión muy diferente. Mayor impacto comercial que financiero A diferencia de lo ocurrido en los 80 y 90 el efecto financiero de la crisis no ha sido significativo. La colocación internacional de bonos públicos se mantuvo con tasas de rendimiento elevadas y la severa caída inicial de las bolsas fue seguida por una persistente recuperación. En la segunda mitad del 2009, los mercados bursátiles de Brasil, Chile, Perú o Colombia registraron incrementos del 100%. Por otra parte, el volumen de las reservas supera al nivel predominante durante las crisis de las últimas décadas y la carga del endeudamiento externo ha bajado. Estos pasivos (netos de reservas internacionales) equivalían al 6% de PIB (2008), frente al 30% predominante durante las eclosiones anteriores [5]. Esta menor gravitación de los desequilibrios financieros ha reducido el interés de las interpretaciones centradas en esta órbita. También el énfasis en los aspectos monetarios ha decaído, ante la limitada corrosión sufrió que esta vez el sistema bancario. Pero este cambio no es obra de la naturaleza. Reflejó la monumental transformación que sufrieron las entidades financieras, como consecuencia del tendal de quebrantos generados por las últimas crisis. Los bancos de la región han sido menos golpeados que sus equivalentes del Primer Mundo por haber procesado la depuración, actualmente en curso en las entidades de Estados Unidos y Europa. Pero esta mayor consistencia poscrisis es un arma de doble filo, ya que atrae nuevas burbujas hacia la región. En un marco de bajas tasas de interés y alto riesgo de los bancos metropolitanos, los capitales de corto plazo afluyen a la zona para lucrar con los vaivenes de las acciones, los inmuebles y las monedas. Esta llegada de fondos contrasta, con la caída de 35- 45% de la inversión extranjera de largo plazo, que se registró durante el 2009. Los conocidos efectos desestabilizadores que genera este arribo de capitales golondrinas han conducido a introducir restricciones (especialmente en Brasil). Pero si la rentabilidad de esas operaciones persiste, las barreras podrían quedar neutralizadas por otras vías de ingreso de los mismos fondos. En esta oportunidad, el tradicional canal financiero de transmisión de la crisis ha sido reemplazado por un impacto comercial. La súbita caída de los precios (29%) y del volumen de las exportaciones, que se observó entre el comienzo de la crisis (septiembre 2008) tiene pocos precedentes. Aunque alcanzó un piso (junio del año siguiente) y fue seguido de una nueva apreciación de las materias primas, el resultado final de esta oscilación es incierto. La renovada demanda de China, India y otras economías intermedias podría estabilizar estos precios, determinando una inédita gravitación de las compras asiáticas sobre el ciclo comercial latinoamericano. Pero este cambio de comprador no altera la fuerte atadura de la región al vaivén de cotizaciones de los bienes exportados. El ascenso de estos precios permitió cinco años de continuada reactivación y la reciente recuperación ha operado cómo un salvavidas de poca consistencia. Regresión social y deterioro popular El estallido de la crisis provocó un inmediato aumento de 1% de la desocupación en la región. Al menos tres millones de personas perdieron su empleo durante los primeros meses del 2009, revirtiendo la moderada recuperación de puestos de trabajo, que se registró durante el crecimiento del quinquenio precedente. Las últimas estimaciones indican un incremento del 7,4 al 8,3% (o 9%) de la tasa promedio de desocupación. Esta media incide en forma variable en las distintas economías (Argentina 8,8%, Chile 10,7%, México 6,12%). El paro comenzó golpeando a los asalariados de las industrias más internacionalizadas y terminó afectando duramente a los trabajadores precarizados e informales. En la juventud el desempleo duplica el promedio general. Hay 50 millones de jóvenes latinoamericanos que se encuentran totalmente afuera del sistema educativo y 20 millones de niños trabajan en condiciones infrahumanas [6]. Este agravamiento del desempleo coincide con una expansión de la pobreza, que afectaría a un rango de 6 a 10 millones de individuos. El porcentaje de los desamparados latinoamericanos continuará girando en torno al 40% de la población, con picos de agravamiento en las recesiones y reducidas mejoras durante las reactivaciones. Este océano de pobres alimenta crecientes formas de precariedad laboral en todos los países [7]. En las naciones más desguarnecidas la irrupción de la crisis incluyó, además, la desgracia del hambre. Este flagelo es un resultado directo de la reconversión neoliberal del agro, que acentuó la especialización exportadora, el éxodo rural y la falta de alimentos. América Latina participa con 53 millones de individuos en el mapa mundial de la desnutrición [8]. Otra consecuencia de la crisis ha sido la abrupta reducción de las remesas. Esta disminución de los envíos familiares afecta particularmente a los países centroamericanos, que sufrieron una verdadera desarticulación demográfica. Uno de cada 10 mexicanos reside en Estados Unidos y sus transferencias de fondos se han tornado vitales, al pasar de 7.500 millones de dólares (2000) a 26.000 millones (2007) [9]. En los últimos meses del 2009 se verificó incluso el inédito fenómeno de remesas inversas, es decir giros realizados desde el Sur hacia los familiares que perdieron su empleo en el Norte. Pero el retorno a casa no parece una opción, en el cuadro actual de recesión agravada por la gripe porcina y el desplome de turismo. La crisis también deteriora la distribución del ingreso, recreando el ensanchamiento de la brecha social, que se atenuó levemente durante el reciente ciclo de crecimiento. El índice Gini (que mide este desnivel) registraría un incremento del 0,47% al 0,51%. Para una región que padece los mayores índices de desigualdad del planeta, las consecuencias de cualquier desmejora en esta área son dramáticas. Basta observar las cifras predominantes en la principal economía de la región, para notar la dimensión de esa asimetría. En Brasil el 10 % más rico posee casi el 75% de la riqueza total y el 45% de estos recursos es acaparado por 5000 familias, localizadas en cuatro ciudades [10]. La desintegración social que generan estos niveles de desigualdad se traduce en un explosivo incremento de la criminalidad. Las pandillas son reclutadas entre jóvenes desempleados que soportan la marginalidad urbana, potenciada por la destrucción de las comunidades agrarias. Una multitud de individuos sin trabajo, oficio u horizonte de vida ha sido empujada a esa informalidad por la reconversión capitalista de las últimas décadas. La delincuencia se ha expandido, además, por la cultura del consumismo y de la ostentación que propagó el neoliberalismo, mientras demolía el nivel de vida las familias obreras. Los capitalistas que causaron esta tragedia, ahora protestan vivamente contra sus efectos, especialmente cuando padecen en carne propia los secuestros o robos sanguinarios, que caracterizan a la nueva criminalidad. Los responsables de esta degradación también se quejan de la baja formación educativa, cómo si la regresión en este plano fuera ajena al aniquilamiento sufrido por la escuela pública. Explicación por intervencionismo Los voceros de CEPAL han acompañado las oscilantes interpretaciones de la crisis que expusieron los economistas más afamados. Primero caracterizaron la eclosión como el mayor estallido de la posguerra y al poco tiempo, diagnosticaron un súbito fin de ese desmoronamiento. Ponderaron, además, la madurez y capacidad de resistencia que ha exhibido América Latina frente a estos temblores [11]. En ningún momento aclararon cómo se produjo el mágico pasaje de una catástrofe económica a una recaída irrelevante. En cambio, atribuyeron la novedosa capacidad que ha mostrado la zona para atemperar la crisis global, a las políticas heterodoxas de intervención estatal. Algunos autores contrastaron estas acciones con la parálisis o ineficacia, que impuso en ocasiones anteriores, la subordinación ortodoxa a los dictados del mercado. La intervención del estado ha sido efectivamente un dato generalizado, que se manifestó en distinto tipo de medidas. Algunas tendieron a disuadir el aumento de las tasas de interés y otras a sostener parcialmente la demanda mediante la expansión monetaria. Esta política predominó con diversos matices en casi todos los países, desmintiendo la apología neoliberal a las cualidades autocorrectivas del mercado. Pero esta orientación no fue un invento latinoamericano. Acompañó una tendencia mundial que asumió mayor intensidad en Estados Unidos y Europa. Pero esta intervención ha sido posible en la región por la existencia de reservas acumuladas durante la prosperidad del 2003-08. Como en ese período se registraron tasas de crecimiento del 5% anual y mejoras de los términos de intercambio del 100%, los gobiernos contaron con un margen de acción inexistente en los colapsos anteriores. Aprovecharon la coyuntura creada por el primer período de crecimiento latinoamericano superior a las economías desarrolladas desde la posguerra. Especialmente el auge externo proveyó ingresos fiscales, que permitieron evitar la repetición de la bancarrota mexicana de los 80 o el quebranto argentino del 2001. Pero la intervención que pondera CEPAL no fue neutra. Socorrió con fondos públicos a los grandes bancos o empresas, mediante auxilios que excluyeron la redistribución de ingresos. El incremento del gasto público benefició a las clases dominantes y solo incorporó compensaciones secundarias en el área social. La atención que igualmente se ha puesto en evitar un desplome del poder adquisitivo, refleja el temor que han dejado las grandes rebeliones populares de las últimas décadas. Más que una repentina inclinación por la heterodoxia, en la cúpula del poder ha estado fresco el recuerdo de esos levantamientos sociales. Explicación por ajuste Los economistas ortodoxos atribuyen el limitado impacto de la crisis en la región a la aplicación de estrictas políticas de superávit fiscal, restricción monetaria y endeudamiento controlado. Consideran que esta sobriedad permitió afrontar con sólidos escudos el vendaval externo [12]. Esta caracterización registra la existencia de un contexto fiscal y monetario efectivamente distinto al pasado reciente. La deuda regional equivalente al 53% del PBI y al 365% de exportaciones en 1987 se redujo al 21% y el 87% de estos guarismos en el 2008. También los bancos presentan un nivel más acotado de apalancamiento, en un marco de endeudamiento público y privado más reducido [13]. Pero este escenario no fue forjado con sobriedad administrativa. Ha sido el resultado de un ajuste social brutal, que incluyó procesos de licuación de deudas, desvalorización de capital y transferencias de ingresos solventados por las mayorías populares. Los neoliberales omiten esta cirugía, que también condujo a la reorganización de las finanzas a favor de un grupo más selecto de entidades. Estas limpiezas han convertido por ejemplo a Brasil, en un niño mimado del establishment global. El país recibe altas calificaciones de los banqueros (investment grade) e incluso presta plata al FMI. Luego de una escalada de quiebras (1994), que centralizó todo el sistema en pocas manos, las principales instituciones sobrevivientes se han especializado en operaciones con derivados y opciones. Sólo 25 entidades controlan el 81% de los activos y mantienen altos lucros de intermediación, en un marco de mayor estabilidad monetaria. En México se consumó un proceso semejante luego del colapso de 1994. Pero en este caso, la concentración de bancos se produjo junto a la extranjerización de todo el sistema, especialmente luego del pasaje del Banamex al Citigrup y del Bancomer al BBVA. Toda la estructura de préstamos ha quedado, además, muy conectada a la subordinación económica a Estados Unidos. En Argentina la reorganización bancaria sucedió al descomunal colapso del 2001-02. Aquí no sólo hubo cierre y venta de entidades, sino también expropiaciones de depósitos, canjes compulsivos de las deudas, pesificaciones de acreencias dolarizadas y default de bonistas. La magnitud de este estallido terminó limitando la hegemonía lograda por las finanzas durante los años 90, pero no revirtió una estructura financiera retrógrada y concentrada. Sólo 10 entidades controlan el 77 % de los depósitos [14]. Cómo procesos semejantes (o más turbulentos) de reorganización bancaria se registraron en Ecuador y Venezuela (y otros países), la eclosión reciente llegó a Latinoamérica en el período de reestructuraciones que sucede a las crisis. Pero esta coyuntura es frágil y no brinda protección frente a un rebote del temblor externo o una nueva erosión endógena. Las causas estructurales de la pulverización sufrida por los bancos durante los años 80 y 90 persisten y la repetición de esos estallidos es una posibilidad siempre latente. Los dos factores que pospusieron este desenlace –altos precios de las materias primas exportadas y cierto control del déficit fiscal y la inflación- están sujetos a imprevisibles y repentinos desajustes. Los economistas ortodoxos presienten esta fragilidad y advierten contra los peligros que afronta la región. Pero siempre olvidan considerar cuán responsables son de esa vulnerabilidad. Notas [2] Esta evaluación continúa nuestro primer análisis: Katz Claudio, "América Latina frente a la crisis global", Crisis capitalista, economía, política y movimiento, Espacio Crítico Ediciones, Bogotá, 2009. [3] Mientras que en Estados Unidos la crisis se prolongó hasta 1939, en la mayor parte de América Latina concluyó en 1932-35. Maira Luis, "¿Cómo afectará la crisis la integración regional?", Nueva Sociedad, n 224, noviembre-diciembre 2009. [4] Esta evaluación presenta Ocampo José Antonio, "La crisis económica global", Nueva Sociedad n 224, noviembre-diciembre 2009. [5] Ocampo La crisis. [6] Rojas Aravena Francisco, "Siete efectos políticos de la crisis internacional en América Latina", Nueva Sociedad n 224, noviembre-diciembre 2009. Fazio Hugo, "Las grandes crisis latinoamericanas de los últimos 15 años", La explosión de la crisis global, LOM, Santiago, 2009. También Página 12, 8-12-09 [7] La Nación, 11-11-09, 6-9-09. [8] La Nación, 15-10-09. [9] CEPAL Informe, 15-7-09, La Nación, 22-11-09 [10] La Nación, 6-9-09, Página 12, 26-12-09. Pochman Marcio. "El país de los desiguales". Le Monde Diplo, diciembre 2007. [11] CEPAL, "Panorama de la inserción internacional de América Latina y el Caribe", 10-12-2009, Santiago de Chile. También La Nación, 11-11-09. [12] Esta tesis plantea Arriazu Ricardo, "América Latina logró ser menos vulnerable", Clarín, 21-9-09. También Sturzenegger Federico, en Página 12, 2-2-08. [13] Clarín, 21-9-09. [14] Página 12, 27-1-09.

Del industrialismo a la exportación básica

El modelo exportador ha recuperado preeminencia, multiplicando la atadura de la economía zonal al vaivén de precios de las materias primas. Los grandes proyectos de infraestructura buscan garantizar salidas externas para los insumos codiciados por las transacionales. La minería a cielo abierto, la deforestación y el uso irracional del suelo agravan las adversidades tradicionales del modelo extractivo y afianzan el peligroso deterioro del medio ambiente. Este esquema es avalado por CEPAL, que reemplazó el viejo industrialismo por una insostenible reivindicación de la primarización. Estados Unidos busca recuperar las posiciones perdidas en la región para reforzar su aprovisionamiento de insumos básicos. Europa no disputa preeminencia política, pero sí negocios y podría quedar afectada por el deterioro económico de España. La llegada de China entraña un desafío mayor en la disputa por el botín de minerales, alimentos y combustibles. La industria latinoamericana se amoldó a la creciente penetración de las corporaciones multinacionales. Su gravitación ha disminuido, pero no desapareció como sector de peso. Las viejas burguesías nacionales promotoras del mercado interno han sido reemplazadas por burguesías locales que jerarquizan la exportación. El nuevo esquema no implica extranjerización total. Los capitalistas latinoamericanos continúan manejando sus Estados, con mayor inclinación por la asociación trasnacional. La incorporación de México, Brasil y Argentina al G20 y el apoyo al FMI como reorganizador de las finanzas mundiales ilustran esta imbricación. El Fondo no ha cambiado y continúa administrando el ajuste al servicio de los banqueros. Es erróneo atribuir un perfil "posliberal" a gobiernos que privatizan recursos básicos, mantienen estructuras fiscales regresivas y apuntalan el agronegocio. El vaivén de los precios internacionales de los insumos incide como nunca sobre la economía latinoamericana. México depende de los ingresos que aportan las ventas de petróleo, Argentina ha quedado atada a la valorización y depreciación de la soja y Brasil está pendiente de los productos básicos que comercializa. Esta subordinación a la cotización de metales, alimentos o combustibles es muy superior en los restantes países de la zona. La primarización a debate Es indudable que el modelo exportador ha recuperado preeminencia en la región. Los grandes proyectos de infraestructura buscan garantizar salidas externas para materias primas elaboradas siguiendo el esquema extractivo. Los principales conglomerados concentran su actividad en el sector primario, recreando la especialización que históricamente empujó a Latinoamérica a un status periférico. Entre 1985 y 1996 se extrajeron 2.706 millones de toneladas de productos, compuestos en un 88% por minerales y petróleo. La región es muy codiciada por las compañías mineras, que explotan los cuantiosos acervos de cobre y hierro y los grandes yacimientos de litio y uranio. También reúne las reservas más significativas de agua y biodiversidad del planeta. Durante la mayor parte del siglo XX, el desarrollismo se opuso a la especialización exportadora que promovían los liberales. Pero este rechazo se atenuó en las últimas décadas y ha desembocado en la actualidad en una curiosa reivindicación de la primarización por parte de CEPAL. El principal vocero de la heterodoxia industrialista reivindica el "potencial que ofrecen las actividades basadas en recursos naturales", resalta su aporte tecnológico y defiende la suscripción de acuerdos de libre comercio para facilitar el ingreso de los productos básicos a las economías desarrolladas [2]. Estos planteos no sólo contrastan con la tradición industrialista, que encarnó la CEPAL entre 1950 y 1980. También ignoran los argumentos que se esgrimieron durante decenios contra las nefastas consecuencias del modelo primario-extractivo. Este esquema generó en el pasado sometimiento externo, saqueo de recursos y perdurables obstáculos a la acumulación. En la actualidad impone la persistencia de la pobreza y provoca la expulsión de la población rural sin crear puestos de trabajo equivalentes en las áreas urbanas. Todas las objeciones clásicas a la primarización mantienen su vigencia. La gravitación de las empresas transnacionales, la globalización y la emergencia de Asia no atenúan las adversidades de ese modelo. En realidad, los viejos problemas de la inserción exportadora han sido potenciados por las nuevas consecuencias de la devastación ambiental. Los propios técnicos de CEPAL han evaluado los dramáticos costes sociales del cambio climático para América Latina en materia de pestes, enfermedades y deterioro del agua o el suelo [3]. Pero estos impactos se divorcian de sus fundamentos en el esquema primario-extractivo. Especialmente se olvida que la principal fuente de emisión de gases tóxicos en la región proviene de la minería a cielo abierto, la deforestación y el uso irracional del suelo para ampliar monocultivos. Este deterioro del medio ambiente no se corrige en América Latina con lamparillas que ahorren electricidad o automóviles híbridos. Se requieren políticas de conservación de la naturaleza radicalmente opuestas a la continuada primarización del comercio exterior [4]. Prioridades de Estados Unidos América Latina sigue ocupando un lugar estratégico para Estados Unidos, cómo gran reserva de recursos naturales. La región cumple una función decisiva en el aprovisionamiento de los metales y el petróleo que utilizan el Pentágono y el complejo industrial del Norte. Mediante tratados bilaterales de libre comercio, Estados Unidos ha buscado resguardar este abastecimiento, mientras refuerza su exportación de productos elaborados y generaliza la fabricación de partes en las zonas francas [5]. El imperialismo norteamericano encara esta acción para superar una crisis de dominación sobre una región tradicionalmente manejada como extensión de su propio territorio. La gestión de Bush estuvo signada por el fracaso del ALCA y la reaparición de revueltas populares antiimperialistas. Esta oleada también dio lugar a nuevos gobiernos enfrentados con el Departamento de Estado. Obama busca revertir esta pérdida de influencia estadounidense, que se verifica mucho más en el hemisferio sur que en Centroamérica [6]. Estados Unidos busca también recuperar el terreno perdido a manos del capital europeo desde el fuerte ingresó de España a sectores claves de las finanzas y los servicios latinoamericanos. Europa no disputa preeminencia militar, ni gran liderazgo político en la zona, pero alienta acuerdos de libre comercio para favorecer a sus propias compañías. Habrá que ver si el duro efecto de la crisis actual sobre las firmas españolas les permite preservar su presencia como segundos inversores externos de la región. La llegada de China a una zona históricamente alejada de su radio de acción representa un desafío mucho más serio para Estados Unidos. La potencia oriental se ha convertido en gran demandante de petróleo, soja y cobre y su intercambio con Latinoamérica saltó de 10 billones de dólares (2000) a 140 billones (2008). Además, la economía china inunda de productos a sus nuevos socios y ha logrado convertir a Brasil en un cliente de primer orden. El intercambio entre ambos países tiende a superar el comercio brasileño-estadounidense, y un deslizamiento del mismo tipo comienza a observarse en Perú, Chile y Argentina. Pero el gigante del Norte ya ha reaccionado suscribiendo un acuerdo de libre comercio transoceánico (Vietnam, Singapur, Australia), que aglutina también a sus socios del pacífico sudamericano. En este escenario se dirime la disputa por el gran botín de los recursos naturales que atesora la región. El ocaso de la burguesía nacional La vieja estructura industrial que producía limitadamente bienes para el mercado interno ha quedado remodelada por las sucesivas crisis que padeció América Latina. Ese tejido forma parte en la actualidad del esquema exportador, especialmente en los tres países que desarraollaron un sector fabril de importancia. La renovada gravitación de las materias primas no ha destruido a la industria latinoamericana, pero debilitó su incidencia en comparación con la posguerra. Se ha modificado el perfil de la manufactura por el creciente peso de las corporaciones foráneas. Sin embargo, también irrumpieron multinacionales latinas en los nichos no ocupados por las grandes firmas internacionales. El retroceso relativo de la industria regional es más visible en comparación con la expansión de las firmas asiáticas. La participación general de ambas zonas en el comercio mundial siguió trayectorias claramente distintas. Mientras que América Latina ha mantenido su presencia tradicional (del 4% del total en 1980 al 5% en 2008), Asia saltó del 6% al 23%, en el mismo período. La diferencia en el tipo de productos vendidos es mucho más significativa, ya que en la primera zona mantiene su especialización en materias primas y la segunda genera manufacturas industriales [7]. El escenario del 2010 es sólo una expresión coyuntural de esta divergencia. América Latina crecería 2 o 3%, frente al 12% de China y el 8% de la India. Es indudable que la gravitación preeminente de las finanzas y un patrón de crecimiento centrado en exportaciones básicas han recreado las viejas limitaciones de la industria latinoamericana. El viraje de las últimas décadas ha modificado, además, el perfil social de las clases dominantes. Las viejas burguesías nacionales promotoras del mercado interno han sido sustituidas por nuevas burguesías locales que jerarquizan la exportación y la asociación con empresas transnacionales. El neoliberalismo consolidó este cambio en las tres principales economías de la región. La antigua burguesía industrial brasileña forjada al calor de las políticas desarrollistas perdió primacía. Desde los años 80 fue reemplazada en el manejo del Estado por el bloque actual de banqueros, hombres del agronegocio y exportadores industriales. En México, el unánime apoyo que brindan los capitalistas al acuerdo de libre comercio con Estados Unidos ilustra más categóricamente la declinación del viejo proteccionismo industrialista. En Argentina, el salto de un esquema a otro adoptó formas dramáticas de demolición fabril y destrucción del viejo empleo formal forjado durante la sustitución de importaciones. Este cambio en las clases dominantes también dio lugar a una creciente predilección por la rentabilidad financiera a corto plazo junto a nuevas ligazones con empresas foráneas. Ambos procesos se verifican en la fuga de capitales o a la inversión externa de capitales, que no encuentran colocaciones rentables en la acumulación interna. Pero la desaparición de las viejas burguesías nacionales no extingue a las clases capitalistas locales, que siguen actuando en función de sus propios intereses y disputan varias franjas de actividad con firmas foráneas. Constatar la declinación de la burguesía nacional sólo implicar registrar que un segmento de la clase dominante (y una estrategia de acumulación) han perdido relevancia. No hay extranjerización total ni copamiento transnacional. Los capitalistas latinoamericanos constituyen la fuerza social predominante en el manejo de los estados, aunque es mayor su inclinación a profundizar la asociación con el poder financiero global [8]. Un ejemplo de este cambio fue la actitud asumida por los gobiernos de México, Brasil y Argentina frente a la crisis reciente. Los tres países fueron incorporados a las reuniones del G20, para apuntalar el socorro internacional de los bancos quebrados. Tal como se esperaba, la administración neoliberal mexicana se adscribió de forma ciega a todas las iniciativas de la Reserva Federal. Pero las mismas posturas adoptaron los presidentes más autónomos de Brasil y Argentina. Las tres administraciones avalaron el sostén mundial del dólar y de los bancos quebrados. Concertaron esta postura en las reuniones mantenidas en Chile, a mediados de 2009, con el vicepresidente estadounidense y el primer ministro británico. Este cónclave fue calificado en forma absurda por la prensa, como un "encuentro de líderes progresistas". Utilizar esa denominación para describir la convergencia regional con autoridades angloestadounidenses es tan ridículo cómo otorgarle el premio Nobel de Paz al máximo exponente de imperialismo. En las reuniones que tramitaron la socialización de las pérdidas sufridas por los banqueros no podía filtrarse ninguna pizca de progresismo. México, Brasil y Argentina asumieron esa agenda para ratificar que sus clases dominantes comparten las prioridades del capitalismo global. "¿Posliberalismo?" Otra manifestación de esta misma alineación ha sido el apoyo al FMI para reorganizar las finanzas mundiales. Naciones que han sufrido en carne propia los ajustes que impone ese organismo, acompañan ahora la recomposición de esa entidad. México solicitó inmediatamente un nuevo crédito, Brasil subió la apuesta aportando capital fresco al Fondo y Argentina comenzó un largo camino de retorno al organismo que repudió luego de cancelar las ilegítimas deudas que mantenía con esa entidad. Esta nueva convalidación del FMI frecuentemente se justifica con la reivindicación de esta institución de su papel compensador de los desequilibrios internacionales. Se afirma que este apoyo a las regiones subdesarrolladas en los momentos de crisis se reforzará con mayor inyección de recursos [9]. Pero la credibilidad actual de esta fábula se ha reducido significativamente. El FMI siempre auxilia a los bancos afectados por el quebranto de los Estados e impone medidas de ajuste que solventan los oprimidos. Un "rol más activo del Fondo" sólo implica exigencias más drásticas sobre los deudores. Es muy frecuente escuchar que se ha producido una súbita transformación del FMI, que "aprendió las lecciones del pasado", "ya no exige sacrificios" y respeta a la "soberanía de las naciones". Pero resulta muy difícil encontrar algún indicio de esta insólita conversión de agresor de los pueblos en transmisor del desarrollo. En los hechos, el FMI continúa implementando la misma política con idénticos ultimátum. Basta observar los últimos convenios firmados por El Salvador, Islandia o Pakistán, para comprobar esa continuidad. Es cierto que en los últimos meses se triplicaron los recursos del organismo, se renovó el menú de créditos y apareció una línea de préstamos más flexible para complementar el tradicional Stand By. Pero los convenios mantienen las exigencias de siempre. Serbia y Bosnia debieron aceptar reducciones de salarios de los empleados públicos y Ucrania o Bielorrusia tuvieron que introducir la dura ley del déficit cero. Lo único que ha cambiado es el discurso que legitima estos ajustes [10]. Las nuevas ilusiones en el FMI tienen un objetivo político. Buscan aislar a los gobiernos y movimientos sociales que mantienen críticas al organismo, exigen su abandono y proponen construir entidades alternativas al mayor emblema del neoliberalismo. La moda actual de revalorizar al FMI es compartida por muchas corrientes neodesarrollistas hostiles a la primacía asignada al capital foráneo ("ahorro externo") y a la obstrucción al desarrollo industrial que generan las altas tasas de interés. Esos enfoques divergen del neoliberalismo convencional, pero aceptan la prioridad exportadora, el ajuste salarial y la estrecha asociación con las corporaciones transnacionales. Al igual que CEPAL, renuncian a las aristas conflictivas del viejo desarrollismo y se oponen a una redistribución radical del ingreso, complementada con nacionalizaciones y reformas agrarias [11]. Sólo la aplicación de estas tres últimas medidas implicaría el inicio real de un estadio "posliberal". Es un error aplicar esta noción a gobiernos que mantienen la privatización de los recursos básicos, la estructura fiscal regresiva y la concentración de capitales y tierras en el agro. Los cambios progresistas en estas tres áreas constituyen puntos de partida insoslayables para comenzar rupturas con el legado neoliberal que preservan los denominados gobiernos progresistas. En este terreno se diferencian de sus antecesores nacionalistas en que a mitad del siglo pasado chocaban con la oligarquía y el capital extranjero para desarrollar la industrialización autónoma e introducir reformas sociales. Notas: [2] CEPAL, "Panorama de la inserción internacional de América Latina y el Caribe", 10-12-2009, Santiago de Chile. Una reivindicación más apologética de este modelo plantea Castro Jorge, "Los países exportadores de alimentos adquieren mayor relevancia", Clarín, 6-9-09. [3] La Nación, 17-12-09. [4] Dos criticas contundentes a este modelo plantean Acosta Alberto, "Los gobiernos progresistas no han puesto en tela de juicio la validez del modelo extractivista". 10-9 2009 www.ecoportal.net/content/view/full/88404. Gudynas Eduardo, "Inserción internacional y desarrollo latinoamericano", Observatorio de la Globalización, nº 7, diciembre 2009. [5] Esta políticas es detallada por Saxe Fernández John, ¿"América Latina: reserva estratégica de Estados Unidos"?, OSAL n 25, abril 2009. Delgado Ramos, "América Latina como reserva minera", Memoria 238, octubre-noviembre 2009. [6] Hemos analizado este tema en Katz Claudio, El rediseño de América Latina, ALCA, MERCOSUR y ALBA, Ediciones Luxemburg, Buenos Aires, 2006. [7] La Nación, 11-11-09. [8] Hemos desarrollado esta visión para el caso argentino en Katz Claudio, "Burguesías imaginarias y existentes", Enfoques Alternativos, nº 21, febrero 2004, Buenos Aires. [9] Es la tesis de Frenkel Roberto, Rapeti Martín, "La crisis mundial desde la perspectiva de los países en desarrollo", Nueva Sociedad nº 224, noviembre-diciembre 2009. [10] Un detallado informe presentan Nemiña Pablo, "El nuevo FMI", Página 12, 20-9-09, Wesibrot Mark, "Jubilar al FMI", Página 12, 7-5-09. [11] Un ejemplo en Bresser Pereira Luiz Carlos, "Globalizacao e competicao", Folha de Sao Paulo, 2,11.09

Variedad de políticas económicas

Las distintas políticas económicas obedecen a situaciones nacionales muy diferentes de erosión por arriba y resistencia por abajo. En México, la crisis repite la profundización neoliberal, que sucedió a todas las eclosiones precedentes. Se refuerza la desarticulación industrial que imponen las maquilas y se acentúa el vaciamiento de reservas que genera la provisión de petróleo a Estados Unidos. La falta de inversiones potencia, además, las presiones para privatizar la empresa estatal. Brasil se distingue del resto de la región por sus multinacionales y la envergadura de su mercado. Pero su modelo actual no recrea el industrialismo de posguerra, ni elimina las asimetrías con las economías centrales. El agro-negocio ha recuperado primacía, bloqueando la reforma agraria y profundizando las tendencias hacia el librecomercio. El curso socioliberal condujo a la cooptación de la burocracia sindical e introdujo un nuevo equilibrio entre sectores del bloque dominante. El modelo neodesarrollista intentado en Argentina emergió del descontento burgués con los resultados de la cirugía neoliberal, en un marco de grandes protestas populares. Se ha buscado recomponer la gravitación de la burguesía industrial, en desmedro de los bancos y en conflicto con el agro-negocio. Hubo concesiones sociales, sin redistribución de ingresos y sin nacionalizaciones de sectores estratégicos. El crecimiento del último quinquenio no revirtió la desarticulación productiva y el empobrecimiento estructural. La política reformista de Venezuela, Bolivia y Ecuador incluye avances sociales, pero no resuelve los principales problemas de economías muy periféricas y dependientes. Las nacionalizaciones del proceso bolivariano son indispensables para superar el atraso y erradicar los derroches de la burguesía rentista. Pero la ausencia de control obrero y social y el injustificado pago de indemnizaciones reciclan los privilegios de la "boliburguesía" Mayores avances en la estatización de los hidrocarburos son necesarios en Bolivia, para financiar la impostergable mejora del nivel de vida popular. Es un error intentar contrapesos del poder económico de la derecha, mediante concesiones al capital extranjero. La importante auditoria de la deuda realizada en Ecuador choca con la continuidad de un modelo extractivo, que ha desatado fuertes conflictos con el movimiento indígena. En la región se observan políticas económicas diferenciadas en función de dos procesos: la consolidación o erosión del neoliberalismo y el avance o reflujo de la resistencia popular. Estas singularidades se expresan en cuatro variantes de orientación oficial. Neoliberalismo ortodoxo en México La economía azteca ha sido particularmente afectada por la crisis actual. Mientras que el PBI se contraería 0,8% en Brasil y mantendría una leve subida de 1,5% en Argentina, decaerá 7% en México. A pesar de esta contracción, el gobierno de Calderón reafirmó la política neoliberal de las últimas décadas, otorgando mayores atribuciones al Banco Central para administrar el ajuste. Al igual que en la crisis anteriores, la eclosión actual induce a profundizar la atadura al neoliberalismo. Esta política se inició en México a mitad de los 70 con un crack que precipitó el endeudamiento externo y el despojo petrolero. El descalabro posterior de 1982 condujo a la suscripción del NAFTA y el desmoronamiento bancario de 1994 desembocó en más privatizaciones y librecomercio. Esta dinámica de neoliberalismo continuado, ubica a México más cerca del patrón mundial, que de las peculiaridades latinoamericanas. Esta orientación no obedece sólo al ascenso del partido derechista PAN, sino que es también compartida por la vieja burocracia nacionalista del PRI. Esta política económica se afianzó a pesar de sus nefastas consecuencias. Ha consagrado una profunda dualización entre la minoría que lucra con el modelo vigente y la mayoría afectada por ese esquema. Los perdedores se localizan especialmente en sectores de la pequeña empresa, en la región sureña y en la masa de asalariados, que perdieron un millón de puestos de trabajo en última década. La crisis actual ha puesto de relieve la enorme dependencia hacia Estados Unidos, que absorbe el 85% de las exportaciones del país. La recesión de la potencia vecina paralizó todo el cordón de maquiladoras, creando una situación muy crítica en los sectores automotor, electrónico y textil. A diferencia de lo ocurrido en 1994, esta vez no se avizora una salida con mayores ventas al norte. El esquema de maquilas es vulnerable, además, por la baja competitividad de actividades que operan con tecnologías fragmentadas. Los enormes lucros de las corporaciones foráneas se asientan en los bajos costos salariales. Esas empresas han reforzado la desintegración de la vieja estructura industrial, introduciendo mayores niveles de explotación y depredación ambiental. Ni siquiera han alentado aumentos significativos de la producción, cómo lo demuestra el bajo crecimiento industrial (desde el año el año 2000, sólo un tercio de la media prevaleciente en los 70) [2]. Pero el modelo actual es sostenido también por los grupos capitalistas aglutinados en torno a las nuevas multinacionales locales (Telmex, Cemex, Grupo Bimbo). Estas corporaciones se expandieron en los mercados vecinos, desarrollando especialidades no cubiertas por sus competidores metropolitanos (farmacia, medios de comunicación, cemento, alimentos). El estancamiento industrial coincide con la consolidación de México cómo abastecedor petrolero de Estados Unidos. Mientras que en 1988 se destinaba a ese mercado el 50% del crudo, las colocaciones actuales bordean el 80%. Luego de Canadá y Venezuela, el país se ha convertido en la tercera fuente suministro del combustible importado por la primera potencia. Pero lo más llamativo es la brutal depredación que sufre este recurso. En los últimos seis años se extrajo el 87 % de todo el crudo sustraído en la era contemporánea. Esta absorción contrasta con el 13% capturado durante el largo período precedente de cuatro décadas (1938-76). Además, se han privilegiado toscas formas de primarización por la demora en construir refinerías. México es el sexto exportador mundial de petróleo, pero debe importar el 40% de la gasolina que consume por falta de procesamiento local del combustible. La baja inversión en exploración está agotando, además, las reservas y reforzando las presiones para privatizar la empresa estatal PEMEX. Esta firma se ubica en el podio de las diez principales petroleras del mundo, cuenta con ingresos anuales de 100.000 millones de dólares y nutre el 40% de los recursos del presupuesto estatal. Pero ha sufrido los típicos procesos de endeudamiento y saqueo que preceden al remate de las compañías públicas. La lista de aspirantes a ganar esta subasta es tan nutrida, cómo la resistencia que genera liquidar la compañía que financia al estado. Por esta razón, una administración ultra-liberal no logra consumar su traspaso al sector privado [3]. Social-Liberalismo en Brasil El impacto de la crisis global en Brasil fue semejante al promedio latinoamericano, pero la economía del país cumpliría un rol más activo en la eventual reactivación del 2010. Los pronósticos indican un crecimiento de 5,5%, frente a 4% de Argentina y 3,5% de México. Si estas previsiones se cumplen, cambiaría la tónica del rezago brasileño, observado durante el reciente ciclo de crecimiento regional. Mientras que Argentina o Venezuela crecieron en ese quinquenio al 7 u 8% del PBI, Brasil no superó el 3% [4]. Pero cualquier análisis basado en estos vaivenes de la coyuntura tiende a ensombrecer el afianzamiento de la principal economía de la región. Esta consolidación es muy resaltada por los voceros del capital financiero, que alaban a Lula y pronostican la conversión de Brasil en la quinta potencia del plantea, a mitad de siglo XXI. Ponderan especialmente la atracción que ejerce la magnitud de su mercado sobre las inversiones externas. Esta afluencia aumentó un 30% durante el año pasado, a pesar de la caída del 14% que registró esa variable en el resto del mundo. El entusiasmo capitalista toma en cuenta también la significativa expansión internacional de las multinacionales brasileñas, que comienzan a incursionar en Centroamérica, África y Medio Oriente. Un núcleo de 14 firmas ya figura en la lista de las 100 principales firmas globales emergentes. Las compañías con inversiones significativas en el exterior pasaron de 6 a 877 firmas desde 1990. También llama la atención el peso de las exportaciones manufactureras básicas. Esta actividad expresa una reconversión de larga data, ya que las ventas externas de bienes industriales saltaron de 6,2% del total (1964), al 54% en la última década [5]. La gravitación de estas compañías y la presencia de exportaciones industriales diferencian a Brasil del resto de la región. Pero esta singularidad no aproxima el modelo vigente al proteccionismo de posguerra, ni a la precedente utilización de la renta cafetalera, para un proceso de industrialización asentado en la sustitución de importaciones [6]. Las multinacionales brasileñas operan con sus socios internacionales, privilegian las exportaciones y mantienen un gran retraso tecnológico, no sólo con las economías centrales, sino también con sus pares de Asia. La influencia que ha ganado la empresa aeronáutica Embraer es un caso aislado. En Brasil no se ha desarrollado ningún sector de inversiones complejas en computación, servicios, automotores o actividades nucleares. Los gastos de investigación y desarrollo se ubican por debajo del promedio de la OCDE e incluso Corea del Sur registra 30 veces más patentes, con un tercio de la población del país sudamericano [7]. Esta limitación obedece, en gran medida, a la creciente incidencia de las agro-exportaciones, que en el último período recuperaron primacía en desmedro de la industria. El viejo liderazgo en café, jugo de naranja o azúcar, ahora es complementado por el negocio de la soja y próximamente del etanol. Si se concreta el millonario programa de extracción del petróleo descubierto en la costa, este recurso podría sumarse a la canasta primaria de ventas externas. Un efecto de esta gravitación es la inclinación de los distintos gobiernos a negociar mayor acceso al mercado agrícola internacional, a cambio de aperturas importadoras que afectan a la industria tradicional. Pero otra consecuencia más devastadora de la euforia generada por el agronegocio es la destrucción ambiental. La frontera de la soja y de la ganadería se expande desmontando el Amazonas. Las diez grandes empresas que propician esta invasión destrozan con agrotóxicos una monumental reserva de la naturaleza. Estas mismas compañías bloquean cualquier intento de avanzar en la reforma agraria, potencian el éxodo rural y reducen la tierra cultivable para la alimentación local. También lucra con estas agresiones el 1,5% de los propietarios latifundistas, que detenta el 57% de la superficie rural relevada (en 2003) [8]. Todas las evaluaciones elogiosas del capitalismo brasileño omiten señalar que los beneficios son acaparados por una minoría de financistas, ruralistas e industriales. La reciente decisión de aportar fondos al FMI (por un volumen de fondos equivalente a un año de auxilios sociales) es coherente con este apuntalamiento de los poderosos. Para ascender en la escala global se destina a ese organismo, los recursos que necesitan los desamparados. Basta observar cualquier dato de la realidad social brasileña para notar la persistencia de una fuerte brecha con cualquier país del Primer Mundo. No sólo los niveles de explotación o desigualdad son muy superiores, sino que persiste una guerra premoderna de las elites contra los pobres [9]. El modelo económico actual mantiene los pilares del neoliberalismo introducido durante los años 90. Durante ese período se consumó una convergencia de sectores dominantes en la decisión compartida de reducir los salarios, achatar las jubilaciones y privatizar las empresas públicas. Durante esta etapa los bancos impusieron astronómicas tasas de interés que condujeron al colapso del endeudamiento público. Estas crisis desembocaron, a su vez, en un giro exportador que reforzó el papel del agronegocio y la incidencia de los industriales exportadores en el bloque dominante. Por esta razón se moderaron las privatizaciones, se reordenó la apertura comercial y se adaptaron las altas tasas de interés a un nuevo equilibrio vigente en la cúpula del poder. Aunque Lula ha favorecido a los bancos y a los vendedores de productos básicos, otorgó lugares privilegiados a la burguesía industrial, d entro de los límites que permite el pago a los acreedores. El gobierno actual también asoció a la burocracia sindical a las elites dominantes, en un marco de creciente asistencialismo a los pobres. Esta política configura un esquema socioliberal diferenciado del neoliberalismo precedente, tanto en la ampliación del bloque hegemónico de los poderosos, cómo en la cooptación de las lideres obreros provenientes del PT y la CUT. Con esta política, el neoliberalismo ingresó en una nueva fase [10]. Este esquema ha suscitado una verdadera idolatría hacia Lula por parte de l capital global. Es un error confundir el rechazo cultural que genera el actual presidente entre ciertas elites, las rencillas de poder o la enemistad de los medios comunicación, con el respaldo que el primer mandatario ha logrado entre las clases dominantes. El gobierno optó por extender el asistencialismo para bloquear la ampliación real de los derechos sociales y se congració con los poderosos, evitado el discurso beligerante que caracterizó al viejo nacionalismo de Vargas, Goulart o Brizola [11]. Intento neodesarrollista en Argentina La crisis reciente y el alivio posterior siguieron en Argentina pautas semejantes a Brasil. Pero la recaída ha sido más llamativa en la economía austral, por el contraste con el período previo (2003-08) de elevado crecimiento. Esa recuperación cerró una década de virulenta cirugía neoliberal, que incluyó formas extremas privatización, apertura comercial y flexibilización laboral, con dos picos de crisis hiper-inflacionaria. El aparato productivo fue reorganizado en un marco de regresión industrial y empobrecimiento de la clase media. El crecimiento del último quinquenio sólo atenuó estos dos flagelos. La pobreza se ha perpetuado en torno al 30% de la población, en un país que desconoció esa escala de miseria durante la mayor parte del siglo XX. Otro aspecto de este retroceso ha sido el vuelco hacia la especialización exportadora liderada por la soja, que ya acapara el 70% de la tierra cultivable. La amplia gama de granos y carnes que vendía Argentina ha quedado sustituida por la mono-producción de un insumo de altísima rentabilidad, que no contribuye al desenvolvimiento agrícola integral. La pérdida de posiciones económicas se refleja, además, en la reducida presencia de multinacionales propias. A diferencia de México o Brasil, este tipo de empresas se cuenta en Argentina con los dedos de la mano. El desmantelamiento del viejo tejido industrial centrado en el mercado interno, no fue seguido por ningún desarrollo de exportaciones manufactureras. Pero lo más distintivo del país ha sido la contundencia de la reacción popular. La rebelión masiva del 2001-02 provocó un quebranto institucional, sin ningún parangón en México o Brasil. Las clases dominantes perdieron la cohesión por arriba, que han mantenido en estos dos países e incluso emergió un sector hostil a la estrategia neoliberal. Estas peculiaridades explican la introducción de políticas neo-desarrollistas bajo el mandato de los Kirchner. Estas orientaciones buscaron recomponer la gravitación de la burguesía industrial, en desmedro de los bancos y en conflicto con el agro-negocio. El intento se llevó a cabo inicialmente, en condiciones internacionales favorables y en el contexto interno de alta rentabilidad que generó la mega-devaluación (2001). Con esa política se apuntaló una recomposición de la autoridad del estado, que suscitó durante varios años el aval de toda la clase capitalista [12]. A diferencia de México y Brasil, esta orientación también incluyó ciertas concesiones sociales que rompieron la sucesión de agresiones patronales. Hubo recomposición del salario formal y recuperación de la capacidad negociadora de los asalariados. El modelo neodesarrollista implicó un reconocimiento de este cambio de relaciones de fuerzas con los oprimidos. Privilegió los subsidios a los capitalistas, pero también buscó afianzar el manejo estatal de crecientes porciones de la renta agraria, para atemperar la presión por abajo. Cuando el modelo perdió fuerza, irrumpieron las tensiones con el establishment y se desató una profunda crisis, que permanece irresuelta desde el 2007 [13]. Pero los Kirchner no se equiparan con P erón. Un verdadero abismo separa las acotadas concesiones del último período de las enormes conquistas populares de los años 50. No se ha puesto en práctica ningún intento serio de redistribuir los ingresos y revertir el pavoroso crecimiento de la desigualdad social. El gobierno argentino intentó resucitar el industrialismo con cierta protección arancelaria, aprovechando el escenario creado por el descalabro del 2001. Pero favoreció más a la cúpula del empresariado que al grueso de firmas y actuó como abogado de las grandes compañías que se han internacionalizado (especialmente Techint). Esta postura fue muy evidente, cuando los intereses de estas empresas fueron amenazados por las medidas de estatización adoptadas en Venezuela. El neodesarrollismo contemporáneo difiere, además, de su precedente por la ausencia de grandes proyectos de inversión pública y por la renuncia a introducir nacionalizaciones en los sectores claves de la economía. Desenvuelve una política distinta al socioliberalismo de Brasil, pero se ubica en el mismo marco de clases dominantes que han sustituido el modelo burgués nacional por esquemas de exportación y mayor asociación con el capital transnacional. El ensayo neo-desarrollista no pudo revertir la desarticulación productiva y la enorme dependencia del equipamiento foráneo. Tampoco recompuso la baja competitividad de la industria y su alto nivel de extranjerización. Por esta razón ya muestra signos de agotamiento. El obstáculo más importante a su continuidad es la predilección que exhiben las clases dominantes por los elevados lucros que ofrece la primarización. La hostilidad de las elites hacia la política gubernamental, la salida de capitales, las inversiones en el exterior y la continuada venta de grandes empresas a firmas foráneas ilustran el escaso apego actual de los acaudalados al curso neodesarrollista. Este distanciamiento fue acentuado por todos los desequilibrios que erosionan a ese modelo. El deterioro del tipo de cambio, la baja inversión privada, el cuello de botella energético y la inflación han afianzado la búsqueda de un nuevo esquema, más asentado en la agroexportación, que podría implementar el gobierno actual o su reemplazante. Reformismo distribucionista La política económica en Venezuela, Bolivia y Ecuador difiere del resto de la región por su cariz reformista. Los tres gobiernos alineados en el nacionalismo radical enfrentan serios conflictos con el imperialismo y las clases dominantes y adoptan medidas tendientes a mejorar el poder adquisitivo popular, a partir de cierta redistribución del ingreso. La crisis global golpeó a estos países con la misma severidad que a las restantes economías. La caída inicial de las exportaciones de petróleo afectó a Venezuela, las dificultades con el gas incidieron sobre Bolivia y la retracción de las remesas golpeó a Ecuador. Pero estas adversidades encontraron un límite al promediar el 2009. En los tres países se adoptaron también ciertas medidas de protección de los sectores populares, en un marco de austeridad, que no alteró significativamente la política económica. Venezuela logró altas tasas de crecimiento desde el año 2003 merced a la bonanza petrolera. Por primera vez en la historia del país, la clase dominante no ha sido la única beneficiaria de esa ventaja. Se concretó una importante reducción de la pobreza ( de 62% en 2003 a 31,5% en 2008) y de la indigencia (de 29% a 9% en ese período). También disminuyó el analfabetismo y se amplió la cobertura sanitaria. Además, decayó el desempleo de 18,4% (2003) a 8,3% (2007). Estos avances se financiaron con los fuertes incrementos del gasto social (de 170% entre 1998 y 2006), que acompañaron a la ampliación de los ingresos gubernamentales [14]. Estas erogaciones han permitido garantizar el aprovisionamiento de alimentos, mediante un sistema de distribución estatal a bajo precio (Mercal) y facilitaron un programa de construcción de viviendas populares. Pero el principal obstáculo inmediato que enfrenta esta acción es el descontrol de la inflación, que promedia porcentajes muy superiores al resto de la región (23% durante el 2009) y licúa la recomposición del poder adquisitivo. La carestía no obedece sólo al sabotaje de los capitalistas que desabastecen en los picos de la tensión política. Tampoco se explica por el desborde de importaciones o el aumento desproporcionado de la liquidez. Tiene un fundamento estructural en el escaso aprovisionamiento local de bienes para satisfacer el aumento del consumo. La única forma progresista de resolver este cuello de botella es mediante un sostenido proceso de industrialización. El mismo tipo de reformas sociales se ha concretado en Bolivia, pero en un contexto histórico de atraso y pobreza muy superiores. Este elevado subdesarrollo (incluso para los parámetros latinoamericanos) acota el margen de acción para implementar mejoras sociales. En estas condiciones se ha utilizado la renta de los hidrocarburos para introducir una cobertura para los niños, un ingreso para los jubilados y un subsidio para las mujeres embarazadas. También se avanzó significativamente en la reducción del analfabetismo, la creación de hospitales y la introducción de coberturas sanitarias, apoyadas con la acción de médicos cubanos. Con estas medidas la pobreza recién ha comenzado a disminuir del 68% a 58%, mientras la indigencia bajó del 38 a 31%. La tragedia social de arrastre es gigantesca, en un país que ha expulsado al exterior a una gran porción de sus ciudadanos [15]. Finalmente en Ecuador, los avances sociales se han concentrado en el incremento del salario mínimo y el control sobre el trabajo precario. El país no sólo integra el pelotón de naciones más rezagadas de la región, sino que soportó, además, varias crisis financieras de proporciones mayúsculas. Tiene 1,5 millones de exilados económicos y un porcentaje muy elevado de desempleados. Las mejoras logradas en la recaudación de impuestos han servido para incrementar los gastos sociales, extender las coberturas asistenciales y mejorar la educación y la salud públicas [16]. Las medidas adoptadas en los tres países constituyen sólo moderados puntos de partida para resolver una tragedia social de largo arrastre. Estas iniciativas son necesarias, pero no alcanzan para resolver ningún problema estructural de economías muy periféricas y dependientes. Sin remover los obstáculos que históricamente han bloqueado el desenvolvimiento de estas naciones resultará imposible conseguir avances perdurables para el grueso de la población [17] Las acotadas nacionalizaciones La nacionalización de distinto de tipo de empresas constituye una iniciativa central para este tipo de gobiernos. Este curso se aceleró en Venezuela con traspasos que incluyeron una siderúrgica (SIDOR), una planta arrocera (de Cargill), un banco importante (del grupo Santander) y 75 empresas de servicios petroleros. El estado ingresó en 12 rubros, con el explícito objetivo de multiplicar el desarrollo industrial. Este curso difiere de la prioridad económica precedente, exclusivamente centrada en diversificar los mercados de exportación del petróleo, para superar la atadura al mercado estadounidense. Con este propósito se apuntaló al aprovisionamiento de China y se ha buscado introducir una negociación de los contratos en euros. Pero esas medidas no resuelven la enorme dependencia de la economía venezolana del vaivén internacional del precio del crudo. Es sabido que por debajo de cierta cotización, cualquier modelo que se ensaye pierde sustento. La baja del promedio del 2008 (86 dólares) a la media del 2009 (56 dólares) provocó un serio impacto en la economía, que podría traducirse en un fuerte estancamiento durante el 2010 (previsiones de crecimiento del 0,5%). Las nacionalizaciones también difieren de la simple renegociación de los contratos de extracción del petróleo con las grandes compañías, que predominó en los últimos años. Con estas tratativas se logró aumentar las rentas para el estado, luego de un proceso de intensos conflictos con varias firmas (especialmente Exxon), que no ha quedado totalmente zanjado. En este terreno quedan pendientes muchas definiciones, especialmente en el tratamiento de los nuevos pozos de crudos extra pesados ubicados en la faja del Orinoco, cuya comercialización requiere elevadas inversiones adicionales. Obviamente los neoliberales pegaron el grito en el cielo por una sucesión de nacionalizaciones que revierte el proceso de privatizaciones. Los críticos socialdemócratas optaron por una crítica más elíptica. Sugieren que las estatizaciones son medidas obsoletas o inviables en manos de los funcionarios venezolanos. Contrastan su aplicación con la política de promoción de los negocios privados seguida por Lula, que es ponderada como un hito de la modernización [18]. Pero esta visión olvida que las nacionalizaciones son indispensables para construir una industria moderna con empleo, en una economía históricamente obstruida por los derroches de la burguesía rentista. Cuestionar su introducción equivale a perpetuar el viejo esquema de despilfarro petrolero, que la clase dominante ha recreado junto a la hipócrita reivindicación de la iniciativa privada y el espíritu empresario. Las nacionalizaciones enfrentan muchas adversidades de administración, pero lo que más conspira contra sus efectos positivos es el pago de las indemnizaciones. Estos desembolsos no se justifican, especialmente frente a empresas como SIDOR, que surgieron de cuestionados procesos de privatización. Estas erogaciones han costado 15.000 millones de dólares, que podrían haber sido utilizados en la inversión pública [19]. También existe una seria indefinición en la forma de gestión. La burocracia estatal siempre obstruyó el funcionamiento de las empresas públicas y facilitó el enriquecimiento privado. Pero ahora se podría introducir el control obrero y social requerido para optimizar la administración de esas compañías. Otra decisión clave comenzó a implementarse en los últimos meses, con la intervención en dos bancos (Canarias y Pro Vivienda), para ampliar el porcentaje de entidades bajo manejo estatal. Esta presencia es aún minoritaria, pero se encuentra en franco avance. La estatización afectó a un magnate estrechamente asociado con el gobierno, que cayó en desgracia por el destape de grandes desfalcos. Por primera vez son penalizados los banqueros, que acumularon fortunas en los últimos años, lucrando con la especulación de los bonos públicos y el tipo de cambio. Esta acción podría iniciar un conflicto con la "boliburguesía", que emergió en la última década desde la cúspide del estado. Este sector constituye el principal enemigo interno del proceso bolivariano. Actúa como segmento privilegiado, participa activamente del derroche consumista y se ha integrado al 10% más rico de la población que maneja el 35,2% del PBI. Los derechistas de Miami estiman que la reciente nacionalización de bancos podría repetir el camino de la revolución cubana [20]. Pero existe un serio problema de prioridades. Las nacionalizaciones no siguen un plan, ni están sostenidas en las inversiones energéticas requeridas para su desenvolvimiento. El gran apagón que sufre el país al comienzo del nuevo año no sólo obedece a la adversidad climática, sino a un retraso en la provisión eléctrica que deteriora a toda la economía. Los capitalistas ponen ahora el grito en el cielo, pero jamás invirtieron un dólar en este terreno y nunca fueron penalizadas por el gobierno. Al contrario, un contundente indicador de los beneficios acaparados por los poderosos es la participación del sector privado en el PBI, que creció del 64,7% (1998) al 70,9% (2008), mientras que el sector público decreció del 34,8% a 29,1%. Estos datos revelan que los recursos públicos se han utilizado para desenvolver concesiones sociales o subsidiar a los capitalistas, en pleno estancamiento de la inversión privada [21]. Esta última parálisis confirma que los acaudalados no están dispuestos a aportar un sólo un centavo de sus fortunas, mientras avizoren un horizonte de radicalización. Cuánto más se prolongue el intento oficial de seducir a este sector, mayor será la demora en la industrialización, que depende por completo de la inversión pública. Estos dilemas se extienden a la agricultura, que continúa proveyendo un porcentaje muy reducido de los alimentos consumidos en el país. En Bolivia las nacionalizaciones son más indispensables y al mismo tiempo más complejas por el grado de atraso del país. El manejo estatal de la renta que generan los hidrocarburos ha sido clave para lograr mejoras sociales, a partir de un espectacular incremento de 20 % del PBI de los ingresos gubernamentales. Este aumento es más significativo que el crecimiento de la economía, a una tasa que supera ampliamente el promedio de las últimas tres décadas (5,2% desde el 2006) [22]. El gobierno ha optado hasta ahora por el proyecto de estatización más conservador. Aceptó especialmente el pago de indemnizaciones, en gran parte destinadas a la compra de las refinerías que manejaba Petrobrás. Quedó a mitad de camino la iniciativa de realizar una auditoria de las inversiones privadas sobredimensionadas, se cancelaron juicios a los viejos administradores y se toleró una mala gestión de la petrolera estatal, bajo grandes presiones de las multinacionales. Estas vacilaciones convergen con definiciones muy contradictorias en otros ámbitos. Por un lado se han dispuesto medidas de nacionalización (con indemnizaciones) de las telecomunicaciones y los ferrocarriles. Por otra parte, continúa la política de fuertes concesiones al capital privado en la minería. En este sector los impuestos son bajos y persiste el proyecto de privatizar el rico yacimiento de El Mutún [23]. También existe una convocatoria al capital extranjero para explotar los recursos petroleros del Amazonas. El argumento oficial destaca que ese camino permitirá contrapesar el poder económico que tiene la derecha, con el desarrollo de los recursos naturales de otras regiones. Pero esta política conduciría a fortalecer otro polo capitalista, que no resultará más afín a un proyecto popular por su carácter foráneo. La historia de Bolivia desmiente en forma categórica esta ilusión. La erradicación del atraso exige desenvolver un proceso racional de nacionalizaciones, en lugar de alentar competencias entre grupos dominantes por el usufructo del modelo extractivo. Las mismas señales contradictorias se verifican en el decisivo terreno agrario. Los últimos proyectos han fijado el máximo de los predios en 5000 o 10000 hectáreas, en lugar de las 50.000 actuales. Pero no se limitaría el uso de tierras ociosas en manos del estado, ni se afectaría la enorme concentración en manos de terratenientes extranjeros. Estos sectores controlan el 66% de tierras y han consumado un generalizado desmonte para plantar soja, que ya es la segunda exportación de Bolivia. Sólo cien familias manejan este lucrativo negocio, en un país que tiene el 87% de la tierra en manos del 7% de población [24]. Las definiciones adoptadas en Ecuador se ubican por el momento en un terreno más básico. En ningún sector se han puesto en marcha el tipo de nacionalizaciones que se introdujeron en Venezuela y Bolivia. Se realizó, en cambio, una importante auditoria de la deuda, por parte de una comisión especialmente designada para investigar las operaciones ilegítimas. Esta evaluación confirmó, que el país desembolsó varias veces el monto total de su deuda, a través de distintos fraudes [25]. La auditoria fue seguida por un canje de la deuda aceptado por el 91% de los acreedores. La revisión de los pasivos constituye la principal diferencia de esta transacción con la encarada por otras administraciones (como el canje argentino del 2005). Pero el gobierno decidió posteriormente limitar las impugnaciones de otros contratos. Esta restricción es coherente con la ausencia de transformaciones económicas significativas en la estructura capitalista. Se mantienen las privatizaciones y opera un gabinete con representantes directos del agronegocio y la gran minería. Al eludir un curso de estatización, también subsiste la estrategia de insertar al país como localidad de tránsito de las materias primas que fluyen entre Brasil y Asia. La continuidad de la petro-dependencia y del modelo extractivo ha desatado fuertes conflictos con el movimiento indígena. Por un lado, el gobierno promueve la protección del medio ambiente, mediante un proyecto de resignar las explotaciones en la selva, a cambio de cierta compensación internacional. Pero al mismo tiempo se ha convocado a una licitación internacional, para extraer los recursos naturales de esa zona. Este llamado supone avanzar en la minería de cielo abierto, vulnerando las restricciones de la nueva constitución. Por esta razón estalló un duro conflicto con los movimientos sociales, que incluyó una terrible secuela de represión. Este precedente ilustra las terribles consecuencias de preservar el rumbo capitalista [26]. Notas [2] Un contundente balance de este esquema presenta Valle Baeza Alejandro, "México, del estancamiento a la crisis", razonyre2.razonyrevolucion.org/index.php, mayo 2009. Ver también: Blanke Svenja. "México: una crisis sin (grandes respuestas)", Nueva Sociedad n 224, noviembre-diciembre 2009. [3] Este proceso es detallado por Colmenares Francisco, "Saldos de la crisis económica y del petróleo", OSAL 26, 2009. Saxe Fernández John. "PEMEX: tejiendo su democratización". La Jornada, 14-2-08. [4] Un análisis del impacto de la actual eclosión en comparación con las precedentes brinda: Buenos Fabio, "¿Por qué a economía brasileña nao foi atingida ate agora pela crise?", 30-8-09. alainet.org/active [5] Informe completo en The Economist, "Special report on business and finance in Brasil", november. 14th 2009. También Castro Jorge, "Las transnacionales brasileñas descuentan el respaldo de Lula", Clarín, 31-5-09. [6] Esta errónea comparación plantea Skaf Paulo, "La experiencia brasileña", Página 12 28-6-09. [7] The Economist (Special Brasil), Bonilha Patricia, "A atuacao desintegraora do BNDES na Anérica do Sul", Brasil do Fato, 15-12-09 [8] Telles Mello José Alfredo, "Alianza do goberno com o agronegocio impulsiona desmatamiento", Correio da ciudadanía 31-1-08. [9] En 2008 la policía de Río mató a una de cada 23 personas que se resistieron a ser detenidas, mientras que en Estados Unidos este indicador se ubica en una de cada 37.000 detenciones. Con un discurso jurídico que naturaliza la muerte, la policía tiene carta blanca para limpiar las ciudades, proteger a los ricos y librar a los desposeídos a su propia suerte, en la selva que impera en las favelas. Malaguti Batista Vera, "Rio virou um laboratorio de técnicas genocidas", Correio da Ciudadanía, 6-11-09. Lima Rocha Bruno, "El capitalismo salvaje y la guerra urbana en Rio de Janeiro". radioinformaremosmexico.wordpress.com, 30-10- 2009. [10] Esta acertada tesis plantea: Boito Jr Armando, "As relacoes de classe na nova fase do neoliberalismo no Brasil", Sujetos sociales y nuevas formas de protesta en la historia reciente de América Latina, CLACSO, Buenos Aires, 2006. [11] Rodríguez de Almeida, "Nacional burgués e nacional popular em tempos de ufanismo neodesenvolvimentista" www.brasildefato.com.br/ 25/11/2009 [12] Hemos analizado estos temas en Katz Claudio, "El giro de la economía argentina", Anuario EDI, n 3, año 2007, Katz Claudio "Coyuntura, modelo y distribución", Anuario EDI, n 2, año 2006, Buenos Aires. [13] Un análisis en Sanmartino Jorge, "Crisis acumulación y forma de estado en la Argentina post-liberal". lahistoriadeldia.wordpress.com/ 3-12- 2009. [14] Weisbrot Mark, Sandoval Luís, "La economía venezolana en tiempos de Chávez", CEPR, Washington, julio 2007. [15] Clarín, 8-12-09. [16] Rosero Andrés. "El proceso político en perspectiva", correosemanal.blogspot.com, 30-1- 2008. [17] Este problema es analizado por Toussaint Eric, " La route de l´histoire: tourné au Venezuela, en Equateur et en Bolivie ", Inprecor n 553-554, septembre-octobre 2009. [18] Natanson José, "¿Chavizaqué?", Página 12,1-6-09. [19] Guerrero Modesto, "Estatizaciones complicadas", Página12, 11-3-09. [20] Ocando Casto, "La ofensiva de los banqueros, una purga política del chavismo", El Nuevo Heraldo, 10-12-09. También Ambito Financiero, "Los boligárcas", "No crece la clase media", 13-2-07. Olivera Francisco, "Los negocios con Venezuela", La Nación 16-3-08. [21] Álvarez R Victor, "La transformación del modelo productivo venezolano", 31-3-2008 centrointernacionalmiranda.gob.ve/personal/docs [22] Weisbrot Mark, Ray Rebecca y Johnston Jake, " Bolivia: La economía bajo el gobierno de Morales", Centro de Investigación en Economía y Política, Washington, Diciembre 2009. [23] Soliz Rada Andrés, "La integración fraudulenta", 13-7-09, mujeresporlademocracia.blogspot.com [24] Restivo Nestor. "Inquietud de los argentinos con fuertes inversiones en soja". Clarín 2009 [25] Toussaint Eric. "Ecuador: los desafíos de la nueva asamblea constituyente y de la deuda". www.aporrea.org/internacionales/ 14/01/08 [26] Zibechi Raúl, "Socialismo o represión", La Jornada, 12-10-09.

El peculiar ascenso de Brasil

La relevancia geopolítica de Brasil aumenta, pero su liderazgo tiene un costo que suscita tensiones en las clases dominantes. Esta primacía exige el rearme, operativos subimperiales en Haití y exhibiciones de fuerza para asegurar el usufructo local de las riquezas del Amazonas. Las aspiraciones hegemónicas se asemejan a las ambiciones regionales de otras economías intermedias del planeta. Pero Brasil carece de arsenales atómicos y no tiene experiencia en funciones militares foráneas. Se encuentra, por ahora, al margen del selecto club de las potencias que definen rumbos a escala global. Igualmente, se ha despojado de cualquier resabio de su vieja condición semicolonial y negocia cuotas de poder con Estados Unidos, a partir de coincidencias económicas. Las opciones en juego son capitalistas y no favorecen a las clases oprimidas. Lula consolidó una estabilización burguesa basada en la desmovilización y la despolitización. Desenvuelve un esquema socioliberal dentro del espectro de la centroizquierda. La atención puesta en los planes sociales distingue este curso de las orientaciones derechistas. Pero esas coberturas enfrentan límites de financiación y demandas populares de trabajo genuino. A diferencia de Brasil, los múltiples conflictos que sacuden a la Argentina no se han atenuado. El país arrastra un intenso legado de rebeliones populares, ante dominadores y funcionarios que no logran cohesionar su acción. En Uruguay prevalece la misma desmovilización que en Brasil, pero el temor a un retorno de la derecha condujo a renovar el mandato de la centroizquierda. Es engañoso utilizar este calificativo para la concertación chilena, que se ha desgastado en la gestión de una herencia pinochetista de privatizaciones y librecomercio. De la decepción con el progresismo no emergen, en general, tendencias nítidas de sustitución. Durante el último año quedó reafirmada la relevancia geopolítica de Brasil, que para muchos analistas ya constituye una potencia emergente. Esta influencia tiene incluso expresiones simbólicas, cómo la obtención de la sede para organizar el Mundial de Fútbol (2014) y los juegos olímpicos (2016). Existe un abismo entre la incidencia de Itamaraty y cualquier otro país latinoamericano en los conflictos regionales. Esta supremacía es ampliamente reconocida por su rival tradicional de Argentina. Las elites de este país aceptan un acompañamiento subordinado a las decisiones estratégicas que adopta Brasil [2]. Pero ejercer ese liderazgo tiene un precio, que no están dispuestos a solventar todos los sectores de la clase dominante brasileña. Obliga a ciertas concesiones económicas en el corto plazo para asegurar la hegemonía posterior, que suscitan fuertes tensiones internas. Las controversias generadas por los precios de importación del gas boliviano y de la hidroelectricidad paraguaya son dos ejemplos recientes de esos conflictos. Ventajas y límites Las elites brasileñas saben que el poderío militar es un ingrediente indispensable, para reforzar el liderazgo sudamericano. Por eso Lula suscribió un acuerdo de aprovisionamiento bélico con Francia y aumentó un 50% el presupuesto militar desde el 2003. De paso, clausuró cualquier investigación de los crímenes cometidos por las Fuerzas Armadas, durante las últimas dictaduras. También ha concretado grandes compras aviones para vigilar la frontera. Pero lo más conflicto sería una eventual revisión del tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, firmado en los años 80 bajo presión norteamericana. Esta carta se mantiene en reserva y existe poca disposición del establishment a revertir esa decisión. Pero la discusión del tema permite negociar el ambicionado asiento en el Consejo de Seguridad de la ONU, que las grandes potencias no le conceden a Brasil. El país ya ha pasado su primera prueba de acción subimperial en Haití. Los militares brasileños comandan las fuerzas de ocupación (MINUSTAH), que mantienen el orden policial en la empobrecida isla. El costo de esta custodia supera toda la asistencia brindada y prometida a los haitianos, en infinitas conferencias internacionales. En los últimos cinco años, las tropas han garantizado la continuidad de la opresión que sufren los habitantes de los barrios degradados, los obreros explotados de las maquiladoras y los campesinos que huyen hacia República Dominicana. En cambio, su labor no ha servido para evitar los centenares de muertos que dejaron los últimos huracanes. Los militares sólo cumplen funciones de intimidación de las protestas sociales, actuando como guardianes de un neoprotectorado. Las clases dominantes del principal país sudamericano necesitan reforzar sus exhibiciones de fuerza, si quieren mantener bajo custodia las riquezas del Amazonas, en la mira de los marines afincados en Colombia. Las bases en ese país conspiran contra el proyecto brasileño de gestar un Consejo de Defensa bajo su mando, a través de UNASUR. Lula intentó recortar el alcance de las instalaciones norteamericanas, pero terminó aceptado el hecho consumado que impuso el Pentágono [3]. En esta partida se juega quién manejará los cuantiosos recursos naturales que rodean a la mayor selva del planeta. El presidente actual dejó claramente establecidas sus prioridades en estas disputas, al entregar 67,4 millones de hectáreas del Amazonas a las latifundistas, que ocuparon predios en forma ilegal. En la distribución de las tierras usurpadas, los dominadores brasileños no quieren ninguna competencia extranjera. Brasil aspira a ejercer una hegemonía regional, siguiendo el mismo sendero que recorren otras economías intermedias en ascenso. Pero carece de arsenales atómicos y de experiencia en funciones militares foráneas de gran alcance. Por eso mantiene una posición relegada, en comparación al papel que juegan Rusia o China. Algunos autores estiman que comparte esta diferencia con India y otros subrayan la semejanza con Sudáfrica. Al igual que estos dos casos, la creciente gravitación económica e incidencia geopolítica de un país, no alcanza para situarlo en el selecto club de potencias que definen el orden global [4]. Es evidente que el perfil de Brasil dependerá de la relación que mantenga con Estados Unidos. La subordinación que predominó durante la mayor parte del siglo XX comenzó a modificarse con el desarrollo industrial de los años 60. Durante ese período se afianzó una diplomacia autónoma, más propia de país intermedio que de un socio auxiliar de la primera potencia. En los años 80 Brasil volvió a alinearse con Estados Unidos (y coqueteó con la aceptación del ALCA), pero desde el 2000 reafirmó su política de independencia desde la plataforma del MERCOSUR. Este rumbo se consolidó en el último lustro, con la convalidación del desarrollo nuclear de Irán y la adopción de una actitud más equidistante frente a Israel. Brasil se ofrece como mediador en Medio Oriente y mantiene serias diferencias con las potencias centrales en la agenda ambiental. Pero sobre todo es evidente su intención de ocupar los espacios abiertos por la crisis de dominación estadounidense. Este objetivo sólo conduce por el momento a una redistribución de roles, en la coordinación hegemónica con el poder norteamericano. Brasil mantiene un diálogo aparte con el gigante del norte e intenta realzar su papel de arbitro (y no de protagonista), en las zonas más calientes del planeta. No quiere remover los estrechos vínculos forjados con Estados Unidos durante la guerra fría. Negociación del liderazgo A diferencia de otros BRICs, Brasil también ha compartido muchos cursos económicos globales con varios gobiernos norteamericanos. Como exportador de materias primas es un ferviente partidario del libre comercio y en las negociaciones de la OMC ha roto frecuentemente el bloque de los países emergentes, para buscar arreglos bilaterales con las economías avanzadas. Tiene una economía más transnacionalizada e integrada al circuito de las empresas globales que Rusia o la India. Además, desenvuelve los biocombustibles en la misma dirección que Estados Unidos y apuesta a compartir un liderazgo en esta área. Algunos autores estiman que el país se encuentra ante la disyuntiva de profundizar su condición periférica (mediante la primarización exportadora y la subordinación a Estados Unidos), o transitar un camino de liderazgo regional propio (con políticas de prioridad industrial). Consideran que el primer camino transformará a Brasil en una periferia de lujo (cómo en otros tiempos fue Argentina), mientras que el segundo lo guiará hacia el sitial que logró Canadá [5]. Esta visión parte del cuestionable supuesto, que cada clase dominante elige su inserción predilecta en el mercado mundial. No aclara por qué razón la mayoría termina optando por el sendero de los perdedores. Además, en la trayectoria histórica reivindicada aparecen ciertas contradicciones, ya que Canadá terminó ubicado en el lugar elogiado cómo abastecedor de materias primas y socio político incondicional de Estados Unidos. No siguió el rumbo propuesto de industrialización autónoma e independencia diplomática. En la actualidad Brasil está muy lejos del pelotón de lideres mundiales, pero ya no mantiene ningún rasgo de su vieja condición altamente dependiente. Para formular un diagnóstico más acertado del lugar que ocupa en el escenario internacional es necesario registrar este hecho. L as categorías contemporáneas de semiperiferia y subimperialismo son muy útiles para avanzar hacia una caracterización correcta. La discusión en boga sobre el futuro de Brasil gira en torno a opciones capitalistas, que definirán ventajas y desventajas para distintos grupos dominantes. No se dirimen mejoras para al conjunto de la nación, ni menos aún para sus clases oprimidas. Es importante reconocer este dato, para situar cualquier análisis en sus justos términos. El programa socioliberal de Lula canaliza el curso burgués que ha predominado. Por esta razón bloquea conquistas sociales en las ciudades y reformas agrarias en el campo. Ha provocado la reversión de un largo proceso de organización obrera en torno al PT, facilitando la desmovilización y la despolitización de los movimientos populares. El principal instrumento de esta acción ha sido una red de clientelismo, montada en torno a los planes asistenciales. La estabilización capitalista de Brasil se explica en gran medida, por su escasa participación en el ciclo de rebeliones que conmovió al resto del continente. El sistema político elástico que tiene el país volvió a absorber varios tipos de crisis, sin grandes rupturas. También quedó nuevamente neutralizada la resistencia popular, como ya ocurrió en las dos conmociones anteriores de mayor alcance (1984 y 1992). En esta oportunidad ha cumplido un papel decisivo la cooptación de la burocracia obrera y la manipulación conservadora de los sentimientos populares [6]. Dos cursos de centroizquierda El perfil socio-liberal de Lula forma parte del espectro general de los gobiernos de centroizquierda. Estas administraciones se diferencian de la derecha por mantener una relación ambigua con Estados Unidos, mientras toleran conquistas democráticas y bloquean las mejoras populares [7]. Los gobiernos de este tipo han sido favorecidos por el crecimiento económico del último quinquenio y pudieron absorber el cimbronazo de la crisis global. Atenuaron el impacto de esta eclosión con socorros a los empresarios y jerarquizaron el despliegue asistencial, para contrarrestar las resistencias populares. La atención puesta en los planes sociales distingue a estas administraciones de sus pares derechistas y les ha permitido preservar cierta estabilidad política, sin modificar las desigualdades sociales. Si se reabre la crisis global será muy difícil continuar con esta política de contención. El asistencialismo se ha financiado con la tajada obtenida por los estados de la apreciación que tuvieron las materias primas. La red de coberturas contribuyó a introducir un colchón en las tensiones sociales y facilitó la dominación de los acaudalados, sin recurrir al uso sistemático de la violencia que caracteriza a la derecha. Pero estos auxilios no sólo chocan con límites de financiamiento. También afrontan la insatisfacción de los sujetos sociales, que demandan trabajo bien remunerado y no dádivas del estado. Por otra parte, los principales gobiernos de centroizquierda han cumplido una función clave en la contención política de Venezuela, Bolivia y Ecuador. Muchos analistas omiten este papel, al evaluar positivamente la acción de esas administraciones frente a la contraofensiva imperial. En los hechos, la capacidad para detener esta embestida ha sido muy reducida. Colombia reafirmó la instalación de las bases norteamericanas y el golpismo se recicló en Honduras, sin prestar mucha atención al disgusto de los presidentes progresistas Esta franja de mandatarios cumplió una función mediadora en Centroamérica para obstruir la resistencia popular. Ejercieron una influencia permanente sobre Zelaya, buscando moderar sus reacciones y lo indujeron a aceptar las negociaciones manejadas por Hillary Clinton, Arias y la OEA. Este camino disuadió la estrategia de confrontación que promovían los movimientos sociales hondureños. Los gobiernos de centroizquierda comparten estrategias internas semejantes y una alineación diplomática convergente, pero enfrentan situaciones nacionales muy diferentes. Especialmente llamativo es el contraste de la experiencia brasileña y argentina. Mientras que Lula logró consolidar su orientación socioliberal, los Kirchner han enfrentado un sobresalto tras otro. Esta asimetría obedece a marcadas diferencias en el nivel de la acción popular. El legado de la rebelión popular del 2001 ha obligado a gobernar en Argentina con un ojo siempre puesto en la reacción de los oprimidos. Esta tensión acentúa la falta de cohesión histórica de las clases dominantes y la escasa gravitación estabilizadora de los funcionarios públicos. A pesar de la reconstitución de la autoridad estatal y del sostenido crecimiento económico, los Kirchner no han podido mantener la aprobación que lograron en el período 2003-2007. Se desgastaron en una confrontación con la derecha, que capturó a la clase media y rechazaron toda aproximación con los movimientos sociales. En un país dónde la vida política se dirime en las calles, no se vislumbra aún quién ha quedado mejor parado. Al concluir el 2009 la derecha perdió capacidad de convocatoria y el gobierno demostró que tiene reservas para recuperar la iniciativa y fijar la agenda política. Pero se apoya en las arcaicas estructuras del Justicialismo y la burocracia sindical y no restablece la sintonía inicial que tuvo con los principales grupos capitalistas. Tampoco resucita la simpatía popular, en un momento de fuerte reaparición de los sindicatos y los movimientos sociales independientes. Los sinsabores del progresismo El gobierno centroizquierdista de Uruguay ha exhibido más parecidos con su colega brasileño, que con sus vecinos del Río de la Plata. Indujo la misma desmovilización que propicio Lula, adelantando pagos al FMI, autorizando la depredación forestal, permitiendo la contaminación de empresas forestales y el avance foráneo en el monocultivo de la soja. También generó frustraciones en el plano democrático, mediante el veto a la despenalización del aborto y la falta de compromiso del Frente Amplio con la campaña para anular la ley amnistía a los represores de la dictadura. Pero es cierto también que en los últimos años se obtuvieron algunos logros parciales en materia de empleo, recuperación salarial y atenuación de la pobreza. Estas mejoras fueron suficientes para resucitar una reacción popular, frente a la tenebrosa perspectiva de una victoria electoral derechista. En esta resistencia se ha sustentado la renovación del mandato centroizquierdista [8]. El nuevo presidente Mugica sustituye la vieja cultura institucionalista de la clase media por una retórica plebeya, que sintoniza con el empobrecimiento del país. Probablemente este cambio generó la identificación afectiva que facilitó la recuperación electoral del Frente Amplio. Lo que no ha cambiado es la emigración y el envejecimiento, que rodea a una sociedad estancada por la continuidad de un modelo que primariza y recicla la pobreza. Esta regresión ha sido ignorada por todas las congratulaciones que expresó el establishment sudamericano con la "cultura cívica", la "continuidad institucional" y la "opinión pública independiente" de Uruguay. Estos elogios sólo ilustran la sensación de satisfacción que exhiben los dominadores con la continuidad de un status quo, que perpetúa los privilegios de una minoría y los padecimientos de la mayoría [9]. Resulta finalmente engañoso utilizar el calificativo de centroizquierda, para el gobierno de la concertación chilena. El apelativo sólo distingue en este caso, a la administración de las últimas dos décadas de sus adversarios explícitamente alineados con el legado pinochetista. Sin embargo, en los hechos la política seguida por Bachelet tiene muchos puntos de contacto con el neoliberalismo conservador. Administró una herencia de la dictadura, que incluye la preservación de la Constitución de 1980 y un sistema electoral binominal, destinado a bloquear la representación proporcional. También mantuvo el librecomercio, la mercantilización de la educación y la privatización de las jubilaciones. Esta política ha conducido a situar al país, en el podio de los 15 naciones con peor distribución del ingreso del planeta [10]. En la primera vuelta de las recientes elecciones se registró un importante avance de la derecha, que por primera vez en vez en 20 años ha quedado muy cerca de la presidencia. Su candidato es un empresario encumbrado por el marketing electoral. Este ascenso se apoya, a su vez, en una clase media conservadora forjada durante el pinochetismo, que le ha marcado el paso a todos los gobiernos de la concertación. Esta coalición se ha desgastado y sufrió una implosión de varias fracciones, que intuyen la necesidad de renovar el libreto. Pero también crece la insatisfacción por abajo, la resistencia social de docentes, estudiantes secundarios, mineros y mapuches, en un marco de cierta recomposición de la izquierda [11]. De conjunto las administraciones de centroizquierda han defraudado las expectativas que acompañaron su aparición. No concretaron las reformas sociales prometidas y actuaron al servicio de las clases dominantes. Pero esta frustración no se traduce en resultados uniformes de renacimiento de la derecha o consolidación de alternativas de izquierda. Hasta ahora predominan resultados muy variados, que no definen una tendencia general. Notas: [2] "Somos vecinos de una potencia mundial y debemos diseñar política en función de ese dato", Jozami Aníbal, "Aprendamos de Brasil", www.clarin.com/diario/ 23-9-2009. [3] Lo que está en juego es analizado por Arias Juan, "Lula ordenó reforzar la vigilancia de fronteras", La Nación, 3-8-09. Tokatlian Juan, "¿Bye bye Consejo Sudamericano de Defensa?", Página 12, 7-8-09. Tokatlian Gabriel, "Es hora de retirar las tropas de Haití", Clarín, 26-5-09. Calle Fabián, "Brasil ¿fin de años dorados?", Clarín, 12-11-09 [4] Anderson y Fiori plantean estas comparaciones. Anderson Perry, "¿O declinio do imperio americano?", Conferencia USP 17-11-09jornaldaimprensa.com.br/editoria_texto, Fiori José Luís, "A nova geopolítica das nacoes", Oikos n 8, 2007, Río Janeiro. [5] Fiori José Luís, "America do Sul a beira do futuro", www.cartamaior.com.br/templates/ 04/11/2009. [6] Dos análisis de esta tendencia en Arcary Valerio, "O governo e a crise mundial", 8-7-09, listas.chasque.net/pipermail/ Oliveira Chico, "Consenso despolitiza sociedade e coloca a Lula a directa de FHC", Jornal Valor Económico, Sao Paulo, 27-05-09. Otro aspecto en Zibechi Raúl, "Progresismo y neoliberalismo", La Jornada, 17-7-09. [7] Hemos expuesto nuestra caracterización de este tipo de gobierno en Katz Claudio, Las disyuntivas de la izquierda en América Latina. Ediciones Luxemburg, Buenos Aires, 2008 (cap 6). [8] Distintas miradas críticas exponen: Herrera Ernesto, Berterretche Juan Luis, "Señales de alerta para el progresismo", 7-7-09, postaportenia.blogspot.com. Zabalza Jorge, "No los voto más", www.redota.com/foros/carpeta.asp 8-11-2009. Pieri Mario, "Orfandad estratégica", www.egrupos.net/grupo/agendaradical/archivo/msg 10-12 2009. Labayen Sergio, "Agria victoria", Rebelión 27-10-09. Zibechi Raúl, "Uruguay: la cultura plebeya camino del gobierno", ALAI, 22-10-09. [9] Ejemplos de estos elogios en: Aliscioni Claudio, "Los desafíos en un país de consensos", Clarín, 26-10. Palermo Vicente, "Los ejemplos de Uruguay. Brasil y Chile", La Nación, 26-10-09. Natanson José, "Uruguay y el diálogo de las izquierdas", Página 12, 29-11-09. [10] La Nación, 13-12-09. [11] Ver: Gaudichard Franck, "De la democracia neoliberal en Chile", Rebelión, 14-12-09. González Mónica, "Punto final para la transición de la dictadura a la democracia", Clarín, 14-12-09. Pérez Guerra Arnaldo, "La concertación se agotó", ALAI, 9-1-209.

De la reforma a la revolución

Los gobiernos reformistas de Sudamérica lograron contundentes victorias electorales, en conflicto con los poderosos y desmintiendo todos los pronósticos de desplome. Pueden avanzar hacia rupturas revolucionarias o consolidar el capitalismo de estado. Estas dos perspectivas antagónicas implican, profundizar o bloquear el protagonismo popular en Venezuela. Suponen adoptar decisiones socialistas o erigir el "capitalismo andino-amazónico" en Bolivia y concretar las concesiones a las transnacionales o llevar a la práctica las conquistas de la nueva Constitución en Ecuador. Estas mismas ambivalencias se han verificado también en Honduras, en actitudes de conciliación o confrontación frente al golpismo. Los desenlaces serán influidos por luchas sociales, que en la última década contribuyeron a contrapesar las derrotas en que se asienta el neoliberalismo. Durante el 2008-09 no se repitieron las revueltas generalizadas, pero hubo levantamientos contra el ajuste (Guadalupe y Martinica), resistencias contra la privatización (Perú), movilizaciones en defensa del salario y el empleo (México, Argentina). Lo más significativo fue la sorprendente resistencia casi insurreccional contra el golpe en Honduras. Este contexto reanima las discusiones en la izquierda, en torno al modelo neodesarrollista. Su defensa no conduce a forjar una sociedad igualitaria, sino que desemboca en la estabilización conservadora y la pérdida de credibilidad popular. Pero no basta con la simple declamación de ideales. Se requiere una política de acumulación de fuerzas. Es importante desenvolver una estrategia de radicalización para transformar la esperanza de cambios en una realidad de conquistas, que abra las compuertas para el socialismo del siglo XXI. Este proyecto involucra un novedoso alcance regional y exige combinar desarrollos productivos, protección ambiental y mejoras sustanciales del nivel de vida. Durante 2009 los gobiernos reformistas de Sudamérica ganaron la partida. Se afianzaron en batallas contra la derecha, sostenidas en la movilización popular. Los intentos golpistas del Oriente boliviano fueron demolidos, la agresión ensayada por Colombia contra Ecuador fue neutralizada y las campañas destituyentes no prosperaron en Venezuela. Logros y desafíos A principios del año Chávez logró una nueva victoria electoral, que incluyó la recuperación de los votantes que se abstuvieron en los comicios anteriores. Con este triunfo, el oficialismo acumuló desde 1988 quince éxitos electorales y varios récords en la reducción de la abstención. También Correa consiguió aplastar a sus adversarios en las urnas. Obtuvo cinco victorias sucesivas desde 2006 y conquistó plena mayoría en 20 de las 24 provincias. Pero el dato más llamativo ha sido la victoria de Evo. Derrotó primero en la calle la sublevación fascista de Pando, neutralizó luego las maniobras en el Parlamento para distorsionar las leyes electorales y finalmente arrasó en los comicios. Es el primer presidente del convulsionado Altiplano que logra triunfos sucesivos, mejorando su votación anterior e imponiendo una representación abrumadora en las dos Cámaras. Arrebató varios bastiones a la oposición en localidades que habían sostenido al golpismo y conquistó el apoyo de la clase media que rechazaba su figura [2]. Los resultados alcanzados por los tres gobiernos reformistas desmienten los pronósticos de desplome que difundió el establishment, confundiendo sus propios deseos con la realidad. La intervención activa de las masas permitió, hasta ahora, remontar las conspiraciones de la derecha. Algunos cínicos afirman que este tipo de afianzamiento es compartido en la región por administraciones de todos los colores políticos. Señalan que el oficialismo de cualquier vertiente cuenta con mayores recursos que la oposición para renovar su manejo del poder. Pero si esa capacidad para reciclarse desde arriba fuera tan imbatible, no habría lugar para la alternancia de los partidos. Esa caracterización iguala, además, en forma errónea a todos los presidentes, cómo si fuera lo mismo actuar al servicio de los poderosos que gobernar en conflicto con el verdadero poder. Mientras que todas las presidencias derechistas y centroizquierdistas sintonizan con los dueños de la economía, en Venezuela y Bolivia (y en menor medida en Ecuador) predomina una tensión constante con la clase capitalista. Esos tres gobiernos han desarrollado, además, una estrategia regional antiimperialista en torno al ALBA, que surgió como proyecto de intercambio comercial solidario opuesto al ALCA y diferenciado del MERCOSUR. Pero se ha consolidado como una referencia radical, alejada de la convergencia que ensaya la centroizquierda con el FMI y el G20. El nuevo eje geopolítico forjado junto a Cuba incluye, además, a ciertos gobiernos centroamericanos y está sostenido por numerosos movimientos sociales. Esta configuración potencia la autoridad del ALBA y su política de respuestas frontales a la contraofensiva derechista. Ante el golpe de Honduras y la militarización de Colombia, este alineamiento formuló una denuncia contundente de la complicidad estadounidense. Propuso también iniciativas de acción concretas (congelamiento de las relaciones con Colombia, denuncia de los pactos militares), que fueron bloqueadas por los restantes mandatarios de UNASUR. El ALBA ha trabajado en varios proyectos para erigir una arquitectura financiera regional autónoma, con mecanismos de protección frente a la crisis. Promueve una moneda regional (sucre) para comenzar a emancipar a la región de la dependencia del dólar. También propone la inmediata puesta en marcha del Banco del Sur, contra las dilaciones que impuso Brasil (para evitar la aparición de una entidad rival del BNDES). Aunque Lula aceptó ciertos criterios de funcionamiento igualitario para ese Banco ha limitado su financiación. También obstaculiza su desenvolvimiento para proyectos cooperativos, comunitarios y sociales o su acción como precedente de un fondo de estabilización monetaria de toda la zona. El ALBA ha intentado sortear esta oposición creando su propio banco. En la última cumbre de este organismo (octubre pasado) se acordó avanzar en un sistema monetario de intercambio y en nuevos tratados comerciales, asentados en una empresa común de exportación e importación [3]. Estas iniciativas confirman el perfil diferenciado de gobiernos reformistas, orientados a la asociación con Cuba. Durante 2009 la isla fue duramente afectada por la crisis global (caída del turismo, reducción del precio del níquel, menor demanda de cigarros) y una fuerte secuencia de huracanes que acentuó las dificultades de la producción alimentaria. La solidaridad de Venezuela con el suministro de petróleo ha contribuido decisivamente a situar estos impactos muy lejos del dramatismo vivido en 1992-94. Congelamiento o radicalización El afianzamiento de un polo radical acentúa las disyuntivas que enfrentan esos procesos. Los gobiernos antiimperialistas pueden avanzar hacia rupturas revolucionarias o consolidar la estabilización del capitalismo de Estado. Estas dos perspectivas antagónicas están simbolizados en la historia latinoamericana por el curso seguido por las revoluciones cubana y mexicana. En el primer caso se consumó una acelerada evolución socialista, que permitió desenvolver profundas transformaciones y mejorar significativamente (durante un largo período inicial) el nivel de vida popular. En el segundo país prevaleció el congelamiento de las reformas y la creación de una nueva capa de opresores desde la cúspide del estado. Los pasos necesarios para recrear el avance cubano y evitar la regresión mexicana no se están adoptando en ninguno de los tres países sudamericanos. En Venezuela, las confrontaciones recientes con la derecha (ley educativa, medios de comunicación, nacionalizaciones) se implementaron sin crear los mecanismos requeridos para profundizar el protagonismo popular y la democratización política. El control desde arriba del partido oficialista PSUV, la manipulación de dirigentes y los obstáculos al control obrero ilustran estas restricciones. Estos problemas fueron abiertamente planteados a mitad de año, en un importante encuentro de las vertientes de izquierda del proceso bolivariano. En ese cónclave se cuestionó la falta de respuestas a las demandas de los movimientos sociales, los manejos verticales en el aparato estatal y el papel de los asesores ministeriales carentes de compromiso revolucionario. También se resaltó el fracaso de la audiencia de los medios de comunicación públicos, las indefiniciones del socialismo del siglo XXI y la continuada desigualdad social. La reducida tolerancia inicial a estas objeciones fue posteriormente reemplazada por un reconocimiento implícito de este llamado de atención [4]. En Bolivia se ha creado un contexto muy propicio para introducir el giro revolucionario. El aplastamiento de la escala putchista durante 2008 y la espectacular victoria electoral de 2009 han abierto todos los espacios para gestar este avance. Impera una situación radicalmente inversa a la existente durante el último ensayo reformista de 1985, cuando la vanguardia minera fue derrotada por la derecha. Sin embargo, hasta ahora no hay indicios de aprovechamiento de este repliegue de la reacción para comenzar la remoción del capitalismo. La primera condición para avanzar por este camino es profundizar las transformaciones sociales. Este rumbo es abiertamente rechazado por quienes atribuyen el afianzamiento de Evo a las concesiones otorgadas a la oposición en el Parlamento. No registran que la clave de los logros actuales fue la dinámica inversa de movilizaciones, que desgastaron a la derecha y forjaron una alianza de los oprimidos de la ciudad y el campo [5]. El gran problema actual son los instrumentos para continuar esta acción. El partido oficialista MAS permitió conquistar una nueva Constitución, que ahora debe reglamentarse. Pero cada vez existen más síntomas de mutación de esa organización, que surgió de los sindicatos en lucha y ahora aglutina a pequeños propietarios rurales y urbanos articulados en torno a una capa de funcionarios. Es evidente, además, que el gran obstáculo para comenzar una transición al socialismo es la convicción en este horizonte. Por un lado se multiplican los llamados oficiales a forjar esa sociedad, pero al mismo tiempo persiste la estrategia de erigir el "capitalismo andino-amazónico". Este proyecto es irrealizable en la forma en que fue concebido. Un proceso de acumulación local estrechamente conectado con el mercado mundial no es compatible con las modalidades de equidad de la estructura indígena. El desarrollo capitalista tiende a ensanchar las brechas sociales y a corroer esa vieja conformación. Sólo un proceso socialista podría asimilar ese legado, desenvolviendo un proceso de industrialización que reduzca de forma progresiva la desigualdad. Los mismos dilemas se procesan en Ecuador a la hora de evaluar los nuevos pasos de la "revolución ciudadana". Los tres años de este cambio han permitido logros sustanciales, que se sintetizan en el texto de la nueva Constitución. Esta carta incluye el carácter plurinacional del Estado, prohíbe a los financistas el manejo de los medios de comunicación, introduce la revocatoria de los mandatos, limita la especulación con el endeudamiento público e impide la socialización estatal de las deudas privadas. Pero en el ejercicio del gobierno se adoptan medidas que chocan con estas normas. El ejemplo más contundente de esta contradicción ha sido el aval oficial a inversiones transnacionales destinadas a explotar los recursos naturales. Esta decisión suscitó un violento choque con el movimiento indigenista. También el decreto presidencial que otorga a las misiones católicas atributos de evangelización viola la separación de la iglesia y el Estado que establece la Constitución. El trasfondo de estas tensiones es la composición de un gobierno que propone ideas radicales, pero opera con funcionarios comprometidos con los intereses del capital [6]. Estas ambivalencias del nacionalismo radical se han verificado también en Honduras. La inesperada transformación de un gobernante clásico como Zelaya en partícipe del eje latinoamericano antiimperialista fue un contundente ejemplo del enorme impacto continental que ha generado la existencia del ALBA. La aceptación de las ofertas petroleras venezolanas desencadenó conflictos con Shell y Texaco que indujeron al golpe de Estado. Pero el giro de Zelaya no respondió sólo a un estímulo exterior. Estuvo directamente influido por el fuerte predicamento que lograron los movimientos sociales al cabo de una férrea lucha contra el TLC y la depredación que realizan las transnacionales. No es la primera vez en la historia latinoamericana que un presidente o líder militar radicaliza su acción, en un choque con la oligarquía o el imperialismo. Ya ocurrió en Santo Domingo (Camaño), en Perú (Velazco Alvarado) o en Bolivia (Juan José Torres). Pero también existen mayores precedentes de vacilaciones, compromisos con las clases dominantes y frustraciones de la resistencia popular. Zelaya ha oscilado entre ambos antecedentes. Por un lado se mantuvo firme en la denuncia de la dictadura, en medidas de acción (como el retorno al país) y en el llamado a la insurrección. Por otra parte, pospuso varias veces ese regreso y se sumó al juego de distracciones y maniobras dilatorias que manejó Hillary Clinton. En esta oscilación llegó a aceptar un acuerdo que avalaba el fraudulento proceso electoral a cambio de retomar formalmente la presidencia por poco tiempo. Estas vacilaciones debilitaron la heroica resistencia popular contra el golpe y facilitaron las maniobras que realizó la dictadura para sortear el aislamiento diplomático internacional [7]. Resistencias y rebeliones Los desenlaces políticos de América Latina dependen principalmente de los resultados que alcancen las luchas sociales. Estas acciones contribuyeron, especialmente en Bolivia, Ecuador, Venezuela y Argentina, a revertir la secuencia de derrotas populares en que se asienta el neoliberalismo. En esos países se registraron levantamientos que enarbolaron reclamos coincidentes de anulación de las privatizaciones, nacionalización de los recursos naturales y democratización de la vida política. Esas demandas se mantienen como ejes centrales de la resistencia popular. Esta lucha combina actualmente novedosas formas de protagonismo social (indígenas, jóvenes, mujeres) con una acumulación de las experiencias procesadas durante todo el siglo XX [8]. En la coyuntura de 2008-09 no se han repetido las revueltas generalizadas de los años anteriores. Frente al shock creado por la crisis financiera global predominó una reacción acotada, afín al tipo de respuestas observadas en otros puntos del planeta. Además, los gobiernos latinoamericanos recurrieron con celeridad a fuertes gastos públicos para evitar la reiteración de las sublevaciones que suscitaron los quebrantos bancarios y el caos inflacionario de 1999-2003. Durante el año se registraron igualmente algunas acciones populares de envergadura frente al ajuste inicial que desató la crisis. Los levantamientos que conmovieron a dos islas del Caribe (Guadalupe y Martinica) fueron muy representativos de esta reacción. Pero, en general, la lucha social no tuvo un detonante único ni respondió directamente a la eclosión global. Un cúmulo de motivaciones desencadenó estos movimientos. En Perú, los indígenas doblegaron con una extraordinaria resistencia el intento gubernamental de confiscar tierras. En otros países resurgieron las movilizaciones sociales de los asalariados. Unas 200 marchas se concretaron en la ciudad de México y otras 440 conmovieron a Buenos Aires. La batalla de los electricistas en el primer caso y de los obreros de la alimentación o el subte en el segundo, sacudieron la vida social de estas capitales. La furibunda ira que transmiten las crónicas derechistas es un termómetro del impacto que han suscitado estas acciones entre los opresores [9]. Pero la mayor sorpresa del año ha sido la resistencia casi insurreccional que presentaron los oprimidos de Honduras al golpe derechista. Esta reacción no estaba en los cálculos de nadie, ni se esperaba en un país que operó durante decenios como plataforma centroamericana del imperialismo. Basta observar el balance de la represión para notar cuán heroica ha sido esta lucha. Hasta ahora se computan 21 asesinatos, 4.000 casos de violaciones de derechos humanos y 120 presos políticos, rigurosamente ocultados por todos los voceros de la "prensa libre". Durante 100 días de batalla contra el golpe, la respuesta popular alcanzó picos de polarización política y confrontación social que situaron esa rebelión en un plano próximo a los cuatro levantamientos sudamericanos de la última década. La Coordinadora Nacional de la Resistencia se convirtió en un centro organizador de esta acción, a partir del gran protagonismo que tuvieron los sectores sociales de vanguardia de la docencia, el campesinado y los sindicatos de clase [10]. Planteos estratégicos En este marco de reacciones populares, muy variadas pero persistentes, las discusiones de proyectos políticos de la izquierda han recuperado interés. La batalla frontal contra las administraciones derechistas y proestadounidense de Uribe, Calderón o Alan García es una coincidente prioridad. Pero este acuerdo no se extiende a otros terrenos. Muchos pensadores sostienen que existe una sola línea divisoria en la zona, que separa a la derecha de los restantes gobiernos. Colocan a Lula y a Chávez en un terreno común y distinguen únicamente a los defensores del libre comercio de los partidarios de la integración regional. Convocan a desenvolver políticas comunes de regulación del capital financiero y promoción del mercado interno. Este enfoque cuestiona las iniciativas autónomas de los movimientos sociales que afectan a los gobiernos de centroizquierda, estimando que favorecen a la derecha. Esta postura también considera inexorable apostar por algún sendero de capitalismo más benévolo. Pero con esta actitud se terminan justificando las medidas que relegan las demandas populares a favor de beneficios que reciben los dominadores. Este curso prevalece actualmente en Brasil, Argentina o Uruguay y se basa en priorizar los subsidios a las empresas a cualquier mejora de los salarios. Esta visión postula, además, una falsa disyuntiva entre el amoldamiento al statu quo y la aceptación de restauraciones conservadoras más adversas. Olvida que la elección entre lo malo y lo peor sólo conduce al desencanto y a la pérdida de credibilidad popular. Cuando los sectores más esperanzados observan esta ausencia de alternativas frente a la creciente desigualdad se desmoralizan y toman distancia de la acción política. En muchas ocasiones este escepticismo es la principal causa del retorno electoral de la derecha. Frente a la primacía de distintas variantes de un mismo patrón dominante, no sorprende que los derechistas consecuentes atraigan más votantes, que sus imitadores social-liberales. Este sostén de los conservadores se ha convertido en una vía de sanción al incumplimiento de las promesas de cambios pausados. Una involución de este tipo se vislumbra actualmente en Chile. La resignación ante el statu quo también conduce a otro resultado: la estabilización conservadora de gobiernos centroizquerdistas, que se verifica en Brasil. Esta administración desenvuelve una política exterior más autónoma, pero es completamente ajena al nacionalismo popular, que históricamente combinó en América Latina acciones antiimperialistas, mejoras sociales y fuerte participación de las masas. Ciertos autores no registran ningún inconveniente serio en la "buena administración del capitalismo" que desenvuelve Lula. Consideran que este manejo motiva el despechado resentimiento de la derecha, en un marco de bajo nivel de conciencia de los oprimidos [11]. Pero una acertada gestión del capitalismo sólo es auspiciosa para los poderosos y genera invariables tormentos para los trabajadores. Los asalariados no generan los padecimientos que soportan, ni son culpables de sus elecciones políticas. Esta responsabilidad recae sobre los dirigentes, funcionarios e ideólogos, que justifican la perpetuación de la dominación burguesa, atraídos por las rencillas políticas del momento. Ciertamente Lula proviene del campo popular y sus adversarios actuales del riñón de la burguesía, pero también Obama se forjó en la adversidad racial y ahora sostiene sin ningún remordimiento al Estado imperial. Ciertos analistas suelen presentar el curso centroizquierdista sudamericano como un beneficio internacional para los gobiernos radicales de Venezuela, Bolivia o Ecuador. Pero olvidan que las alianzas diplomáticas establecidas por los presidentes "progresistas" con estas administraciones apuntan a reforzar negocios de distintos grupos dominantes y a bloquear la radicalización de los procesos más avanzados de la región. En lugar de favorecer rupturas anticapitalistas apuntalan a las "boliburguesías" de cada país. En el pasado, esta estrategia se justificaba como un desvío necesario para arribar al socialismo por un camino de etapas prolongadas. Pero en la actualidad este argumento sólo aparece en forma ocasional, ya que se ha tornado intuitivamente insostenible. Salta a la vista que la promoción neodesarrollista del capitalismo no guarda ninguna relación con la construcción de una sociedad igualitaria. La aprobación acrítica de los gobiernos de centroizquierda frecuentemente suscita en la región reacciones simétricas de cuestionamiento ciego a todas las administraciones, cómo si fueran equivalentes. En estos casos se objeta la política de Lula o Kirchner con el mismo parámetro que se enjuicia a Chávez, Evo o Correa. Todos los mandatarios quedan ubicados en un mismo campo burgués, al ser denunciados cómo variantes de este sistema de dominación. Esta visión es claramente dogmática. Ignora las diferencias cualitativas que separan un ensayo reformista de la simple perpetuación del orden vigente. Tampoco registra la importancia de las confrontaciones que oponen a los gobiernos radicales con el imperialismo. Este tipo de choque ha sido históricamente el motor de los procesos revolucionarios en América Latina. Ignorar esta dinámica conduce al aislamiento, la impotencia y la incapacidad para fusionar la acción militante con la experiencia de las masas para desenvolver la conciencia socialista. Las posturas dogmáticas son estériles, ya que desvalorizan las mediaciones requeridas para lograr el objetivo socialista. En los casos más extremos se alinean con la derecha por simple repetición de los argumentos elitistas o por abstención ante las confrontaciones en juego. Un ejemplo de este neutralismo son las posturas de neutralidad en las batallas electorales contra la oligarquía de Venezuela, Ecuador o Bolivia. Las reelecciones presidenciales -que han estado a veces en el centro de estas confrontaciones- han sido habitualmente cuestionadas con los mismos argumentos de derecha liberal. Se objeta la prórroga de los mandatos como si fuera un principio constitucional intocable y de mayor gravitación que la participación popular en un choque con las fuerzas reaccionarias [12]. Una reformulación socialista Es importante diferenciar a los gobiernos radicales y de centroizquierda para trazar estrategias de construcción de un proyecto socialista. La distinción permite motorizar políticas de radicalización, igualmente opuestas a la resignación y al sectarismo. Al reconocer los rasgos progresivos que singularizan a los gobiernos reformistas se puede batallar por un rumbo de ruptura con el capitalismo a partir de la acción independiente de los movimientos sociales. Esta estrategia implica alentar medidas de protección a los pueblos y sanción a los poderosos, para evitar que los desbarajustes provocados por el capitalismo sean solventados por las víctimas de este sistema. Estas acciones incluyen iniciativas que impidan los despidos, garanticen los ingresos mínimos y refuercen los gastos sociales. Son iniciativas que apuntan a la nacionalización efectiva de los sistemas financieros, la revisión del pago de las deudas públicas y la recuperación efectiva del control de los recursos naturales. Lo importante es convertir las definiciones formales de las nuevas constituciones en hechos palpables de la vida cotidiana. Un paso en esta dirección podría ser la proyección de esos logros a escala regional, mediante la conformación de un parlamento latinoamericano elegido por sufragio universal y surgido de la acción popular. La convergencia popular que debe construirse al servicio de las mayorías es muy distinta a los programas de integración financiera o comercial que promueven las clases dominantes. El embrión actual de la primera meta es el ALBA, actuando en coordinación con distintos movimientos sociales. Esta entidad podría convertirse en la referencia zonal de una batalla antiimperialista, en contraposición al afianzamiento del statu quo, que prevalece en los encuentros de UNASUR. Algunos críticos cuestionan esta estrategia considerando que es inviable cualquier acción que supere al neodesarrollismo propiciado por el MERCOSUR [13]. Pero la experiencia regional ha demostrado, una y otra vez, cuán paralizante es ese conformismo para el logro de los anhelos populares. Incluso para alcanzar reformas sociales básicas hay que bregar por una sociedad igualitaria. Sólo una perspectiva de transformaciones radicales genera temor entre los poderosos y consiguientes logros sociales. La política de radicalización es a veces descalificada por los críticos de la "mitología militante" y de las "utopías sentimentales" [14]. Estas objeciones reproducen el escepticismo estéril que ganó terreno durante el auge del neoliberalismo. Es una postura que actualmente choca con los ideales de lucha social recuperados por la juventud. En general, el espíritu descreído pierde encanto cuándo reaparece la resistencia popular. En esas circunstancias se verifica que la burla y el cinismo sólo encubren resignación frente a la opresión. El resurgimiento de la esperanza transformadora es el dato clave de la realidad latinoamericana. Esa expectativa explica el lugar central que ocupó la región en la batalla contra el neoliberalismo durante la última década. Es un estado de ánimo colectivo que podría evolucionar hacia un liderazgo de proyectos anticapitalistas. El pilar subyacente de este impulso es la tradición de convergencia del nacionalismo revolucionario con el socialismo, que se forjó a partir de la revolución cubana Este acervo determina, también, una incidencia directa de los desenlaces actuales sobre el futuro de Cuba. El giro político de la región puso fin al duro aislamiento que sufrió la isla durante los años 90, pero ha puesto en discusión dos alternativas totalmente opuestas para los próximos años. Los defensores del regionalismo capitalista proclaman abiertamente que Cuba debe sumarse a este eje, renunciado al anhelo de gestar una sociedad comunista. En el polo opuesto se ubica el variado espectro de partidarios de la Revolución, que reivindican su vigencia y promueven caminos de profundización, democratización y renovación socialista [15]. La batalla entre estos dos cursos antagónicos es una problemática latinoamericana y no sólo cubana. Es evidente que el avance o fracaso de los proyectos radicales en el conjunto del continente contribuirán a inclinar la balanza a favor de uno u otro bando dentro de la isla. La respuesta positiva a este conflicto es la recreación de un proyecto socialista, a escala regional, que se adapte a los cambios del siglo XXI. La crisis global ha erosionado muchas fantasías sobre las virtudes del capitalismo, pero todavía no se vislumbran los contornos del proyecto alternativo. Hay muchas ideas, pero pocas definiciones sobre los senderos de una transición socialista, que presenta en la actualidad una inédita dimensión ambiental. La necesidad de proteger el planeta de la destructiva corrosión que impone la competencia por el beneficio se ha tornado prioritaria. Desde el eje del ALBA puede cobrar forma un planteo ecosocialista de alcance global asentado en dos pilares: la denuncia frontal de las raíces capitalistas que presenta la crisis climática actual y las tradiciones regionales de protección de la "madre tierra". Es un buen momento para encarar este nuevo desafío. Notas [2] Ver: Stefanoni Pablo, "Evo, arriba", Clarín, 2-12-09, "Se abre una nueva etapa", Clarín, 6-12-09, "Una hegemonía con riesgos en el futuro", Clarín, 7-12-09. Borón Atilio, "¿Por qué ganó Evo?", Página 12, 7-12-09. [3] Ver: Páez Pérez Pedro, "Lo peor de la crisis todavía está por venir", Página 12, 1-11-09. [4] CEDICE, Jornadas de reflexión: "Intelectuales, democracia y socialismo", Centro Internacional. www.aporrea.org/medios/12-6-2009. [5] Toer postula primera tesis y Almeyra la segunda Toer Mario, "Con sabiduría y una ayudita de los amigos", Página 12, 7-12-09. Almeyra Guillermo, "Bolivia: El nuevo desafío". www.jornada.unam.mx 13-12- 2009. [6] Un interesante enfoque plantea: Acosta Alberto. "A los tres años de gobierno de la revolución ciudadana", 7-1-10, www.facebook.com [7] Dos balances completamente opuestos plantean: Puricelli, Gabriel, "Mel aguantó, Lula empujó", www.pagina12.com.ar/ 31-10-09. Toer Mario, "Tiempos que merecen ser vividos", www.pagina12.com.ar/ 31-10-09 y Roberto Sáenz, "Honduras luego de la llegada de Zelaya", Socialismo o Barbarie.correosemanal.blogspot.com, 28/09/09. [8] Ver: Regalado Roberto, "América Latina: No se trata de proceso lineal", ALAI, 19-8-09. [9] Un clásico exponente de esta furia es: Oppenheimer Andrés, "La cultura de la ilegalidad en la región", La Nación, 18-11-09. [10] Boron Atilio, "El principio del fin" ALAI 22, 9-09. Roberto Saénz, "Honduras luego de la llegada de Zelaya", www.socialismo-o-barbarie.org, 27-12-09. Hernández Luis, "La conversión de Manuel Zelaya", www.pensamientocritico, 11-7- 2009. [11] Pomar Walter, "2009: a direita em desespero", Correio da Cidadania, Sao Paulo, 27-12-09. [12] Dos acertadas posturas en esta discusión en: Guerrero Modesto, "El dilema histórico de la revolución bolivariana", Página 12,17-2-09. Boron Atilio, "Reelecciones buenas y malas", Página 12, 27-1-09. [13] Rogalski Michel, "Voies d´Amerique Latine", Tribune Libre, 23-10-07. [14] Saint Upery Marc, "Revue des Livres", n 9. revuedeslivres.net/articles, 30/10/2009. [15] Un exponente del primer enfoque es Laclau y del segundo Almeyra. Laclau Ernesto, "Los regímenes populares latinoamericanos están muy bien instalados en el poder", Clarín, 10-5-09. Almeyra Guillermo, "Permítanme discrepar", www.jornada.unam.mx 2009. El autor es economista, Investigador, Profesor. Miembro del EDI (Economistas de Izquierda). Su página web es: www.lahaine.org/katz