Pensamiento Crítico

Los test psicológicos laborales y el derecho al trabajo

Por Ricardo Daher | Barómetro Internacional | 07 Diciembre 2015

Todas las estadísticas de desempleo en el mundo confirman que los jóvenes son quienes enfrentan mayores dificultades para insertarse en la producción.  Aunque todas las autoridades buscan mecanismos para facilitarles el acceso al trabajo, los jóvenes enfrentan trabas de parte de los empleadores. Una de ellas, que se ha extendido sin ninguna prueba científica de su validez, es el test psicológico laboral. En Uruguay, que está en una etapa de reducción del mercado laboral, esas pruebas están dejando fuera del mercado de trabajo a miles de jóvenes.

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Desde el artículo 53 al 57, la Constitución de la República de Uruguay garantiza el derecho al trabajo de todos sus habitantes. Incluso más, establece que cada habitante “tiene el deber” de aplicar sus energías intelectuales o físicas en “beneficio de la comunidad”  y con la posibilidad de ganar su sustento (artículo 53).

Este derecho y mandato constitucional se contradice con la decisión de las empresas que cada día aplican casi como criterio principal de contratación de personal, el resultado de los test psicológicos, llegando al extremo de establecer una especie de “lista negra” con aquellos que no superaron esa prueba la primera vez.

Así, miles de jóvenes son privados de cumplir con el “deber” que establece la Constitución de aplicar sus conocimientos o energías a un trabajo que les garantice un sustento, por un test psicológico que anticipa que cosas harían mal en un trabajo que no realizarán.

De alguna manera es una situación similar a la establecida en la película “Minority Report” donde se castiga con anticipación a las personas por crímenes que posiblemente cometerán en el futuro.

Quienes recurren a estas herramientas señalan que se trata de varios test en conjunto que miden desde la inteligencia, la actitud, la sociabilidad, la capacidad de trabajar en grupo, etc., aunque en muchos lugares solo emplean uno de estos test.

Los defensores de los mismos sostienen que su realización no significa un desconocimiento del derecho al trabajo establecido en la Constitución, y que solo es una prueba para un puesto en particular, pese a que la experiencia indica que la empresa lo toma como un no definitivo a contratar a esa persona en el futuro. Hay numerosa evidencia de que los candidatos que no pasaron un test son rechazados en forma automática por la empresa cuando se vuelven a postular a otro cargo.

También se sostiene que el empleador tiene el derecho de contratar a quien le parezca, situación que muchas leyes de discriminación positiva no consideran.

Se trata en todo caso de impedir a alguien trabajar no por su capacidad demostrada en la actividad, sino por lo que se supone podría pasar.

Cabe recordar que el test puede estar reflejando una situación puntual, hasta un estado de ánimo pasajero, que puede ser superado en otro momento. De hecho quienes superan esos test, después no todos son aptos en su trabajo y terminan siendo despedidos.  La ley admite esta posibilidad y establece un período de prueba de los empleados de hasta 3 meses.

La expansión del uso de los test, también ha llevado a que muchos jóvenes busquen en internet como superarlos,  y gran cantidad de páginas que adelantan las respuestas a las pruebas más comunes.

Diferentes psicólogos admiten también la limitación de los test y que no  está demostrada  la efectividad de los mismos.

Muchos defensores de esta herramienta de selección de personal consideran que para aplicar este tipo de pruebas se debe contar con personal capacitado y entrenado tanto para realizarlos como para interpretarlos correctamente, admitiendo además que cada candidato es único y que su formación es más que la suma de aptitudes e inteligencia y que realizar los test en forma aislada no ofrecerá un resultado asertivo determinante.

En Uruguay desde la Facultad de Psicología se defienden los test como una herramienta válida, aunque muchas veces sus docentes están de lado del mostrador de las empresas realizando los mismos y evaluando sus resultados.

En la realidad se ha establecido otro tipo de discriminación laboral,  los que no superaron el test psicológico. Los legisladores que se han preocupado por aprobar leyes anti discriminación o de discriminación positiva podrían pensar en aprobar una ley que determine que un porcentaje de los empleos públicos ofrecidos sean para quienes no superen los test psicológicos. Soñar no cuesta nada.

ricardher@gmail.com