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Meten preso a guardia colombiano acusado por homicidio de civiles

Bogotá. Agencia PL. | 13 de Febrero de 2012 a las 00:00

Un oficial en retiro del Ejército colombiano fue detenido sin beneficio de excarcelación por el homicidio de dos civiles en 2003, luego que fueran secuestrados por paramilitares, informó este lunes la fiscalía.

La medida recayó sobre el mayor (r) Juan Carlos Rodríguez acusado de incurrir en los punibles de asesinato en persona protegida, concierto para delinquir agravado y falsedad ideológica en documento público.

Acorde con las investigaciones, los hechos ocurrieron en junio de 2003 en una zona rural del Caquetá, donde tropas especiales, al mando del entonces capitán Rodríguez, dieron muerte en un supuesto combate a dos presuntos insurgentes.

Sin embargo, la Fiscalía estableció que las víctimas, identificadas como Jair Cuadrado y Erminsul Orejuela, eran civiles y habían sido secuestradas por integrantes de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

En tanto, pruebas testimoniales y técnicas recopiladas por el ente acusador comprometen la responsabilidad del exoficial.

Por otra parte, por una causa similar, fue detenido un suboficial del Ejército, identificado como Samuel Centeno, por su responsabilidad en la muerte de un civil en 2004, presentado falsamente como delincuente muerto en combate.

De un tiempo acá el Ejército colombiano se ha visto involucrado en diversos escándalos, desde que en 2008 fuera revelado por la prensa denuncias de ejecuciones extrajudiciales de civiles.

El escándalo de lo que se conoce aquí eufemísticamente como "falsos positivos" (ejecuciones extrajudiciales), involucró incluso al actual presidente, Juan Manuel Santos, cuando estuvo al frente de la cartera de Defensa durante el Gobierno del exmandatario Álvaro Uribe, sobre quien pesan diversas acusaciones.

Según denuncias, miles de jóvenes pobres, marginados, estudiantes y campesinos han sido ejecutados extrajudicialmente por militares haciéndolos pasar por guerrilleros o criminales, para así cobrar premios u obtener más vacaciones o ascensos.

Para organizaciones de derechos humanos y las Naciones Unidas esos incentivos del Gobierno son los principales favorecedores de los asesinatos de civiles, hechos pasar como presuntos integrantes de grupos al margen de la ley.

 


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