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Ministro chileno quiere prohibir enmascarados en marchas

Santiago de Chile. PL. | 13 de Agosto de 2011 a las 00:00
El ministro chileno del Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Hinzpeter, anunció este sábado una reforma legal que prohíbe a quienes participen en marchas y manifestaciones públicas lo hagan con el rostro cubierto. El funcionario subrayó que con la medida se podrá identificar a los delincuentes que distorsionan las movilizaciones pacíficas. Al gobierno le preocupa que las personas de clase media no puedan abrir sus negocios dañados por encapuchados durante las protestas, dijo. Alumnos y profesores han denunciado más de una vez que los encapuchados son infiltrados que buscan desprestigiar al movimiento estudiantil que desde hace tres meses exige una reestructuración de fondo a la Educación en Chile. Los jóvenes han declarado que algunos de los infiltrados son policías. "En este país se pueden hacer marchas, lo que no se puede hacer es cubrirse para hacer vandalismo", dijo el ministro, pese a la represión policial contra los jóvenes en las movilizaciones, "cacerolazos" y veladas, particularmente la del pasado 4 de agosto. La policía militarizada apoyada con uniformados a caballo, helicópteros, rejas de contención, ha empleado bombas de gases lacrimógenos y chorros de aguas contra los estudiantes que marchan con el rostro descubierto. Estudiantes, profesores y otros sectores de la sociedad han denunciado la actuación policial y han exigido la renuncia al propio ministro de Interior. El titular considera que la modificación legal del decreto 1086 es un "paso para que las marchas sean más tranquilas y para proteger a los chilenos que tienen los mismos derechos que los estudiantes que quieren marchar". En "Chile nadie está por sobre la ley" acotó Hinzpeter y añadió que el Gobierno enviará un proyecto legislativo para endurecer las penas por desórdenes en la vía pública, mediante un proyecto de ley que modificaría la condena de 341 días a tres años de prisión. Diversas opiniones apuntan a que la normativa criminalizará, aún más, la protesta estudiantil.

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