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Muertos de conflicto guatemalteco podrían ser el doble de lo que se creía

Agencia AFP. Desde Ciudad de Guatemala. | 9 agosto de 2006

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El número de víctimas del conflicto armado que vivió Guatemala entre 1960 y 1996 podría ser el doble de lo estimado hasta ahora, afirmó este miércoles la presidenta de la Comisión Nacional del Resarcimiento (CNR), la dirigente indígena Rosalina Tuyuc. "Hablando conservadoramente, el número de víctimas de la guerra podría duplicarse, pues la mayoría de los 7.638 expedientes que analiza la Comisión no están registrados en los informes de la Comisión del Esclarecimiento Histórico (CEH), ni el de Recuperación de la Memoria Histórica (REMHI)", dijo Tuyuc en rueda de prensa. Tanto el informe de la CEH, auspiciado por la ONU, como el REMHI, de la iglesia Católica, contabilizan al menos 200.000 víctimas, entre muertos y desaparecidos, como resultado de la guerra interna que concluyó con los acuerdos de paz entre el gobierno y la guerrilla en 1996. "Pese a que la mayoría de los expedientes no están registrados en los informes que tenemos como base de las víctimas, hemos establecido que aún existe miedo en las distintas comunidades por hacer públicos los casos, al igual que en el tiempo en que se elaboraron estos informes", explicó Tuyuc. El próximo viernes el gubernamental Programa Nacional de Resarcimiento (PNR) indemnizará a familiares de 219 víctimas de la guerra, por un total de 710.526 dólares, dijo el director de esa oficina, Martín Arévalo. El PNR, creado hace dos años en cumplimiento de uno de los acuerdos de paz, contempla la indemnización con 24.000 quetzales (USD 3.157) para familiares de las víctimas mortales, y de 20.000 quetzales (USD 2.631) a las víctimas sobrevivientes de los hechos cometidos durante la guerra. El PNR también prevé el resarcimiento por desaparición forzada, ejecución extrajudicial, tortura física y psicológica, desplazamiento forzado, reclutamiento forzado de menores, violencia sexual y violación sexual, violaciones contra la niñez y masacres. De los fondos del PNR se destinarán alrededor de 1,4 millones de dólares para instalar un laboratorio que podría empezar a hacer exámenes de ADN a partir de enero, operado por la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG). El objetivo es probar el nexo de las víctimas con los familiares a indemnizar.


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