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Pese a obstáculos las expectativas apuntan a horizonte de paz en Colombia

Bogotá. Por Adalys Pilar Mireles/PL | 17 de Noviembre de 2015 a las 11:50

Tras casi tres años de diálogos entre el Gobierno colombiano y las FARC-EP, y con una fecha tope para su término, dicho proceso atraviesa por una etapa definitoria, con progresos, pero también contradicciones a la vista.

Además de los preacuerdos logrados en materia de reforma rural integral, participación política centrada en la democracia y combate a las drogas ilícitas, ambas delegaciones de negociadores rubricaron un pacto para la búsqueda de desaparecidos en el contexto del conflicto interno y otro para desminar el territorio nacional de manera progresiva.

No obstante los avances la proximidad del 23 de marzo, fecha establecida como límite para las conversaciones, exige un paso más dinámico y armónico a los encuentros entre representantes gubernamentales y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), con sede en Cuba desde el 19 de noviembre de 2012.

Los dos equipos reunidos en La Habana deberán dar por cerrado el controversial tópico referido a la justicia transicional, el cual prevé la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz, concebida con el objetivo de investigar, juzgar y sancionar a actores de la confrontación bélica.

Tal convenio anunciado a la opinión pública mundial el 23 de septiembre fue sometido luego a una revisión por iniciativa del Gobierno pues manifestó que se trataba de un consenso en desarrollo con asuntos sin precisar.

Resta igualmente definir los términos de la dejación de las armas, desmovilización y reintegración a la sociedad de los guerrilleros, así como del cese el fuego bilateral, demandado por activistas, movimientos sociales y la agrupación insurgente, la cual permanece en tregua combativa desde el pasado 20 de julio.

Nos preocupa que del otro lado prospere un cierto propósito de complicar el proceso, el lento ritmo impuesto en la mesa de concertación y las subcomisiones da mucho que pensar, consideró el jefe máximo de las FARC-EP, Timoleón Jiménez, en su más reciente comunicado.

El líder del grupo rebelde llamó a agilizar los procedimientos para poner punto final al tema de la justicia transicional y ratificó su confianza en el logro de un tratado conclusivo, destinado a terminar la conflagración de más de medio siglo.

¿La dilación apunta a arrinconarnos a última hora para forzarnos a aceptar imposiciones?, preguntó Jiménez.

Sin embargo, el presidente Juan Manuel Santos negó que exista tal pretensión e instó a acelerar las conversaciones con la mirada en el 23 de marzo como tope.

Otro de los aspectos polémicos es el de la refrendación popular del conjunto de los pactos, pues mientras el Ejecutivo aboga por la celebración de un plebiscito, las FARC-EP exigen una Asamblea Nacional Constituyente.

Ante las divergencias en ése y otros puntos el senador Iván Cepeda pidió desechar el método de la imposición en un período crucial.

Es a través del diálogo que debemos llevar hasta el puerto de destino y hacia el éxito las pláticas entre ambas partes beligerantes, enfatizó el parlamentario en declaraciones a Prensa Latina.

Comprometidos no sólo a apresurar los debates en Cuba sino también a desescalar o reducir la intensidad de la contienda, quedan asimismo escollos inmensos como el desmantelamiento del paramilitarismo, flagelo considerado la principal amenaza para un escenario de distensión.

Visto actualmente con más optimismo por los colombianos el proceso demanda aunar esfuerzos y voluntades en torno a las gestiones pacificadoras, para cumplir un anhelo de sectores mayoritarios contrarios a la guerra, aseguran analistas.

El apretón de manos entre Jiménez y Santos en La Habana hace casi dos meses fue interpretado como el instante cumbre de los tres años de negociaciones y el momento que marcó la irreversibilidad de tales gestiones.

Como resultado a lo interno del país las expectativas -reflejadas en sondeos de opinión-, giran en torno a la cercana posibilidad de un horizonte de paz.


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