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Brasil renueva alcaldes en elecciones que son termómetro para presidenciales

Río Janeiro. Agencias. | 6 de Octubre de 2012 a las 10:00

Los candidatos a alcalde y concejales de 5.568 municipios brasileños terminaron este sábado sus campañas en víspera de unos comicios en los que han sido convocados 138,5 millones de electores y que son considerados como un termómetro de las fuerzas políticas para las presidenciales de 2014.

Los resultados renovarán los órganos ejecutivos y legislativos locales de casi todo el país para los próximos cuatro años, con la excepción de Brasilia, que es un Distrito Federal, y de Fernando de Noronha, un pequeño archipiélago que depende del gobierno de Pernambuco.

Las elecciones municipales también sirven para medir la influencia de los líderes de los grandes partidos en los principales colegios electorales del país, de cara a las próximas presidenciales, en función de los resultados que obtengan los candidatos que ellos apadrinan.

Los sondeos advierten que ningún candidato a alcalde superará la mitad de los sufragios en cerca de 20 de las 26 capitales regionales y en otras 40 grandes ciudades, donde se tendrá que celebrar una segunda vuelta el próximo 28 de octubre con los dos aspirantes más votados.

Las principales fuerzas políticas son por lo general, las mejor colocadas en los sondeos realizados en las grandes urbes, pero hay un ramillete de partidos pequeños con opciones de llevarse ayuntamientos importantes.

El mejor ejemplo es Sao Paulo, donde las encuestas conceden una ligera ventaja a Celso Russomanno, un expresentador de televisión del conservador Partido Republicano Brasileño (PRB), sobre los candidatos de las principales formaciones políticas.

A la zaga de Russomanno, que está auspiciado por la poderosa Iglesia Universal (evangélica), se encuentran José Serra, histórico líder del opositor Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), y Fernando Haddad, del Partido de los Trabajadores (PT), quien tiene como valedores a la presidenta, Dilma Rousseff, y su predecesor, Luiz Inácio Lula da Silva.

En cambio, en Río de Janeiro se espera que el actual alcalde, Eduardo Paes, del oficialista Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), se proclame vencedor este domingo con holgura gracias a su programa de obras para los Juegos Olímpicos del año 2016.

De los 15 mil 014 candidatos a alcalde en todo el país, la mitad se reparten entre seis fuerzas: las tres mencionadas y el Partido Social Democrático (PSD), de centro derecha, el conservador Partido Progresista (PP) y el Partido Socialista Brasileño (PSB), que apoya al Gobierno de Rousseff pero se opone al PT en plazas importantes.

Los candidatos a alcalde 653 de ellos optan a la reelección y los 417.996 aspirantes a una de las 57.422 plazas de concejal apuraban el sábado su última oportunidad de distribuir propaganda en pequeños actos callejeros, ya que las autoridades electorales hoy prohíben los mítines y la propaganda en medios de comunicación.

Los comicios se llevan a cabo ante el despliegue de 40.000 militares en 127 municipios en los que las autoridades locales no son capaces de garantizar la seguridad, entre ellos Río de Janeiro, ciudad en la que las tropas patrullan algunas favelas donde las bandas armadas tratan de imponer sus candidatos a los vecinos bajo amenaza de muerte.

Los colegios electorales abrirán a las 08.00 (11.00 GMT) y cerrarán a las 17.00 (20.00 GMT), hora a partir de la cual se permite la divulgación de los sondeos a pie de urna y comienza el recuento de votos, que suele durar unas pocas horas debido a que el sistema de votación está informatizado en todo el país desde el año 2000.

Cerca de 7,7 millones de electores de 299 municipios votarán en urnas equipadas con lectores de huellas dactilares, un sistema que comenzó a implantarse en 2008 para mejorar la seguridad, según los datos suministrados por el Tribunal Superior Electoral (TSE).

El resultado de las urnas puede no ser definitivo en ciertos municipios, ya que el TSE tiene pendiente el juicio de 7.511 candidatos por supuestas irregularidades, la mitad de ellos por la ley que veta a los políticos que hayan sido condenados o a los que hayan renunciado a un cargo público para evitar ser destituidos por corrupción.


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