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Pensamiento Crítico

Un espía argentino contra Chávez

Por Natalia Viana | Agencia Pública de Brasil | 22 Marzo 2013

Eduardo Fernández es un nombre común. Es tan común que es imposible encontrar información de un Eduardo en particular entre los miles de ellos en decenas de países de América Latina. Pero el argentino-estadounidense Eduardo Fernández no es un hombre común. Entre 2004 y 2009, fue quien dirigió Development Alternatives (DAI) en Caracas, que recibía millones de dólares de la USAID para seguir el plan establecido por el Departamento de Estado de los EE.UU. para Venezuela: fortalecer a los grupos de oposición, dividir al chavismo y aislar a Hugo Chávez a nivel internacional. (Lea más sobre la estrategia de USAID).

El papel de Fernández tal vez hubiera pasado desapercibido, como su nombre, si no hubiera sido por temperamento, descaradamente machista e indiscreto - lo que le llevó a ser investigado por mala conducta en la empresa en que trabajaba – y porque desapareció de buenas a primeras de Venezuela .

Según informaron sus ex empleados, era el tipo de persona que se refería a las mujeres colocando las manos por delante para indicar pechos y que llegó a decir que la oficina de DAI en El Rosal, Caracas, era "ineficiente como un burdel ". Ante una funcionaria embarazada, reaccionó: "Si ustedes pudieran apretar una píldora con las rodillas, yo no tendría que gastar dinero pagando licencia por maternidad". Otra funcionaria quedó tan desconcertada por las miradas hambrientas del jefe hacia su falda, que decidió cerrar el tajo que la abría con clips de su escritorio. Días después, Fernández le preguntó cuándo volvería a usar "esa falda con clips".

Pero Fernández es así y no quiere cambiar, como declaró durante una investigación interna de la DAI. Fue él quien dejó rastros de las actividades de la DAI en Venezuela, tres años después de que su equipo se retirase apresuradamente del país, en 2009. Gracias a él, una larga lista de documentos que revelan en detalle el trabajo de DAI se puede encontrar en Internet, en la demanda judicial por 600.000 dólares que la ex directora Heather Rome presentó en contra de la empresa por no tomar ninguna acción contra Fernández a pesar de sus quejas reiteradas. Los documentos de la justicia de Maryland, EE.UU., fueron filtrados por el periodista estadounidense Tracey Eaton, en el blog Along the Malecon.

Son más de 300 páginas de documentos sobre el director de la compañía que actuó en una de los principales cuarteles anti-Chávez plantados por los EE.UU. en Caracas. "Las quejas que recibía de las funcionarias venezolanas llegaron al punto de verlas llorar en mi oficina, lo que redujo su productividad", dice Heather en su deposición. "Varias personas dijeron que su sentimiento era: ‘estamos orgullosos de estar trabajando en este proyecto, nosotros llenamos los cheques y sabemos cuánto dinero se está gastando. El gobierno de EE.UU. está trabajando muy duro, y la DAI nos está ayudando a cambiar la situación de nuestro país para hacerlo más democrático de lo que Chávez quiere. Pero no entiendo cómo se puede fortalecer a la sociedad civil cuando tenemos nuestro propio mini-Chávez aquí en la oficina, y no les importa’".

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Entre 2002 y 2009, la USAID distribuyó cerca de 95,7 millones de dólares entre organizaciones opositoras venezolanas a través de su Oficina de Iniciativas de Transición (OTI, en inglés), abierta en el país dos meses después del fallido golpe de Estado contra Hugo Chávez .

Al mismo tiempo se estableció en el país la empresa Development Alternatives, una de las mayores contratistas de la USAID para administrar fondos de asistencia al exterior, que, a partir de la administración Bush, ha estado en manos de la iniciativa privada. La empresa, que suele actuar entre bastidores, se hizo conocida en la escena latinoamericana en diciembre de 2009, cuando Alan Gross, uno de sus empleados, fue detenido en Cuba por distribuir móviles y equipos de comunicación satelital a disidentes cubanos. Gross fue condenado a 15 años de prisión por "actos contra la seguridad nacional" de Cuba.

En Venezuela, la DAI, cuyo lema es "formando un mundo más habitable", fue el principal responsable de la distribución de pequeñas subvenciones de la USAID a varias organizaciones de la sociedad civil, siguiendo la estrategia definida por el Departamento de Estado y por la misión diplomática del país para dividir el chavismo, infiltrar su base política y aislar a Chávez a nivel internacional.

En la oficina en Caracas, ubicada entre las calles Mohedano y Guaicaipuro, trabajaban 18 venezolanos de tendencia antichavista y dos directores norteamericanos; Eduardo Fernández era uno de ellos y pasó a dirigir la oficina en 2004. El currículum de Heather Rome, que figura como anexo de la demanda, explica que la directora adjunta, también estadounidense, llegó al país en julio de 2005 para supervisar la administración de las subvenciones a las ONG en un programa de U$S 18 millones. De acuerdo con su hoja de vida, Heather, subalterna de Fernández, trabajaba "en cooperación con el embajador norteamericano William Brownfield". Brownfield ocupó el cargo entre 2004 y 2007, y elaboró una sucinta estrategia de 5 puntos para poner fin al gobierno de Chávez a mediano plazo.

Los programas sostenidos por las donaciones estaban destinados, principalmente, a "facilitar el diálogo entre segmentos de la sociedad que difícilmente se sentarían juntos a discutir temas de interés mutuo", según un documento diplomático enviado al Departamento de Estado el 13 de julio de 2004. Es decir, unir a la oposición. Uno de los principales proyectos era "Venezuela Convive", que, según el documento diplomático, buscaba "fomentar el concepto de la coexistencia pacífica entre individuos y organizaciones con fuerte contraste de opiniones -un valor que la mayoría de los venezolanos respeta y que es considerado bajo ataque en el actual clima de intolerancia política" promovida por el gobierno de Chávez, según la embajada.

El 24 de febrero de 2006, en otro despacho diplomático, el ex embajador Brownfield explica que las financiaciones de la DAI "apoyan instituciones democráticas, promueven el debate público y demuestran el compromiso de EE.UU. en la lucha contra la pobreza en Venezuela". Para William Brownfield, fortalecer la sociedad civil era esencial para aislar a Chávez a nivel internacional, llevando a este campo "los serios problemas de derechos humanos del país". Dos ejemplos en ese sentido, que recibieron financiación a través de DAI, son el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela y los proyectos del IPYS, Instituto Prensa y Sociedad de Periodismo Investigativo, y de una Ley de Acceso a la Información en Venezuela.

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El temperamental Eduardo Fernández era una pieza fundamental en esos engranajes y contaba con el apoyo incondicional de la USAID. Tanto que incluso después de una investigación interna de la DAI de 2008 que demostró que Fernández había acosado al menos moralmente a sus empleados, gritándoles que "maltrataría a un hombre tan rápidamente como a una mujer", la DAI decidió mantenerlo en el cargo. Y hacer dimitir a Heather Rome. "Lo último que necesito es tener caos y desobediencia de nuevo en la oficina", escribió Fernández en un correo electrónico a la gerencia de la empresa.

A finales de abril de 2008, el supervisor del programa de la USAID en Venezuela, Russell Porter, llamó personalmente al director de la DAI, Mike Godfrey, para felicitarlo por el trabajo en Venezuela. Godfrey describe en un correo electrónico que consta en la demanda que Porter regresará de una visita al país bastante satisfecho. "Russell quería informar específicamente su satisfacción con el equipo senior en Caracas -Erin Upton-Cosulich y Eduardo Fernández. Hizo un punto de destacar que trabajan bien juntos, que el ambiente es más armónico y que los dos lograron que el personal se comprometa de manera más eficiente. Confía en que continúe así".

Eduardo Fernández, por lo tanto, siguió siendo el jefe.

Un año después, sin embargo, las cosas no eran tan "armoniosas" en la oficina. El gobierno de Venezuela acababa de abrir una investigación contra la empresa y su director. El 27 de agosto de 2009, un consternado Eduardo Fernández se reunió con el personal de la embajada de Estados Unidos para pedir socorro.

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El día anterior, miércoles, la policía de Venezuela llamó a la puerta de la DAI con intimaciones a que Eduardo Fernández y Heather Rome prestaran declaración la semana siguiente ante la División de Delitos Contra la Riqueza Nacional del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC ).

Los oficiales – que, según Fernández, fueron "profesionales" y "educados"- dijeron que la investigación había sido iniciada por la Superintendencia de Bancos después de la detección de "transferencias inusualmente grandes" de dinero en 2007 y 2008, según el despacho diplomático del embajador de EE.UU. en Venezuela durante el gobierno de Bush, Patrick Duddy, que había sido embajador antes de Brownfield pero resultó expulsado del país por Hugo Chávez antes de volver como enviado de Obama.

"Eso (las grandes transferencias de dinero) coincidió con el referéndum constitucional de 2007 y con las elecciones nacionales, estatales y locales en 2008″, escribió Duddy.

El foco de la investigación en Venezuela era el origen de los fondos, los objetivos de la DAI en el país, su situación tributaria y el destino del dinero. Según los policías, la investigación sería "larga y profunda", e involucraría también a autoridades fiscales y de inmigración del gobierno venezolano.

Fernández estaba en Caracas con una visa oficial concedida a petición de la diplomacia estadounidense, pero vencida desde marzo de 2009. La embajada solicitó su renovación, pero su pasaporte fue retenido sin explicaciones por el Ministerio de Asuntos Exteriores hasta finales de agosto. "Fernández no tiene otra forma de identidad venezolana. Él continúa con sus pasaportes argentinos y estadounidenses ", escribió el embajador, pidiendo orientación sobre el asunto al Departamento de Estado, por entonces dirigido por Hillary Clinton.

"Como parte de sus contratos de financiamiento, la DAI se compromete a proteger la identidad de todos los beneficiarios. Los archivos de la DAI se estructuran de manera que la información financiera se puede liberar sin poner en peligro las identidades ", detallaba Duddy. "Dicho esto, la DAI tiene 50 cajas de archivos en su oficina que contiene información sensible que puede ser confiscada", advertía.

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Fernández creía que el objetivo de la investigación era recopilar información acerca de las organizaciones financiadas por la DAI y, al mismo tiempo, detener el flujo de recursos hacia ellas. "Las calles están calientes", dijo al personal de la embajada, sobre las crecientes protestas anti-Chávez. "Todas estas personas (que organizaban las protestas) son nuestros financiados". Y afirmó que no quería abandonar al equipo yéndose del país. Avisó que pediría una prórroga del plazo para presentarse a la policía.

En su despacho, el embajador pide pautas muy específicas a Washington, preguntando si Fernández tenía "alguna inmunidad sobre la base de su pasaporte oficial y de su visa, o si debía asistir ante la CICP u otras autoridades venezolanas"; y "si el señor Fernández debe revelar cierta información, y si es así, cuál".

Duddy también quería saber "lo que la DAI debía hacer con sus 50 cajas de documentos, algunos de los cuales contienen nombres de personas que dirigen las organizaciones financiadas por la DAI". Por último, preguntaba si la embajada debía ayudar a Fernández a escapar: "Si el señor Fernández es considerado alguien que trabaja en nombre de los EE.UU., ¿debe permanecer en el país o tratar de salir de Venezuela antes de la entrevista con la policía el 1 de septiembre?".

No hay registro de la respuesta de Hillary Clinton en los documentos de Wikileaks ni en el sitio de la DAI. Pero en la demanda por parte de Rome, la abogada de la empresa no podía haber sido más clara respecto del fin de la misión de Fernández en Venezuela. A finales de agosto del año pasado (2012), en una audiencia en Maryland, EE.UU., donde el caso se desarrolla, Kathleen M. Williams afirmó que, por tratarse de "un nuevo cliente", sería muy difícil obtener los documentos relacionados con su trabajo en Venezuela: "El DAI abandonó el lugar muy rápido en 2009. Muchos archivos ya no están ahí". Y volvió a insistir en el asunto en una conversación con el abogado de la acusación: "No sé si estos documentos existen. No sé si fueron abandonados en Venezuela. Sé que abandonaron un montón de información en Venezuela".

En el mismo diálogo, transcripto en el proceso judicial, el abogado de la acusación dijo que el mayor problema es que "Fernández desapareció". Kathleen interrumpe: "No es cierto. Está en este país. Vive en Maryland". La abogada, sin embargo, niega haber estado en contacto con él y rechazó una intimación de comparecencia en su nombre.

Es la última mención oficial de la DAI sobre Eduardo Fernández, el hombre poco común de nombre común que tenía un papel tan relevante para las tentativas de los EE.UU. de desestabilizar al gobierno venezolano. Otro Eduardo Fernández fue contratado por la DAI, en marzo de 2012, para su oficina en México. Este homónimo, ex ministro de Hacienda de Colombia, heredó el correo electrónico oficial que el argentino-estadounidense Fernández tenía antes de cerrar la oficina. De este último no hay mención alguna en el sitio de la DAI, que, contactada por Agencia Pública, no se había formulado comentario alguno al momento de publicar este artículo.

Tampoco hay mención de él en los sitios web de la USAID o la OTI. El mismo nombre, Eduardo Fernández, sin embargo, figuró en el sitio web de otra empresa que hace un trabajo similar a la DAI – la Casals & Associates -, contratista principal de la USAID en Paraguay, encargada de administrar allí más de U$S 30 millones en donaciones antes de la destitución de Fernando Lugo. Fundada por una disidente cubana, la Casals ya había distribuido más de U$S13 millones para proyectos que fortalecían a la oposición a Evo Morales en Bolivia.

En el sitio de Casals, el nombre Eduardo Fernández aparece en enero de 2012 y de nuevo en junio de 2012 – el mes en que se aprobó el juicio político a Lugo en Paraguay. Un mes más tarde fue el turno de Casals de desaparecer de la hermosa mansión que ocupaba en la calle Bernardino Caballero 168, en Asunción, al parecer con la misma prisa con que la DAI había desocupado sus instalaciones en Venezuela.

REFERENCIA: 09caracas1132

Origen: Embajada de Caracas

Clasificación: Secreto

Asunto: Policía de Venezuela Programas de Democracia Financiados Por la AUSAID/OTI CARACAS

Clasificado por: Consejero Robin D. Meyer por los motivos 1.4 (b) e (d)

- (S) Resumen: Solicitud de acción en el párrafo 7 abajo. El día 26 de agosto la policía

del cuerpo de investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) llegó, y Development Alternatives presentó citaciones para los ciudadanos estadounidenses Eduardo Fernández y Roma Heather para el 1 de septiembre ante la policía. El DAI es contratado por USAID / OTI en Caracas. Fernández, que fue jefe de las oficinas de la DAI, se encuentra en Venezuela con un pasaporte oficial de EE.UU. Entró a Venezuela con una visa 0-1, que fue renovado en febrero de 2008 por un año.

Cuando expiró, la embajada de Caracas presentó una nota diplomática para solicitar una segunda renovación. El Ministerio de Relaciones Exteriores retuvo el pasaporte sin notificarle a la embajada de Caracas sobre sus intenciones de aprobar o negar la solicitud hasta el 26 de agosto cuando la embajada de Caracas retiró el pasaporte del ministerio. La DAI.inc. contrató un abogado local para Fernández ante la CICPC. El 28 de agosto, se va presentar una solicitud de prórroga de una semana.

Fin del resumen.

Objetivos del CICPC Contratistas de la DAI

2 -. El 27 de agosto Fernández se encontró con DCM Caulfield y otros funcionarios de la embajada-

Según Fernández, el 26 de agosto, la policía Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) llegaron a Development Alternatives y presentaron intimaciones para que los ciudadanos americanos Eduardo Fernández y Roma Heather se presenten el 1 de septiembre, ante el Directorio de Investigación de Crímenes contra la Riqueza del CICPC . El Equipo local de la DAI le informó al CICPC que Rome había salido de Venezuela en 2008-Según funcionarios los oficiales del CICPC se comportaron de forma educada y profesional, la investigación fue iniciada por la Superintendencia de Bancos (SUDEBANS) después de detectar transferencias inusualmente grandes "de Dinero entre 2007 y 2008. Eso coincidió con el referéndum constitucional de 2007 y con las Elecciones Nacionales, Estatales y locales de 2008.

El foco de la investigación será el origen de estos fondos, los objetivos de la DAI en Venezuela; El status fiscal de la DAI; y la destinación de los fondos del proyecto. Los oficiales avisarán que la investigación será larga y profunda también dirán que la oficina de la DAI será investigada por la autoridad fiscales

SENIAT y una autoridad inmigratoria ONIDEX, pera verificar la situación inmigratoria de Fernández

3. (C) Fernández tiene una doble ciudadanía americana y argentina. Él entró a Venezuela con una visa

0-1, que vence en febrero de 2008 y fue renovada por el Ministro de Relaciones Exteriores en Caracas, en

¿Por qué la DAI?

4) (C) La DAI mantiene una oficina de veinte personas que consisten en dos ciudadanos americanos, Fernández y el gerente financiero Erin Upton, y 18 venezolanos como funcionarios de desenvolvimiento de programa y auxiliares de oficina. La oficina de la Dai en Caracas es un negocio legalmente registrado en Venezuela cumpliendo con todas las leyes laborales tributarias y de beneficios sociales.

La DAI paga el impuesto de valor agregado (IVA) sobre los financiamientos que desembolsada.

Como pare de sus contratos de financiamiento, la DAI se compromete a proteger la identidad de todos los beneficiarios de los financiamientos. Los archivos de la DAI están estructurados de manera que las informaciones financieras puedan ser liberadas sin revelar identidades. Dicho esto, la DAI tiene 50 cajas de archivos en sus dependencias que contiene información sensible y que son posibles de ser confiscadas.

5. (S) Fernández dice en DCM Cualfield que él acredita que el doble objetivo de CICPC es obtener información sobre los financiados de la DAI y cortar el financiamiento. Fernandez dice que "las calles están calientes, refiriéndose a las crecientes protestas contra los esfuerzos de Chávez de consolidar el poder, y "de todas esas personas (organizando protestas) son nuestras financiadas". Fernández ha dirigido desde 2004 el entrenamiento partidario y los programas para la DAI en Venezuela...

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