Pensamiento Crítico

El flagelo de las desapariciones forzadas

Adital | Adital | 04 Septiembre 2006
Según la Organización de las Naciones Unidas ha habido, desde 1980, unas 50.000 desapariciones forzadas en más de 90 países del mundo. El año pasado, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias pidió a los gobiernos que investigaran más de 550 nuevos casos. Sin embargo, pocas personas responsables de esos actos han tenido que dar cuenta de ellos. Por ocasión del Día Internacional de los Detenidos Desaparecidos, 30 de agosto, el Comité Internacional de la Cruz Roja señala que la impunidad o la injusticia crea un clima social en que no se puede confiar en las instituciones y, por consiguiente, no puede haber estabilidad. Si no se castigan las desapariciones forzadas, el recuerdo de las personas desaparecidas será un tormento para las sociedades en que se encubren esos actos. Personas siguen siendo secuestradas, retenidas en lugares de detención clandestinos, torturadas y, a veces, muertas. Para CICR la desaparición forzada es un crimen a tenor de las normas internacionales de derechos humanos y, en caso de guerra, del derecho internacional humanitario. Es una violación de los derechos de esa persona y de su familia. El daño causado a las familias que han perdido la traza de un ser querido, las cuales, contrariamente a las familias que están de luto, siguen esperando contra toda esperanza, tiene amplias consecuencias y dura indefinidamente. Las familias de los desparecidos en el mundo han luchado contra la impunidad por muchos decenios. Como parte de su lucha, han solicitado de forma cada vez más vehemente la aprobación de un tratado internacional. La nueva Convención contiene la rotunda prohibición de las desapariciones forzadas en tiempos tanto de paz como de guerra. Dispone también que nadie puede quedar privado de la protección del derecho. Después de que esas familias desplegaron una campaña durante 25 años, el nuevo Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobó, el 29 de junio de 2006, la Convención para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Se someterá ahora el tratado a la Asamblea General de las Naciones Unidas para que los Estados lo aprueben. Desde el punto de vista del CICR, la mejor manera de impedir que las personas desaparezcan durante los conflictos armados son las visitas repetidas a los detenidos y las actividades realizadas para restablecer y mantener el contacto entre familiares. Phillippe Gaillard, del CICR, observa que en América Latina no han sido pocos los países afectados por esa dramática realidad, a excepción, podría decirse, de Costa Rica. Esta difícil circunstancia hizo que, entre comienzos de la década de los 80 y principios del nuevo siglo, los Gobiernos de Argentina, Chile, Guatemala y Perú diseñaran mecanismos oficiales con el fin de esclarecer, de forma fidedigna y detallada, los hechos de violencia que tuvieron lugar en su territorio, y que ocasionaron el trágico saldo de miles de muertos y desaparecidos. Pero, él afirma que parece urgente y necesario que paralelamente a la creación de instrumentos jurídicos - como el Estatuto de Roma para la Corte Penal Internacional - los Estados se aboquen a la implementación del derecho ya existente y lo hagan respetar. El caso de la peruana Rufina Romero Figueroa es un ejemplo del dolor de tener un familiar desaparecido. Ella perdió el contacto con su hermana mayor a fines de la década del 80, en Ayacucho, y todavía la busca. Ambas habían sido separadas de sus padres por los guerrilleros del Sendero Luminoso, que siguen desaparecidos. Sus padres fueron dados por muertos pero sus cuerpos no fueron hallados. En Colombia, el CICR ha registrado, desde 1994, más de 3.600 denuncias de personas desaparecidas. Junto con el desplazamiento, el aislamiento de comunidades, la toma de rehenes, el flagelo de las minas antipersonal o la falta de acceso a los servicios de salud, la desaparición de personas es una de las graves consecuencias que el conflicto colombiano tiene sobre las vidas de la población civil. También en Guatemala más de 40 años de conflicto dejaron como saldo decenas de miles de muertos y aproximadamente 40 mil desaparecidos. Los acuerdos de Paz de 1996, llevaron esperanza a centenas de miles de familias guatemaltecas, victimas directas del conflicto armado. Algunas pudieron enterrar sus muertos, pero otras todavía no pueden hacer su duelo, porque sus familiares continúan desaparecidos. La organización Amnistía Internacional señala que la desaparición forzada de personas es una práctica actualmente vigente en varias regiones del mundo. A pesar de la presión internacional, el centro de Guantánamo - en una base naval ocupada en territorio cubano - sigue funcionando y Estados Unidos no ha reconocido la existencia de centros secretos de detención donde "prisioneros fantasma" han sido detenidos de forma arbitraria, "desaparecidos" y expuestos a sufrir tortura y otro abusos. Siguiendo el ejemplo de Estados Unidos, países como Pakistán, Nepal, Sri Lanka y los estados indios de Jammu y Cachemira, hacen "desaparecer" a personas sospechosas de terrorismo o a simples opositores molestos. Sami al-Haj, Abdul Malik Abdul Wahab y Mustafa Ait Idir, han sido prisioneros fantasmas de EEUU, que actualmente todavía están recluidos en el centro de Guantánamo.