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Grandes inconsistencias de la denuncia contra Cristina

Buenos Aires. Agencia PL. | 27 de Febrero de 2015 a las 09:39

Figuras de varios sectores y juristas de Argentina avalan este viernes el dictamen del juez Daniel Rafecas que desestimó "por existencia de delito" la denuncia por encubrimiento contra el Ejecutivo.

Rafecas dictaminó la inexistencia de elementos para impulsar la investigación solicitada por el fiscal Gerardo Pollicita, quien imputó a la mandataria y su Canciller en base a la imputación por encubrimiento del atentado a la asociación judía AMIA que lanzara Alberto Nisman.

"Ha quedado claro que ninguna de las dos hipótesis de delito presentadas por el fiscal Pollicita en su requerimiento se sostienen mínimamente", argumentó Rafecas.

Ese fiscal, de todas maneras, puede apelar la decisión ante la Cámara Federal, y la oposición, incluida la que está dentro del Poder Judicial, puede tener otros ases bajo la manga.

Julio Maier, expresidente del Tribunal Superior de Ciudad Buenos Aires, coincidió con Rafecas en que el delito de acción pública no está contenido en la denuncia.

Por su parte, el exministro de Justicia, León Arslanián calificó de inobjetable la desestimación del juez federal cuyo fallo -señaló- tiene un sustento muy bueno.

En un principio Nisman imputó a la Presidenta y su Canciller de encubrir la supuesta implicación de Irán en el ataque a la AMIA en 1994 a cambio de petróleo, lo cual fue aprovechado por la oposición para desatar un escándalo político.

Luego de su extraña muerte, que avivó aún más la ofensiva antigubernamental, Pollicita formuló una denuncia formal y demandó venia procesal para acometer 50 medidas de prueba.

"Queda claro que ninguna de las dos hipótesis de delito sostenida por el fiscal Pollicita en su requerimiento se sostienen mínimamente", falló el juez Rafecas quien ahora muy probablemente será blanco de los dardos de la oposición política y mediática.

Sobre el Memorando de Entendimiento con Irán, el magistrado sostuvo que "el presunto delito nunca se cometió". Ese arreglo establecería una Comisión de la Verdad para que Nisman y un juez argentino pudieran interrogar a los inculpados iraníes.

Pero el propio Nisman lo rechazó, como el resto de la oposición, y una parte del Poder Judicial que la declararon anticonstitucional.

Y respecto a la baja de las "notificaciones rojas" de Interpol argumentó que "la evidencia reunida, lejos de sustentar mínimamente la versión fiscal, la desmiente de un modo rotundo y lapidario, llevando también a la misma conclusión de la inexistencia de un delito".


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