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Gobierno argentino impone nuevos decretos

Buenos Aires. Agencia PL. | 21 de Diciembre de 2015 a las 09:03

El gobierno de derecha que recién asumió en Argentina prevé imponer nuevos decretos de necesidad y urgencia para frenar la aplicación de leyes aprobadas por el Congreso y promulgadas por la administración de Cristina Fernández.

Desde su asunción el 10 de diciembre, el presidente Mauricio Macri firmó 32 de esos documentos para cambiar la estructura gubernamental, eliminando, creando o renombrando varios ministerios, modificó la popular Ley de Medios y designó a dos jueces que le son afín para la Corte Suprema de Justicia.

Ahora quiere frenar la entrada en vigor del nuevo Código Penal y Comercial.

Eso último lo anticipó el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, quien se refirió en particular a evitar que entre en vigor el nuevo Código Penal y Comercial que fue largamente discutido para congeniar opiniones y llegar a una norma consensuada y ajustada a una sociedad moderna.

En declaraciones que divulgó el diario La Nación el domingo, Garavano dijo que el presidente Mauricio Macri sacará "muchas medidas por decreto" entre fin de año y los primeros días de enero.

Añadió que con esos instrumentos se intentará contrarrestar "la sanción insana de muchas leyes que fueron aprobadas durante el kirchnerismo".

De esa forma, la administración macrista elude presentar al Congreso propuestas de enmiendas o cambios, como es la usanza en democracias como la argentina, y aprovecha la ocasión de que la Legislatura está en receso.

"No tenemos Congreso y hay muchas decisiones urgentes. Muchas cosas van a estar incluidas en la emergencia de seguridad. Tenemos la suspensión de la puesta en marcha del Código Procesal penal, que tenemos que sacar por Decreto de Necesidad y Urgencia", dijo Garavano.

"Estamos definiendo si lo hacemos antes de fin de año o en los primeros días de enero", señaló el ministro de Justicia y Derechos Humanos.

En su opinión, la reforma del Código Procesal Penal fue un proyecto de ley que el kirchnerismo aprobó de forma inconsulta.

La realidad mostró otra cosa totalmente opuesta: Se estableció una comisión liderada por ministros del Tribunal Supremo y se debatió públicamente con numerosos organismos sociales y legales durante casi dos años antes de llegar al Congreso.

En cuanto a la situación de la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, el ministro evaluó que el Ministerio Público Fiscal posee en la actualidad "facultades exorbitantes que no se corresponden con un sistema acusatorio. Tenemos que revisar eso también", aseveró.


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