Pensamiento Crítico

El fracaso de la represión contra las pandillas en Centro América

Leonel Herrera | Diario Co Latino | 17 Septiembre 2006
Álvaro Cálix es un sociólogo hondureño, experto en seguridad ciudadana. Trabaja con la Fundación Friedrich Ebert Stiftung (FES) de Alemania, en el proyecto de construcción de políticas progresistas de seguridad ciudadana para la izquierda centroamericana. En este marco, participó recientemente en el Taller Regional de Seguridad Ciudadana: "Lecciones Aprendidas y Recomendaciones para la Política", realizado en San José, Costa Rica. Sus planteamientos se destacan, tanto en la crítica a las estrategias antidelincuenciales "mano dura" implementadas por los gobiernos de la región, como en las propuestas de políticas alternativas de convivencia social. En esta primera parte de su conversación con Diario Co Latino habla de las causas del fracaso de los planes "mano dura", del miedo que éstos generan en la población, del papel de la prensa en el tratamiento informativo de la violencia y del interés de los gobiernos centroamericanos en temas como el terrorismo. ¿Por qué han fracasado los planes "mano dura" implementados por los gobiernos de Guatemala, Honduras y El Salvador, en el combate a la delincuencia? Básicamente porque privilegiaron la represión, y no tomaron en cuenta que las políticas antidelincuenciales para que sean efectivas necesitan un balance en las intervenciones de prevención, reacción y de reinserción social. Y la represión utilizada ha generado estigmatización, aumento de la población penitenciaria e incremento de la segregación de las comunidades; cuando la represión que debe aplicarse está vinculada al mejoramiento de la investigación policial y judicial. Esto es fundamental, porque al existir procesos de investigación correctos se disminuye el riesgo de atropellar los derechos de personas que no tienen responsabilidad en actos delictivos. En sistemas de justicia débiles como los de nuestros países, por lo general, la actuación de la fuerza pública se dirige por sospechas; por ejemplo, cuando en El Salvador aplicaban la "Ley Antimaras" y detuvieron a muchos jóvenes, pero a muy pocos pudieron probarle su participación en pandillas. Al aplicar sólo la represión se corre el riesgo de profundizar las condiciones de inseguridad. Esto no niega que hay comunidades que tienen niveles de delincuencia tan altos que necesitan respuestas contundentes con el uso de la fuerza, pero éstas deben realizarse respetando el marco de derechos y garantías; es decir, se pueden suprimir las libertades de algunas personas, más no se debe restringir los derechos de todos, ni dar poderes ilimitados a la Policía. Cuando a la fuerza pública se le asignan funciones extraordinarias y se le atribuyen papeles de "súperman" que va a salvar a la sociedad, se le quita controles democráticos y de auditoría; es decir, no sólo se convierte en un cuerpo de seguridad represivo, sino que también se le abren espacios para la corrupción, sobre todo en Guatemala, Honduras y El Salvador, donde las instituciones policiales tienen fuertes vínculos con los grupos delincuenciales. ¿Cuáles son los indicadores de la situación de inseguridad y de delincuencia en la región, resultantes de las acciones "mano dura"? Le pregunto porque Usted sostiene que al aplicar sólo la represión, se corre el riesgo no sólo de fracasar en el intento de resolver estos problemas, sino de profundizarlos. Hay varios aspectos importantes a destacar, pero me parece que los más importantes son tres. El primero, es la sobrepoblación penitenciaria, que ha convertido a las cárceles en verdaderos centros del crimen, desde donde se coordinan actividades delictivas que se cometen afuera, y donde no existen posibilidades de rehabilitación de los internos. Este hacinamiento ha provocado varias masacres de reclusos, principalmente en Guatemala y Honduras. El segundo, es la creación de "ghetos" en los barrios y colonias a las que les pone la etiqueta de "invivibles", los cuales cada vez tienen menos interacción con el resto de la sociedad, y van quedando más a merced de los grupos delincuenciales porque ya no entra la Policía. Así, muchas personas honradas están aisladas en sus lugares de residencia y son rechazados por la pobladores de otros lugares debido a la estigmatización del sitio donde viven. Y tercero, el miedo con el que juegan las políticas "mano dura" y que permite que la sociedad legitime el uso desproporcionado de la fuerza. En el miedo no hay pensamiento, sino desesperación, esto hace que la población apruebe medidas más duras contra los presuntos delincuentes. Por eso, los gobiernos no combaten el crimen en consonancia con los principios democráticos, sino con acciones simples: penas más severas, suspensión de garantías… ¿Considera que detrás de estos planes existe una estrategia deliberada para exacerbar el miedo de la población? Podría serlo, pero no lo puedo asegurar. Lo que sí puedo sostener es que las estrategias "mano dura" siempre producen temor en la población, y esto se convierte en caldo de cultivo para medidas cada vez más represivas… ¿Comparte el análisis de que los planes "mano dura" fueron una provocación para el accionar delictivo? En El Salvador, quienes plantean esto, demuestran que los índices de criminalidad se dispararon con las acciones antidelincunciales iniciadas por el expresidente Francisco Flores y continuaron con el actual mandatario Elías Saca… Tanto en la violencia política como en la violencia social, cuando las respuestas no son adecuadas, pasa lo que tenemos en Irak: el alboroto de un avispero que hizo que Irak sea menos seguro que antes de la invasión angloestadounidense. Lo mismo sucede con la delincuencia, porque cuando las medidas no son afectivas más bien se generan focos de resistencia al reforzarse la identidad y la articulación de los grupos que se sienten agredidos. ¿Cuáles son los vínculos entre los intereses de las ventas de armas y de compañías de seguridad privada con la situación de inseguridad que se vive en nuestros países? De entrada, no se puede asegurar que el negocio de armas y seguridad privada determinan la aplicación de políticas antidelictivas generadoras de miedo, para eso deberíamos tener pruebas de casos concretos. Pero si está demostrada la existencia de un juego perverso que hace que entre más miedo e inseguridad, la población recurre con mayor frecuencia al uso de las armas y de los servicios de seguridad privada. Esto hace que los dueños de estos negocios se conviertan en poderes fácticos que pueden bloquear la aplicación de estrategias de seguridad enfocadas más en la convivencia social. No puedo asegurar que tienen poder de decisión en los gobiernos, pero creo que sí tienen mucho peso no sólo por el enorme poder que han acumulado, sino porque la seguridad privada se ha convertido en una cultura de muchos sectores de la población, especialmente urbana. En Estados Unidos es indiscutible el poder de decisión que tiene la industria armamentista, algo que se evidenció en las acciones del gobierno de Bush en el oriente medio, especialmente en Irak. No estoy seguro de que se pueda hacer esa extrapolación al caso de la seguridad privada en Centroamérica, pero sí podemos comprobar que cada día tiene mucho más poder e influencia. En Honduras, muchas empresas de seguridad privada y de venta de armas tienen conexión con los grandes medios de comunicación. Esto hace que la prensa no esté interesada en cambiar las notas rojas, manejar la información con menos sensacionalismo y dejar de transmitir miedo. Desconozco si lo mismo sucede en El Salvador, pero en Honduras hay cosas oscuras que casi nunca salen a la palestra pública. Ya que menciona a los medios de comunicación, quiero profundizar en eso. ¿Considera que los medios abordan el tema de la delincuencia en forma objetiva o están sobredimensionando el problema? Los medios tienen una responsabilidad ética con la sociedad, la cual perdieron debido a la presión por el "rating" y la venta. Pero no sería realista plantear que debe haber organismos estatales que los regulen, porque existe un respeto a la libre empresa; más bien creo que deben crearse mecanismos de contraloría social, que las audiencias sean críticas y que la ciudadanía presione con tribunales de censura y defensores de los lectores. Para todo esto es fundamental un cambio en la cultura de la población, que permita exigir alternativas de información. Si esto no sucede, los medios no se sentirán presionados y van a continuar igual. La población puede, por ejemplo, decidir no continuar comprando un periódico y, éste, al ver que disminuye la venta de sus ejemplares, va cambiar, excepto si es un medio fundamentalista. Quizá estemos lejos de construir ciudadanías críticas de los contenidos de los medios, pero algo debemos hacer. A veces ayuda un poco capacitar en el manejo de temas como la violencia a los periodistas y editores de la gran prensa porque, por ejemplo, no es igual que un medio diga simplemente: "Marero mata a seis personas", a que explique las situaciones de contexto en las que suceden esos asesinatos. Es importante que los medios no sobredimensionen los crímenes, porque esto más bien sirve de estímulo para quienes los cometen; pues está comprobado psicológicamente que cuando los delincuentes se miran en los periódicos o en la televisión no se sienten atacados, sino que más bien creen que han tenido éxito. Por eso, los medios, al hacer abordajes sensacionalistas de la violencia, tienen una enorme responsabilidad por todo lo que está pasando. ¿Cómo encaja el tema del terrorismo, en los planes "mano dura"? Esto, porque en los países donde se han implementado estos programas, también se están discutiendo "leyes antiterroristas", en El Salvador, por ejemplo. La presencia del tema del terrorismo en los parlamentos centroamericanos se debe a la presión de la agenda hemisférica de seguridad preventiva de Estados Unidos. Los problemas más importantes para nosotros, relacionados con la inseguridad, son el narcotráfico, la migración clandestina y la delincuencia común. Pero en sus relaciones internacionales nuestros gobiernos buscan identificar los problemas de la región con los de las potencias hegemónicas. Pero esto es jugar con fuego, y al aprobar leyes antiterroristas se podrían generar focos terroristas, porque al tratar de reducir un grupo a una mínima expresión se le está obligando a hacerse clandestino, con unidades más pequeñas pero más violentas; por ejemplo, las maras al articularse en clicas son más contundentes, y al hablar de terrorismo se está llamando al fantasma…. ¿Podría darse la paradoja de que las "leyes antiterroristas" motiven cometer de actos terroristas? Puede generar focos de delitos relacionados con actos terroristas. Por eso, el terrorismo no tiene razón de ser en Centroamérica; además, no hay grupos religiosos fundamen-talistas u organizaciones políticas que opten por la lucha armada; lo que tenemos es una situación de inseguridad provocada, entre otras causas, por el accionar de grupos que están fuera de la ley, que no son terroristas, pero si se busca minimizarlos, aludiendo a conceptos como el de terrorismo, podrían generar más violencia en la región. ¿Qué opina de la denuncia de algunos representantes de organizaciones ciudadanas de que con las "leyes antiterroristas", los gobiernos están buscando "criminalizar" las acciones de protesta social? Creo que el tema del terrorismo lo están enfocando más hacia el accionar de las pandillas y del crimen organizado, la protesta social entra en otras discusión, porque lo que se alega aquí es que todas las personas tienen libertad de protestar siempre que no incurran en violación a los derechos de terceros, y que cuando hayan cierre de carreteras y toma de lugares públicos, las autoridades podrán utilizar la fuerza. Esto es una asunto complejo, porque desde una perspectiva de estabilidad democrática es válido plantear que la protesta tiene sus límites; pero cuando las reivindicaciones de determinados grupos sociales no tienen canalización política, el Estado aunque no esté de acuerdo con la protesta debe entender que tiene una responsabilidad, una deuda por no establecer mecanismos de comunicación y, por tanto, no debe criminalizarla tan fácilmente. Es una actitud cínica cuando los gobiernos no crean los instrumentos de atención de las demandas y no buscan la solución de los problemas de la población, pero utilizan la fuerza desmedida y reprimen la protesta.