Pensamiento Crítico

Los ilegales y el movimiento obrero del futuro

James K. Galbraith | Revista Sin Permiso. Traducción David Casassas. | 09 Septiembre 2006
Las concentraciones de inmigrantes que sacudieron el país en la primavera pasada constituyeron un auténtico movimiento de los trabajadores. Pero éstos se veían representados en buena medida por sus hijos, mucho de ellos estudiantes-ciudadanos que gozan de los derechos políticos que les son negados a sus padres, tíos, tías y vecinos. Los manifestantes que salieron a las calles de Austin el 10 de abril procedían, mayoritariamente, de universidades y de la educación secundaria. Pero los emblemas que llevaban hacían referencia en muchos casos a la situación de sus padres. Estos eran sus mensajes: "Vinimos a trabajar. Pagamos impuestos. Respetamos lo que aquí tenemos. Queremos que se nos deje vivir". Tanto las pancartas como los portavoces recordaban que muchos inmigrantes no querían venir a Estados Unidos. De hecho, se vieron forzaros a hacerlo por la crisis de la deuda latinoamericana, el NAFTA (North American Free Trade Agreement) y la liberalización del comercio de cereales, que expulsó a millones de campesinos mexicanos pobres de su tierra (y el CAFTA producirá ahora los mismos efectos en Centroamérica). Era predecible. Los alimentos se trasladan hacia el Sur y la gente lo hace hacia el Norte. Los inmigrantes son, pues, las víctimas –no los arquitectos- de la globalización. Son gentes que habitan en las sombras. Desconfían y evitan el gobierno. No sólo nuestro gobierno, sino cualquier tipo de gobierno: en su situación ¿quién no lo haría? En contra de la habitual cantinela sobre de la carga que suponen los inmigrantes para el sistema de servicios sociales, es preciso señalar que, según nuestro propio gobierno, tres cuartas partes de los trabajadores sin papeles pagan impuestos sobre las rentas del trabajo y, junto con quienes los emplean, contribuyen a alimentar las arcas de la Seguridad Social y del sistema sanitario con unos 7 billones de dólares al año, todo ello en favor de unos servicios a los que difícilmente tendrán exceso. ¿Qué empujó a esta gente normalmente tranquila a la calle? No era la demanda de algo más, sino la amenaza de la pérdida de lo poco que tienen: la alarma saltó a raíz de una propuesta de ley que llegó al Congreso y que iba a criminalizar a millones de inmigrantes, a encarcelar a cientos de miles, todo ello sin contar las deportaciones masivas a las que iba a dar pie. ¿Había, pues, en las movilizaciones algo que pueda considerarse mezquino, gratuito o ingrato? La cúpula del Partido Republicano sabe que la inmigración es un fenómeno permanente. En una economía en crecimiento, los empleos que se crean difícilmente desaparecen. Y con las diferencias salariales existentes entre Estados Unidos y México –podríamos añadir también a China-, ¿quién iba a querer regresar? Los inmigrantes vienen a trabajar. No tiene sentido hablar de trabajadores "invitados", y la idea de un trabajador que emigra de forma "temporal" no es más que un mito. Además, el refuerzo de los controles fronterizos tiene como efecto, tal como Douglas Massey, de la Universidad de Princeton, ha señalado, el dejar a estos trabajadores atrapados en el interior del país. Si pones difícil cruzar la frontera, la gente que consigue hacerlo tratará de quedarse: no querrán correr otra vez el riesgo de ser pillados. Así que, si pueden, se traen a sus familias –o fundan una nueva- y se disponen a quedarse. ¿En qué estaban pensando, pues, los republicanos de la Casa Blanca? Pensaban en votos. La criminalización de los inmigrantes ha ido unida a graves casos de privación del derecho de voto, de limpiado del registro electoral, de carestía de la tecnología necesaria para el ejercicio del sufragio, de falsos avisos de bomba. De hecho, ha valido cualquier infame patraña que sirva para mantener en el poder a viejos plutócratas blancos. Toda la pegadiza retórica sobre el valor del voto latino no era, al fin y al cabo, más que eso: retórica. Y bien pensada: los republicanos sabían que podían aspirar a obtener el 30 % del voto hispano por este camino –si bien 3 de cada 10 sigue siendo un mal resultado, mejora los obtenidos por ellos hasta el momento-. Además, hablar de trabajo, de dignidad y de independencia individual era algo que podía resultar funcional para atraer las simpatías de quienes pueden llegar a influir altamente en el funcionamiento de las instituciones políticas del país, no tanto en la actualidad, sino dentro de una o dos décadas, una vez que los hijos de los inmigrantes hayan crecido. Mientras, en el Senado se impone la consigna del "duro pero justo" entre quienes tratan de hallar una "vía intermedia". Así, se dibuja un compromiso que apunta a la legalización de los inmigrantes que lleven en el país más de cinco años y a la expulsión a sus países de origen de los que lleven menos de dos años de residencia continuada. El problema, claro está, es que uno no puede trazar este tipo de líneas divisorias: una decisión análoga que se hubiera podido tomar en la Sudáfrica del apartheid hubiera sido la concesión de derechos cívicos y políticos a los "menos negros" y el mantenimiento de los "estrictamente negros" en su situación de segregación. Además, se hace difícil determinar quién ha estado en el país durante dos años, quién ha permanecido más tiempo y quién menos. Un trabajador indocumentado difícilmente podrá aportar pruebas acerca del tiempo de residencia en el país. Pero, aunque huiera los documentos, la solución no es ésta. ¡Necesitamos a los trabajadores! Si echamos a unos cuantos, enseguida necesitaremos que entren otros. ¿En qué cabeza cabe que un conjunto de trabajadores que residan en el país durante un período de tiempo corto es mejor que una creciente población de posibles futuros ciudadanos? Sólo en la de los políticos, a quienes preocupa la evolución del voto de estos posibles futuros ciudadanos. ¿Cuál es la solución? Para nosotros, la solidaridad. Debemos apoyar a los inmigrantes. Su destino es nuestro destino. Nosotros fuimos como ellos; ellos son como nosotros. Podemos ser un solo país, con un solo pueblo, un pueblo de ciudadanos y votantes. Pero podemos también ser un estado policial regido sin estorbo alguno por gente que no trabaja y para la que la política es el camino para controlar a quienes sí lo hacen. En cualquier caso, con el tiempo y con mayores o menores dificultades, nuestros inmigrantes vendrán y aspirarán a gozar plenamente de los derechos políticos y laborales. Y ello debe ser así si queremos que estos derechos, incluido un derecho de voto que se pretenda no vacuo, no desaparezcan como tales. Muchos estadounidenses parecen entender estos planteamientos. Y creo que esto explica la gran simpatía que despertaron los manifestantes de la pasada primavera. ¿Puede haber algo más distinto de las manifestaciones de inmigrantes que la juventud alzada en Francia? A través del prisma de nuestros medios de comunicación, lo de Francia parecía algo de otro planeta: una revuelta de ricos mimados, de ideólogos fantasiosos, de socialistas anclados en una visión pre-global de la economía y reacios a enfrentarse a la realidad que supone este mundo de trabajo duro y de afectos ganados con esfuerzo. Este era, por lo menos, el análisis que de ello hacían comentaristas estadounidenses como los del estrafalario trío formado por Krauthammer, Kondracke y Barnes, de la Fox. Su perplejidad era bien real: ¿no podían ver esos chicos franceses –se preguntaban- que los privilegios de los mayores, toda esa protección que ofrecían los viejos mercados de trabajo, protección que ahora los jóvenes trataban de defender, eran la causa de su propio desempleo? Bien mirado, no podían, porque veían claramente que este análisis no es correcto. A los ojos de un experto norteamericano, los chicos franceses tienen su mismo aspecto: son blancos, se visten bien; son, aparentemente, clase media. El experto en cuestión, pues, parte de la asunción de que ocupan su mismo espacio social: el de ricos demasiado bien acostumbrados. Pero las cosas no son así. En Francia hay muchos miles de universitarios de entre 20 y 24 años cuyo futuro resulta bien poco halagüeño –no es el caso de cierta super-elite, claro-. Los chicos franceses no esperan obtener empleos decentes en la enseñanza o buenos puestos en el mundo empresarial o en el de las profesiones liberales. Amontonados en deterioradas universidades, se ven, y a su temprana edad, luchando por sobrevivir el día a día. Una vez terminados los estudios, un 9 % de ellos –el doble que en Estados Unidos- tendrá que hacer frente al desempleo. Tal como dijo el propio Primer Ministro, Dominique de Villepin, tendrán que esperar, de media, entre 8 y 11 años para obtener empleos estables. De Villepin pensó que este hecho ayudaría a vender su plan, pero los estudiantes franceses supieron leer la situación. La nueva ley iba a dar a los empresarios el derecho de despedir, sin motivo alguno, a cualquier persona menor de 26 años que se encontrara dentro de sus dos primeros años de empleo. ¿Hubiese creado esta medida nuevos empleos? Lo que es seguro que hubiese creado es un nuevo tipo de ofertas de empleo: los empleos existentes habrían dejado de ser puestos de trabajo estables para trabajadores mayores, para convertirse en sueños de 729 días para la gente joven. ¿Adónde hubiera conducido todo ello? A ningún lugar que no fueran los viejos problemas de desempleo. En cualquier caso, la situación hubiera guardado un espeluznante parecido con la de los programas de braceros norteamericanos: trabajo temporal sin derechos laborales, altos niveles de renovación de la plantilla y falta de perspectivas. Los empresarios franceses ¿hubieran aprovechado la nueva legislación en este sentido? ¡Por supuesto que sí! La idea principal no era otra que la de ofrecerles esta oportunidad. Y los chicos reaccionaron no como estudiantes, sino como trabajadores. Su análisis no era ideológico: era puramente económico. Busquemos una solución que cree realmente nuevos puestos de trabajo, decían los estudiantes. Sorprendentemente, ganaron el asalto. Pero todavía no han aparecido soluciones reales para los problemas del desempleo en Francia. El combate, pues, va a continuar. Así, el caso estadounidense y el francés guardan más similitudes de las aparentes. Ambos países tienen población trabajadora marginalizada y dispuesta para la lucha. En Estados Unidos, con un nivel de creación de empleo decente, esta población la constituyen los inmigrantes. En Francia, donde el nivel de desempleo es mayor, la cantidad de población marginalizada es superior. Y se halla mucho más cerca del centro social del país. En ambos países, la gente joven se convierte en la voz emergente de los derechos de los trabajadores. En ambos países los jóvenes se enfrentan a hombres de edad avanzada aferrados al poder y tratando de promulgar leyes cínicas. Ninguno de nuestros actuales planes para la inmigración va a "resolver" el "problema", del mismo modo que el ardid de Villepin no hubiera creado más empleos para Francia. En ambos países los manifestantes han ganado, entre las gentes que los conocen y los entienden mejor, grandes dosis de solidaridad, simpatía y apoyo. En varios sentidos, el panorama que he pintado es optimista. Martin Luther King Jr. ya dejó dicho que el arco de la historia se dobla hacia el camino de la justicia. Y no puede pretenderse echarle un pulso al oleaje de la demografía. Una vez que se descubre hacia qué dirección fluye, se sabe más o menos hacia dónde se dirige el futuro. (*) James K. Galbraith es profesor de economía en la Lyndon B. Johnson School of Public Affairs, de la University of Texas-Austin. Anteriormente ocupó varios puestos en el Congreso de los Estados Unidos, incluida la dirección ejecutiva del Joint Economic Committee. Este artículo apareció en la edición de Julio/Agosto de 2006 de Mother Jones.