Pensamiento Crítico

Colombia: el negocio de la mendicidad

None | 18 Septiembre 2005

Una foto casual tomada por estudiantes de colegio en un acto social, y una denuncia sin mayores esperanzas interpuesta en la Fiscalía por una madre desesperada, llevaron a los investigadores del grupo Humanitas de la Policía a capturar a los primeros sindicados por trata de menores para mendicidad en Colombia.

La historia comenzó a escribirse el 16 de marzo pasado, cuando la señora Elsa María puso una denuncia en La Plata, Huila, por la desaparición de su hijo de nueve años. En un principio ella creyó que lo había secuestrado uno de los grupos paramilitares de la zona. No obstante, 15 días después supo que el niño estaba en Garzón, "trabajando" como limosnero. Unos vecinos lo habían visto en el parque central, acompañado de dos muchachitos bastante menores, los niños de Ilma Lucía Giraldo, su "nueva madre".

La había conocido a mediados de enero, cuando llegó con su marido y sus hijos, los dos del parque y uno recién nacido, a pedirle posada a su verdadera mamá. Luego de algunos días, el matrimonio Uribe-Giraldo acordó, incluso, pagar algo de arriendo para ayudar con los gastos de la casa. Nadie dudaba de ellos. Todo era sonrisas, juegos y hasta ilusiones, pues las dos familias, en apariencia, vivían de lo mismo: lavar carros, cuidarlos y, si aparecía el cliente, pedir "una limosnita". En febrero, Ilma Lucía le dijo a su "comadre" que allá en La Plata la cosa estaba difícil, que ella mejor se iba a Garzón. Luego de quejas, lamentos y promesas, le pidió que la dejara llevar a su hijo de 11 años "pa cuidar mis niños y pa que conozca".

La señora se fue, pero dejó en La Plata a su marido, Alexánder Uribe, a quien le iba relativamente bien como embolador. El 15 de marzo, de pronto, éste también decidió irse. Que le hacía falta su mujer, dijo. La escena de antes se repitió, con similares palabras y lamentos, y con la conmovedora petición de que el otro de sus hijos lo acompañara. Esta vez era el de 9 años. Menor, sí, pero mucho más rebelde que su hermano, un muchacho que no se dejaba de nadie, y que se negó a escuchar a su madre cuando le advirtió que no se marchara con Alexánder.

El 16 de marzo le anunció, a las pasadas, que iba a almorzar donde la abuela, pero dieron las cuatro, las cinco y las seis, y no regresó. Cuando Elsa María llamó, le informaron que el niño no había ido.

Fue entonces cuando llegó el mayor a casa a contarle a su madre que lo habían obligado a pedir plata en la calle y a la salida de los bancos, a mendigar comida en los restaurantes, y que lo peor era que le habían sacado todos los billetes que él había ido guardando bajo el colchón de la pensión donde se alojaba con Ilma Lucía y sus hijos. "Y encima, también me tocaba cuidar a los niños". Contó que se lo habían llevado a Pitalito y a Florencia, Caquetá, y que estando allá se había rebelado. En ese instante, Elsa María decidió poner la denuncia.

El seguimiento, la captura

El grupo Humanitas de la Policía reaccionó. Había sido creado en 1996 con sólo tres agentes, para investigar delitos con menores en proxenetismo, pornografía y mendicidad. Con los años fue creciendo, hasta llegar a los 28 que lo componen en la actualidad. El 18 de marzo desplazó a un grupo de patrulleros a La Plata. Las pesquisas preliminares para conocer el paradero del niño y a los presuntos autores del secuestro demoraron poco menos de dos meses. La clave fue una fotografía en la que aparecían Alexánder Uribe y el niño de nueve años.

Por ella, los diversos testigos fueron entregando pistas. La víctima y su plagiario habían estado en una residencia cerca del centro de Pitalito y en otra de Garzón. Allí se encontraron con Ilma María y sus hijos. La Policía comenzó a vigilarlos para obtener pruebas contundentes. "La señora se hacía por las mañanas en el parque principal y luego en las afueras de los bancos. Soltaba a los niños mayores, incluido el hijo de Elsa María, y se quedaba con el bebé, al que acostaba en un coche. Mostraba su barriga de embarazada, decía que era desplazada y que al padre de esos niños lo habían matado".

El día que la capturaron, y en sólo veinte minutos, Ilma Lucía Giraldo había recolectado 22 mil pesos. Cuando le informaron que estaba detenida por trata de menores, hizo cara de no comprender nada. Gritó, pataleó, lloró. Igual, fue detenida, y sus hijos, llevados al Bienestar Familiar. Alexánder Uribe fue puesto preso una hora más tarde. Los dos declararon que vivían de pedir en la calle, sí, pero que jamás habían utilizado a un niño para conmover a la gente. Las pruebas recogidas por los investigadores los incriminaron. En menos de tres meses serán condenados por un delito que se paga, mínimo, con 13 años de cárcel, y máximo con 23. Esa misma noche, el hijo de Elsa María regresó a su casa en La Plata. Habló hasta la madrugada con su hermano mayor.

A ellos no los dejaron ser niños, ni a ellos ni a los otros 30 mil que andan por las calles de Colombia consiguiendo plata de una u otra forma. En lugar de jugar a la pelota, los enviaron al frente para mendigar con miradas de desamparo que fueron aprendiendo a los golpes. Los arrastraron a pedir con la mano abierta, con la supuesta recompensa de un chocolate que jamás llegaba. Los niños de La Plata fueron secuestrados por un matrimonio del que nadie dudaba. Otros fueron y siguen siendo obligados por sus propios padres, "pues mijito, hay que ayudar todos con la casa, usté sabe que la plata del taita no alcanza".

Así, con palabras lastimeras, la madre de sangre de Julián lo convenció para que saliera una mañana del diciembre pasado a la calle con su vecina, doña Luisa. Los 15 ó 20 mil diarios que el esposo de la limosnera le daba en las mañanas a la arrendadora, su madre, eran invisibles para Julián, que sabía de la transacción pero nunca en sus cinco años había oído la palabra alquiler. Su hermano John, un año más grande, y su prima Gina, de ocho, le habían recomendado que se guardara bajo los pantalones los dulces o juguetes que le dieran, si cabían, y que luego, al despedirse de sus nuevos padres, no se dejara esculcar "por nada del mundo".

Él creyó que todo era cuento; por eso quizá lloró con más rabia la primera noche, cuando "doña Luisa", como la llamaban en casa, le arrancó a la fuerza un léon de peluche algo deshilachado.

Con el tiempo se fue acostumbrando. El miedo lo paralizaba cuando pensaba en la paliza que llegaría si no devolvía las "utilidades" del día. Su gesto de desolación cada vez era más perfecto, tal vez porque cada día era un niño más triste, aunque la tristeza, a fuerza de repetir la misma rutina, también acabaría por volverse dura.

Una tarde de sábado, dos meses atrás, una investigadora de la Policía quiso interrogarlo. Él respondió con monosílabos que doña Luisa era su madre. "Lo que pasa es que sin una denuncia es prácticamente imposible abrir una investigación, pues esos niños están sujetos a amenazas de violencia tanto por parte de sus padres como de los delincuentes", diría la patrullera del caso. Hoy, Julián sigue trabajando en la 94 con 9ª. Ya aprendió a no responder casi ninguna pregunta ni a dejarse tomar fotos. "Con esas fotos, la gente mala te hace brujería", le han dicho. La verdad es que los falsos padres saben que una respuesta o una foto pueden delatarlos.

Números de la explotación

ICBF: Según estimaciones del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en el país hay cerca de 30.000 niños que pasan en la calle la gran mayoría de su tiempo. El 37% de esa población está ubicado en Bogotá. Cerca del 75% de los niños de la calle manifiesta haber sufrido maltrato en su familia, y el 37% de ellos lo reconoce como el factor principal de su evasión del hogar.

Graciela González, coordinadora de las Unidades Móviles del Bienestar Familiar

"Habíamos logrado un acercamiento con estos niños y sus familias en algunos semáforos de las localidades de Usaquén, Suba, Chapinero y Barrios Unidos, pero nos detuvimos porque la policía empezó a recoger a los niños y luego les perdimos la pista".

Capitán Valbuena, coordinador Policía de Menores

"Los más altos índices de mendicidad infantil están en Medellín, Cali y Bogotá, donde hay 926 niños limosneros. Se les ha exigido a los padres que firmen acuerdos para no incurrir en el delito de alquilar a sus niños, pero es difícil el seguimiento, pues esta población es flotante".

UNICEF: En Colombia la cifra de menores trabajadores asciende a los dos millones. En su mayoría trabajan en sectores que implican alto riesgo para la salud: calle, talleres, las plazas, los almacenes, los depósitos, los cultivos y las plantas de producción son los principales lugares en los que trabajan los niños y niñas de Colombia.

Manuel Manrique, de Unicef en Colombia y Venezuela

"El trabajo infantil es aceptado, las personas lo toleran. Hoy, en el trabajo doméstico hay más de 325.000 personas, de las cuales el 95% son niñas".

OIC: Según la Oficina Internacional del Trabajo (OIT) cada año 22.000 niños mueren como consecuencia de accidentes relacionados con la actividad laboral.

Universidad del Rosario: El 40% de los niños ha sufrido lesiones a causa de su trabajo. Los accidentes más frecuentes incluyen caída, corte, quemadura, mordedura y amputación.

Notas positivas

–La aprobación por parte del Ministerio de Justicia y del Interior de la Ley 985 de 2005 significa un gran avance legislativo que tiene el propósito de actualizar toda la normatividad en materia de Derechos Humanos y de explotación de los niños, niñas y adolescentes colombianos. Por primera vez se establece que el consentimiento dado por la víctima en estos casos de explotación no exonerará a quien infrinja la ley de la responsabilidad penal.

–Mediante la Ley se eleva a rango legal al Comité Interinstitucional contra la Trata de Personas, convirtiéndolo en un Órgano Consultivo del Gobierno Nacional, para emitir opiniones y presentar recomendaciones sobre los programas de prevención, atención a víctimas y judicialización de quienes cometan este delito, adelantadas por el Gobierno.

–A través del artículo 188A de esta Ley se sancionará al que persuada, traslade o reciba una persona dentro del territorio nacional o hacia el exterior con fines de explotación, enviándolo a la cárcel por un período de 13 a 23 años, obligándolo a pagar la suma de ochocientos a mil quinientos salarios mínimos. Se reconoce como explotación el obtener provecho económico para sí mismo o para otra persona de la mendicidad ajena.