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Pensamiento Crítico

Bolivia: El fascismo al desnudo

Por Raúl Antonio Capote | Diario Granma, Cuba | 17 Enero 2020

El gobierno de facto de Bolivia no esconde su carácter antipopular, racista y represivo. El poder golpista que encabeza como presidenta Jeanine Áñez parece estar emulando con los propósitos de difusión del terror que acompañaron a la Junta Militar Chilena, encabezada por Augusto Pinochet, y al resto de los gobiernos militares-fascistas en la Latinoamérica del siglo XX.

Decenas de informes desde Bolivia, brindados por organizaciones defensoras de derechos humanos, activistas del Movimiento al Socialismo (MAS), sedes diplomáticas, grupos y personas independientes dan cuenta del terror sembrado en la población; el uso masivo de la tortura; de los asesinatos selectivos, que incluyen el lanzamiento de personas vivas desde helicópteros; las amenazas de muerte; los linchamientos ejecutados por los ya famosos "cívicos"; las desapariciones y la censura estricta de los medios de comunicación, con la quema, incluso, de televisoras y estaciones de radio.

Médicos bolivianos, sobre todo graduados de la Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM), que trabajaron junto a los cubanos, los activistas del MAS y los periodistas críticos del golpe forman parte de los ya más de mil muertos y de los desaparecidos que se reportan.

La Asociación de graduados en la ELAM denuncia en las redes sociales la persecución de que son objeto, los despidos injustificados y la gran campaña de descrédito a la que son sometidos.

La policía ha dado órdenes de no brindar atención médica a los heridos por la represión gubernamental y el no cumplimiento de esta orden se castiga con severidad Recientemente Mirtha Sanjinez, administradora de un importante hospital, fue presentada en una conferencia de prensa dada por la policía, como "colaboradora de delincuentes y terroristas", porque según las fuerzas de seguridad incumplió la orden.

La acción represiva contra la prensa ha sido llamada, por los esbirros de Áñez, como "operación de desmantelamiento del aparato de propaganda del régimen dictatorial de Evo Morales".

Las cadenas Telesur, Bolivia TV y RT en español fueron clausuradas, los periodistas colaboradores de estas han sido detenidos. La corresponsal de Al-Jazeera, Teresa Bo, recibió el disparo de una carga de gases lacrimógenos en pleno rostro mientras transmitía un reportaje en vivo.

El caso de Facundo Molares

El fotorreportero argentino Facundo Molares Schonfeld cubría las elecciones en Bolivia y el golpe de Estado contra Evo Morales, en la localidad de Montero-Santa Cruz, como delegado por la revista Centenario, cuando por problemas de salud fue ingresado el 11 de noviembre en el hospital Japonés de Santa Cruz de la Sierra.

El motivo de su estado y posterior ingreso hospitalario fue una insuficiencia renal aguda, no presenta heridas de disparos, ni de arma blanca. El doctor Víctor Hugo Zambrana, del referido hospital, en diálogo con el canal Notivisión de Bolivia, el día 14 de noviembre de 2019, afirmó que "tiene una insuficiencia renal aguda, tiene un shock séptico, tiene un edema agudo pulmonar (...) y también alguna otra posibilidad de hantavirus (...)".

Pese a su delicado estado de salud, el Juez, en una primera instancia, ordenó su reclusión en el Centro de Rehabilitación "Santa Cruz–Palmasola". Pocos días después se ordenó su traslado al Penal de Máxima Seguridad de "Chonchocoro", en la ciudad de La Paz, que no cuenta con las condiciones sanitarias mínimas, ni posee Centro de Salud para poder garantizar una atención elemental frente a un cuadro tan complejo como el que padece Facundo Molares.

Al periodista Facundo Molares se le acusa de pertenecer actualmente a un grupo armado, y de haber sido contratado para brindar "instrucción paramilitar" e intervenir en enfrentamientos con grupos cívicos, algo de lo que no se ha presentado prueba alguna; los testigos de su actuación en esos días del golpe, nunca le vieron armado, a no ser de su cámara fotográfica.

El irrespeto al asilo político

Dentro de la embajada de México en Bolivia se encuentra Juan Ramón Quintana, ministro de Gobierno, y uno de los hombres de confianza del Presidente Morales. El régimen de Áñez giró una orden de captura en su contra bajo los cargos de sedición y terrorismo.

Asimismo están Javier Zavaleta López, ministro de Defensa de Morales; Héctor Arce Zaconeta, procurador general; Félix César Navarro Miranda, ministro de Minería; Wilma Alanoca, ministra de Culturas de 2017 a 2019, y Hugo Moldiz, quien fue ministro de Gobierno hasta 2015.

Además, se hallan refugiados Víctor Hugo Vásquez Mamani, quien ocupó la gobernatura del departamento de Oruro; Pedro Damián Dorado López, viceministro de Desarrollo Rural, y Nicolás Laguna, director de la Agencia Digital del Gobierno, en la época de Morales (AGETIC).

De los nueve funcionarios asilados, cuatro tienen órdenes de aprehensión en su contra y cinco no, sin embargo, las autoridades de facto no les han otorgado los respectivos salvoconductos para que puedan abandonar el país sudamericano.

A los ministros del Gobierno constitucional de Morales, el régimen de facto los acusa de presuntos actos de sedición.

Sobre la embajada de México se ha ejercido una presión y un hostigamiento inéditos, algo a lo que no llegaron en ese extremo ni los regímenes fascistas que mal-gobernaron el continente en los años 70 del siglo pasado.

Pero si fuerte ha sido el acoso contra los diplomáticos, la presión sobre los asilados y sus familias ha sido terrible.

Bolivia padece, mientras el MAS se reorganiza y se prepara para ganar de nuevo las próximas elecciones.

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