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La trampa de las «transferencias» en la Autonomía Escolar

09 Octubre 2014

Por Miguel De Castilla Urbina*

Algunas personas que leyeran nuestro artículo sobre los viudos y viudas de la Autonomía Escolar nos han preguntado cómo es eso de que con las transferencias financieras mensuales del Ministerio de Educación a las escuelas, durante los dieciséis años neoliberales, se conducía a trasladar a las familias empobrecidas del país la obligación del Estado de financiar la educación pública y por ende a la privatización de la misma.

La trampa consistía en que las transferencias para cada centro educativo se establecían de acuerdo a una determinada cantidad de dinero calculada conforme a una fórmula aritmética y multiplicada según el número de estudiantes de cada centro educativo. El problema era que la cantidad de dinero de las transferencias cubría apenas entre un 60 y un 70 por ciento de los montos que las instituciones educativas necesitaban para funcionar adecuada y decentemente.

¿Y entonces cómo hacían los llamados Consejos Directivos Escolares para completar esa brecha del 30 o 40 por ciento, y completar el pago de los bienes y servicios para el funcionamiento de los centros educativos y poder pagar los bonos de los sobresueldos a los maestros, los que sustituían la ausencia de aumentos de sueldos al magisterio que eran obligación de los gobiernos? Dependiendo de la creatividad de sus miembros, los mecanismos para la obtención de dinero eran abundantes y variados.

En nuestro estudio sobre "El derecho a la Educación en Nicaragua", publicado en el 2008, con base en los resultados de nuestras investigaciones realizadas en el Ideuca de Juan Bautista Arríen, llegamos a la conclusión de que esos mecanismos de saqueo y robo a los bolsillos de los padres de familia, por su frecuencia y comportamientos similares, era posible agruparlos en cuatro modalidades, a saber: el pago por derecho de matrícula y mensualidades de parte de los estudiantes; la venta de comida chatarra y chucherías en las "pulperías y librerías escolares"; la realización de múltiples actividades recaudatorias de dinero entre padres y madres de familia y la alteración de las matrículas escolares para inflar las transferencias.

Existen numerosas evidencias y estudios que desnudaban la naturaleza profundamente antieducativa de las llamadas "cuotas voluntarias". La Procuraduría de Derechos Humanos de la Niñez y la Adolescencia publicó en los años 2003 y 2006 dos informes en los cuales se descubrían las múltiples maneras de cómo las escuelas cobraban a las familias por sus servicios, vulnerando el derecho universal a la educación en Nicaragua.

Acerca de las "pulperías escolares", estas funcionaban como entes especializados del mercado al menudeo. Ahí había de todo lo que una clientela de niños y adolescentes (y aun adultos, las maestras) podían comprar, desde meneítos y lapiceros hasta toallas sanitarias. En Sébaco, Matagalpa, en las escuelas públicas, se cerraban las llaves del agua potable a las diez de la mañana, para obligar a los niños a comprar agua fría en bolsitas en las pulperías de los centros de estudio.

Sobre las "actividades recaudatorias", estas iban desde los "viernes locos", las rifas mensuales, las verbenas de los sábados chiquitos, hasta los paseos por los centros de compras de Managua.

Respecto a la alteración de las matrículas escolares, en marzo del 2007 encontramos documentación del Instituto Ramírez Goyena de Managua, en la que se consignaba que la matrícula real era de 1,200 estudiantes, pero ellos informaban a la sede del MECD que la matrícula era de 1,600 estudiantes, con el fin de recibir mayor cantidad de dinero vía transferencia por esos 400 estudiantes fantasmas. Mejor ejemplo de corrupción, imposible.

(*) Investigador y docente universitario.

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