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Campesinos denuncian prisión injusta y atropellos de policías paraguayos

Asunción. Agencias. | 28 de Junio de 2013 a las 09:32

La organización civil Servicio Paz y Justicia (Serpaj) de Paraguay denunció este jueves las vejaciones y violaciones de derechos humanos y civiles cometidas por la Policía Nacional sobre familias campesinas de la localidad de Tacuatí, en el central departamento de San Pedro.

La organización humanitaria visitó la localidad e hizo públicas las denuncias de los campesinos de la zona, quienes aseguran ser víctimas de constantes atropellos perpetrados por fuerzas policiales, e incluso sufrir arrestos arbitrarios sin la existencia de cargos penales en su contra.

En un informe divulgado en Asunción, el ONG denuncia que al menos 400 familias campesinas son sometidas al acoso de elementos policiales, quienes "se introducen en sus domicilios y usan la violencia para incriminarles con falsedades", además de robarles pertenencias.

"Los trabajadores rurales son constantemente amenazados de detenciones y maltratados, con el objetivo de vincularlos con hechos de violencia", expone el texto.

Igualmente, el movimiento civil denunció las arbitrariedades cometidas por las autoridades en la zona donde fue asesinado, el pasado 31 de mayo, el ganadero Luis Lindstron.

En principio, el Gobierno y los hermanos de Lindstron habían acusado del crimen a un grupo armado que opera en la zona bajo la denominación de Ejercito del Pueblo Paraguayo (EPP), pero ahora las investigaciones apuntan hacia políticos enemigos del ganadero.

La declaración de Paz y Justicia coincidió con una carta abierta escrita desde prisión por seis dirigentes del campo, encarcelados por su supuesta participación en el secuestro y muerte de la hija de un político local.

Estos seis campesinos denuncian que su condena, hoy día en apelación, fue hecha "en medio del golpe parlamentario con el cual se destituyó hace un año al presidente constitucional, Fernando Lugo".

Asimismo, subrayaron que son inocentes de las acusaciones hechas contra ellos y adjudican las sanciones a las persecuciones oficiales contra los luchadores por la vigencia de los derechos del campesinado.

En la misiva, los dirigentes rurales también recordaron que "en Paraguay el Estado de derecho es letra muerta para los pobres", un hecho que se demuestra en su caso, pues llevan siete años y dos meses en prisión sin una condena firme.


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