En defensa del Principio de la Soberanía Popular

11 Junio 2008
Bajo la Monarquía, la soberanía absoluta en el ejercicio del Poder del Estado –es decir, la potestad de ejercer este poder conforme a la propia voluntad, y sin ningún tipo de restricciones– residía en el propio monarca, que se definía a sí mismo, precisamente, como "EL" Soberano. Los súbditos o vasallos del "soberano", es decir las personas que habitaban los territorios sobre los cuales el monarca ejercía su Imperio o soberanía, no eran portadores de absolutamente ningún derecho, y sólo podían, a lo sumo elevar súplicas y peticiones a su "graciosa majestad". Por lo demás, estaban sujetos al arbitrio, los designios y los caprichos del "soberano". Los monarcas no estaban obligados a rendir cuentas a nadie, ni a escuchar y tener en la debida consideración la voz de los pobres súbditos o vasallos, a la hora de adoptar decisiones. Las decisiones las adoptaban a su completo y total arbitrio, en ejercicio de la soberanía absoluta de la cual eran portadores. La Revolución Francesa de 1789, hace ya más de dos siglos, dio al traste con la monarquía, estableció la República, y proscribió formalmente las relaciones de servidumbre y vasallaje entre gobernantes y gobernados, y entre personas y grupos sociales. El gran gesto simbólico de la Revolución Francesa fue la insistencia en que los títulos que simbolizaban rango, jerarquía social, nobleza o alcurnia no se utilizaran más. Cada uno debía ser llamado sencillamente "citoyen" (ciudadano). Este gesto fue pensado para demostrar la erradicación de las jerarquías tradicionales y la incrustación de la igualdad entre las personas en la nueva sociedad que era construida Las personas fueron proclamadas como ciudadanos o ciudadanas, libres e iguales en derechos, y se estableció por primera vez el principio de la soberanía popular como sustento de la República. Es decir, se estableció el principio de que soberanía del poder estatal reside en ultima instancia, y de manera inalienable, en los ciudadanos y las ciudadanas. Desde entonces, las Repúblicas han adoptado la democracia como forma de organización política. La democracia se define como la forma de organización política del Estado, basada en el principio de soberanía popular, y en la mas amplia y activa participación del pueblo en las decisiones públicas. La democracia consiste, precisamente, en la adopción de las decisiones públicas a través de procesos que involucren la máxima participación posible de los ciudadanos y las ciudadanas. La democracia, se ha dicho, es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Los funcionarios públicos son, según el principio de la soberanía popular, servidores públicos, y únicamente son administradores de la soberanía y el poder estatal, no los dueños de estos atributos. Estos servidores públicos están obligados a administrar los poderes del Estado en beneficio exclusivo de los intereses de los dueños de la soberania. Y los únicos, inalienables y verdaderos dueños de la soberanía estatal, son los ciudadanos y las ciudadanas. Estos servidores públicos, o administradores de la cosa pública, en calidad de tales deben actuar primero, no conforme a su entera voluntad y discreción, sino en el marco de las restricciones que la ley les impone; segundo, deben rendir cuentas muy claras y detalladas a la ciudadanía, e informarle de manera abierta y transparente de su gestión como administradores; y tercero, deben tener en la debida consideración la voz, los intereses, preocupaciones, necesidades, angustias, problemas y demandas de los dueños de la soberanía, los ciudadanos y las ciudadanas, a cuyo servicio deben estar. A fin de cuentas, es preciso recordar que los generosos salarios de los servidores públicos son pagados también por los ciudadanos y las ciudadanas. Los ciudadanos y ciudadanas tienen el pleno e irrenunciable derecho, como los verdaderos soberanos, a exigir que se les rindan cuentas claras y detalladas, a participar e intervenir por todos los medios a su alcance, que les proporcione la ley y su condición de dueños de la soberanía estatal, en las decisiones que afectan sus vidas, y a que los funcionarios tengan en la debida consideración sus preocupaciones, necesidades, demandas, angustias, padecimientos y problemas, como la guía fundamental para adoptar las decisiones. De la misma forma que un gobierno tiene que aprender a rendir cuentas, a servir incondicionalmente a los ciudadanos y ciudadanas, la ciudadanía tiene que disponerse a poner límites a los abusos de poder de los funcionarios públicos, y a hacer escuchar lo suficientemente fuerte su voz, cuando a estos funcionarios se les olvide, como suele ocurrir con excesiva frecuencia al servicio de que intereses deben estar. Una democracia republicana en donde la ciudadanía se desentiende por completo de exigir cuentas, de hacer valer sus derechos y de participar e intervenir activamente en la toma de decisiones, es una democracia puramente "delegativa", es decir, una democracia que, en el fondo, ha sido vaciada de todo contenido. En todo caso, existe un imperativo moral y político de plena apertura y transparencia: los funcionarios públicos están al servicio de los ciudadanos los cuales tienen pleno y absoluto derecho a estar informados sobre la gestión pública. Los ciudadanos no pueden dejar de intervenir, y de demandar permanentemente plena transparencia. Es sencillamente peligrosísimo permitir que cualquier gobierno tenga un "cheque en blanco" para adoptar las decisiones en secreto, a espaldas de la ciudadanía. Sin un ejercicio vigoroso y sin cortapisas de la ciudadanía, el principio de la soberanía popular se convierte en una mera formalidad, y a veces, en una ficción. Una democracia consolidada no se puede lograr sin una ciudadanía fuerte, plenamente informada, y con capacidad de exigir cuentas, debatir, cuestionar, proponer, intervenir y deliberar, haciendo escuchar su voz con la debida fuerza, cada vez que ello sea necesario. Un diseño constitucional basado exclusivamente en la democracia representativa - bajo el cual los ciudadanos delegan formalmente la administración del Poder Estatal en representantes electos, y que con frecuencia carezcan de posibilidades e instrumentos para controlar y para exigir cuentas sobre las acciones y decisiones que adoptan estos funcionarios, tras ser elegidos - suele dar lugar a lo que se conoce como el problema de la relación "principal-agente". El estado democrático constitucional puede ser concebido, de hecho, como una relación del tipo "principal-agente", entre los "constituyentes" o propietarios de la soberanía estatal (los ciudadanos), y aquellos funcionarios en quienes éstos delegan la administración de los asuntos públicos. En ésta relación, el "principal" son los ciudadanos, en su calidad de "dueños" originales de la autoridad suprema (soberanía). Ellos delegan, vía un procedimiento de elección, a algunos de sus compatriotas para administrar esta autoridad, en calidad de "agentes" suyos: es decir, estos "agentes" deben administrar la "propiedad" (el poder estatal y sus recursos) en beneficio de .los "propietarios" (los ciudadanos). El "problema de agencia" surge debido a que, gracias a los márgenes de discrecionalidad y la falta de control con que los "agentes" u funcionarios públicos pueden ejercer esta autoridad, que les ha sido delegada, ellos pueden actuar, cuando adoptan decisiones públicas, movidos por intereses, prioridades o preferencias propias, o sentirse más inclinados a privilegiar los intereses de grupos poderosos e influyentes, a quienes, por diversas razones, los funcionarios pueden apreciar como su verdadero "principal". Un signo inequívoco de que existe un "problema de agencia", en el caso de la administración del Poder Estatal, es que las decisiones fundamentales, que afectan a todos los ciudadanos, se adoptan a través de procesos en que sólo participan grupos restringidos, y se adoptan en secreto, a espaldas de la ciudadanía, violentando el derecho de los ciudadanos a participar en las decisiones clave que los afectan, y su "derecho a conocer". Se trata de decisiones que nos afectan a todos. En ellas se juega con frecuencia el futuro del país, y de los seres humanos que lo habitan. Estos no son asuntos que puedan decidirse en secreto entre funcionarios públicos y organismos financieros internacionales. Estas decisiones fundamentales, solo pueden ser adoptadas mediante un proceso político democrático, amplio, abierto, y plenamente participativo. En todo caso, esta participación no es una dádiva de nadie. Es el derecho ciudadano más fundamental e inalienable. Es la expresión mas básica y fundamental del principio de la soberanía popular. En síntesis, la característica fundamental de una República es que, en ella, los dueños de la soberanía estatal no son los funcionarios públicos, sino los ciudadanos, quienes delegan a través de procedimientos electivos en estos señores la administración del poder del Estado, y a quienes estos administradores deben rendir cuentas claras y absolutamente transparentes, mostrándoles pleno respeto a su calidad de ciudadanos, y a los derechos inalienables que ello representa. El principio de la soberanía popular, y los derechos asociados a la ciudadanía (y las responsabilidad que conlleva de involucrarse de manera informada en la toma de decisiones que nos afectan a todos, y en la exigencia de cuentas a los gobernantes) debe ser defendido, y preservado, a pesar de los intentos por limitarlos. La historia del siglo XIX (y del siglo XX) ha sido la historia de la lucha por ampliar el alcance del principio de ciudadanía. Mientras aquellos con mayor poder y privilegios con frecuencia han procurado definir la ciudadanía, y los derechos de que es portadora, de la manera más estrecha y limitada, restringiendo al máximo los límites de su participación en las decisiones colectivas, la gente, con su lucha, ha estado intentando validar una definición mucho más amplia e incluyente de la ciudadanía, y de los derechos que comporta. Al inicio, se restringió del ejercicio de los derechos de ciudadanía a las mujeres, los niños, los discapacitados y los pobres (y en EEUU, los esclavos). Fueron declarados (as) "ciudadanos (as) pasivos (as)". De esta manera, se crearon dos categorías de ciudadanos: ciudadanos o ciudadanas pasivos, y activos. "Todos los habitantes de un país deben gozar en él de los derechos de ciudadanos pasivos; todos tienen la derecho a la protección de su persona, de su libertad, etc. Pero todos no tienen el derecho de desempeñar un papel activo en la formación de autoridades públicas; todos no son ciudadanos activos. Las mujeres, los niños, los extranjeros, y todos lo que no contribuyen en nada a sostener el establecimiento público no debían ser permitidos de influenciar la vida pública activamente". La lucha por universalizar la ciudadanía ha sido la lucha de la gente: la lucha del movimiento obrero "cartista" en Inglaterra por conquistar el sufragio universal, la lucha del movimiento por el sufragio femenino, del movimiento por los derechos civiles, y la lucha por incorporar en los derechos ciudadanos los derechos económicos y sociales básicos. Esta lucha se revela como verdaderamente ardua. Las desigualdades se han ahondado a niveles impresionantes, en las últimas décadas. Miles de millones de seres humanos, no gozan ni de los derechos humanos más elementales, ya no digamos de los plenos derechos que conlleva la ciudadanía. Cada derecho que se conquista enfrenta la tendencia a ser revertido, y se hace evidente que conquistar y ampliar los derechos asociados a la ciudadanía, no será posible sin luchas más denodadas todavía. A estas alturas, no es sólo la lucha por recuperar, extender y ampliar la ciudadanía, y los derechos asociados a ella, sino la lucha cuesta arriba por recuperarnos como seres humanos, capaces de sentir en lo más hondo los sufrimientos de todos los miles de millones de seres humanos, ciudadanos del mundo, miembros del género humano al que todos pertenecemos, por recuperar la nobleza, la solidaridad, la humanidad, y la decencia.
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