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Responsabilidad por el bien común

18 Mayo 2019
Por Francisco Javier Bautista Lara
 
1- El 16 de mayo 2019, -mientras se recibía visita de la Cruz Roja Internacional-, ocurrió un motín en una galería del Sistema Penitenciario Nacional. Como consecuencia del incidente provocado, de manera premeditada y violenta, orquestado con “actores externos”, con fines delictivos y mediáticos, -en similar frecuencia al “golpe de estado frustrado” (abril-julio 2018)-, en contra de custodios de orden interno, al intentar desarmar a un agente y agredir a otros, falleció, lamentablemente, el reo Eddy Montes Praslin (a la orden de juez competente por terrorismo, agresión a policía, posesión de armas de fuego y explosivos), y resultaron heridos siete custodias en cumplimiento del deber. Los agentes, para evitar daños mayores, lograron restablecer el control y el orden frente a la grave situación de violencia que intentaron desatar un grupo de reos.
 
2- La pérdida de la vida de un ser humano siempre será objeto de consternación y condolencia, sea por la circunstancia que sea. Los actos de los agentes de autoridad, que actúen en función del servicio, deben ser siempre prudentes, efectivos y apegados a la ley. Su actuación, cuando provoque daño como consecuencia de provocación, violencia, desorden, desobediencia, desacato a la autoridad, comisión de delito, debe ser motivo de investigación del Estado para superar riesgos, prevenir e identificar responsabilidades penales y administrativas. 
 
3- Los agentes encargados de hacer cumplir la ley gozan, en la legislación internacional y nacional de todos los países del mundo, de especial protección estatal, por cuanto actúan por el necesario bien social, en representación del poder legítimo, son encargados de cumplir tareas de servicio público, tienen, en su desempeño mayor riesgo, permanecen expuestos por cumplir una indispensable labor de seguridad y protección pública.
 
4- Por tal razón están revestidos de autoridad y deben ser objeto de respeto. Tienen facultad de uso de la fuerza con criterio de oportunidad, proporcionalidad y congruencia para proteger la vida y preservar o restablecer el orden público, propósito de bien común. Los privados de libertad están sujeto a normas de régimen internas y tienen, frente a la responsabilidad penal que enfrentan, limitados sus derechos. Deben permanecer detenidos conforme su dignidad humana en el marco de la legislación y política penitenciaria del país.
 
5- Como referencia en otros países menciono que, en Migración del aeropuerto de Miami, USA, un afiche en inglés advierte: agredir, resistir, ofender, impedir cumplimiento de su función a un agente de autoridad, encargado de hacer cumplir la ley es penado como delito grave por la ley federal de USA.  Otro ejemplo: El Código Penal de España dice: “Son reos de atentado los que acometen a la autoridad, a sus agentes o empleados públicos, o empleen fuerza contra ellos, los intimiden gravemente o les hagan resistencia activa también grave,  cuando se hallen ejecutando las funciones de sus cargos o con ocasión de ellas”.
 
6-  Una persona común en pleno ejercicio de sus derechos, y uno sujeto a privación de libertad, bajo restricción, que agreda, impida  desempeñar su función, lesione o mate a un agente de autoridad, será objeto de acción coercitiva legítima para reducirlo, restablecer el orden de conformidad con la ley.
 
7- Provocar un motín en una cárcel es delictivo. Manipular un hecho con propósitos políticos es oportunista y mal intencionado. El Estado debe investigar e informar sobre las circunstancias de los hechos y proceder con la acción penal contra quienes incitaron y ejecutaron el motín que provocó estos indeseables resultados.
 
8- El Señor nos ayude a fortalecer la buena voluntad de las personas en el camino de la paz. Nicaragua, por el bien de todos, restablecerá el rumbo de desarrollo que teníamos.
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