Mitos de la democracia burguesa

19 Agosto 2010
Por Oscar A. Fernández O., diario Colatino, El Salvador. Muchos países nos autodenominamos democráticos. Es común que las personas entendamos la democracia desde una perspectiva ficticia, no real. Esto es generalmente así, porque los poderes de facto y sus gigantescas maquinarias de propaganda se encargan de martillar sobre nuestras cabezas, todos los días, que democracia es lo que ellos dicen que es. Por lo tanto, nuestros pueblos viven aferrados a mitos, creyendo en situaciones que no son realidad. La mayoría de las sociedades contemporáneas hacen gala de gobernarse por los ideales y principios de la democracia. Pero muy distinta es la realidad, pues no es fácil comprender esta forma de vida social y mucho menos practicarla. Hay quienes confunden la democracia con uno de sus instrumentos o mecanismos: el voto, por el cual elegimos a quienes nos "representarán" en determinados cargos u organismos, y supuestamente serán nuestros voceros. Pero todos conocemos lo frágil de esta democracia "representativa" y los caminos torcidos que la convierten en instrumento de manipulación y de imposición de la voluntad de grupos o individuos, sobre los demás. El que un pueblo acuda a las urnas a elegir a sus gobernantes mediante el voto y que existan varios partidos y movimientos políticos, o se inscriba para la contienda a candidatos independientes, no significa que el país sea en realidad un Estado de Derecho o una democracia. La verdadera democracia, es decir, en la que el pueblo esculpe su presente y decide su futuro, controlando y verificando la eficacia de sus instituciones públicas, se construye y desarrolla con una serie de parámetros y resultados, que generalmente se ocultan ante el pueblo. El que el pueblo elija bajo un sistema electoral censitario y sus autoridades sean votadas por mayoría, no implica necesariamente un régimen democrático. Varios sistemas llamados democráticos, es decir, con elecciones aparentemente libres, tienen una estructura frágil, El Salvador es uno de ellos, dónde las bases fundamentales carecen de una sólida ordenación que garantice el engranaje necesario para que el ciudadano se sienta debidamente representado y con los niveles mínimos garantizados para un nivel de vida digna. En este caso, cuando las instituciones públicas han sido reducidas casi a la mínima expresión por una dictadura de facto sustentada en el poder económico ultraconservador, la situación de la democracia es aún más cuestionable. En una auténtica democracia, un ciudadano que no cuente con los recursos necesarios para suplir sus necesidades básicas de manera privada, puede recurrir al Estado, el cual está obligado a ayudarle. El hecho de que la elección de las autoridades públicas, en los actuales términos no está generando un vínculo entre el elector y el elegido, sea este por planillas de partidos o por individuos de una circunscripción electoral, se debe a que después del voto dicha vinculación generalmente afectiva más que política, se desvanece y pocas, muy pocas veces se vuelve a tener un contacto efectivo y eficiente, lo cual provoca que se siga generando una percepción de distancia del ciudadano con el hecho político. Por ejemplo, en la democracia liberal, que en realidad es un gobierno de oligarquías, usualmente el legislador tradicional es el funcionario que está allá, lejano, inaccesible y que responde a sus propias lógicas, pues una vez electo no tiene ninguna obligación de responder al ciudadano. En este ámbito, los recursos públicos, por ejemplo, son un patrimonio del cual disponen los funcionarios públicos, que generalmente no se asumen como una exacción de la riqueza del trabajo de cada uno de nosotros. Donde ese tipo de distancias entre lo político y lo institucional y la realidad y la dinámica de los ciudadanos afecta, de manera cada vez más seria, la consistencia misma de la operación democrática del poder público, hace que se justifique la necesidad de encontrar mecanismos en donde volvamos a vincular al elector con el producto de su elección, es decir, con el electo. Algunos pensadores caracterizaron al mundo occidental moderno de manera mistificadora como el reino de la libertad y la democracia. Incluso llegaron a afirmar que en eso se distinguía la época moderna del antiguo régimen. Políticos que gobiernan las más importantes sociedades occidentales de nuestros días todavía promueven opresiones, tiranías y guerras en nombre de tales valores. Sus propagandistas afirman que en estas últimas décadas hemos asistido al triunfo definitivo de la Democracia y del libre mercado que la sustenta. Hemos llegado de esta manera al Fin de la Historia, de la Ideologías y de las Utopías. Lo cierto es que el mundo occidentalizado tiene la peculiaridad de ser atravesado por dos tendencias opuestas, que se combaten: la del capitalismo y la de la democracia participativa. De la lógica de la oligarquía capitalista viene la racionalidad dominadora (de lo económico enajenado), la explotación (del hombre y de la naturaleza) así como la re-funcionalización de viejas opresiones, con su secuela de desigualdades e injusticias; tal es su tendencia a la sociedad de desiguales. De la tendencia de la democracia participativa y autonómica, emancipadora y libertaria, viene el pensamiento crítico ilustrado y los diversos movimientos populares que han derribado monarquías, independizado países, conquistado derechos y libertades individuales y colectivas, sociales y políticas; esa es su lógica civilizadora. La concentración del poder económico, la profundización de la pobreza, la desintegración social y el fracaso en la educación son las causas estructurales del quiebre entre la sociedad civil y el sistema político, permitiendo a su vez, la instalación de regímenes arbitrarios y parciales como en los últimos veinte años, sostenidos por el liderazgo de una derecha cada vez más recalcitrante y cercana al fascismo. La relación entre ideal democrático y realidad política es en extremo compleja debido a que las instituciones y los procedimientos en los que la democracia burguesa se concreta, responden a procesos históricos y políticos específicos, así como a la elección y concreción de opciones diversas. En El Salvador, los partidos de la derecha tradicional, retardadores de la democracia luchan por sostener y eternizar un sistema político que ya no responde a las necesidades histórico-políticas de la sociedad que persigue más democracia y transparencia en el manejo del Estado. Un Estado que ha sido debilitado, hasta casi ser disfuncional, producto de la desregulación del mercado y la privatización de lo público. Se impone por lo tanto, el análisis científico del problema del sistema político y su rediseño, obviando las salidas fáciles y reformistas, que terminan reforzando un sistema de exclusión y falsa representación. Tenemos que decir, que las elecciones dentro de condiciones políticas legalmente limitadas, no sólo constituyen un mecanismo que simula la voluntad política de las mayorías, sino que además, configura la práctica de la demagogia y del voluntarismo de los poderes oligárquicos de facto, para hacer pasar su sistema como una gran estructura participativa que de modo "efectivo" y "real" entrega el mando político soberano a los "ciudadanos". En la democracia burguesa la participación y el control político "ciudadano", no son otra cosa que un eufemismo, que busca ocultar el verdadero carácter y la naturaleza anti popular del Estado manejado por el poder económico sin rostro. Ahora bien, en El Salvador, el FMLN ganó a pulso su autentificación como partido político y participa dentro este sistema político, con la diferencia de que no ha llegado para legitimarlo, sino para luchar por los cambios trascendentales que le den al pueblo el verdadero control del Estado y el poder de decisión y participación, usurpado permanentemente. En este contexto, el nuevo auge de la izquierda mayoritaria en el país es la consecuencia lógica de entender plenamente que la efectividad y la profundización de las democracias, pasa por recolocar la representación y la participación social como origen y sustentación de lo político. Sólo así se puede marcar la diferencia con las corrientes reaccionarias elitistas y burocráticas, cuyo argumento de batalla para consolidar el Poder económico como el Poder absoluto, se basa en liquidar al Estado y deslegitimar la representación popular. Si nuestra apuesta es la democracia "de verdad", y el combate a la desigualdad y la conflictividad creciente es lo prioritario, no se debe permitir que el Estado continúe siendo una asociación de oligarcas, ni un simple mediador de conflictos. Debe recuperar su naturaleza histórica de custodio de los derechos de todas las personas y la garantía de un orden legítimo y plural. Debe reivindicar el derecho de representar la solidaridad de la ciudadanía, reconstruyendo un sentido común de identidad nacional. El estado capitalista, tenga la forma de gobierno que tenga, no deja de ser la dictadura clasista de la oligarquía. Simplemente no puede ser de otro modo, por cuanto los intereses de esta clase son totalmente hostiles a los intereses del pueblo. En este presupuesto, la libertad política será el centro del problema cuando consideramos la relación entre el ciudadano y el Estado, desde el punto de vista del ciudadano. Si lo hacemos desde la perspectiva del Estado burgués ipso facto deja ser relevante la libertad política.
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