La arrogancia del poder económico

20 Febrero 2010
Por José Gabriel Moya Desde una perspectiva de cambio de mentalidad, como el que en Nicaragua se necesita, es absolutamente indispensable efectuar la revisión y reforma de múltiples leyes que afectan a la población en general, pero que en definitiva, maltratan con mayor rigor a los menos pudientes económicamente. Recientemente publiqué un artículo titulado “Clientes, o las Víctimas de los Empresarios”, en el cual me manifesté abiertamente en contra de lo que he denominado una política de “juego de control y poder” que realizan las transnacionales de la comunicación Claro y Movistar, por medios de sus promociones a sus clientes (léase víctimas), pues en realidad, estas promociones dejan demostrado que el precio de las recargas que pagamos son alteradas o cuadruplicadas por encima del precio real y justo que en realidad deberíamos pagar. Este cobro exagerado se constituye per se en una estafa. ¿A caso no te molesta que te estafen? ¿A caso no te irrita este juego de control y poder que va en contra de tu dignidad como ser humano? A mi sí. También me expresé en contra de los bancos que explotan al ciudadano por medio de las tarjetas de crédito, los cuales cobran una tasa por encima de lo pactado, que de suyo es ya una tasa depredadora, y por ende, inmoral e irracional. Aseguran su rentabilidad a cualquier precio, sin escrúpulo, aunque desde cualquier ángulo que se analice esta actitud empresarial, queda al descubierto -incluso- su incompatibilidad con la lógica capitalista que tan ardorosamente defienden, provocando la ruina de muchos ciudadanos en su economía familiar. Podemos enumerar incontablemente una serie de anomalías, pero quiero referirme a dos en particular. En lo referente a la primera, la Ley General de Bancos, en su artículo 57, inc. 12, establece la prerrogativa que éstos tienen, en cuanto a sancionar o penalizar a los “clientes” por cancelar un préstamo anticipadamente, lo que a mi juicio, no tiene fundamento alguno desde el punto de vista de la oferta y la demanda, y es evidentemente, contrario al espíritu capitalista al que dicen defender ellos mismos. En otras palabras, te sancionan al inicio por llegar a solicitar un préstamo y te castigan al final si les cancela anticipadamente. Esas son sencillamente arbitrariedades. En segundo lugar, es de imperiosa necesidad referirme y denunciar a esas Entidades de sanguijuelas en las que se han convertido los banquitos o financieras, pero que además, no sólo explotan a los usuarios de sus préstamos, sino que se han especializado en la recuperación de su cartera mediante la tortura psicológica en contra de sus clientes (nuevamente léase víctimas), lo que constituye una violación a los derechos humanos. También, es menester tomar en cuenta otras argucias muy conocidas, que consiste en legalizar la ilegalidad, es decir, en contubernio con jueces impúdicos obtienen mandamientos ejecutivos, o mejor dicho, adefesios jurídicos, que en la mayoría de los casos, sorprenden a los afectados, pues es el caso que no teniendo dinero para pagar las artificialmente e infladas deudas, tampoco tienen para pagarle a un abogado que los defienda, y por ende, en este estado de indefensión, la ilegalidad al término del plazo establecido para apelar, se convierte en legalidad. Desafortunadamente es verdad. Pero existe un agravante mucho mayor, y es que cuando esto sucede, el ciudadano no solamente ha resultado maltratado y CRUCIFICADO sino que también, sacrificado por la ley, al disponer costas del juicio por un tercio del monto cobrado al deudor. Esta acción legal referida a las costas del juicio, efectivamente es legal, pero no legítima e inmoral. Este dispositivo legal es como halar el mecate en el cuello del deudor. Esto es ya intolerable y huele a masacre y a dolor. ¿A caso tu conciencia puede estar en paz con esto? La mía no. Este es un problema nacional que es preciso resolver, y quienes tienen la última palabra son los diputados. Es cierto que las leyes necesitan resolverse integralmente, pero no es justo esperar a que esto suceda, lo justo es actuar ya, estos son parche que es indispensable aplicarlos a lo inmediato. Es cuestión de sentido común, de humanidad, de derechos humanos, en fin, una obligación moral de los señores legisladores. José Gabriel Moya Puerto Cabezas, 19 de Febrero de 2010. moyagabriel21@yahoo.es
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