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La profesión docente y la Autonomía Escolar

23 Octubre 2014

Por Miguel De Castilla Urbina*

La educación pública en Nicaragua, igual que en casi todos los países empobrecidos del mundo, es el tipo de educación al que acceden los hijos e hijas de las familias en situación de pobreza. Esto dice que cualquier tipo de "cuota voluntaria" mensual por la educación de sus hijos para este tipo de familias, que por lo general tienen entre tres y cuatro hijos e hijas en edad escolar, es un mecanismo directo de exclusión y segmentación escolar y de negación explícita y sin eufemismo del derecho a la educación proclamado a grandes voces en la Constitución Política. Por ello es que el cobro en las escuelas para completar el sueldo de los maestros y pagar los servicios que no pagaba el Gobierno de la República a las escuelas públicas del país, durante los diez y seis años neoliberales, significó una fuente de mayor empobrecimiento de la familia nicaragüense.

El cobro en la Educación Pública en Nicaragua, fue un hábito dañino para la formación de niños y niñas, pues su incumplimiento era motivo de sanciones a los estudiantes, convirtiendo a la educación en un sistema expulsivo y no atractivo para importantes segmentos de la infancia y la adolescencia; lo más grave del caso fue que, muchas veces, el cobro se ligaba a valoraciones del conocimiento, y a puntajes calificativos que nada tenían que ver con el aprendizaje y la creación de hábitos, valores, actitudes y virtudes de la niñez, sino todo lo contrario, la formación de antivalores basados en que se puede aprender comprando y se obtienen conocimientos y valores mediante el pago de dinero.

En el año 2002, con la aprobación de la Ley de Participación Educativa se buscó reducir el énfasis financiero del modelo procurando definir las funciones de los Consejos Directivos como mecanismos de participación de la comunidad educativa, no obstante, los elementos perniciosos del modelo centrados en el dinero y el mercado, tenían casi diez años de haberse instalado como un cáncer perverso y maligno en las entrañas de las relaciones sociales escolares, institucionalizándose con tal fuerza, que en lugar de desaparecer o bajar de tono, pronto se adaptaron, mimetizaron y asimilaron a la normativa prevista en la ley, provocando que las "cuotas voluntarias", "las pulperías", las "actividades recaudatorias" y la alteración de las matrículas escolares para inflar las transferencias, renacieron como hongos legales con nuevos bríos y nuevas justificaciones en las prácticas escolares del país.

Pero si la implantación del modelo financiero de la Autonomía Escolar en Nicaragua tuvo un impacto negativo muy grande para las familias y las instituciones educativas, igual o peor fue para la profesión magisterial, en tanto la relación maestro-estudiante, en muchos casos, pasó a ser una relación mercantil, según la cual, los maestros se convirtieron en los cobradores de las "cuotas voluntarias" de sus propios alumnos, porque de ellas dependía su aumento salarial mensual.

Si el maestro no cobraba la mensualidad de sus alumnos, simplemente no recibía su sobresueldo. Así, junto a enseñar matemáticas, geografías y normas de comportamiento ciudadano, los maestros y maestras, tenían que asumir la responsabilidad institucional de conseguir dinero para sí mismos, o para el pago de los servicios del centro educativo no cubierto por la transferencia gubernamental.

En el ejercicio de estas prácticas, total y absolutamente alejadas de todo sentido ético respecto a la profesión docente en Nicaragua, se llegó al extremo, de que algunos maestros y maestras, quizá por pena, seleccionaran estudiantes para que estos se encargasen de cobrar, a veces a gritos, a sus propios compañeros de aula, cuyos padres no hubiesen pagado la mensualidad. Múltiples ejemplos de humillación a los niños de hogares empobrecidos se recuerdan hoy producto de estas prácticas excluyentes, discriminatorias e inhumanas.

Humillación para la niñez y sus familias y escarnio para el magisterio nicaragüense.

(*) Investigador y docente universitario.

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