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Quien comete delito contra el bien común, debe asumir su resposabilidad penal

24 Febrero 2019
Quien comete delito contra el bien común, debe asumir su resposabilidad penal
Por Francisco Javier Bautista Lara (*)
 
1. No debe haber, en ningún país, presos políticos; nunca un ciudadano debe ser privado de su libertad simplemente por su posición u opinión política, religiosa, étnica, cultural, etc.
 
2. Pero si alguien daña la vida y propiedad de otros, provoca o azuza violencia y caos, destruye bienes privados y públicos... debe asumir la responsabilidad penal y civil por delito cometido, a partir del debido proceso, según la legislación nacional y normas internacionales. 
 
3. Nadie puede "justificar" o "evadir" un acto delictivo: matar, lesionar, denigrar a otro, destruir, quemar, saquear, manipular/calumniar, azuzar, promover violencia y anarquía, a partir de posición política, religiosa o de cualquier tipo, ni pretender eximir su responsabilidad parapetado en bandera, consigna, iglesia, credo, empresa, organización o medio de comunicación. 
 
4. Ninguna investidura, jerarquía, liderazgo político o empresarial debe obviar de culpa ni de las consecuencias penales. Quien comete delito está sujeto a persecución penal; por el bien común, puede ser "reo por el delito cometido". 
 
5. Ninguna persona tuvo que estar detenida porque ninguna "violencia con fines golpista" tuvo que provocarse, -principalmente entre abril y julio-, causando 253 víctimas, 2,018 lesionados, 119 mil desempleados y al menos 200 millones de dólares en destrucción y daño de instalaciones y bienes públicas y particulares. 
 
6. Según el III informe de la Comisión de la Verdad, Justicia y Paz del 5 de febrero de 2019, al finalizar 2018 existían 340 privados de libertad por los lamentables sucesos de ese año. Nuestra solidaridad ciudadana y caridad cristiana por ellos y ellas, pero principalmente por las víctimas fatales y por los afectados económica, moral y físicamente por violencia y odio. 
 
7. Es lamentable que haya personas detenidas, pero también debemos asumir con responsabilidad, que el Estado, debe evitar, por obligación, por el bienestar general,  la impunidad.  La justicia es un deber público indispensable. No a la impunidad!
 
8. El Estado de Nicaragua, de acuerdo a la ley y la política penitenciaria, podrá revisar el nivel de responsabilidad y daño causado por los detenidos sometidos al proceso penal y valorar a los autores de delitos graves y menos graves que ameritan medidas distintas a la privación de libertad, en consideración a su salud, edad, actitud y comportamiento, como gesto de buena voluntad, para abonar a la paz social y la convivencia comunitaria.
 
9. El país requiere orden, seguridad y diálogo para convivir en paz, resolver de manera pacífica sus conflictos, retomar el camino de desarrollo y prosperidad, con ayuda de Dios, sin injerencia externa, con la buena voluntad de nicaragüenses y amigos.
 
(*) Comisonado General de la Policía Nacional, en retiro.
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