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FMI: «sin ley contra fraude energético no negociamos acuerdo»

Managua. Radio La Primerísima. | 9 abril de 2008

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El Fondo Monetario Internacional (FMI) condicionó el desembolso de 140 millones de dólares en préstamos para Nicaragua a la pronta aprobación de una ley para controlar el robo de electricidad que se encuentra paralizada en la Asamblea Nacional por decisión de los partidos de oposición. El anuncio lo hizo este miércoles el representante del FMI en Managua, Humberto Arbulú, quien reveló que por la misma razón también están en riesgo 20 millones de dólares de otro donante”, que no quiso identificar. Nicaragua esperaba que a finales del presente mes de abril el Consejo del FMI analizara y aprobara modificaciones al acuerdo económico trianual convenido el año pasado, pero ahora el organismo financiero internacional condiciona su aprobación a la aprobación de la mencionada ley. "Mientras no se apruebe la Ley Antifraude (Eléctrico) no se va a aprobar la revisión del programa (económico de Nicaragua), es decir no vamos a desembolsar la plata", dijo el alto funcionario a periodistas. Arbulú dijo que no estaban condicionando a nadie, pero recordó que el presidente del Banco Central, Antenor Rosales se comprometió tener aprobada la Ley Antifraude Eléctrico el primero de Abril y luego argumentó que existe una crisis política, entonces el FMI les dijo que resuelvan la crisis, pero no hay desembolsos, lo que podría interpretarse como una presión del organismo sobre el gobierno de Daniel Ortega. Sin embargo, dijo que él no quería entrar en ningún debate, pero advirtió que "hay dinero de algunos donantes que está ligado a que terminemos la revisión (del programa económico financiero del gobierno)". Insistió en que no le sacaran de contexto sus declaraciones, para agregar que él sabe de un donante "que podría no aprobar 20 millones de dólares". La polémica iniciativa enviada por Ortega al Parlamento establece multas y penas de cárcel para quienes roben energía eléctrica en perjuicio de la distribuidora española Unión Fenosa, que opera en este país desde hace ocho años. Arbulú dijo que confía en que las autoridades de Nicaragua cumplirán cabalmente lo pactado en el programa económico financiero que aún no es revisado por el directorio del organismo, que también fue discutido previamente con el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

La derecha licha al chantaje

La Ley Anti Fraude Energético no se va a aprobar en la Asamblea Nacional mientras el Consejo Supremo Electoral no restituya las elecciones en tres municipios de la RAAN, dijo este miércoles el diputado y candidato a Alcalde de Managua, Eduardo Montealegre. Montealegre dijo que las bancadas del PLC y de su Movimiento Vamos Eduardo, a la que llama “bancada democrática”, le enviaron una carta a la representación del FMI en el país, para hacerles saber su posición y el porqué dicha ley seguirá en suspenso, con la excusa de “defender la institucionalidad”. "Es que vamos a defender la institucionalidad y la vamos a defender con la ley y en las calles", aseguró, vinculando la aprobación de ésta y otras leyes a que el Consejo Supremo Electoral revierta su resolución de posponer las elecciones municipales en tres municipios de la Región Autónoma del Atlántico Norte.. Igualmente los diputados Maximino Rodríguez del PLC y Enrique Sáenz del Movimiento Renovador Sandinista, MRS, prometieron volver a crear un "muro de contención" en la Asamblea Nacional contra el gobierno del presidente Daniel Ortega. Rodríguez manifestó que se reunieron las bancadas del PLC y el MVE y conversaban con el MRS, a fin de garantizar las libertades públicas y contener al Poder Ejecutivo. Aseguró que levantaron un inventario de 34 leyes que van a aprobar "para defender la democracia, leyes sociales para darle beneficio a los nicaragüenses y darle estabilidad política y jurídica para que haya inversión en Nicaragua". Destacó que entre esas leyes quieren aprobar una que proteja a los medios de comunicación y evitar que el Poder Ejecutivo los suspenda o les cancele sus licencias de operación, por ser críticos del gobierno y del FSLN.


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