Pensamiento Crítico

Brasil, 4 años después de Lula. Tiempo de votar

Beat Wehrle y Sergio Ferrari | Servicio de Prensa de E-CHANGER ONG suiza de cooperación solidaria; agencia IPS. | 26 Septiembre 2006
Al aproximarse las elecciones generales del próximo 1 de octubre en Brasil se incrementa el debate en torno a la gestión del presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Y en ese entramado de críticas y defensas, la política social impulsada por Lula en los últimos cuatro años adquiere el valor de parámetro y termómetro. Que puede servir para medir, particularmente, su "sensibilidad política" hacia los sectores más empobrecidos de la sociedad. "Aunque falta mucho por hacer, se han dado pasos importantes. Especialmente en el camino de reforzar el Estado social", subraya Aldaíza Sposati doctora servicio social, docente, autora de numerosos libros y activa militante. Sposati, ha sido consultora de organismos internacionales como la UNESCO y las Naciones Unidas y desarrolló una desafiante experiencia ejecutiva, al frente de la Secretaria Municipal de Asistencia Social de la ciudad de San Paulo durante parte del gobierno "petista" de Marta Suplicy (2001-2004) P: ¿Qué importancia tuvieron durante el Gobierno Lula los planes sociales? R: Reflexionar sobre el aspecto social en la realidad brasilera exige entender, previamente, que en mi país -como en América Latina- el neoliberalismo imperante es diverso, en su comportamiento, al de Europa. Simplemente porque, en muy pocos casos, hemos vivido la experiencia de Estados sociales. En Brasil, salvo en lo que se refiere a la salud y la educación, los derechos sociales recién fueron integrados en la Constitución de 1988, conocida como "Constitución Ciudadana". Desde entonces, dirigieron el país Collor de Melo y Fernando Henrique Cardoso, ninguno de los cuales propugnaron la consolidación de un Estado fuerte, y delegaron a la sociedad la responsabilidad de las cuestiones sociales. En ese sentido, la primera gran diferencia del Gobierno Lula con respecto a sus dos predecesores, es la de marcar la presencia del Estado asegurando la protección social. Eso es una victoria con relación a la filosofía y la estrategia neoliberales que apuestan a Estados minimalistas. Por otra parte, en la cultura conservadora brasilera, un Estado que asegura una cobertura de protección social es visto como un Estado asistencialista en el sentido peyorativo del término. Y no se lo entiende como Estado que, de hecho, está garantizando el ejercicio de los derechos de la ciudadanía. Todavía cuesta comprender que la atención social es efectivamente un derecho social. Todo esto para explicar que al examinar la situación social en el Brasil de hoy es importante preguntarse sobre la práctica y la universalización de los derechos de la ciudadanía. Por un verdadero derecho social P: ¿La falta de un concepto de Estado social, implica la vigencia del concepto de elites? R: En Brasil como en todo el continente, existen permanentes discriminaciones que vienen de su origen colonial. Los derechos están referidos al blanco, al europeo y no propiamente a los pueblos indígenas, sean estos quechuas, mayas o afro-descendientes. Es esencial, en perspectiva, que el concepto de derecho pase de la etnia o del blanco a lo universal. En ese sentido, el Gobierno Lula ha enfatizado mucho la aproximación con el África. Y los movimientos sociales integran activamente los desafíos de la población afro-descendiente. Existe hoy por primera vez un Ministerio de Igualdad racial. Y uno de los ejes fuertes del Gobierno está ligado al acceso a la educación de esos sectores, lo que implica la posibilidad del ascenso social de los afro-descendientes. Creo que estamos transitando una gran mutación. El lento proceso de construcción de derechos sociales que caminan, paso a paso, para traducirse en forma real y efectiva en una red de servicios concretos de protección social. P: Uno de los principales planes sociales es el de la Bolsa de Familia. ¿Tiene realmente una incidencia efectiva? R: Es una importante batalla. Este Plan muestra que el número de personas en situación precaria es grande y que es posible realizar un programa social que les beneficie. Un programa previsto para llegar a once millones de familias, es decir unas 44 millones de personas, supone una gran capacidad para sacar de la oscuridad a este importante sector de la población marginada. Hoy, por primera vez, existe un censo completo de esas 11 millones de familias. Lo que implica que el país cuenta con un parámetro de medida que podría ser usado para ejecutar una serie de políticas en caso que el Gobierno quisiera enfrentar a fondo la situación de pobreza. Por otra parte dicho programa fue más allá de los que viven con menos de 1 dólar por día, es decir que están en la categoría de indigencia (pobreza extrema). También trata de beneficiar a aquellos que están dentro de los niveles de pobreza, es decir los que viven con menos de 2 dólares por día. Es un paso importante, si bien no pretendo afirmar con esto que con dos dólares se asegure una buena calidad de vida. P: ¿Con esto quiere decir que Lula marcha bien en lo social? R: Mi experiencia personal - fui responsable de la Secretaría de Asistencia Social de San Pablo-, me indica que es necesario distinguir entre el deseo de impulsar políticas y la posibilidad concreta de aplicarlas. No es simple construir las condiciones objetivas de acción en un Estado que nunca realizó esa tarea. Eso significa que los resultados de Lula deben ser evaluados desde dos perspectivas. Por una parte, los cambios que introdujo en la máquina del Gobierno Federal para posibilitar este nuevo tipo de respuestas, este nuevo tipo de inclusión. La otra perspectiva, las respuestas en sí mismas. Estas, hasta ahora, dejan mucho que desear. Sin embargo pienso que los cambios introducidos en la estructura del Gobierno abren espacios para avances considerables. P: ¿Balance finalmente positivo o negativo? R: Repito, en síntesis, lo que dije antes. Este es el primer Gobierno desde la Constitución del 88 que busca fortalecer al Estado, la inteligencia del mismo, su capacidad en cuanto gestor de políticas públicas. Y por eso apoyo la reelección de Lula y la idea de un segundo mandato. P: La pregunta inevitable tiene que ver con el futuro... R: Creo que no está totalmente resuelto. ¿A qué tipo de gobernabilidad apuesta el Gobierno para continuar en el poder? ¿Repetirá Lula en un segundo mandato la misma estrategia? No lo sabemos. P: Usted se refería a los ideales y los valores del PT. ¿Cuáles son realmente esos ideales hoy, septiembre del 2006? R: Desde el socialismo utópico hasta el socialismo real o lo que podríamos llamar un socialismo a la brasilera. El Gobierno actual está muy lejos de realizarlos. Intentar impulsarlos implicaría entrar en el debate sobre la cuestión de la riqueza existente en Brasil y su distribución. Por ejemplo, no se ha logrado instituir hasta ahora el impuesto a las grandes fortunas que la constitución de 1988 ya había aprobado. Y por tanto sería una medida absolutamente constitucional. Para que podamos avanzar en los ideales del PT necesitaríamos debatir otro concepto de redistribución. Necesitaríamos nuevos recortes al tipo de financiamiento de la economía. Realmente para todo esto falta mucho y no se realmente si Lula, en un segundo mandato, lo conseguirá. Dudo mucho si vamos a conseguir modificar, realmente, la lógica de la gran concentración del ingreso que padece el país. El proceso de acumulación está casi sacralizado en Brasil. P: ¿Y la situación de los Movimientos Sociales? Los movimientos sociales viven una cierta perplejidad. Si, por una parte, Lula concretó alguna de sus pautas, por otra parte falta todavía mucho por hacer. Sin embargo es cierto que los otros candidatos no presentan opciones mejores. Constato que hay un acuerdo de los movimientos sociales sobre la reelección de Lula, aun a pesar de las limitaciones en su gestión. Es el mejor candidato en el sentido de entender los contenidos de los reclamos de los movimientos sociales. No pienso que mi forma de leer la coyuntura sea conformista, sino más bien, realista. Lula sigue siendo el candidato más apto para escuchar y entender la voz de los actores sociales.

El tiempo tiene el voto decisivo

Por Mario Osava, agencia IPS

Cuando sólo faltan unos cuantos días para las elecciones de Brasil, la última esperanza de la oposición de llegar a una segunda vuelta presidencial es que el nuevo escándalo de corrupción que involucra a dirigentes del partido de gobierno cause una rápida erosión en la popularidad de Luiz Inácio Lula da Silva. El presidente Lula tendría que perder cerca de 10 por ciento de las adhesiones que le atribuyeron las últimas encuestas de intención de voto para no ser reelegido en la primera ronda electoral del 1 de octubre y tener así que competir con el segundo más votado el 29 de octubre. Pero esa es una posibilidad prácticamente descartada, pues "el pueblo está definido" y no cambiará su voto, sostuvo Joao Pedro Stédile, uno de los coordinadores nacionales del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), en rueda de prensa con corresponsales extranjeros este jueves en Río de Janeiro. El tiempo se convirtió en un elector decisivo. La oposición tiene 10 días para explotar al máximo el escándalo que afecta al gobernante Partido de los Trabajadores (PT) y forzar así una segunda vuelta. En caso de lograrlo, contará con cuatro semanas más para acentuar la corrosión del oficialismo, tratando de vincular a Lula con los delitos de los que se acusa a colaboradores suyos. El caso se agravó desde que dos miembros del comité de la campaña de reelección de Lula fueron detenidos el viernes pasado con más de 1,7 millones de reales (790.000 dólares) en moneda brasileña y estadounidense, destinados a la compra de documentos que supuestamente vincularían a candidatos socialdemócratas opositores a una red de corrupción que investiga el parlamento. Las nuevas revelaciones obtenidas por la Policía Federal apuntaron a varios amigos personales del presidente Lula, como Freud Godoy, su asesor especial de seguridad, Jorge Lorenzetti, jefe de análisis de riesgo e informaciones de la campaña, y Osvaldo Bargas, antiguo compañero de luchas sindicales y ex secretario de relaciones laborales del Ministerio del Trabajo. El "efecto dominó" alcanzó al presidente del PT, Ricardo Berzoini, destituido en la víspera de la función de coordinador de la campaña de Lula, después de que admitió haber conocido, aunque de modo parcial, el intento de ofrecer a una revista de alcance nacional informaciones contra candidatos opositores. Ya no se puede impugnar la candidatura de Lula, porque se agotó el plazo para ese tipo de medidas ante la justicia electoral, pero se podrá, luego de su probable triunfo, intentar "la impugnación de su mandato electivo" por "abuso del poder económico", explicó a IPS el abogado Ivan Nunes Ferreira, experto en leyes electorales. Sería necesario presentar "pruebas robustas" de que el dinero incautado por la policía en manos de un funcionario y un militante del PT fue "usado ilegalmente, sin rendición de cuentas, en favor del candidato victorioso", señaló. En casos que involucran al presidente de Brasil y a otros cargos que exigen mayoría de votos, como gobernadores estaduales, la jurisprudencia estableció la exigencia de "pruebas de participación del mismo candidato" en los hechos, acotó. Algunos juristas destacaron que en el escándalo actual no se concretó ningún delito, porque la detención de los dos agentes del PT y la incautación del dinero hicieron abortar la operación. La compra de documentos no es ilegal, sólo su uso puede configurar un delito, explicaron. Sin embargo, la revista Isto É publicó el fin de semana pasado una entrevista con el empresario Luiz Antonio Vedoin, quien acusa a los socialdemócratas, especialmente a José Serra, ex ministro de Salud y candidato al gobierno estadual de Sao Paulo, de haber participado en los negocios ilegales con ambulancias adquiridas por el sector público con precios sobrefacturados. El empresario fue el principal actor de la llamada "mafia de las sanguijuelas", que durante muchos años desvió dinero público a través de proyectos patrocinados por cerca de 100 parlamentarios para la adquisición de ambulancias para centenares de municipalidades. A Vedoin fue que miembros del comité electoral del PT pretendían comprar un dossier que podría golpear la imagen de Serra y del principal adversario de Lula en las elecciones presidenciales, Geraldo Alckmin. Otra posible forma de destituir a Lula, en caso de ser reelegido, sería la inhabilitación por juicio parlamentario, una vía más política, que "depende del clima político", observó Ferreira. El experto recordó el único caso similar, como fue la destitución en 1992 del entonces presidente Fernando Collor de Mello, inhabilitado bajo fuerte movilización popular ante las denuncias de corrupción. Por ése es un proceso prolongado, de muchos meses. La impugnación por vía judicial puede ser más rápida, en dos o tres meses después de las elecciones, pero también en este caso pesan factores políticos, admitió el abogado. En opinión de Stédile, "la burguesía" no correrá los "riesgos políticos" de derrocar a Lula aun con la popularidad confirmada en las urnas, sino que aprovechará el escándalo para debilitar más aún al presidente y al PT para mantener al gobierno en la senda "neoliberal". Lula debería triunfar en la primera vuelta, pero asumirá su segundo período de gobierno, de cuatro años, sin fuerza política y obligado a hacer más concesiones que las que hizo hasta ahora a los banqueros, el capital transnacional y los poderosos del país, sostuvo el líder del MST. La tarea del MST y de los movimientos sociales es intensificar su organización y movilización, además de construir un "proyecto de desarrollo nacional" que está en discusión en las "asambleas populares" que reúnen a miles de personas, especialmente las vinculadas a pastorales de la Iglesia Católica, para crear condiciones para cambios en el futuro, concluyó.