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Autoridades peruanas investigarán a cinco distribuidoras de gas licuado

Lima. Agencias. | 10 de Noviembre de 2015 a las 16:33

Cinco compañías distribuidoras de gas se encuentran bajo una investigación sancionatoria en Perú por la posibilidad de haber participado en un cartel para fijar los precios en el mercado. Las firmas investigadas por el Indecopi (Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual) son la filial peruana de Grupo Zeta, Zeta Gas Andino SA, Repsol Gas del Perú SA, Llama Gas SA, Forza Gas E.I.R.L y Lima Gas SA, filial de la chilena Lipigas.

El proceso iniciado en julio pasado fue contra cinco empresas envasadoras y comercializadoras de Gas Licuado de Petróleo (GLP) y habría provocado un incremento en el precio del hidrocarburo entre el 2006 y el 2011.

En el inicio de la investigación, el organismo de libre competencia de Perú señaló que las firmas se coordinaron para realizar incrementos simultáneos de los precios del GLP, especialmente en los cilindros de 10 kilos (los de mayor consumo de la población). Además, habrían coordinado incrementos de precio de entre 14.28 y 16.69 dólares por tonelada métrica en el caso de la venta a granel y otros envases.

De acuerdo con Indecopi, las compañías inclusos absorbieron para sí mismas un subsidio directo a los consumidores de parte de las autoridades fiscales. Las firmas habrían acordado no traspasar a los consumidores una reducción de los impuestos asociados al hidrocarburo ni tampoco la baja de 1% en el IVA (IGV) decretada por la autoridad.

Según reportó la prensa peruana, el cartel fue calificado por la autoridad como “el más grande descubierto en la historia” del organismo. La conducta investigada habría afectado la libre competencia en el mercado del GLP a nivel nacional, ya que Repsol-Solgas (30%), Zeta Gas (14%), Lima Gas (10%) y Llama Gas (9) abastecen 63% de GLP en el país.

Grupo Zeta, fundada en 1946 y con sede en Ciudad Juárez, ofrece servicios de Gas LP a más de 4 millones de hogares y posee más de 80 empresas en nueve países entre los que destacan México, El Salvador, Belice, Honduras, Nicaragua y Perú, con más de 7,000 empleados. En México la compañía cubre alrededor de 950 ciudades y poblaciones del país.

Además cuenta con 500 trailers, más de 250 carro-tanques de ferrocarril (la flotilla de carro-tanques privada más grande en México) y 7,500 transportes. También tiene más de 500 estaciones de carburación para el autotransporte.

El Economista buscó la reacción de Grupo Zeta en México, pero nadie atendió a los teléfonos corporativos en Guadalajara referidos en su sitio web.

El Indecopi indicó en un comunicado que: “En el caso del GLP se ha iniciado una investigación contra varias empresas que operan en el país que habrían concertado los precios para vender el balón de gas y actuar en contra de los consumidores peruanos. El GLP es un producto muy masivo que se usa para cocinar y que afecta directamente a la persona, al poblador. Incluso hay personas, no sólo empresas, sino también personas naturales, que son parte de las empresas que han participado en el planeamiento y ejecución del cartel de precios”.

Segunda chilena en la mira

Para el caso chileno, Lipigas se convirtió en la segunda empresa bajo investigación por colusión en el mercado, tras las revelaciones de que las papeleras CMPC Tissue y SCA Chile operaron un cártel de precios por más de una década.

A la papelera de los Matte, que es investigada en el mercado del tissue (papel higiénico, toallas sanitarias y pañuelos desechables), se sumó la distribuidora de gas Lipigas, ligada al grupo Yaconi SantaCruz y un grupo de inversionistas locales, entre los que destacan Andrónico Luksic y Leonidas Vial.

Si bien Lipigas adquirió Lima Gas en el 2013, varios de sus accionistas ya participaban de la propiedad de la distribuidora peruana con anterioridad, entre ellos sociedades ligadas a Pablo Noguera Gorget, Manuel Santa Cruz López; Pola M. Pía, Jaime y Juan Pablo Santa Cruz Negri e integrantes de la familia Vinagre.


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