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Policía busca a sicarios que mataron a alcalde peruano

Lima. Agencia PL. | 15 de Agosto de 2014 a las 11:23

La policía peruana busca intensamente a los sicarios que asesinaron a balazos al alcalde del municipio de Amarilis, Marzony Vásquez, en la región centroandina de Huánuco, al parecer por orden de rivales electorales.

El jefe de la policía de Huánuco, coronel Juan Albarracín, dijo que tiene movilizado a todo su personal en la provincia de Huánuco en busca de los dos sicarios que atacaron a Vásquez sorpresivamente a balazos anoche, en la puerta de su casa.

Los asesinos le dispararon dos veces en el pecho y, agonizante, fue trasladado a un hospital, donde falleció minutos después de ser ingresado.

El alcalde regresaba de una reunión con sus partidarios, referida a la campaña por su reelección en los comicios regionales del 5 de octubre próximo, por lo que la policía no descarta que el crimen haya sido pagado por uno de sus rivales.

La modalidad de sicarios en motocicleta es utilizada principalmente por narcotraficantes y la infiltración de estos en listas de candidatos preocupa a autoridades y medios de prensa.

El ministro del Interior Daniel Urresti entregó en días pasados al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) una lista de más de un centenar de candidatos que han sido o son investigados por tráfico de drogas o por vínculos con esta actividad delictiva.

La nómina incluye a enjuiciados por ese delito o han cumplido condena por el mismo y Urresti señaló que si bien están habilitados para ser candidatos, los ciudadanos tienen derecho a conocer los antecedentes de quienes pretenden sus votos.

En la lista hay dos candidatos a presidentes regionales (gobernadores) y aspirantes a ser alcaldes provinciales y distritales, así como consejeros regionales o concejales municipales.

El JNE mantiene en análisis la nómina de los llamados "narcocandidatos", que según autoridades policiales y analistas políticos penetran los grupos políticos con dinero a raudales para las campañas o auspiciando a postulantes.

El problema motiva críticas a las agrupaciones políticas por ceder ante la ventaja de ese financiamiento y permitir la infiltración de traficantes que buscan influir en gobiernos regionales y municipios para facilitar su actividad delictiva.


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