Pensamiento Crítico

Honduras: Juventud asesinada

Editorial | Diario El Tiempo, San Pedro Sula. | 03 Noviembre 2014

Un promedio de 85 jóvenes mueren mensualmente asesinados en Honduras, de acuerdo con estimaciones estadísticas de la organización no-gubernamental Casa Alianza.

En los meses transcurridos de 2014, se han registrado 783 asesinatos de jóvenes, cuyas edades fluctúan entre 14 y 25 años, de los que 666 son del género masculino y 117 del femenino. El número de estos homicidios es similar al de 2013.

Las causas de estos crímenes, según el criterio policial, se vinculan con la delincuencia juvenil, en la que predominan el cobro por extorsiones (impuesto de guerra), el robo y los asesinatos por "maras" o pandillas.

La persistencia de la mortalidad criminal, con énfasis en el sector juvenil, e incluso su aparente aumento exponencial, es un indicador de que, en términos concretos, el pavoroso índice de violencia y criminalidad en Honduras se mantiene incólume, pese a los cálculos disminuidos de la propaganda oficial.

En el ámbito legislativo, con el argumento de combatir la criminalidad juvenil, se ha planteado la reforma de la ley penal para reducir la edad punible, un tema recurrente de demagogia política, más que de sano y sincero interés, afortunadamente desestimado en la recta final.

Las razones de tal desestimación son varias, pero esencialmente concernidas en los convenios internacionales sobre la protección de los derechos humanos vinculados a la niñez y la juventud, de los que Honduras es signataria.

Por supuesto, hasta ahora el análisis de esa modalidad criminal no se ha profundizado, precisamente por la insistencia en ubicarlo exclusivamente en el escenario del narcotráfico y sus derivaciones delincuenciales, por momentos con propósitos de enmascaramiento.

Igual que en otros países donde se presentan situaciones agudas del mismo tenor, en esto intervienen acciones de exterminio por motivos político-ideológicos, desmantelamiento en la formación de liderazgos medios y de base, vale decir aplicación del terrorismo institucional o de Estado.

Toda esa gama de factores, que es necesario investigar para establecer los verdaderos orígenes y alcances de los homicidios en el estrato juvenil de nuestra sociedad, queda inmersa en el amplio espectro de la violencia estructural, hasta ahora poco estudiada en Honduras, pero que indudablemente está asociada de manera inextricable a la pobreza generalizada.

El hecho, entonces, de que la conformación militar-policial del Estado de Honduras no resuelva, sino que agudice, la violencia estructural, en un marco ampliado de la pobreza, cuya resolución exige de una política eficaz de desarrollo económico y social, equilibrado y de inclusión masiva, viene a ser la preocupación de fondo y el principal reto político por encarar.