Jesuitas esperan justicia a 17 años de masacre

Agencias EFE y AFP. Desde San Salvador. | 16 de Noviembre de 2006 a las 00:00
La Compañía de Jesús insiste en que el asesinato de seis de sus miembros, a manos de militares salvadoreños el 16 de noviembre de 1989, no debe quedar impune y por ello ha acudido a una instancia judicial internacional. La comunidad jesuita culminó este jueves los actos de aniversario que se iniciaron el pasado 1 de noviembre, y que además de exposiciones incluyó actos culturales y jornadas de reflexión sobre los problemas de pobreza y violencia que se abaten sobre este país centroamericano. El rector de la Universidad Centroamericana (UCA), el jesuita José María Tojeira, dijo este jueves que el caso ha sido presentado de nuevo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA), luego de que el Estado salvadoreño se negara a cumplir sus recomendaciones. Explicó que a la Comisión se le ha presentado "un caso nuevo, moderno", dentro del caso, que es "la negación al derecho de justicia que tenemos una serie de personas por parte del Estado salvadoreño", basado en las irregularidades que se han cometido en los procesos judiciales en torno al mismo. La madrugada del 16 de noviembre de 1989, en el marco de la mayor ofensiva de la guerrilla izquierdista, efectivos del ahora proscrito batallón Atlacatl asesinaron a los sacerdotes españoles-salvadoreños Ignacio Ellacuría (rector de la UCA) y al vicerrector Ignacio Martín Baró. También fueron asesinados los sacerdotes españoles Segundo Montes, Amando López y Juan Ramón Moreno, y el cura salvadoreño Joaquín López, así como la empleada doméstica Elba Ramos y su hija Celina. Nueve militares fueron juzgados por esta masacre, entre ellos el director de la Escuela Militar de San Salvador, coronel Guillermo Alfredo Benavides, culpado de todos los crímenes y condenado a 30 años de cárcel, pero fue liberado el 1 de abril de 1993 tras promulgarse la ley amnistía. "El juicio que hubo (contra los militares) sirvió para absolver a los ejecutores del crimen, es decir a los que dispararon, condenar a los intermediarios (quienes lo dirigieron) y encubrir a los autores intelectuales, por eso se sigue clamando justicia y sobre todo verdad", declaró a la AFP el rector de la UCA, sacerdote José María Tojeira. Tojeira declaró, en una entrevista en el canal 15 de televisión, que "hemos vuelto a la Comisión Interamericana después de la negativa del sistema judicial salvadoreño a abrir el caso de los jesuitas acusando al Estado de negación de nuestro derecho de acceso a la justicia". Agregó que "es un caso nuevo, es decir un caso en que unas personas que quieren acceder a la justicia se ven imposibilitadas de ello". Reconoció que el caso "tiene cierta complejidad, pero si la Comisión Interamericana le da vía libre podría ir hasta la Corte Interamericana de Justicia". Tojeira dijo que la Compañía de Jesús ha rechazado llevar el caso a otras instancias judiciales internacionales porque persiste el interés de que sea en El Salvador que el mismo se discuta y resuelva, ya que la Comisión Interamericana lo que haría es dictar recomendaciones vinculantes al Estado salvadoreño. "Respetamos a los que llevan casos afuera, están en su pleno derecho, por supuesto, pero nosotros pensamos que un caso como el de los jesuitas, que es un caso simbólico, es más interesante juzgarlo en el país", afirmó. Señaló que "no tanto juzgarlo para propiciar un tremendo castigo contra los autores de fondo, que son los autores intelectuales, sino para descubrir cómo funciona o puede llegar a funcionar el poder en El Salvador, de una manera tan injusta y tan mafiosa, y para que esto se corrija". Insistió en que deben buscarse las "posibilidades estructurales de un nunca más". Tojeira dijo que "estoy convencido que las estructuras del poder en el país solamente se reforman si se conoce la verdad de como han estado funcionando y el caso jesuitas es una aportación a la verdad para mejorar el país". Por el asesinato de los jesuitas fueron condenados en septiembre de 1991 el coronel Guillermo Benavides y otros nueve militares, pero en 1993 quedaron en libertad por una ley de amnistía. "El juicio que hubo contra la autoría material sirvió para absolver a los ejecutores del crimen, condenar a los intermediarios del crimen y cubrir a los autores verdaderos", afirmó Tojeira. La Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, Beatrice de Carrillo, declaró que una de las instituciones responsables porque el asesinato de los jesuitas y otros casos sigan impunes es la Corte Suprema de Justicia, que emitió una sentencia en la cual declaró constitucional la ley de amnistía. "Los años pasan y el interés mayor de nosotros es que se haga verdad y que se asuman responsabilidades y que se pida perdón en este (crimen de jesuitas) y en otros casos de asesinatos y masacres", exclamó Tojeira. Como todo intento de reabrir el caso de los sacerdotes choca con la ley de amnistía de 1993 que perdonó a los que cometieron crímenes, Tojeira comentó que la UCA ha vuelto a la CIDH. Tojeira estima que los autores intelectuales en lugar de ser encarcelados deberían ser condenados a vivir al menos un par de años "viviendo como un campesino en las montañas de Chalatenango comiendo frijoles y maíz todos los días, además de chapiar (limpiar) la milpa para que vean como sufre el pueblo pobre". Este jueves, decenas de estudiantes y campesinos desfilaban frente a la tumba donde descansan los restos de los sacerdotes en el interior de la capilla de la UCA. Frente al altar dedicado a los mártires, que contiene una cruz color plata, un mural del asesinado arzobispo de San Salvador Oscar Arnulfo Romero y las seis placas con los nombres de los sacerdotes muertos, fueron depositadas flores, mientras otros se arrodillaban para elevar plegarias en su nemoria. "Recordamos a los jesuitas como defensores de los pobres", declaró a la AFP el campesino Lazaro Zacapa (50).