Pensamiento Crítico

El México postelectoral. Dossier

Varios Autores | Revista Sin Permiso | 09 Septiembre 2006
Como una contribución a la información y al debate sobre la crisis política e institucional abierta en México tras las pasadas elecciones del 2 de julio, presentamos a los lectores de Sin Permiso esta selección de 5 documentos y notas: 1) "Proyecto de Resolución", de Andrés Manuel López Obrador; 2) "Mes de la patria", de Marco Rascón; 3) "Oaxaca, magisterio y lucha armada", de Luis Hernández Navarro; 4) "La reforma del Estado", de José Blanco; y 5) 5) "La calificación y el tribunal", de Carlos Montemayor. Prepararon este dossier para www.sinpermiso.info: Adolfo Gilly y Carlos Abel Suárez.

1) Proyecto de Resolución que presenta Andrés Manuel López Obrador al pueblo de México para su análisis, discusión y, en su caso, para su aprobación en la Convención Nacional democrática

México, Distrito Federal, lunes, 28 de agosto de 2006 El día de hoy el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación decidió convalidar el fraude a la voluntad ciudadana expresada en las urnas el dos de julio y respaldar a los delincuentes que nos robaron la elección presidencial. Con esta decisión se rompe el orden constitucional y, en los hechos, se abre el camino a un usurpador que pretende ocupar la Presidencia de la República mediante un Golpe de Estado. Los siete magistrados del supuesto Tribunal Electoral asumieron una actitud cómplice al desechar pruebas contundentes y pretender ignorar lo que es de dominio público. Durante todo el proceso electoral de 2006, desde su preparación hasta su calificación, el presidente Vicente Fox organizó y ejecutó un operativo de Estado para impedir a toda costa la llegada a la Presidencia de la República del candidato de la Coalición Por el Bien de Todos. El fraude electoral no sólo le cerró el paso a un aspirante presidencial, sino que anuló de facto los derechos constitucionales del pueblo de México de escoger libre y democráticamente a quien gobierne los destinos de la Nación. Estamos ante un evidente retroceso en la vida democrática del país porque no hubo respeto al sufragio y se pretende cancelar el derecho de millones de mexicanos, en particular de los más pobres, de elegir un gobierno que verdaderamente los represente. En una República democrática y representativa, el sufragio efectivo constituye la expresión de la soberanía popular. Pero una minoría rapaz que se ha apropiado ilícitamente del poder y de los recursos de la Nación, ha perpetrado este fraude electoral para imponer sus intereses por sobre las aspiraciones y necesidades del pueblo mexicano. Representa un atentado contra la soberanía nacional que, como establece el artículo 39 constitucional, reside esencial y originariamente en el pueblo. La imposición y la usurpación comenzaron a fraguarse desde finales de 2003, cuando el gobierno de Vicente Fox y los grupos de poder más conservadores del país iniciaron una campaña para destruirnos políticamente. Primero intentaron involucrarme en presuntos actos de corrupción con los llamados videoescándalos. Ahora se sabe que fue una conspiración en mi contra, urdida por Carlos Salinas, Diego Fernández de Cevallos y Vicente Fox, en la que utilizaron a las instituciones del Estado y a los medios de comunicación. Quedó claro que se trató de una maniobra planeada desde el poder para desacreditarnos. Posteriormente, recurrieron al desafuero. Torciendo la ley y utilizando instituciones del Estado como la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría General de la República, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Cámara de Diputados, trataron de destituirme como Jefe de Gobierno del Distrito Federal para despojarme de mis derechos políticos e inhabilitarme jurídicamente como candidato. Pero la movilización de cientos de miles de mexicanos detuvo esta injusticia y me sacó adelante. Como fallaron todos los intentos ilegales por impedir mi participación en la elección presidencial, el gobierno y la derecha planearon el fraude en los comicios de este año para detener nuestro triunfo. El verdadero motivo para obstaculizar nuestro arribo a la Presidencia de la República, es porque defendemos un Proyecto de Nación que representa una crítica de fondo al modelo económico neoliberal que sólo ha beneficiado a unos cuantos privilegiados y ha empobrecido a la mayoría de los mexicanos. Nuestra propuesta de gobierno constituye un peligro para los intereses de una minoría rapaz y poderosa. El fraude electoral de 2006 ha sido a la vez el más burdo y el más sofisticado de la historia electoral de México. Se recurrió lo mismo a los métodos tradicionales como el acarreo de votantes, la sustitución de funcionarios de casilla, el relleno de urnas con votos ilegales, y la falsificación de actas de escrutinio de las casillas, que a medios más sofisticados como la manipulación de los sistemas de cómputo, todo lo cual configuró una serie interminable de ilícitos electorales. Desde el inicio del proceso electoral, el aspirante del PAN se convirtió en el abanderado oficial al que Vicente Fox buscó imponer por todos los medios,violando las leyes y la Constitución. El Presidente de la República, en lugar de actuar como estadista, se comportó como jefe de grupo y utilizó ilegalmente la estructura del Estado y recursos materiales oficiales para apuntalar la candidatura panista. Se usaron recursos públicos para comprar votos y los beneficios de los programas sociales a cambio de sufragios para el partido de la derecha. El Instituto Federal Electoral, lejos de actuar como juez y árbitro de la contienda, se subordinó a los intereses de una minoría y de su candidato, convirtiéndose en cómplice del fraude para legalizar la imposición. Las autoridades electorales actuaron de manera facciosa y permitieron que el gobierno y el PAN gastaran millones de pesos públicos y privados que rebasaron con mucho los límites legales establecidos; toleraron también que, contraviniendo la ley, el partido de la derecha lanzara una guerra sucia en nuestra contra a través de los medios masivos de comunicación, como nunca se había visto en nuestro país; y por si fuera poco, solaparon la campaña ilegal del Consejo Coordinador Empresarial y de algunos grupos económicos para calumniarnos y generar miedo en la población. Con todo ello, antes de la jornada electoral ya se había configurado y tipificado el fraude como un operativo de Estado. En la elección presidencial, el IFE violó sistemáticamente los principios constitucionales de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad que deberían haber normado su actuación. Este organismo, en vez de cumplir con sus obligaciones legales, actuó abiertamente a favor del partido en el poder. En particular, fue notoria la complicidad con el gobierno federal de los consejeros electorales, quienes fueron designados en realidad por el PAN y por Elba Esther Gordillo Morales, símbolo del corporativismo sindical caduco y del antiguo sistema político priísta. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que conforme al artículo 99 constitucional es la máxima autoridad jurisdiccional en la materia, a pesar de las evidencias del fraude, se opuso a limpiar la elección y se negó a realizar el recuento "voto por voto" y "casilla por casilla", no obstante le fue demandado por millones de mexicanos y que tiene facultades de ley para ello. Las irregularidades fueron muchas y en las cifras del IFE la diferencia entre los candidatos punteros fue mínima, pues el aspirante del PAN habría obtenidos 15' 000, 284 votos y el abanderado de la Coalición Por el Bien de Todos, 14' 756, 350 votos; es decir, una diferencia entre ambos de apenas 0.58 por ciento (243, 934 sufragios), pero los magistrados del Tribunal Electoral, en un acto de simulación, sólo ordenaron la apertura de 11,839 casillas –al final resultaron 11,720–, correspondientes al 9.07 por ciento de las 130,477 instaladas en todo el territorio nacional. A pesar de ello, esta diligencia judicial practicada por el Tribunal demostró que las alteraciones de los resultados electorales no fueron producto de "errores aritméticos" de los ciudadanos, sino parte de un operativo de fraude electoral fraguado y organizado por el grupo en el poder. En este recuento parcial quedó de manifiesto que se violó de manera sistemática la ley para defraudar a los votantes, llegándose incluso a manipular el conteo de los votos: 1) En el operativo fraudulento se introdujeron y eliminaron de manera ilegal votos en las urnas, pues en 43 por ciento de las casillas revisadas por los jueces se encontraron votos de más; es decir, votos que no fueron emitidos por ciudadanos. Se introdujeron ilegalmente un promedio de seis sufragios por casilla y en 30 por ciento de las urnas se robaron un promedio de 10 votos emitidos a favor del candidato presidencial de la Coalición Por el Bien de Todos; 2) La falsificación dolosa de actas de escrutinio se hizo evidente al recontar los votos, en miles de ellas aparecen registrados sufragios que no corresponden a los depositados por los ciudadanos. En 81 por ciento de las actas de escrutinio revisadas existen variaciones respecto a los votos emitidos, lo que confirma la adulteración masiva y deliberada para favorecer al candidato de la derecha, al que se le agregaron de forma artificial un promedio de 1.14 votos por casilla; 3) Este recuento demostró también que los paquetes electorales fueron abiertos y manipulados después del cómputo distrital; en todos los distritos electorales revisados, se encontraron cientos de paquetes sin los sellos oficiales y sin las firmas de los representantes de los partidos y de los funcionarios de casilla, evidenciándose de tal manera un manejo ilegal de paquetes, sobres y boletas electorales, antes, durante y después del cómputo distrital; 4) El recuento parcial ordenado por los magistrados comprobó así, que el Consejo General del IFE y muchos de los Consejos Distritales actuaron con dolo, en complicidad con el gobierno federal, para beneficiar al PAN y robarnos la elección presidencial. Si nos atenemos a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral para analizar las casillas que se recontaron, podemos asegurar que nosotros ganamos la elección. La sentencia del Tribunal Electoral para ordenar la apertura de los paquetes electorales establece que "el número de ciudadanos debe ser igual a las boletas depositadas en la urna y a la votación emitida". Y precisa: "En especial, las cifras correspondientes a las boletas depositadas en la urna y la votación total emitida deben coincidir, pues en este caso ya no se concibe la posibilidad de que en el paso de extraer las boletas y contabilizar los votos para los contendientes, merme o se incremente la suma de boletas extraídas de la urna, por lo cual, si alguna de esas cifras es mayor, se genera un indicio en el sentido de que en algún momento del escrutinio y cómputo, se sustrajeron indebidamente votos válidos o se incluyeron espurios, salvo que se demuestre lo contrario". La Ley General del Sistema de Impugnación en Materia Electoral establece, en su artículo 75, como causales de nulidad de casillas, entre otras: "Existir irregularidades graves, plenamente acreditadas y no reparables durante la jornada electoral o en las actas de escrutinio y cómputo que, en forma evidente, pongan en duda la certeza de la votación y sean determinantes para el resultado de las mismas". Si los magistrados hubiesen respetado los términos de la sentencia para el recuento parcial de casillas que ellos mismos aprobaron, y acatado la legislación electoral, tendrían que reconocer que en las casillas recontadas hay 71 mil, 142 votos espurios, introducidos ilegalmente en las urnas, y 122 mil, 266 sufragios válidos que fueron sustraídos inexplicablemente. Si hubieran aplicado la ley y respetado sus propios criterios, deberían haber anulado las casillas donde se mantienen estas irregularidades aún después del recuento. Y si hubieran procedido de esa manera, habrían reconocido que la Coalición Por el Bien de Todos triunfó en la elección presidencial por 526 mil votos. Es más, si se aplican los mismos criterios legales y se proyectan a la votación nacional, eliminando los votos espurios agregados de forma arbitraria y los que fueron sustraídos con dolo, los magistrados debieron reconocer que ganamos la Presidencia de la República por más de dos millones de votos. De esa dimensión ha sido el fraude electoral realizado en contra nuestra. El gobierno federal a fin de imponer el fraude, después del dos de julio siguió violentando el orden legal del país y con un nuevo derroche de recursos públicos y privados, ha buscado, con una campaña en los medios de comunicación, convencer a los mexicanos de que ganó el candidato de la derecha, aunque en realidad perdió la elección presidencial. El presidente Fox llegó al colmo de presionar públicamente a los magistrados para que fallaran a favor de sus deseos y proclamó el triunfo del candidato oficial, lo que dejó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sin la posibilidad de emitir libremente su resolución. Al declarar válidos los resultados de los comicios, los magistrados asumieron una decisión política y no jurídica. La sumisión de estas personas, que no supieron actuar como jueces, a los designios de un grupo de privilegiados y de extremistas de derecha, que se han apoderado del aparato estatal haciendo a un lado los intereses de la República, representa no sólo una vergüenza en la historia de nuestro país, sino una violación al orden constitucional y un verdadero Golpe de Estado. Esta situación de violencia institucional y de trastrocamiento de las instituciones es, para millones de mexicanos, ofensiva e inaceptable. Por eso, desde el 15 de agosto, ya previendo esta confabulación contra la voluntad popular, convocamos a la Convención Nacional Democrática Por el Bien de Todos que, con representantes de los pueblos, comunidades, barrios, municipios, organizaciones sociales, civiles, sindicales y políticas de todo el país, se reunirá el 16 de septiembre de 2006 para decidir en definitiva el papel que asumiremos en la vida pública de México. El artículo 39 constitucional a la letra dice: "La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo momento el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno". En consecuencia, en el marco de la resistencia civil pacífica que estamos llevando a cabo y con fundamento en este artículo constitucional, propongo para su análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la Convención Nacional Democrática, el siguiente PLAN 1º. Se desconoce el cómputo oficial dado a conocer el día de hoy por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que pretende legalizar el fraude cometido el dos de julio de 2006. 2º. Se rechaza la usurpación y se desconoce al señor Felipe Calderón Hinojosa como presidente de la República, lo mismo que a los funcionarios que él designe, así como a todos los actos de su gobierno de facto, ya que todo poder público debe dimanar de la libre voluntad del pueblo. 3º. Propongo que la Convención Nacional Democrática resuelva, previa deliberación y con el voto libre de los delegados, si constituimos un Gobierno de la República o una Coordinación de la Resistencia Civil Pacífica. Esto implica también decidir, democráticamente, si habremos de reconocer y ratificar a un Presidente legítimo de los Estados Unidos Mexicanos, o si la Convención elige a un Jefe de Gobierno en Resistencia, a un encargado del Poder Ejecutivo, o a un Coordinador Nacional de la Resistencia Civil Pacífica. Todo ello, en tanto dure la usurpación. 4°. El órgano que aprobemos y quien lo represente deberá aplicar un programa básico con cinco objetivos fundamentales: 1) Llevar a cabo todas las acciones necesarias para defender y proteger a millones de mexicanos pobres, humillados y excluidos, que tienen hambre y sed de justicia, buscando combatir a fondo la pobreza y la creciente desigualdad que imperan en nuestro país. 2) Defender el patrimonio de la Nación, que es de todos los mexicanos, por lo que no se permitirá bajo ninguna modalidad la privatización del petróleo ni de la industria eléctrica, como tampoco de la educación pública en todos sus niveles, ni de las instituciones de salud y de seguridad social; y se defenderán por todos los medios legales y mediante acciones de resistencia civil pacífica, los recursos naturales estratégicos para el bienestar de los mexicanos y la independencia y soberanía de la Nación. 3) Hacer valer el derecho público a la información a fin de que los medios de comunicación públicos y privados garanticen espacios a todas las expresiones sociales, culturales y políticas del país, brinden una información veraz y objetiva, contribuyan al enriquecimiento cultural de los mexicanos y sirvan de base para que la población participe de manera consciente y libre en la toma de decisiones. 4) Trabajar para hacer desaparecer el Estado patrimonialista ya que el gobierno no puede seguir siendo un comité al servicio de una minoría, por lo que la lucha contra la corrupción y la impunidad debe enfrentarse como una prioridad, a fin de que se castigue a quienes desde el poder lo utilizan para beneficio propio, cometen abusos transgrediendo impunemente las leyes y despojan a los mexicanos de su patrimonio. El poder público y el ejercicio del gobierno no pueden significar la protección de privilegios ni de la corrupción. 5) Luchar para que las instituciones nacionales sean objeto de una renovación profunda, en particular las instituciones políticas, que lejos de atender el interés público se encuentran secuestradas por unos cuantos grupos de poder y sólo actúan en su beneficio. La política económica y hacendaria se aplica sólo en beneficio de algunos potentados y traficantes de influencias. La Suprema Corte de Justicia de la Nación en lugar de proteger al débil, actúa para legalizar los despojos que comete el fuerte y proteger a los delincuentes de cuello blanco. 5°. Propongo que la Convención Nacional Democrática decida si el órgano de gobierno y quien lo represente, se instale y tome posesión formalmente el 20 de noviembre o el primero de diciembre de 2006. 6°. Los acuerdos tomados por la Convención Nacional Democrática Por el Bien de Todos deberán asumirse de manera voluntaria por ciudadanos libres de todas las condiciones sociales, pueblos, religiones e ideologías. 7°. El nuevo gobierno surgido de la Convención Nacional Democrática no pedirá apoyo corporativo e incondicionalidad a nadie y respetará las decisiones que tomen partidos políticos, legisladores, gobernadores e integrantes de los ayuntamientos del país. Mexicanas y mexicanos: Hoy vivimos momentos de definición histórica. Ante la gravedad de los acontecimientos, muchos ciudadanos, hombres y mujeres libres, pensamos que es tiempo de reafirmar los derechos individuales y sociales, y los ideales de libertad, democracia y justicia que han marcado las luchas más nobles de los mexicanos. Con la imposición del gobierno de la usurpación se violó la soberanía popular y se transgredió la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A este agravio, que representa en los hechos reducir la democracia a una mera farsa, hay que agregar la decadencia y el descrédito de las instituciones públicas que han dejado de representar el interés general del pueblo. No solo está en cuestión la estructura jurídica del Estado y su régimen político. En un país como el nuestro, donde existen tantos privilegios y tanta desigualdad, la democracia adquiere una dimensión social fundamental: se convierte en un asunto de sobrevivencia. La democracia es la única opción, la única esperanza para millones de pobres; representa para la mayoría de la gente la vía para mejorar sus condiciones de vida y de trabajo. Por todo eso, hacemos el compromiso de defender la democracia y hacerla valer. A fin de mantener sus privilegios y por capricho de los poderosos, se anuló la voluntad popular y, en consecuencia, se hace imprescindible reivindicar y luchar por la justicia, la democracia y la renovación radical de las instituciones de la República. ¡Nunca más una República simulada¡ ¡Nunca más la violación a los principios constitucionales que garantizan los derechos del pueblo! ¡Nunca más instituciones dominadas por el poder y el dinero! ¡Nunca más el engaño y la mentira como forma de gobierno! ¡Nunca más aceptaremos un gobierno ilegal e ilegítimo en nuestro país! Convoco hoy al pueblo de México a iniciar juntos una etapa nueva de la vida pública del país. Con los principios por delante, con la dignidad moral y con el apoyo de la gente, haremos los cambios y las transformaciones que necesita la República. Esta propuesta está inspirada en lo más profundo de la historia de nuestro país y en pensamientos como los del presidente Benito Juárez, que en su tiempo escribió: "El pueblo que quiere ser libre lo será. Hidalgo enseñó que el poder de los reyes es demasiado débil cuando gobiernan contra la voluntad de los pueblos". Andrés Manuel López Obrador, En la Plaza de la Constitución, Zócalo de la ciudad de México, a 28 de agosto de 2006. NOTA: Para mayor información sobre la Convención Nacional Democrática (convocatoria, reglamentos, formatos, proyectos de resolución, etc.) puede visitarse la página: http://www.cnd.org.mx

2) Marco Rascón: Mes de la patria

Publicado en La Jornada de México, el 29 de agosto de 2006 En la víspera de la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los protagonistas esperan, la ciudadanía desespera y el poder se reparte poco a poco y a escondidas. El discurso que invoca a todos los héroes de la patria busca una salida histórica como atajo a la desesperación por los malos resultados en la conducción política y que sea una cortina de humo, pues los propósitos sublimes matan los errores. Felipe Calderón espera el fallo de los magistrados para lanzar luces y para que los mercados globales festejen la democracia mediática mexicana que venció "al peligro de México". Una fiesta de enanos en un país casi destruido, convertido en basurero, maquiladora, prostíbulo y gran casino para especular en un sistema financiero parecido a un extractor de jugos. Calderón y el partido global celebran no su victoria pírrica, sino los errores y la autodestrucción del adversario que abrirá el camino al poder y a la negociación con la pedacería que deja quien prefirió una estatua antes que la conducción acertada. Andrés Manuel López Obrador sumó un vendaval de fuerzas que, siguiendo la estrategia de guardar silencio y no decir sus verdaderos propósitos (como dijo), mezclaron ambiciones y miedo, juntando los desperdicios del salinismo, del zedillismo, del priísmo para embarcarlos en una especie de nave de Cortés llena de bandidos para redimir y catequizar por la salvación de la patria. Una nave conducida por los ideólogos del resentimiento, ahora purificados por la necesidad del poder y con la misión contrainsurgente de ahogar las expectativas reales para recuperar el país. A diferencia de Hernán Cortés no quemaron las naves, sino que le metieron calor al horno para quemarlo todo. En una larga campaña electoral, mediática y maniquea de clientelas contra clientelas, los discursos parecieron confluir en uno. Si a algún mexicano que se hubiese ausentado 15 años del país, regresara y le preguntaran quiénes son del PRI, del PAN y del PRD le sería imposible responder correctamente, pues los más furiosos salinistas ahora son perredistas; los panistas, salinistas, y los priístas el fiel de la balanza o conciencia de la paz y el diálogo. Como salida digna, pero destructiva, nada mejor que hacer de la lucha histórica una caricatura. El lopezobradorismo como movimiento insurgente tiene una estructura de conciencia senil: memoria lejana y amnesia cercana. Su deslinde reciente de su raíz se ha convertido en la soga con la que se ahorca en el Zócalo, sin ver más salida que autoproclamarse presidente y destruir su propia fuerza. Para ello, López Obrador prefiere no aceptar las noticias y nadie le dice que Juan Sabines, para quien pide aplausos, ya se rindió y habla con Calderón sobre la manera en que gobernarán México y Chiapas. Nadie le dice que el Partido Convergencia tampoco está; solamente Dante Delgado en un mero acto de prudencia fina le dice quedito al oído: "voto por voto, casilla por casilla" para no molestarlo, pero también ya se va. Un amigo me ha dicho que ahora sí se está luchando, y es porque ya no están ni Manuel Camacho ni Ricardo Monreal ni Arturo Núñez ni Socorro Díaz, quienes, pienso, en este momento están proclamando: ¡misión cumplida!, una vez que lograron lo que buscaban: senadurías, diputaciones y la ciudad de México que nunca hubiesen conseguido como Partido del Centro Democrático. Gracias a Andrés Manuel, la ciudad más antisalinista ha sido devuelta a los salinistas. Nadie le dice tampoco que llamó a romper el cerco informativo, luego de que los diputados votaron por unanimidad la ley Televisa. Nadie se explica tampoco cómo llevando una ventaja de 10 puntos en las encuestas hizo una campaña como si hubiera estado en segundo lugar y necesitara fajarse en duelos verbales con su adversario; si sólo hubiese guardado silencio o le hubiera hablado al pueblo de México, habría ganado. Nadie se explica tampoco que ahora haya sustituido los primeros 20 y luego 50 puntos por cinco que en verdad son esenciales y muchas izquierdas suscribirían, pero ahora son tardíos. ¿Por qué ahora se convoca al mayor esfuerzo y participación, a la presencia en los campamentos, a las guardias, aguantando lluvia y granizo, a las amenazas, si sólo el 10 por ciento de esa energía, convocada un mes antes de la elección, le habría dado el triunfo? ¿Por qué la estrategia maximalista después de la elección y minimalismo soberbio, triunfalista y paralizante antes del 2 de julio? ¿Quién aconsejó bajar la guardia antes? ¿Fue planeada la derrota? ¿Acaso 2 millones movilizados no hubieran podido convocar a 250 mil votantes entre los que se iban a abstener o anular el voto, y entonces los campamentos serían de panistas y horrorizados ciudadanos de las Lomas y Polanco? ¿Por qué conducir deliberadamente hacia la derrota inmerecida? Para este 15 y 16 de septiembre no dejarán de estar en primera fila, protegiendo a la gente de la represión, Manuel Camacho, Arturo Núñez, Marcelo Ebrard, Dante Delgado, Juan Sabines, Alberto Anaya, Socorro Díaz, Ricardo Monreal, Leonel Cota, Alfonso Durazo, Víctor Anchondo, Gabino Cue, Aceves Navarro y Guadarrama.

3) Oaxaca, magisterio y lucha armada, de Luis Hernández Navarro

Publicado en La Jornada de México, el 29 de agosto de 2006 Arde Oaxaca. Grupos de paramilitares y policías disparan contra la población indefensa. Los ciudadanos responden levantando barricadas, tomando radiodifusoras y bloqueando carreteras. Con poca imaginación, el desgobierno estatal explica los hechos recurriendo al guión de siempre: advierten que la inconformidad ciudadana es sólo una fachada de organizaciones armadas. Lizbeth Caña, procuradora general de Justicia de Oaxaca, informó a la prensa nacional que las acciones de protesta del movimiento popular que exige la renuncia del gobernador Ulises Ruiz son "actos de guerrilla urbana y subversivos". Y Enrique Jackson, senador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) señaló que es evidente la presencia de grupo armados. La acusación tiene como antecedente el reiterado intento de las autoridades estatales de asociar a los dirigentes magisteriales de la entidad con grupos violentos. Poco importa que los muertos pertenezcan a la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca (APPO). A la procuradora le tiene sin cuidado que la violencia física haya provenido invariablemente de las policías locales y de los grupos de porros y pistoleros al servicio del PRI en la entidad. Suponer que el movimiento oaxaqueño ha sido organizado por un grupo político-militar es una insensatez. No hay organización partidaria ni político-militar en México capaz de facilitar o conducir un levantamiento como el oaxaqueño. En la protesta convergen centenares de organizaciones sociales, comunidades indígenas, grupos ciudadanos y organizaciones políticas con un objetivo central: la desaparición de poderes en la entidad. La sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) fue, en sus inicios, la columna vertebral que estructuró el movimiento. Pero, ahora, a pesar de su enorme importancia numérica y de su capacidad de convocatoria y movilización, es una isla más en el archipiélago anti Ulises Ruiz. Desde su constitución como una tendencia sindical democrática hace 26 años, dentro de la sección 22 participan maestros de las más diversas corrientes políticas. Afirmar que grupos radicales se han infiltrado en el magisterio oaxaqueño es una estupidez. Los profesores que integran esas organizaciones han estado allí desde 1980, fecha en la que se expulsa a los líderes charros de la conducción del gremio. Los trabajadores de la educación de Oaxaca tienen una larga historia de relación con organizaciones campesinas e indígenas. En una sociedad con un peso tan importante del mundo rural como es Oaxaca, los maestros funcionan a menudo como los intelectuales orgánicos de la comunidad. Su conocimiento del español y de los vericuetos de las instituciones los convierte, con mucha frecuencia, en gestores de los problemas de los poblados. Todos los partidos políticos obtienen del magisterio cuadros políticos. Ciertamente, en los últimos años la relación entre profesores y padres de familia en Oaxaca se había deteriorado. En algunos casos, el ausentismo y la falta de compromiso profesional alejaron a los maestros de las comunidades. En otros, la falta de respeto a las dinámicas de la vida indígena enfrentaron a unos y a otros. Pero ese desgaste en la relación se solucionó cuando el magisterio enarboló la demanda de destituir a Ulises Ruiz. Eran tantos y tan profundos los agravios del mandatario hacia los pueblos, que éstos encontraron en la movilización magisterial la vía para deshacerse de él. La vinculación del magisterio democrático con los sectores populares, trascendiendo la mera solidaridad, tiene dos antecedentes históricos: la escuela socialista y el maestro rural formado durante el cardenismo. Un informe de la época señalaba: "los maestros han formado en el pueblo mexicano una fuerte conciencia de la trascendencia social que tienen las disposiciones de nacionalización de los ferrocarriles, reparto ejidal de la zona henequenera en Yucatán, expropiación de los bienes de las compañías petroleras" (Memorias 1938, vol. 1. Informe de la Oficina Técnica de Escuelas Rurales). El lazo con las luchas sociales se mantuvo vivo en el corazón mismo del sistema de formación de mentores: las escuelas normales, y más en concreto, en la versión rural de éstas. A las Normales Rurales (ahora en desaparición) asisten los hijos de los campesinos con la esperanza de cultivarse y adquirir una profesión. Mientras estudian tienen que sobrevivir con una beca miserable. Origen de clase, dieta raquítica y formación política se convierten, con frecuencia, en votos de compromiso y lucha a favor de las causas populares. Aunque muchos egresados son absorbidos por la vida "institucional", otros se mantienen en la brega. Lucio Cabañas y Genaro Vázquez, los legendarios guerrilleros guerrerenses que organizaron levantamientos armados contra el gobierno mexicano, fueron maestros. No han sido los únicos profesores que han participado en movimientos armados, pero suponer que tienen la capacidad de conducir un movimiento tan masivo, complejo y plural como es el de la sección 22 del magisterio o el de la APPO es un absurdo. Ciertamente, las guerrillas y la resistencia armada han estado presentes en Oaxaca desde hace décadas. La sublevación mixe en contra del cacicazgo de Luis Rodríguez en 1959, las acciones del Güero Medrano en Playa Vicente y la ofensiva del Ejército Popular Revolucionario (EPR) hace 10 años en Huatulco, Tlaxiaco y la ciudad de Oaxaca son algunos de los incidentes más conocidos de esta resistencia. Sin negar la existencia de esta realidad, la actual lucha oaxaqueña responde a otras motivaciones y dinámicas. No hay organización armada ni partido político capaz de estimular la autorganización ciudadana autónoma que existe en la entidad, y que es su sello distintivo. Como ha señalado el especialista Jorge Lofredo, la dinámica actual del conflicto es política y no militar. Amenazar con el fantasma de las guerrillas es un intento por deslegitimar una genuina protesta popular que la torpeza gubernamental ha transformado en algo muy cercano a un levantamiento.

4) La reforma del Estado, de José Blanco

Publicado en La Jornada de México, el 29 de agosto de 2006 El título de este artículo se ha repetido miles de veces y seguramente seguirá repitiéndose mientras la reforma no se concrete. Los políticos parecen tenerle terror a la reforma; no están seguros de la posición en que pueden quedar una vez realizada. Parecen estar inseguros de sus propios alcances analíticos y temen quedar en alguna desventaja que pudieran no haber visto en el momento de ser aprobada por el Congreso. Todo lo cual, por supuesto, implica que esa reforma la piensan en función de sus propios intereses y no en el del interés general y del desarrollo futuro de la nación. Está por verse si la Convención a la que ha llamado AMLO servirá para acelerar las transformaciones hacia una reforma del Estado que involucre profundamente la cuestión social, o si, por el contrario, puede convertirse en un obstáculo más al desarrollo social, económico y político de México. Las expresiones diversas de la coalición Por el bien de todos parecen nacidas de la idea de que el tribunal confirmará a Calderón como presidente de México. Ya inclusive la coalición ha denunciado a los magistrados como vendidos. A pesar de creer que ha sufrido una derrota, ha convertido su discurso público en una política de información en la que se quiere convencer a todos de que hubo un fraude generalizado, que aún no ha sido probado. Las declaraciones no son pruebas; éstas se validan en juicio ante los tribunales correspondientes. El pasado domingo nuestro periódico publicó un comunicado por parte de los señores y señoras Marín, Lonche, García, Solano, Salas, Rojas, Gutiérrez Petronilo y Vázquez del grupo o del entorno de AMLO (no a todos conozco), dirigido a los comunicadores de los medios electrónicos con resabio a reclamo: "Se dice que tras el recuento los números 'no cambiaron'; pero no se ha dicho que es escandaloso el número de casillas fraudulentas". Después informan de dos resultados, sin que expliquen por qué son dos. Su conclusión es: hay "8 mil 428 casillas de anulación obligada". Según la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación Electoral, que establece (transcribo del desplegado) en su "artículo 75, inciso k) la 'anulación' de una casilla si: existen irregularidades graves, plenamente acreditadas y no reparables durante la jornada electoral, o en las actas de escrutinio y cómputo que en forma evidente pongan en duda la certeza de la votación". Ayer lunes el tribunal se reuniría (este artículo fue escrito con anterioridad) para desahogar en una sola sesión los 375 juicios de inconformidad presentados por los partidos y las coaliciones para controvertir los resultados de la elección presidencial del 2 de julio. El anuncio de la sentencia del tribunal parece inminente, y ahí veremos si el órgano competente coincide con la coalición en la gravedad de las irregularidades que harían obligada la anulación de las 8 mil 428 casillas referidas. Si no fuera el caso, Calderón se halla cerca de ser declarado presidente de la República. La sentencia del tribunal, si fuera ésa, no disminuirá el nivel y tono del conflicto abierto por la coalición, sino a la inversa: lo intensificará. La responsabilidad política del Ejecutivo y del Legislativo se elevarán vertical y aceleradamente. La actuación óptima de la coalición, en ese escenario, sería mantener la Convención del 16 de septiembre, y convertirla en una fuerza social permanente que hiciera mucho más eficaz y de mucho mayor profundidad la democracia y el bienestar de la población más necesitada, mediante la reforma del Estado. Es altamente probable que todos los partidos colaboraran en el corto plazo a esa reforma justamente porque el país se halla en el filo de la navaja y ya le hemos pospuesto por demasiados lustros. La Convención, por el contrario, puede decidir convertirse en el mayor obstáculo posible a la gobernabilidad. No tendríamos paz, podríamos tener violencia grave, no habría reforma del Estado, no habría condiciones de mejorar la vida de la República en ningún sentido. La democracia iría hacia atrás, y acaso tuviéramos un escenario de parálisis económica, con desempleo creciente. Una Convención estéril. La reforma del Estado no generará bienestar social por ella misma. Pero una reforma que propicie la gobernabilidad y el acuerdo interpartidario puede crear las condiciones para la formulación de programas de educación, de salud, de infraestructura, de productividad, de justicia social, que llevaran a este país, finalmente, por un rumbo efectivo de desarrollo. Sobre todo, un éxito rotundo de la Convención en la creación de un nuevo Estado, con nuevas políticas públicas, podría dar nacimiento a un partido de izquierda moderno, que fuera en busca de un programa socialdemócrata, que este país está esperando hace mucho tiempo. La responsabilidad de los dirigentes de la Convención es, así, la clave fundamental del futuro inmediato y de largo plazo del país. Si la izquierda esta vez hubiera perdido nuevamente, no lo habrá hecho para siempre; vendría ahora su oportunidad histórica.

5) Carlos Montemayor: La calificación y el tribunal

Publicado en La Jornada de México, el 30 de agosto de 2006 Antes de la creación del Instituto Federal Electoral (IFE) y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), durante numerosas décadas los nuevos legisladores se erigían en colegio electoral para calificar las elecciones organizadas por el propio gobierno federal, en las que ellos habían resultado ganadores. Al finalizar el siglo XX la sociedad mexicana se propuso crear dos instituciones que de manera independiente y autónoma se ocuparan, una de ellas, de la organización de los comicios y, la otra, de la calificación de éstos, con el fin de terminar con la inercia de las elecciones de Estado, manipuladas o sometidas al control de los intereses del poder en turno. Era necesario que los magistrados del tribunal electoral recordaran ese propósito básico de su origen, para que después tomaran en cuenta dos principios más de la historia propia del derecho: el bien común y la ahora cada vez más remota noción de justicia. No olvidemos que antes de la creación del IFE y del TEPJF se afirmaba siempre que las elecciones eran legales. Y en efecto eran legales, pero no legítimas; eran legales, pero no justas; eran legales, pero no equitativas. Regresar ahora al concepto de lo legal, que haga a un lado el propósito original de las nuevas instituciones electorales, empobrece la visión de la legalidad y oscurece la noción de legitimidad. Apegarse a la ley sin los propósitos que sustentan o deben sustentar en sus fundamentos a la ley misma y a la acción de los jueces mismos no puede consolidar la naturaleza esencial para las que fue creado el tribunal. Es decir, los magistrados tuvieron en sus manos no solamente la posibilidad de legitimar las elecciones presidenciales (no legalizarlas, que no es igual), sino legitimar la acción y sentido del tribunal mismo. El IFE y el TEPJF debían asegurar que los procesos electorales no gravitaran ya en función del poder político en turno, decíamos. Pero los consejeros actuales del IFE demostraron con creces su parcialidad. Cuadros del viejo sistema político mexicano demostraron, también con creces, su disposición renovada a seguir confundiendo la democracia electoral con el control de los procesos electorales. Faltaba sólo conocer el desempeño del tribunal como última instancia. El recuento de más de 11 mil casillas planteó al TEPJF dos posibles caminos, ambos legales pero de diferente profundidad y perspectiva. Uno, que al parecer prefirieron asumir los magistrados como único, reducir su valoración al ajuste aritmético del recuento de votos. Desde esta perspectiva, todas las alteraciones posibles, intencionales o no, se reducirían al ajuste aritmético de los errores detectados. La suma y la resta aritmética como medida de valoración es un camino legal, cierto, pero no el único. Sobre todo cuando el magistrado presidente expresó que "si no se invocan hechos para configurar una hipótesis de la ley, el juzgador no es investigador, no es fiscal que deba estar investigando hechos en la calle o con la gente. Tiene que partir sobre la base de los hechos que invocan las partes, el actor especialmente". Cierto, no le faltó razón al magistrado presidente. Sobre todo con la explicación que agregó el magistrado José de Jesús Orozco: "los justiciables saben que sus pronunciamientos de carácter político, por legítimos que sean, deben traducirse en términos legales y probatorios para que sean viables. Ese es el sentido de la judicialización de la política: resolver conforme lo dispone el derecho". De acuerdo. Otra vez de acuerdo. Sin embargo, llama la atención que en la resolución hayan insistido en adjudicar las inconsistencias en las actas al error aritmético y explicar que "el dolo es una conducta activa que lleva implícito el fraude o el engaño. El dolo no se puede presumir, sino acreditar (...) Existe presunción de que la actuación de funcionarios de casilla es de buena fe y conforme a derecho". Precisamente en ese particular sentido fueron insuficientes las exposiciones doctrinales y procesales del tribunal. Porque, en efecto, la otra opción, también legal, era la valoración del tipo de errores aritméticos detectados que pudieran sugerir o revelar un error sistemático. La posibilidad de un error sistemático puede comprobarse más efectivamente que la actitud subjetiva del dolo. Un error sistemático es susceptible de asimilarse al dolo, por supuesto, pero también a otros conceptos: fraude, control estadístico, manipulación estadística, programas estadísticos selectivos, mecanismos todos que no tienen que ver con "el dolo" de los funcionarios de casillas, sino con la organización del conteo de los comicios donde los ciudadanos no participan. Los magistrados, como no son investigadores en la calle ni fiscales, prefirieron reprobar en derecho a los abogados del PRD y argumentar, como los apologistas del IFE, que el cómputo oficial es resultado de la buena fe de los ciudadanos que participaron en las casillas y que por tanto ese cómputo no debía calificarse desde una perspectiva que no fuera aritmética. La estadística es una herramienta muy importante para que cualquier gobernante tenga acceso a la información detallada de las variables sobre economía, demografía y de cualquier tipo que le permita tomar decisiones en bien de sus gobernados. También es útil para empresarios y científicos. Pero los datos estadísticos pueden ser mal interpretados o utilizarse tendenciosamente para sustentar conclusiones falsas. En ese sentido, el análisis de una muestra es fundamental para la obtención de resultados válidos, y generalmente el problema se centra en calcular el menor tamaño posible de la muestra para obtener resultados significativos dentro de un intervalo de confianza. En el caso de la muestra de más de 11 mil casillas, hubo más de 60 por ciento de errores de conteo e imprecisiones. Por extrapolación, la gran mayoría de las casillas se encontrarán en las mismas condiciones. Lo grave de este asunto no son los errores propiamente aritméticos, sino la reiteración sistemática de casillas donde hay más boletas de las que se dispuso para ellas o más votos de los ciudadanos empadronados, o menos sufragios pero sin boletas no usadas. La incidencia de ese tipo de errores no son aritméticos, insisto; son señales de errores en el sistema. No haber tomado en cuenta esos "errores", no valorarlos como errores sistemáticos, es un grave error jurídico del TEPJF. No sólo histórico o político, sino de valoración jurídica. Debemos aceptar, sin embargo, que ese grave error no podemos aducirlo como prueba del dolo de los magistrados, sino, por decir lo menos, sólo de su candidez. Candidez legal, por supuesto, pero candidez sobre todo. Justo lo que en el pasado electoral de México, a lo largo de numerosas décadas, se pedía a los ciudadanos en cada jornada electoral manipulada: candidez.