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Descubren documento militar que relata masacres en Guatemala

Agencia AFP. Desde ciudad Guatemala. | 18 marzo de 2007

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Un documento militar sobre supuestas masacres contra indígenas perpetradas por el Ejército de Guatemala durante la guerra civil (1960-1996) podría convertirse en clave para enjuiciar por genocidio al ex dictador Efraín Ríos Montt, reveló la prensa local este domingo. El documento denominado Plan Sofía fue conseguido clandestinamente por los querellantes en la demanda contra Ríos Montt, que gobernó con mano de hierro este país entre 1982 y 1983, indica el diario Prensa Libre. Sin embargo, la jefa de la Fiscalía de Derechos Humanos Delia Dávila, aún no cita a Ríos Montt debido a que investiga la autenticidad del mismo, pues vincula directamente al alto mando del Ejército y al ex dictador con las masacres en la época que gobernó, afirma el diario. Para esclarecer la fidelidad, el juez contralor del caso, Roberto Peñate ordenó en enero pasado que el Ministerio de Defensa, en audiencia pública, le presentara los documentos originales de los planes Sofía y Victoria 82, debido a la relación que hay entre ambos, ya que el primero se deriva del segundo. En respuesta, el ministro de la Defensa, Ronaldo Leiva, envió un escrito al juez en febrero donde le manifiesta su desacuerdo con la resolución judicial, porque "viola el artículo 30 de la Constitución Política de la República, que protege la confidencialidad de los asuntos militares". "En la misiva, Leiva afirma que el Plan Victoria 82 es un asunto militar de seguridad nacional, clasificado como secreto y que el Plan Sofía no existe", detalla el rotativo. Además, para evitar que los documentos se hicieran públicos, presentó un recurso de reposición, pero el planteamiento fue denegado por el juez y lo citó para el lunes 26 de marzo próximo para que muestre en el juzgado los planes íntegros y los documentos originales. A pesar de la negación del ministro, Prensa Libre asegura que tuvo acceso parcialmente a los documentos. Asegura que el Plan Sofía es una ramificación del Plan Victoria 82, único documento militar al que tuvo acceso la Comisión de Esclarecimiento Histórico, una entidad auspiciada por las Naciones Unidas para documentar las atrocidades cometidas durante la guerra.

Plan Sofía confirma autoría de masacres

Por Lorena Seijo, diario Prensa Libre, de Guatemala.

Mujeres de la aldea Tzabal, Nebaj, velan los restos exhumados de 19 personas asesinadas por el Ejército durante el conflicto armado interno. Ningún fiscal había tenido acceso, hasta ahora, a un documento clasificado del Ejército de Guatemala que relate las operaciones militares ejecutadas durante el conflicto armado interno, en contra de núcleos o elementos subversivos. Delia Dávila, jefa de la Fiscalía de Derechos Humanos, del MP ha sido la primera en recibir una copia de uno de estos planes, protegidos por el secreto de Estado y que parcialmente consiguieron de forma clandestina los querellantes adhesivos en el proceso por genocidio que se lleva a cabo en Guatemala. A pesar de tener en su poder el escrito que constata la existencia del Plan de operaciones Sofía, que, junto a las declaraciones de los testigos, vinculan directamente al alto mando del Ejército y a su comandante en jefe, Efraín Ríos Montt, con las masacres acaecidas mayoritariamente en el occidente del país, de 1982 a 1983, Dávila se ha negado rotundamente a citar al ex jefe de Estado y a su cúpula militar, para interrogarlos. La razón es, según dijo la fiscal al juez contralor del caso, Roberto Peñate, que no se tiene certeza de que estos documentos sean auténticos. Para salir de la duda, el juez ordenó el 31 de enero de este año que el Ministerio de Defensa, en audiencia pública, le presentara los documentos originales de los planes Sofía y Victoria 82, debido a la relación que hay entre ambos, ya que el primero se deriva del segundo. En respuesta, Ronaldo Cecilio Leiva, ministro de la Defensa, envió un escrito al juez el 8 de febrero, en el que manifiesta su desacuerdo con la resolución judicial, porque "viola el artículo 30 de la Constitución Política de la República, que protege la confidencialidad de los asuntos militares". En la misiva, Leiva afirma que el Plan Victoria 82 es un asunto militar de seguridad nacional, clasificado como secreto y que el Plan Sofía no existe. Para evitar que los documentos se hicieran públicos, presentó un recurso de reposición, y adujo que estos escritos, al igual que otros que contienen los planes Asuntos Civiles Operación Ixil y Firmeza 83, son reservados. El recurso de reposición fue denegado por el juez, quien, recordó al ministro de la Defensa que la acusación no es en su contra, y lo citó para el lunes 26 de marzo próximo, para que muestre en el juzgado los planes íntegros y los documentos originales, a los cuales Prensa Libre tuvo acceso parcialmente. Coincidentemente la reunión se celebrará tres días después del 25 aniversario del golpe de Estado que, en 1982, llevó a Ríos Montt al poder.

Sí existe

El Plan Sofía es una ramificación del Plan Victoria 82, único documento militar al que tuvo acceso la Comisión de Esclarecimiento Histórico, y su existencia la constatan los documentos en poder de la Fiscalía de Derechos Humanos y una carta oficial signada por el coronel de infantería Francisco Ángel Castellanos Góngora. La maniobra militar concentraba sus acciones en el norte de Quiché y fue concebida en julio de 1982, cuatro meses después de que Ríos llegara al poder, según consta en la notificación enviada el 14 de julio de 1982 por Castellanos Góngora, comandante del destacamento de Puerto San José, Escuintla, al comandante de la Fuerza de Tarea Gumarkaj, asignada a Quiché. Castellanos fue abatido a tiros hace seis meses, por individuos encapuchados, en una lavandería de la zona 19. La notificación dice textualmente que el Plan Sofía fue elaborado "por este Comando, en cumplimiento a lo ordenado por la jefatura del Estado Mayor General del Ejército". El jefe del Estado Mayor del Ejército en ese entonces era Héctor López Fuentes, quien en febrero de 2002 declaró en el MP que él recibía órdenes directas del entonces presidente, Efraín Ríos Montt, y del viceministro de la Defensa, Humberto Mejía Víctores. López Fuentes fue el ideólogo del Plan Victoria 82, que tenía como objetivo específico "conducir operaciones de seguridad, desarrollo, contrasubversivas y de guerra ideológica en sus respectivas áreas, con el objetivo de localizar, capturar o destruir grupos y elementos subversivos, para garantizar la paz y seguridad de la Nación", en los departamentos de Quiché, Huehuetenango, Quetzaltenango, San Marcos, Sololá y Petén. Como el campo de acción era tan amplio, cada comando militar a cargo de la ejecución tenía que crear fuerzas de tarea, para llegar al objetivo final: aniquilar al enemigo. Así nació el Plan Sofía, el cual contenía las operaciones específicas que se debían ejecutar en Quiché y que fueron asignadas a la Fuerza de Tarea Gumarkaj, que operaba en ese departamento. El informe Guatemala, nunca más responsabiliza al Ejército de 59 masacres en esa zona, sólo durante 1982. El accionar de Gumarkaj está documentado, porque en el Plan Victoria 82 se especifica que "los comandos involucrados deberán reportar al Estado Mayor General del Ejército, ocho días después de haber recibido el plan, la composición y dispositivos de sus unidades". Ordena además, al comando "entregar los informes confidenciales por medio del oficial S-3", nomenclatura que aparece en casi todos los documentos confidenciales del Plan Sofía. La tarea de Victoria 82, según los registros, era "negar el acceso de la guerrilla a la población civil, de la cual se nutre y dentro de la cual se esconde", y la táctica, "aniquilarlos, la destrucción de las fuerzas guerrilleras es la misión. El control del terreno es un medio para cumplir esta misión". El comando al que se le asignó el Plan Sofía debía "exterminar a los elementos subversivos del área -Quché-". Para ello se utilizarían soldados de la Brigada Militar General Manuel Lisandro Barillas, de Quetzaltenango; de la zona militar Mariscal Gregorio Solares, de Huehuetenango; la Fuerza de Tarea Gumarkaj, de Quiché, y la Fuerza Aérea Guatemalteca. Entre las recomendaciones que se plantea a la fuerza de tarea a cargo de ejecutar este plan, se encuentran: llevar dinero en efectivo, informar inmediatamente de la ubicación del enemigo y que se "respete la vida de mujeres, niños, hasta donde sea posible". En el anexo A del resumen de inteligencia que contiene los pormenores del Plan Sofía, se relata: "Actualmente los grupos subversivos que operan en el departamento del Quiché, al noroeste del municipio de Nebaj, han intensificado sus actividades, debido principalmente al apoyo extranjero que han recibido". Se habla además, de dos frentes guerrilleros por combatir, el Afganistán, situado en Paraxtut y Río Negro, y el Fronterizo, ubicado en Palob, cerro Sumal y cerro Bichocalá, todos en Quiché. Cada uno, integrado por 30 hombres. El informe da cuenta de que en el segundo frente había presencia de mujeres y niños, además de tres individuos extranjeros, probablemente cubanos o nicaragüenses. El oficial S-2, responsable de elaborar informe de inteligencia, aclara: "Los habitantes del área, cuando ven unidades del Ejército de Guatemala, se esconden en cuevas o buzones, los cuales se encuentran ubicados a 500 o 600 metros alrededor de las aldeas, normalmente mimetizados entre milpas o aguacatales y en las orillas de los ríos. Todos estos habitantes del área han sido bien concientizados por la subversión y es difícil obtener la información que se les requiere". El documento secreto incluye un mapa con las coordenadas de ubicación de Ilom, Nebaj, Chiantla y Soloma.

Diario de operaciones

El 5 de agosto de 1982, Francisco Ángel Castellanos vuelve a enviar un reporte de operaciones, desde Nebaj, al comandante de la zona militar de Huehuetenango, correspondiente a las operaciones efectuadas la segunda semana de julio de ese año. La Fiscalía también tiene en su poder el diario de operaciones de la patrulla 3510. Detallado con fecha y horas, se cuenta el proceder cotidiano de las unidades de patrullaje del Ejército: "El 10 de agosto del 82, al llegar a la aldea Tzijulché, encontramos perros amarrados que delataban nuestra presencia, matamos a uno y lo dejamos colgado (...) también se encontró una nómina de muertos". El 11 de agosto se halló un buzón en las coordenadas 9160-1040, que contenía frijol, maíz, garbanzos... se registró el inmueble de Pedro Guzaro Brito, en el que se encontraron papeles con consignas del EGP. "Se quemó la casa, se mataron los coches que tenían, dejando una granada PRB-8 debajo de uno de ellos". En el diario se cuenta como ese día se incendiaron dos buzones más con alimentos y otra vivienda, a pesar de que no se había hecho "contacto alguno con el enemigo". También dice: "Encontramos a la familia del señor Diego Cobo, 11 en total, y los llevamos con nosotros, se nos estaban escondiendo". Dos días después, el 13 de agosto, el informe refiere: "Se dejó en disposición a la familia Diego Cobo de dirigirse a Nebaj pero antes tienen que organizar su aldea para que se entregue al Ejército". También relata que se encontraron papeles de información política Nivel I, pertenecientes a Roberto, en la aldea Xeipum. El último reporte del 15 de agosto da cuenta de que durante el movimiento hacia la aldea Palob, cerca del cerro Ixconcabal, "se tuvo una emboscada de hostigamiento por el enemigo, se contraatacó, no teniendo éxito comprobado de bajas".

Concordancia con informes

La Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH), reporta que durante el mandato de Ríos Montt se registraron 626 casos de masacres atribuibles al Ejército o estructuras paramilitares. En el 63 por ciento de las masacres documentadas por la CEH, el Ejército actuó solo. En el auto de procesamiento de Ríos Montt y Mejía Víctores, dictado por la Audiencia Nacional española en junio de 2006, se determina que ambos tienen responsabilidad en la masacre ocurrida el 15 de agosto de 1982 en la aldea San Francisco Javier, Santa María Nebaj, Quiché, donde 30 personas fueron asesinadas por el Ejército, con armas de fuego y machetes. También se adjunta, con la petición de orden de captura internacional, información sobre lo ocurrido el 9 de septiembre de 1982 en la aldea Vibitz, Santa María Nebaj, donde 150 soldados mataron a 17 personas. Finalmente, se habla de la masacre perpetrada en el caserío Agua Fría, Chicamán, Quiché, donde mataron a 92 personas, el 14 de septiembre de 1982. Estas operaciones militares podrían formar parte del Plan Sofía, ya que se efectuaron en los meses y en las áreas asignadas a este dispositivo militar. El auto detalla también que las personas que lograron sobrevivir a estas masacres tuvieron que huir a la montaña, ya que el Ejército quemó las casas y destruyó las cosechas. Sólo en Quiché, los desplazados superaban los 24 mil. El 3 de mayo de 2000, sobrevivientes de masacres perpetradas en Baja Verapaz y Quiché interpusieron denuncia en el MP, por genocidio. Ni esta primera denuncia ni las que le siguieron han obtenido respuesta, a pesar de que existen 150 testigos que han declarado en la Fiscalía, y constancia de la existencia de planes militares encaminados al exterminio de grupos subversivos y de personas afines a ellos.

Orden de captura, aún sin ejecutar

El proceso judicial en contra de Efraín Ríos Montt, Humberto Mejía Víctores, Donaldo Álvarez Ruiz, Aníbal Guevara, Germán Chupina, Benedicto Lucas y Pedro García Arredondo ha estado plagado de obstáculos y de polémica. La primera denuncia por genocidio en contra de los cinco militares y dos civiles fue presentada por la Fundación Rigoberta Menchú en la Audiencia Nacional Española, en 1999. Pero para que se concediera la orden de captura internacional hubo que esperar siete años. En Guatemala, la primera denuncia por genocidio la presentaron en 2000 los familiares de las víctimas de masacres de Quiché y Alta Verapaz, apoyados por el Centro de Acción Legal de Derechos Humanos. En este proceso ni siquiera se ha pedido la primera declaración de ninguno de los siete acusados de genocidio. En cambio, más de 150 testigos de las masacres se han presentado a declarar hasta tres veces cada uno, ya que se dudaba de su credibilidad. Al observar que el proceso en Guatemala no avanzaba, la Audiencia Nacional decidió solicitar la venida de una comisión rogatoria al país, para poder entrevistar a los acusados, antes de determinar su vinculación o no al proceso. Los abogados de los acusados impidieron que éstos dieran la primera declaración, con un sinnúmero de recursos presentados en los tribunales y en la Corte de Constitucionalidad (CC). Debido a la falta de colaboración de los acusados, el juez Santiago Pedraz, a cargo del caso en España, pidió las órdenes de captura internacionales. Sólo las de Aníbal Guevara y Germán Chupina fueron ejecutadas. El 8 de marzo último, la CC negó una inconstitucionalidad y un amparo presentado por la defensa de Ríos Montt, lo que da vía libre a que el proceso en su contra continúe. Pero todo depende siempre de los tribunales guatemaltecos.

Masacres atribuibles al Plan Sofía

Algunas de las acciones militares que podrían enmarcarse en este plan son: El 7 de julio de 1982, el Ejército llegó al caserío Puente Alto, aldea el Quetzal, Barillas, Huehuetenango. Separaron a los hombres, violaron a algunas mujeres y mataron a unas 360 personas. El 17 de julio de 1982, el Ejército llegó a la aldea San Francisco, Nentón, Huehuetenango, donde convocó a la población a una reunión en el centro del poblado y mató a 350 personas. El 17 de julio de 1982, el Ejército arribó a la comunidad Plan de Sánchez, cerró las entradas y salidas, sacó a las personas de las casas, violó a las mujeres, mató a 368 personas y ordenó a los supervivientes que enterraran los cadáveres. Se marchó el 19 de julio. El 15 de agosto de 1982 llegó a la aldea San Francisco Javier, Santa María Nebaj, Quiché; se asesinó a 30 personas con arma de fuego y machetes. El 9 de septiembre de 1982, 150 soldados, acompañados de patrulleros, entraron en la aldea Vibitz, Santa María Nebaj, y mataron a 17 personas. PAC y comisionados militares llegaron al caserío Agua Fría, en Chicamán, Quiché, donde mataron a 92 personas, el 14 de septiembre de 1982.


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