Pensamiento Crítico

Evolución de las técnicas y métodos del terrorismo en Venezuela

None | Caracas. Misión Verdad | 10 Agosto 2018

Durante el período de la Revolución Bolivariana, Venezuela ha conocido un conjunto de situaciones y conmociones propiciadas por el antichavismo nacional con apoyo desde el extranjero. La pugna política interna evolucionó, desde momentos muy tempranos de este ciclo político, en prácticas abiertamente terroristas cometidas por factores radicales que han intentado recuperar el poder político perdido desde el ascenso de Hugo Chávez.

Las componendas con propósitos de desestabilización política, los intentos de magnicidio contra Hugo Chávez y Nicolás Maduro, el asesinato de dirigentes y funcionarios del chavismo, los intentos de golpe de Estado, el despliegue de la violencia paramilitarizada en escala abierta y el empuje de la sociedad venezolana a situaciones germinales de conflicto civil, son elementos denominadores de una variedad de métodos, que se han profundizado y sofisticado.

Un elemento significativo y común en estos eventos es el grado de similitud que han adquirido con métodos que han sido conocidos en Colombia en las últimas décadas. Métodos que, a juzgar por las autoridades venezolanas, no son propios de la realidad de este país.

2002. Golpe, secuestro e intención de magnicidio. Los hechos de abril de 2002, con la deposición de Hugo Chávez, su secuestro y cautiverio en la isla La Orchila, son el momento de mayor peligro contra la estabilidad política de Venezuela en su historia reciente. El método de golpe "convencional" tuvo, en palabras del propio Chávez, la intención de su ejecución en su período de cautiverio.

Sería el evento que luego abriría paso a otro conjunto de situaciones de conmoción donde los factores comunes han sido: la infiltración de instancias oficiales, la intención de destruir o desarticular la estructura de mando del Estado y la de propiciar la captura del poder político nacional.

Bazooka y operación frustrada de magnicidio. En octubre de 2002, el presidente Hugo Chávez presentó el desmantelamiento de un plan de magnicidio en su contra y expuso un arma tipo bazooka modelo AT-4 color verde oliva, artillería liviana que sería empleada para derribar el avión presidencial en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Maiquetía.

Esta técnica de magnicidio suponía la violación de al menos dos de los primeros anillos de la seguridad presidencial para, desde una distancia acorde, disparar contra el avión presidencial. Una modalidad de tipo de ataque furtivo y convencional. El artefacto tenía eliminados los seriales para hacer imposible el rastreo de su origen.

El asesinato de Danilo Anderson. El fiscal Danilo Anderson, encargado de investigar los eventos del golpe de Estado de 2002, fue asesinado en 2004 mediante el uso de artefacto explosivo C4 colocado en su vehículo. Otoniel y Rolando Guevara, hermanos, ex agentes policiales, fueron capturados por su implicación como autores materiales del hecho. El abogado Antonio López Castillo, y el ex policía Juan Carlos Sánchez, cayeron abatidos al intentar evitar su captura por su relación a este caso. También fue detenido Giovanni José Vasquez de Armas, un antiguo miembro confeso de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). De Armas señaló vínculos con el caso al empresario Nelson Mezerhane, la periodista Patricia Poleo y al general retirado Eugenio Áñez Núñez.

El caso Anderson fue el primer asesinato político al más alto nivel, con la intención de intimidar a las autoridades venezolanas e inocular el terror en las esferas del Estado y la sociedad. La presentación operativa de este hecho tuvo a factores de los órganos de seguridad, sembrando el precedente de la infiltración y uso de violencia extrema.

Finca Daktari. En 2004 un grupo de casi 153 paramilitares colombianos fueron apostados en la finca Daktari, propiedad de Robert Alonso (hermano de la actriz cubana-venezolana María Conchita Alonso) en el municipio Baruta, a sólo 20 minutos de Caracas. Apertrechados con armamento y uniformes militares venezolanos, pretendían dar un golpe de Estado y asesinar a Hugo Chávez bajo la presentación de un golpe cometido por fuerzas militares venezolanas.

Este caso es emblemático por la intención de uso, en gran proporción, de un componente paramilitar y mercenario de origen externo. Se destaca como método el factor infiltración de agentes de peligro en el territorio mediante campamento paramilitar. Un esquema de presentación asimétrica, pero siguiendo una apariencia de golpe frontal y combate "cuerpo a cuerpo" contra la Guardia de Honor Presidencial, como se tenía previsto.

Asesinato de Robert Serra. El asesinato del diputado chavista Robert Serra en octubre de 2014 fue un evento que marcó un nuevo precedente de uso de violencia paramilitarizada y descarnada contra altos factores del poder político venezolano. Serra estaba delegado para investigar desde el parlamento el rol del ex presidente colombiano Álvaro Uribe en un conjunto de arremetidas de desestabilización contra el país.

El asesinato de Serra fue cometido mediante infiltración de su grupo de seguridad personal. Fue asesinado con más de 50 puñaladas, en su casa, junto a su compañera María Herrera. A finales de octubre, Maduro reveló los nombres de los presuntos implicados: Leiver Padilla Mendoza, mejor conocido por su seudónimo "el Colombia" (por su nacionalidad de origen), Jhonny José Padilla y Hemer Ignacio Fariñez Palomino. "El Colombia" huyó a su país de origen y su extradición fue dilatada por las autoridades colombianas.

2013. Desarticulaciones de factores paramilitares. Durante ese año, en los meses de mayo, junio y agosto, fueron desarticulados tres grupos de elementos paramilitares que estarían articulados para cometer magnicidio contra el presidente Maduro y el presidente del parlamento en el momento, el diputado Diosdado Cabello. Estos grupos, integrantes de una misma estructura, estaban compuestos por ciudadanos de nacionalidad colombiana, tenían el denominador común de estar en constante desplazamiento por el territorio venezolano, estaban fuertemente financiados y portaban armamento de guerra.

Estos sujetos formaban parte de la operación denominada "Carpeta amarilla". Dos de los cabecillas, Víctor Joan Güeche Mosquera y Erick Leonardo Huerta Ríos, de nacionalidad colombiana, señalaron a Alejandro Caicedo Alonso, alias "Scooby", quien fue detenido en Colombia a solicitud de Venezuela. Eran factores de las denominadas BACRIM en su país de origen, las cuales son conocidos reductos de las fuerzas paramilitares de utraderecha en ese país y son elementos de contundente fuerza armada mercenarizada a favor del narcotráfico.

En su momento las autoridades venezolanas reseñaron el vínculo de Álvaro Uribe Vélez con la infiltración de estos factores paramilitares.

El auge de la violencia callejera y paramilitarizada de 2014. Los hechos conocidos como guarimbas, o la primera revolución de color desarticulada en el gobierno de Nicolás Maduro, tenían la presentación de simples protestas callejeras. No obstante, fueron evolucionando a presentaciones de violencia paramilitarizada y conflicto civil germinal, con saldo de 48 muertes, la mayoría por balas, una vez que factores altamente violentos ocuparon territorios en reductos de varias ciudades del país, como Caracas, Valencia, Barquisimeto, Maracaibo, y con especial contundencia en las ciudades fronterizas con Colombia, San Cristóbal y Mérida.

Durante ese año, el despliegue de una estructura de violencia y terror indiscriminado en sectores claves de estas ciudades venezolanas, intentó detonar una conmoción nacional que en teoría generaría una embestida militar interna contra Maduro. Pero esta fue desarticulada. Este nuevo evento de violencia callejera urbana, aunque mediáticamente tenía la presentación de "estallido social", en realidad se ejecutó como un ensayo a gran escala de un modelo de guerra fratricida de baja intensidad. En ese momento, las autoridades venezolanas señalaron el apoyo financiero de esas células paramilitarizadas desde Colombia y Miami.

El "Golpe Azul" y la "Operación Jericó". En el año 2014, concretamente el 25 de marzo, el presidente Maduro anunció la detención de tres generales activos de la Aviación venezolana que estaban vinculados a una conspiración. Sería ese el inicio de nuevas situaciones que se desplegaron en 2015. En febrero de ese año, el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) y los altos mandos del Estado anunciaron el desmantelamiento del llamado "Golpe Azul", por la amplia vinculación de factores de la Aviación en estos hechos (y el color del uniforme de estos oficiales). Se anuncia la detención de otros ocho oficiales y en sólo días es detenido el entonces alcalde metropolitano Antonio Ledezma por su vinculación en el plan.

La "Operación Jericó", expresión concreta de la conspiración, tenía previsto el uso de una aeronave Super Tucano artillada, para atacar objetivos sensibles en la ciudad de Caracas. Se tenía previsto el magnicidio del Presidente y la intención de producir una reacción en las fuerzas militares venezolanas, induciendo con ello el desmantelamiento de las instancias del poder nacional. Se trataba de una operación militar a mediana escala, pero con un nuevo nivel de sofisticación mediante el uso de un artefacto de guerra convencional con propósitos claramente magnicidas y terroristas.

2017. Un nuevo ciclo de guarimbas, la quema de chavistas y bombas. La nueva arremetida de violencia callejera urbana de ese año vino con un incremento en el apresto operativo de sus ejecutores y la proliferación mucho más consistente, de elementos armados en el terreno. La violencia fue, además, más descarnada, no sólo por el balance fatal de 230 muertes, sino por el componente de asesinato, linchamiento e incineración de personas "chavistas". Así fue el conocido caso de Orlando Figuera, herido gravemente por puñaladas y quemaduras cuando se le intentó incinerar en la vía pública, al ser señalado de "chavista" por su apariencia afrovenezolana. Figuera muere días después.

También fueron sobresalientes en esos eventos los ataques con explosivos tanto de fabricación casera como del tipo plástico C4, a la Base Aérea La Carlota y a unidades motorizadas de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). En el caso de los ataques a las unidades en desplazamiento de la GNB, se registraron dos eventos mediante detonación a distancia, convenientemente registrados en video. Esos eventos dieron cuenta de la participación de personal adiestrado en técnicas de terrorismo, uso de explosivos y guerra asimétrica.

Oscar Pérez y los "Soldados en franelas". El 27 de junio de 2017 y justo en el marco de la trama violenta de ese año, el ex comando del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) Oscar Pérez junto a un grupo de insubordinados de ese órgano de seguridad, secuestraron un helicóptero policial para efectuar un ataque con granadas a la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), donde también había una guardería. Siendo ese un referente de terror en una presentación de gran escala, no tanto por su magnitud operativa, sino por su difusión en medios convencionales y redes sociales.

Esta banda atacaría luego el Fuerte Paramacay en Valencia, estado Carabobo, y ejecutaría operaciones de robo de armamento de guerra. Pérez y gran parte de su célula paramilitar serían abatidos por autoridades venezolanas mediante la "Operación Gedeón" en enero de 2018. Los "Soldados en franelas", reductos de esta agrupación, se mantendrían como un factor amenazante y latente, declarando al presidente Maduro y a otras autoridades venezolanas como objetivos.

Intento de magnicidio de Maduro y uso de drones. El 4 de agosto de 2018 se produjo un ataque con propósitos magnicidas contra el presidente Maduro y otras altas autoridades civiles y militares, con dos drones de uso comercial, artillados con explosivos C4, que fueron detonados a distancia. Los "Soldados en franelas" se adjudican el ataque.

Esta arremetida presentó un nuevo nivel de sofisticación, mediante el uso de dispositivos aéreos no tripulados, que tienen la cualidad de ser relativamente furtivos, de alta maniobrabilidad y fácil ocultamiento y traslado. Este es el primer evento registrado en el mundo de uso de drones de este tipo en un intento de asesinato de un Jefe de Estado. El evento denominado "Operación Fénix" cambia el patrón convencional de ataque "cuerpo a cuerpo" contra un objetivo intencional. El uso de artefactos de distorsión de señal por parte de la seguridad presidencial afectó la navegación de los dos aparatos propiciando su detonación fuera del radio previsto.

El presidente Nicolás Maduro señaló directamente al presidente colombiano Juan Manuel Santos de ser un actor intelectual de dicho atentado, y refirió además que también se encontrarían involucrados factores antichavistas radicados en Miami.

Maduro también señaló la evolución del uso de técnicas por parte de estas organizaciones terroristas en Venezuela, calificándolas como eventos de nuevo tipo, "importados" desde Colombia, y que suponen una amplificación de métodos de guerra y terror contra la institucionalidad venezolana y el país entero.

También Maduro se refirió al nuevo nivel y nuevas técnicas por parte de sus atacantes. En efecto, el uso de drones para usos criminales y terroristas es calificado por instancias militares y de seguridad del mundo, como amenazas de nuevo tipo, dado el registro del uso de estos artefactos tanto comerciales como caseros, en varios teatros de operaciones como Irak y Siria, donde el Estado Islámico y otras organizaciones terroristas los usan contra objetivos civiles y militares. Así como también se ha registrado su uso para detonar bombas de tipo "papa" en la guerra entre los carteles mexicanos de la droga.