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Jueces destituidos por golpistas hondureños reclaman restitución

Washington. EFE. | 25 marzo de 2011

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Cuatro magistrados hondureños que fueron destituidos en mayo de 2010 por oponerse al golpe de Estado que derrocó un año antes a Manuel Zelaya, pidieron este viernes a la CIDH que admita a trámite su caso y exija a Honduras que los restituya. Los jueces Guillermo López Lone, Luis Alonso Chévez de la Rocha, Ramón Enrique Barrios y la magistrada Tirza Flores Lanza, acudieron hoy a una audiencia que celebra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el marco de su 141 periodo de sesiones, para exponer su visión de los hechos y pedir su restitución. La Asociación de Jueces por la Democracia de Honduras (AJD) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) presentaron una petición ante la CIDH solicitando que se declare al Estado hondureño responsable de la violación del derecho a las garantías judiciales, libertad de expresión, derecho de reunión, libertad de asociación y derecho a la protección judicial. La abogada de CEJIL, Marcia Aguiluz, pidió a los comisionados de la CIDH que se declare admisible el caso en este periodo de sesiones, denunció que la destitución de los jueces "socava la Justicia" en Honduras, exigió el "restablecimiento de sus derechos", y abogó por que se pida una reforma de la ley de Carrera Judicial para que se garantice la independencia jurídica en ese país. Los magistrados han acudido a la CIDH porque "no será posible encontrar justicia en Honduras", dijo. Según los peticionarios, a López Lone y a Chévez de la Rocha se les sancionó por haber participado en manifestaciones contra el golpe de Estado del 28 de junio de 2009, y Flores Lanza fue despedida por haber presentado un recurso de amparo constitucional en contra de la expatriación de Zelaya. A Barrios lo destituyeron por haber dictado una conferencia académica de la cual se publicó un artículo en el que cuestionaba, con argumentos jurídicos, la posición de la Corte Suprema de denominar sucesión constitucional al derrocamiento de Zelaya. En nombre del Estado, la magistrada de la Corte de Apelaciones, Adela Kaffaty, pidió a la CIDH que no admita el caso, por no haberse agotado los recursos internos.


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