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Magistrados colombianos eran espiados por los mismos mecanismos que estaban juzgando

Bogotá. TeleSUR. | 12 de Agosto de 2011 a las 00:00
Siete de los nueve magistrados que integran la sala penal de la Corte Suprema de Justicia en Colombia se declararon impedidos para adelantar el juzgamiento contra el ex secretario de Presidencia Bernardo Moreno y la ex directora del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, María del Pilar Hurtado, en el caso de las “chuzadas”. Los magistrados se separaron del caso por declararse víctimas de los seguimientos e interceptaciones telefónicas, por lo que consideran no hacer las veces de juez y parte en el caso. Quienes declararon su impedimento fueron: María del Rosario González, Sigifredo Espinosa, Augusto Ibáñez, Alfredo Gómez Quintero, Javier Zapata, Leonidas Bustos y Julio Enrique Socha. Ante esta situación, el juzgamiento de los funcionarios ha quedado en manos del magistrado Fernando Castro, recién llegado a la Corte, y siete conjueces que remplazarán a los titulares una vez que la Sala Plena de la Corte determine si acepta o no los impedimentos. El 18 de mayo pasado, la Fiscal General de Colombia, Viviane Morales, solicitó la detención de la ex directora del DAS, María del Pilar Hurtado, por su implicación en las escuchas ilegales y seguimientos de periodistas, magistrados y opositores durante la administración del ex presidente Álvaro Uribe (2002-2010). La Fiscalía le imputó además cargos a Hurtado por los delitos de concierto para delinquir agravado, abuso de función pública, peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público y violación ilícita de comunicaciones. Lo mismo sucedió con Bernardo Moreno, asesor del ex presidente Álvaro Uribe, contra quien se formuló la imputación de cargos por concierto para delinquir agravado, violación ilícita de comunicaciones y abuso de función pública. El escándalo de las chuzadas comenzó a emerger en Colombia en 2007, durante la gestión de Uribe. Las actividades ilegales del DAS, según denuncias, se efectuaron contra los magistrados y periodistas que desarrollaban investigaciones sobre la parapolítica, donde se involucra a funcionarios del Gobierno y a parlamentarios de la coalición uribista con paramilitares de extrema derecha.

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