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A punto de colapsar en Colombia ley para exparamilitares

Bogotá. PL. | 14 de Octubre de 2012 a las 15:14

El Congreso colombiano estudiará en su último debate la reforma a la Ley de justicia y paz, en la que se impondrán penas de hasta 40 años de prisión a los exparamilitares que hayan obviado indemnizar a sus víctimas, señalan aquí medios locales.

De acuerdo con las versiones difundidas, tanto el ente legislativo como el gobierno coinciden en que la ley está a punto de colapsar si no se definen y fijan nuevas pautas para juzgar a los desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia, cobijadas bajo el mandato del expresidente Álvaro Uribe (2002-2010).

En primera instancia, no podrán autorizarse más ingresos, después de 2012, al programa de la ley, "ya que en los últimos 7 años de vigencia de la norma es inaudito que surjan nuevos exmiembros de las Autodefensas", sostiene el viceministro de Justicia Miguel Samper.

La ley impone, asimismo, una verificación de los bienes que entregaron los desmovilizados como parte de su proceso, ya que sólo una parte de estos es monetizable (convertible en moneda nacional).

Según Samper, "si se encuentran bienes no detectados al inicio del proceso", el desmovilizado será expulsado del programa y enfrentaría una condena de 40 años de prisión.

La Ley número 975, de 2005, o Ley de Justicia y Paz ampara a más de cuatro mil 500 exparamilitares que, por el calibre de los delitos cometidos, se acogieron a este mecanismo que les ofrecía una pena máxima de ocho años a cambio de contar la verdad, pedir perdón y reparar a las víctimas.

A partir de sus confesiones, se detectaron más de 48 mil delitos y se han exhumado tres mil 800 fosas con casi cinco mil cadáveres. Sin embargo, siete años después de promulgada dicha ley, apenas se han emitido 14 sentencias .

Muchos paramilitares, cercanos a cumplir ocho años de reclusión, quedarían libres, lo cual implicaría repercusiones inmediatas: si el Estado colombiano falla en investigar y castigar sus crímenes, la Corte Penal Internacional podría intervenir, apunta la revista Semana.

Durante el año en curso, representantes de la Corte hicieron varias visitas de inspección en Colombia para comprobar la marcha del proceso, investigaron a familiares de las víctimas y criticaron la falta de colaboración de las autoridades judiciales y gubernamentales, y el extravío o perdida de un número considerable de expedientes con paradero desconocido.

O, por el contrario, almacenados en viejos almacenes desactivados. Por eso se discute la urgencia de reformar la Ley de Justicia y Paz desde hace dos años, añade la publicación, sin avances visibles.

El juez español Baltasar Garzón lideró un equipo que propuso cambios de fondo y la fiscal Viviane Morales presentó, a mediados de 2011, un proyecto que buscaba priorizar los casos más importantes y agilizar el proceso judicial, pero se estancó en el Congreso luego de su tercer debate, subraya Semana.

Tras su disolución oficial, una gran parte de las AUC, estrechamente asociadas a las redes e infraestructuras del narcotráfico e involucradas en operaciones ilegales, extorsiones y asesinatos, continuaron operando reagrupadas en las bandas criminales conocidas como Bacrin o neoparamilitares.


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